Download Los autores de la investigación

Generalitat de Catalunya
Institut d’Estudis Autonòmics
NOTA DE PRENSA
La Fundación BBVA y el Institut d’Estudis Autonòmics presentan una
investigación sobre “Evaluación de las políticas de servicios
sanitarios en el Estado de las Autonomías”
Barcelona, 11 de diciembre de 2001. Hoy, 11 de diciembre de 2001, se ha presentado en
la sede del Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya el estudio
Evaluación de las políticas de servicios sanitarios en el Estado de las Autonomías, dirigido por Guillem
López i Casasnovas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, y editado
por la Fundación BBVA en colaboración con el instituto antes mencionado. En la
presentación de la obra estuvieron presentes, acompañando al autor, Nuria de Gispert,
consejera de Gobernación y Relaciones Instituacionales de la Generalitat, Eduard Rius,
consejero de Sanidad, Antoni Bayona, director del Institut d’Estudis Autònomics, y José
Ángel Moreno, director general adjunto de la Fundación BBVA.
El objetivo del libro ha consistido en evaluar las políticas sanitarias de las Comunidades
Autónomas, tras dos décadas del inicio de traspaso de competencias en materia de sanidad.
El estudio limita su campo de análisis a las tres comunidades Andalucía, Cataluña y País
Vasco para las que ha sido posible obtener datos suficientes, y compara las prestaciones
sanitarias existentes en ellas con las del Insalud-Gestión Directa.
La obra realiza una pormenorizada evaluación de los sistemas sanitarios de las tres
Comunidades mencionadas, examinando en cada caso el marco jurídico-normativo, la
problemática financiera, el nivel de eficiencia con que opera cada sistema y el nivel de
satisfacción de los usuarios con las prestaciones a que tienen acceso. Elementos todos que
constituyen una referencia básica para sopesar la forma en que las transferencias de las
competencias en las CC.AA. han incidido en el sistema sanitario español.
A juicio del director de la investigación, las divergencias en financiación y composición del
gasto tendrían que relacionarse, en primer lugar, con las diferencias en necesidades
sanitarias (relacionadas con la demografía y la morbilidad); en segundo, con los
condicionantes económicos generales que afectan al coste de los suministros sanitarios en
las diferentes CC.AA.; y, para finalizar, con las preferencias o el mayor consumo sanitario
de la población atendida.
Del análisis de las divergencias observadas por la veintena de especialistas que han
intervenido en la investigación, se derivan dos conclusiones fundamentales:
1. Estas diferencias no reflejan tanto variaciones en derechos reconocidos a prestaciones
como la utilización real de los servicios, de acuerdo con factores que tienen que ver
con la calidad asistencial, los costes de acceso y la educación sanitaria de los
ciudadanos.
2. No resulta posible identificar la existencia de sobreutilización o subprovisión de
servicios sanitarios con cuestiones de eficiencia y equidad entre los sistemas de
servicios sanitarios, y, menos aún, que éstas expliquen divergencias en los resultados de
salud poblacionales.
La descentralización sanitaria ha hecho más explícitas las diferencias en la distribución de
recursos sobre el territorio, al hacer más visibles los resultados del ejercicio de autonomía
en el gasto. De ello se extrae, en opinión del director del estudio, una lectura positiva, tanto
desde el punto de vista democrático como de bienestar social, al permitir una mayor
adecuación entre las posibilidades y las aspiraciones de una comunidad.
Como resumen global de la obra, Guillem López i Casasnovas destaca que, “en la práctica,
la descentralización sanitaria, posiblemente debido al sistema de financiación hasta hoy
vigente, no ha permitido, o no parece haberse traducido en cambios fundamentales del
sistema sanitario. Más bien parece haberlo legitimado, intentando, si acaso, perfeccionarlo”.
En el detalle de programas e iniciativas, sí existen diferencias territoriales en materias como
salud mental, planificación familiar, programas de drogodependencia y, en menor medida
aunque resulten más evidentes, en prestaciones sanitarias específicas.
Entre estas divergencias cabe destacar el caso de Andalucía, que financia la prestación
ortoprotésica, excluida en el resto de comunidades, llegando a cubrir la parte que le
corresponde abonar al usuario en el caso de algunas prótesis especiales. Algo similar ocurre,
tanto en Andalucía como en Navarra, con determinados fármacos excluidos en la última
Ley General del Medicamento. La comunidad andaluza registra también diferencias de
cobertura en la conocida como “píldora del día después”, las sillas de ruedas de material
ligero (incluidas también en Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco) y, más
recientemente, la cirugía de cambio de sexo. En el caso del País Vasco, destaca la mayor
extensión de las prestaciones en materia de salud bucodental para los niños.
Salvo en los casos del País Vasco y Navarra, como consecuencia de su particular sistema de
financiación, resulta difícil justificar ante el resto de las comunidades autónomas estas
diferencias en las prestaciones, en ausencia de un mayor esfuerzo fiscal territorial. En
opinión del director de la publicación, “es cuanto menos dudoso que las prestaciones
anteriores puedan fundamentarse en criterios de equidad poblacional y por ello financiarse
con recursos de solidaridad interterritorial”.
Según los autores, los problemas principales( más allá de los derivados de cambios de
domicilio para acceder a los derechos desde otros territorios, que hoy no parecen
importantes, aunque pueden llegar a serlo en el futuro si no existe una mayor regulación
por parte del Ministerio de Sanidad y una acción coordinada desde el Consejo
Interterritorial), radican en las diferencias de acceso por servicios, consumo (por diferencias
en educación sanitaria/estilos de vida), o de utilización ( debido a variaciones en la práctica
profesional, con las secuelas consiguientes sobre la calidad asistencial ).
La información disponible no permite conocer si las CC.AA. han variado sus prioridades
desde el traspaso de competencias hacia los objetivos de salud, dedicando una mayor
atención a la prevención o a la efectividad clínica.
En todo caso, para los autores, el reto se sitúa, sobre todo, en conocer empíricamente, si se
han producido cambios en el terreno más decisivo; es decir, en el modo en el que se ejerce
la práctica clínica. Los cambios en el nivel operativo parecen inferiores a las
transformaciones en las estructuras organizativas. La planificación por estructuras o
dispositivos (en lógica financiera) predomina aún sobre la que debiera representar una
planificación por “necesidades” (objetivos asistenciales) dentro de los diversos territorios.
Los objetivos de los planes de salud continúan sin traducirse en planes operativos de
servicios. Como resultado, no se puede afirmar que el proceso de transferencias haya
habilitado mejor a las CC.AA. para conseguir los objetivos internos de salud.
De esta forma, la descentralización no parece haber servido para cambiar el paradigma de
planificación por estructuras, ni avanzar en el terreno de la calidad de la práctica clínica (la
importante variabilidad registrada así lo subraya). Sin embargo, el País Vasco muestra hoy
más que nunca un sistema sanitario de elevado nivel de recursos tecnológicos, que es muy
valorado por sus ciudadanos. Cataluña ofrece un dispositivo asistencial de calidad y equidad
territorial de acceso, y Andalucía registra una intensa evolución en su sistema sanitario,
tanto en recursos como en resultados de salud y satisfacción, si bien partía, en general, de
niveles inferiores.
Si desean más información pueden dirigirse al Institut d'Estudis Autonòmics (933429828)
o al Departamento de Comunicación de la Fundación BBVA (913746797 o 944874479)
Evaluación de las políticas de servicios sanitarios
en el Estado de las Autonomías
Gasto per cápita: incrementos anuales y coeficientes de variación*
Incrementos anuales (%)
Gasto per cápita
España
Andalucía
Cataluña
País Vasco
INSALUD-GD
Coeficiente de
variación
91-99
76,9
81,2
84,9
84,6
69,3
91-95
45,7
46,0
47,0
47,8
35,6
RanK (min-max)
96-99
14,3
20,5
20,4
17,2
16,7
91-99
91-95
96-99
0,020/0,039
0,020-0,031
0,031/0,039
El coeficiente de variación es una medida de dispersión (desigualdad) y se calcula como
ratio entre la desviación de los valores observados y su media.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Insalud (Ministerio de Sanidad, Datos y
Cifras, 1999).
*
Capacidad financiera per cápita (SISTEMA NACIONAL DE SALUD =100). Año 1999
Evaluación de las políticas de servicios sanitarios
en el Estado de las Autonomías
Los autores de la investigación
El profesor Guillem López i Casasnovas, director de la obra, es licenciado en Ciencias
Económicas y en Derecho y doctor en Economía Pública por la Universidad de York.
Ha sido profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, visiting scholar en el
Institute of Social and Economic Research (Reino Unido), en la Universidad de Sussex
y en la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford (EEUU). Desde
junio de 1992 es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, de la que ha sido Vicerrector, y actualmente es Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Desde 1996 dirige el Centre Especial de Recerca
en Economía i Salut (CRES-UPF).
Entre los responsables de las distintas secciones figuran Gloria Bardají, jurista de la
Generalitat de Catalunya, experta en Derecho Administrativo y profesora asociada en la
Universidad de Barcelona; Beatriz González, catedrática de Economía Aplicada de la
Universidad de Las Palmas; Esteban de Manuel, médico experto en Salud Pública y ex
subdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Laura Pellisé, Máster por la
Universidad de Harvard y profesora asociada durante la preparación de dicho libro en la
Universidad Carlos III de Madrid, y la doctora Ana Rico, licenciada en Sociología y
profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra
durante la realización de los trabajos y coordinadora de los distintos aspectos técnicos
del libro.
Asimismo, han participado en distinta medida en la confección de los diversos capítulos
Joan Sánchez y David Casado, investigadores del Centre de Recerca en Economia i Salut
de la Universidad Pompeu Fabra; Montserrat Viñas, de la Generalitat de Catalunya; Rosa
Miñarro y Pilar Gutiérrez, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Patricia Barber,
Jaime Pinilla y Fayna Alamo, de la Universidad de Las Palmas; Isabel Truyol, Ángela
Blanco y Francisco Sánchez Prieto, del Ministerio de Sanidad y Consumo; y Santiago
Pérez-Nievas, de la Universidad Pública de Navarra.