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De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis y se adiciona
un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
LA QUE SUSCRIBE ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, DIPUTADA FEDERAL DE LA LXI
LEGISLATURA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EL ARTÍCULO 122 LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 6 NUMERAL 1, 77 Y 78 DEL
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA
COMISIÓN PERMANENTE, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SEREFORMA ELARTÍCULO 9 BIS Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO
20 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los problemas y retos más apremiantes en México provienen de una lamentable falta de inversión en
materia de educación. Las fallas de gobernabilidad, las amenazas del crimen organizado, la falta de
cohesión y solidaridad que México acusa, no ocurren en los países más educados. De acuerdo con
los expertos en planeación global, a nuestro país le falta articular las cadenas de valor del
conocimiento, que empiezan por la educación superior, ciencia y tecnología para innovar y que
culminan en la creación de riqueza y empleos bien remunerados, o sea, bienestar general,
gobernabilidad, recaudación fiscal y seguridad social.
La falla no está sólo en la educación escolarizada, que conduce a la vida académica en los máximos
niveles. Hace falta también esa educación que proviene del roce social en la familia, la región, el
barrio o la colonia. Hemos acumulado un grave déficit en la inversión pública y privada en este rubro,
y hemos perdido, al mismo tiempo, la tranquilidad del futuro de la sociedad y, por lo mismo, la
capacidad para crear empleos de alta calidad. En esta perspectiva, los sectores sociales, incluyendo
a sus gobiernos regionales y federal, y a sus organismos e instituciones privadas y públicas, son
corresponsables del deterioro de la textura social, la creciente insatisfacción de los mexicanos con su
porvenir y, por ende, de nuestra falta de capacidad para darnos instituciones satisfactorias. No
vivimos una confrontación de ideologías o partidos políticos, sino una falla de capacidades de la
sociedad en su conjunto, una crisis generalizada.
Sólo así se explica la totalidad de indicadores de nuestra economía y nuestra vida cotidiana, nuestras
relaciones internacionales y nuestra falta de liderazgo mundial. Por ello, cuando comparamos a
México con las demás naciones de la OCDE o de cualquier otro conjunto de países, quedamos muy
rezagados –en educación, en salud, en economía, en seguridad y en muchos otros indicadores–,
además de que esa situación se deteriora continuamente.
México requiere con urgencia crecer para elevar sus niveles de bienestar.La ciencia, la tecnología y
la innovación tienen una función estratégica primordial en el crecimiento económico, la competitividad
y el desarrollo integral.
La trascendencia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la actualidad se refleja en el
desarrollo que han experimentado las naciones que las ubican como prioridad en su Agenda
Nacional para la solución de problemas económicos y sociales.
La política en ciencia y tecnología en nuestro país se encuentra en un proceso de transición de una
política gubernamental a una política pública. Esto ha puesto en evidencia distintas tensiones
jurídicas, programáticas, institucionales y organizativas al interior del sistema de Ciencia y
Tecnología.
Para establecer una política de Estado en la materia se debe tener la convicción de que el
conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y
son factores determinantes del crecimiento económico, el progreso y la elevación del nivel de vida de
la población, tal como se ha reflejado en los países desarrollados y en aquellos emergentes que
están desarrollándose rápidamente al asumir esta convicción en una política pública permanente,
consistente y de largo plazo.
En México la educación básica ha sido tema prioritario de los gobiernos federales desde siempre.
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que
hoy destina la mayor fracción del gasto público a ello. En la actualidad tenemos una cobertura casi
total en el nivel básico.
Es preocupante el bajo número de investigadores científicos y tecnólogos con que cuenta nuestro
país, así como la baja velocidad a la que esta comunidad se reproduce. Este problema nace de una
oferta educativa que disminuye progresivamente a medida que se avanza en los estudios, pasando
de coberturas cercanas a 100 por ciento en la educación básica a 60 en media y a 30 en superior, lo
cual es claramente inconsistente con los cambios en el perfil poblacional actual del país.
Más allá de la cobertura, en el nivel educativo más alto –maestría y doctorado– también hay baja
eficiencia de las instituciones educativas, en parte debida a una política gubernamental reciente de
congelamiento virtual de plazas para investigadores en instituciones públicas que desanima a los
jóvenes interesados en optar por carreras en ciencia y tecnología.
Hay que admitir que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha impulsado un progreso
considerable en fomentar niveles educativos más altos y de mayor calidad, a través de sus políticas
de becas, de estandarización de programas educativos y de mejora en la eficiencia terminal. Sin
embargo, estamos lejos de las metas que pondrían al país en los niveles que corresponden a su
economía.
Pese a que en este sexenio el gasto público en ciencia y tecnología se ha multiplicado en más del
doble, la cifra destinada aún no repercute de manera significativa en el producto interno bruto (PIB),
el cual representa apenas el 0.5 por ciento. Basta señalar que para 2012, el presupuesto del ramo
38, “Ciencia y tecnología”, es de 21 mil millones de pesos, lo que representa 0.46 o 0.47 por ciento
del PIB, muy por detrás de Brasil, que invierte 1.2%.
Por estas razones, México requiere de un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las
Instituciones de Educación Superior para aumentar el acceso de jóvenes, ya que en la actualidad
sólo 2 de cada 10 de entre 19 y 24 años alcanzan este nivel.
Aunado a lo anterior, resulta lamentable que en México exista un número insuficiente de personas
dedicadas a la investigación, apenas 1.2 investigadores por cada mil miembros de la Población
Económicamente Activa, lo que demuestra que nuestro país enfrenta un déficit importante en el
número de graduados de doctorado y, en general, de profesionales de la ciencia y tecnología que
realicen trabajos de investigación de alta calidad.
De acuerdo con información del Gobierno Federal, 575 mil mexicanos con niveles escolares de
maestría o doctorado han emigrado a Estados Unidos y Europa por la falta de oportunidades de
empleo en nuestro país. Cifra que aumenta anualmente a 20 mil profesionistas con postgrado,
quienes solo encuentran ofertas laborales en el extranjero.
Esta fuga de talentos, refiere la misma información, le ha costado a México más de 100 mil millones
de pesos, cantidad cuatro veces superior al presupuesto asignado a nuestra máxima casa de
estudios, la Universidad Nacional.
Para ejemplificar lo anterior, basta señalar que con sus 112 millones de habitantes, México es el
undécimo país en el rubro, así como la decimocuarta potencia económica. Sin embargo, la inversión
pública en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB se ha mantenido estancado en 0.35 (+ 0.05)
durante las últimas tres décadas, colocándonos por debajo de la media entre los países
latinoamericanos y del Caribe (0.6), en particular de Brasil (1 por ciento), Chile (0.7) y Argentina (0.5),
así como entre los dos últimos lugares de la OCDE.
Existen variables económicas en las que, más que estancados, hay muestras claras de que
retrocedemos. Otro ejemplo es el índice de cobertura tecnológica de México que ha disminuido de
0.24 a 0.04 en la última década. Es decir, tratándose de tecnología, hoy compramos 96 por ciento y
vendemos 4 por ciento.
Por ello, para elevar la competitividad del país y dejar de ser sólo un país manufacturero y con mano
de obra calificada, debe invertirse más en ciencia, entecnología y en investigación.
Nuestro país requiere, además de recursos presupuestales suficientes, de políticas públicas eficaces
y eficientes que prevengan tanto el éxodo definitivo de personal especializado como el diseño de
incentivos que procuren el regreso a México de aquellos que realicen estudios en el extranjero,
garantizándoles en ambos casos mejores condiciones laborales que las actuales, con lo que se
lograría un mayor compromiso y vínculo con el desarrollo del país.
Como legisladores, tenemos la obligación de colaborar con el Poder Ejecutivo para incrementar el
presupuesto en el rubro de ciencia y tecnología para la formación de científicos y tecnólogos;
aprovechar las ventajas competitivas para los sectores y las regiones que se abocan a ello; valorar la
generación de empleos calificados; establecer cadenas de proveeduría y ofrecer insumos locales de
calidad; y generar mayor caudal de investigaciones regionales en I+D. Es importante que
reconozcamos el efecto de la labor científica y tecnológica en beneficio de la economía regional y del
bienestar de sus sociedades.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforma elartículo 9 Bis y se adiciona un tercer párrafo al artículo
20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO
Primero.- Se reforma el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al
financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –
federación, entidades federativas y municipios–destinen a las actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor de 2.0
por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos
previstos en la presente ley.
Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para
quedar como sigue:
Artículo 20.- (…)
(…)
El monto anual destinado a fomentar el Programa Especial no podrá ser inferior al monto
estipulado por el artículo 9 Bis de esta Ley.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de agosto de 2012.
Atentamente,
Dip. Ana Georgina Zapata Lucero