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PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PARA LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE SULA
Honduras
País
Honduras
Nombre del Programa
Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del Valle de Sula
Estado de Preparación: Aprobado en 2003
Objetivos Principales
El objetivo principal del Proyecto es mejorar los niveles de paz, convivencia y seguridad
ciudadana en las 17 municipalidades de la Región del Valle de Sula (RVS), apoyando la
reducción de los índices de inseguridad y violencia de los jóvenes de 12 a 25 años,
mediante acciones integrales de prevención y fortalecimiento de las municipalidades, e
instituciones de seguridad, protección de los jóvenes y promoción del desarrollo humano.
Antecedentes
Honduras se encuentra en un proceso de consolidación de la democracia dentro del cual
la seguridad pública y ciudadana juegan un papel determinante. En los últimos años el
país experimentó un deterioro de las instituciones de seguridad y justicia que se ha
convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y social. A pesar que el país no
experimentó una guerra civil como las que afrontaron El Salvador, Nicaragua y
Guatemala, fue parte activa de los conflictos regionales y base de operaciones de los
grupos reactivos. Una vez producidas las transiciones a la democracia, se produjo un
vacío institucional que unido al gran volumen de armas y condiciones socioeconómicas,
favoreció la extensión de las actividades delictivas.
La Región del Valle de Sula (RVS) se caracteriza por ser la más industrial de Honduras
con un aporte al PIB de 55%. Alberga una población de 1.355.800 habitantes (27% del
país) creciendo a tasas del 5% anual, incrementadas por el alto volumen de migración que
se desplaza a la zona por su dinamismo y posibilidad de empleo. Está compuesta por tres
departamentos: (a) Cortés con 12 municipios: (San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima,
Villanueva, Choloma, Omoa, Sta. Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, San
Antonio, San Francisco de Yojoa; (b) Yoro con tres municipios: El Progreso, Santa Rita,
y el Negrito; y (c) Santa Bárbara, con dos municipios: Petoa y Quimistán.
De acuerdo a un estudio de campo realizado para la preparación del Proyecto sobre
magnitud y costos de la violencia en la RVS1, para el año 2000, la tasa de homicidios en
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Estudio sobre “La Violencia en Honduras y la Región del Valle de Sula”, noviembre 2002, realizado por el Consultor Mauricio
Rubio, para caracterizar las municipalidades en lo que se refiere a niveles de violencia.
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Honduras fue de 60 por cada 100.000 habitantes, la cual se ubica por arriba de la tasa
promedio de Latinoamérica que es de 40. La RVS ha sido una de las zonas más afectadas
presentando una tasa promedio de 107 homicidios por cada 100.000 habitantes. La
percepción generalizada de la opinión pública en la Región, no sólo es que el problema
sigue siendo serio, sino que se ha venido agravando.
Un alto porcentaje de los jóvenes que no trabajan ni estudian están organizados en
pandillas o maras. En el año 2000 había 141 maras en San Pedro Sula que representan el
36% de las existentes en el país. Tienen 8.017 miembros (5.777 hombres y 2.240
mujeres). A esto se suma el número de simpatizantes, que, según estimativos de la
Policía, podría llegar a 30.000 personas. Las maras representan un grave fenómeno
social ligado, entre otros factores, a la influencia y conductas externas que trae la
deportación, problemas de desintegración familiar y social y falta de estímulos a los
estudiantes en las escuelas. Según informaciones disponibles, parecería existir una
relación entre la influencia de las maras y el crimen organizado2.
A lo anterior se agrega la presencia de un importante grupo de niños y jóvenes
vulnerables, que sin una oportuna intervención constituyen un grupo expuesto y en
riesgo. Se incluye dentro de esta categoría a la población de 12 a 25 años que representa
cerca del 34% de la población total de la RVS. Se estima que cerca del 20% de los
jóvenes están fuera del mercado laboral y del sistema formal de educación y viviendo en
condiciones de habitación precarias sin lugares de esparcimiento, todo esto los motiva a
encontrar mecanismos alternos de escape a su frustración, tales como el consumo de
drogas y conglomeración en pandillas. Otro fenómeno característico de la RVS se
relaciona con la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, donde se detectan como
víctimas mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos incidiendo altamente en la
violencia juvenil.
La capacidad institucional tanto de las instituciones a cargo de la seguridad, como las de
protección a la familia y al menor sigue siendo limitada. En 1996 se transformó la Policía
Nacional pasando de ser militar a civil y en 1998 se creó la Secretaría de Seguridad pero
sus estructuras siguen en transición. El actual gobierno viene realizando un proceso de
reforma y fortalecimiento institucional. Entre algunos de los aspectos más importantes de
la reforma se plantea la descentralización; planes preventivos con policía comunitaria en
los municipios; reformas de la ley de personal policial; aumento de remuneraciones; y la
Ley de Política y Convivencia Social (Decreto No.226 aprobada en mayo del 2002).
Recientemente se ha tomado la decisión de descentralizar parte del cuerpo policial
preventivo con miras a tener un mayor conocimiento y efecto en las acciones de la
región. La policía aún cuenta con un cuerpo limitado de agentes, con bajos niveles de
capacitación, educación y profesionalización. Los sistemas de información son
fraccionados y en algunos casos manuales.
La protección al menor y al adolescente está fraccionada en varias instituciones públicas
y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que carecen de coordinación, lo que
conlleva a duplicidad e inefectividad de las acciones.
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IDEM 3.
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Descripción del Proyecto
El objetivo del Proyecto se alcanzará a través de los siguientes cuatro componentes:
A. Fortalecimiento Institucional. Busca fortalecer y mejorar la eficacia de las diferentes
instituciones responsables de la seguridad, instituciones de promoción del desarrollo
humano y prevención social de la violencia y la delincuencia, las municipalidades y
organizaciones representativas de las comunidades relacionadas con el Proyecto, con el
fin de que realicen más eficientemente sus funciones.
Se dará apoyo institucional a: (i) la Municipalidad de San Pedro Sula (MSPS) en las áreas
relacionadas con la coordinación, ejecución y supervisión del Proyecto, (ii) a las
municipalidades de la RVS en áreas relacionadas con la seguridad y convivencia
ciudadana3, (iii) las redes comunitarias, en particular de jóvenes, mediante creación de
Comités de Municipalidades de Paz y Convivencia (CMPC); capacitación;
sensibilización a miembros de la comunidad y promoción del voluntariado; (iv) la
implantación de un sistema integrado de información que recopile y consolide la
información de las fuentes primarias (Policía, Medicina Forense y Fiscalía) y permita
hacer una adecuada planificación de las acciones de seguridad; y (v) la implantación de
un sistema de seguimiento y monitoreo basado en los indicadores del marco lógico, para
dar seguimiento al desarrollo del Proyecto y permitir tomar las medidas correctivas que
fueren necesarias.
B. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Juvenil. Busca coordinar y
fortalecer las actividades de prevención y ampliar las oportunidades de inclusión social
de los jóvenes, mediante una estrategia participativa y coordinada de acciones
preventivas sostenibles y con alta participación de la comunidad. Incluye los siguientes
subcomponentes:
1. Promoción del Desarrollo Positivo de Jóvenes Vulnerables. Contribuye a corregir las
causas y factores de riesgo4 más proclives a la incubación de conductas violentas y
delictivas en jóvenes vulnerables entre 12 y 25 años.
Incluye cuatro áreas de intervención: (i) prevención de la violencia y delincuencia en
instalaciones escolares mediante el apoyo a la realización de actividades integrales con la
comunidad educativa; (ii) Promoción del uso positivo del tiempo libre mediante acciones
de integración e inclusión social en las zonas de mayor riesgo en los municipios
participantes, a través de actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas; (iii)
atención integral de jóvenes vulnerables mediante el establecimiento de un centro
comunitario de carácter regional para la prevención de la violencia y atención juvenil, a
través de servicios de asesoría y orientación psicológica, médica y legal a jóvenes
vulnerables y a sus familias; y (iv) capacitación laboral y promoción del empleo juvenil,
mediante un programa de capacitación para jóvenes vulnerables que responda a un
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El fortalecimiento para las municipalidades de la RVS consistiría en: (a) capacitación en gestión municipal para la prevención, en
formulación y gestión de proyectos de prevención de la violencia y convivencia ciudadana; (b) consultorías especiales para ordenar
y formular procesos y procedimientos requeridos para la administración y ejecución de los componentes del proyecto; (c) sistemas
de monitoreo y evaluación de resultados; (d) sistemas de información; y (e) equipos y materiales de oficina necesarios para la
ejecución de las actividades de prevención y atención contempladas.
Pérdida de valores morales y cívicos, desocupación y frustración por falta de oportunidades de desarrollo humano, desintegración
familiar, ausencia de identidad y bajos niveles de autoestima, hacinamiento, alcoholismo y droga, entre otros.
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estudio de la demanda de los requerimientos laborales de la región de la RVS en las
comunidades más vulnerables.
2. Promoción y Reorientación del Desarrollo Humano de Población en Riesgo. Busca
favorecer la integración social de jóvenes organizados en pandillas y menores que han
infringido la ley para propiciar un cambio de actitudes y valores y su integración a la
sociedad. Así mismo, contribuirá a reducir los efectos del maltrato intrafamiliar.
Considera tres áreas de intervención:
(i) Atención integral de jóvenes en riesgo y menores infractores. Desarrollará una
estrategia de atención integral a menores infractores para darles oportunidades de una
vida digna y evitar la reincidencia delictiva, y a jóvenes en riesgo para prevenir la
delincuencia. Mediante el establecimiento de un Centro Juvenil para la Atención Integral
de esta población.
(ii) Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Se realizarán acciones para
incrementar cultura de la denuncia y se desarrollarán programas de atención a los niños,
mujeres y jóvenes maltratados física y sicológicamente, contribuyendo a la solución de
uno de los problemas de mayor incidencia en la RVS.
C. Apoyo al Proyecto de Policía Comunitaria y/o Preventiva en la RVS. Apoyará una
mayor efectividad de la actuación de la Dirección Noroccidental de la Policía Preventiva
en la RVS, a fin de ayudar a mejorar la convivencia ciudadana. Se realizará un programa
piloto de policía comunitaria en la Dirección Noroccidental, apoyará la organización de
un sistema integral de control y rendición de cuentas del desempeño policial que asegure
el pleno cumplimiento de su rol con la comunidad y dentro del respeto a los derechos
humanos y civiles, y se implementará una Dirección de Protección a la Familia.
D. Estrategia de Comunicación y Sensibilización Social. Sensibilizará y concientizará a
la población, en especial a jóvenes y medios de comunicación, para lograr la
recuperación de los valores cívicos y morales fundamentales y patrones socioculturales,
hábitos, actitudes y prácticas que favorezcan una mejor convivencia ciudadana.
Ejecución
El Prestatario será la República de Honduras. El Ejecutor será la MSPS, la cual ejecutará
el Proyecto a través de la Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana (OPC). La creación y
el reglamento de la OPC fueron aprobados por la Corporación Municipal, en su Sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Enero de 2003, de conformidad con las atribuciones
previstas en el Artículo 25, Numeral II de la Ley de Municipalidades Vigente (Decreto
No. 134-90), y en el Artículo 9 del Reglamento de la misma Ley. La OPC tendrá la
responsabilidad de la coordinación, administración, procedimientos de licitación,
supervisión y control del Proyecto. Será la entidad que tendrá la responsabilidad del
manejo de los recursos financieros tanto del préstamo del Banco como de los recursos de
la contrapartida local.
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Las Entidades Participantes
Son entidades participantes en calidad de beneficiarias: las 17 Municipalidades de la
RVS, Secretaría de Seguridad (Policía Nacional) y el Ministerio Público en el ámbito
regional (Fiscalía y Medicina Forense).
Son entidades participantes de apoyo las siguientes: la Secretaría de Educación y el
INFOP. Brindarán también su apoyo algunas dependencias de la MSPS como: (a) la
Gerencia de Desarrollo Humano (GDH); (b) la Dirección de Investigación y Estadísticas
Municipales (DIEM); (c) el Departamento de Informática; (d) el Instituto Municipal de
Deporte (INMUDE); y (e) la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo Municipal
(UCPDM) de la MSPS.
Para ser elegibles de recibir los beneficios del Proyecto, los municipios deberán (a) haber
designado un representante al Comité Directivo Regional de Paz y Convivencia
(CDRPC), (b) contar con un Comité Municipal de Paz y Convivencia (CMPC) y (c)
haber suscrito un convenio interinstitucional con la MSPS. Por su parte, para ser elegible
como municipalidad beneficiaria, la Secretaría de Seguridad (Policía Nacional) y el
Ministerio Público deberán designar cada uno un representante como integrante del
CDRPC. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad deberá haber suscrito con la MSPS
el Convenio Interinstitucional.
Convenios Interinstitucionales
Los términos en que las distintas instituciones harán efectiva su participación en el
Proyecto estarán establecidos en los convenios interinstitucionales que a continuación se
señalan:
(a) Convenios entre la MSPS y cada uno de los municipios beneficiarios con el
objeto de establecer los mecanismos de coordinación de actividades y las
obligaciones de las partes en relación con la ejecución de los componentes del
Proyecto, los Planes de Acción y los Planes Anuales (POAs).
(b) Un convenio entre la MSPS y la Secretaría de Seguridad (Policía Nacional) y
el Ministerio Público que tendrá por objeto establecer las obligaciones de las
partes en relación con la implantación del SISC.
(c) Un convenio entre la MSPS y la Secretaría de Educación que tendrá por
objeto establecer los términos en que la Secretaría de Educación apoyará las
intervenciones en establecimientos escolares.
(d) Un convenio entre la MSPS y la Secretaría de Seguridad (Policía Nacional) en
relación con la ejecución del componente de apoyo al Proyecto de la Policía
Preventiva en la RVS.
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