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ELECTRICIDAD
mayo 17 – 2013
15:32
Con la luz a medio
gas.
Autor: Rubén Darío Restrepo Padierna
-Millones de europeos tienen problemas para costear la
electricidad o el agua caliente
- Los expertos apuestan por mejorar la eficiencia energética de
los hogares
Verónica Giráldez vive pendiente de los
enchufes y los interruptores. En su
vivienda, en un barrio periférico de Alcalá
de Henares (Madrid), no se enciende una
bombilla si no es estrictamente necesario.
Solo para tareas básicas como que sus dos
hijos, un niño de 11 años y una niña de
cuatro, puedan hacer los deberes. Y mucho
menos la calefacción. “Lo mínimo para que
la casa no sea una nevera cuando llegan del
colegio”, explica. También controla al
máximo el agua caliente. “Yo me doy
duchas rápidas y a los niños los baño
juntos, aunque el mayor ya se resiste”,
lamenta.
Esta madre de 32 años, viuda desde 2011,
es uno de los cuatro millones y medio de
españoles que sufren la llamada “pobreza
energética” —el 10% de la población—,
según el último informe publicado por el
Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE). Un concepto relativamente
nuevo, hasta hace bien poco asociado solo a
regiones pobres, pero que está aflorando
como parámetro de estudio también en los
países ricos, por su repercusión en la salud
y en la calidad de vida de la población.
Sin llegar al extremo de Grecia, donde este
invierno se ha disparado la contaminación
por el creciente uso de hogueras de leña en
las viviendas, España es uno de los países
europeos en los que más ha aumentado la
tasa de pobreza energética en los últimos
años, pasando del 5,9% en 2008 al 10% el
año pasado. Es decir, que el número de
ciudadanos que sufren este problema casi
se ha duplicado en un periodo de apenas
cuatro años.
Verónica Giráldez tiene problemas para pagar la
factura eléctrica. A su lado, su hijo. / C. Á.
¿Quiénes son estos nuevos pobres?
“Antes de la crisis eran generalmente
personas en situación de exclusión
social. Ahora, la mayoría son personas
perfectamente
integradas,
que
simplemente se han quedado sin
trabajo y que han relegado a un
segundo plano esta necesidad porque
por delante están otras como la
vivienda o los alimentos”, comenta José
Javier Sánchez Espinosa, subdirector
de inclusión social de Cruz Roja
España. Según esta organización, el
43% de los ciudadanos que acuden a
pedir su ayuda no puede pagar su
factura energética. Sánchez Espinosa
destaca además otro indicador del
Instituto Nacional de Estadística (INE)
para exponer la magnitud que puede
cobrar el problema en un futuro. “El
40% de las familias españolas no puede
afrontar gastos imprevistos.
Es decir, que si se estropea la caldera
no pueden pagar una nueva, lo que
significa que muchos de ellos ni
siquiera tendrán sistema de calefacción
el próximo invierno”, augura.
Las tarifas en España
están entre las más
altas de la UE, según
Eurostat
Las asociaciones de consumidores
culpan de la escalada al sistema de
fijación de tarifas eléctricas. Un modelo
que, según la OCU, “está dominado
por subastas en las que quienes venden
y quienes compran son los mismos”.
El OSE también culpa al actual diseño
de subastas de la elevada factura
energética de los españoles. Y aventura
pocos cambios a medio plazo. Según
sus previsiones, la escalada de precios,
lejos de detenerse, seguirá creciendo.
.
Minería, la otra batalla entre Gobierno y
Alcaldía de Bogotá
Por: CAROL MALAVER |
6:07 p.m. | 17 de Mayo del 2013
Gran parte de la actividad minera en Bogotá se lleva a cabo en el borde del río Tunjuelito.
Industria dice que restricción podría generar riesgos en
economía. Distrito, que protege reservas.
Con el anuncio de la Alcaldía, esta semana, de demandar el decreto 934 del 6 de mayo,
expedido por el Gobierno Nacional y que prohíbe a municipios y departamentos establecer
zonas excluidas para la minería, se abre un nuevo frente de batalla entre ambos gobiernos.
Y nuevamente chocan aquí los conceptos de autonomía territorial versus la norma nacional
y el impacto que pueda generar sobre la economía. Los industriales también han entrado a
terciar en el debate, y alegan que Bogotá pone en riesgo sectores que dependen de la
extracción local, como la construcción.
Desde el inicio de su mandato, el alcalde Gustavo Petro le declaró la guerra a la minería en
la ciudad, por considerar que pone en riesgo la vocación agropecuaria y forestal de la
sabana de Bogotá y atenta contra recursos vitales como el agua, pilar de su plan de
desarrollo.
En la capital funcionan alrededor de 108 canteras q
ue explotan arcillas, arena y grava; solo 12 poseen títulos mineros, y hay un centenar de
empresas ilegales. La Secretaría de Ambiente ha sido radical en las medidas. Su titular,
Susana Muhamad, ha dicho que la ciudad no alojaría más proyectos mineros, no renovará
licencias y regulará con más fuerza las canteras ilegales: “Adaptar la ciudad al cambio
climático requiere mantener las zonas rurales del Distrito”.
Pone como ejemplo el impacto que ha tenido la extracción minera en el borde del río
Tunjuelito. “Su rumbo se desvió y hay que llenarlo de jarillones en épocas de lluvias para
que no cause inundaciones. La población en el sur está en grave riesgo”, explicó Muhamad.
Y añadió que en Usme, en zonas donde venían funcionando canteras, como Altos de la
Estancia, “la montaña está a punto de derrumbarse” y que la posible explotación en El
Mochuelo atenta contra una zona campesina, “clave para ser corredor ambiental con el
páramo de Sumapaz. Los campesinos quieren mantener su naturaleza rural, y los
apoyamos”.
Para el Distrito, es necesario sacar de la compatibilidad minera a ciertas zonas de la ciudad;
y lo que pone en riesgo el decreto, según Muhamad, es que estas zonas sean blanco de
explotación.
Los entes de control también se han pronunciado. Según la Personería de Bogotá, otro
argumento para acabar con la explotación minera ilícita es que las canteras afectan a más de
800.000 habitantes que viven cerca, debido al alto grado de emisiones de polvo y
combustible tóxicos, así como por la contaminación de fuentes hídricas que termina
causando deslizamientos y daños graves en la fauna y la flora de los cerros.
Norma es clara: Gobierno
El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, señaló que la norma no es nueva porque
el artículo 37 de la Ley 135 prohíbe que las entidades territoriales, municipios,
departamentos o distritos especiales excluyan zonas de la minería. “Con eso evitamos un
desastre porque, entonces, todos los municipios, de forma irresponsable, comenzarían a
prohibir la extracción minera, vital para el desarrollo económico del país”.
Aclaró que para prohibir la extracción, el Distrito tendría que entrar a un proceso de
concertación con el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas, los distritos
especiales y la Agencia Nacional de Minería. Y agregó que la decisión se debe sustentar
con base en estudios técnicos, ambientales, económicos y sociales.
Más allá de que el Distrito pueda o no tomar la decisión, Renjifo explicó que la medida
puede causar grave impacto en el sector de la construcción en Bogotá: “Al eliminar la
explotación de gravillas, por ejemplo, habría que traer los materiales de otras regiones, lo
que incrementaría su valor”.
En esto coincidió Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi. “La
medida sería gravísima, no solo para el desarrollo económico del país”. Aclaró que
industrias como la de la cerámica, los materiales de construcción y ladrilleras podrían
colapsar. “Incluso, se pondrían el riesgo 26.000 empleos en todo el país o más si esta
medida se extiende en toda la región”.
Las gravas y arenas tendrían que traerse, según él, de regiones como Tolima o Meta. “¿Se
imagina el efecto ambiental? Más tractomulas circulando por la escasa infraestructura vial”.
Chaparro le sumó un posible aumento de hasta 60.000 pesos por el transporte de metro
cúbico del material y sobrecostos futuros en la construcción. “Si se encarecen los
materiales, también los bienes inmuebles. Eso sin hablar del daño en proyectos de
infraestructura”, dijo. Sin embargo, aseguró que el gremio no se cierra al diálogo, y menos
a las medidas de fiscalización en el cumplimiento de las normas ambientales, pero sí a
medidas extremas que afecten la economía.
Ilegalidad
Según un estudio de la Personería en el 2012, de 108 empresas que operan en Bogotá, 100
son ilegales. La mayoría extraen materiales de construcción para atender la demanda del
Distrito. Del total de empresas, 88 no tienen documentos que soporten su actividad y 12 los
tienen incompletos. Solo 12 de las firmas poseen un título minero.
Tampoco había, hasta el momento de estudio, un monitoreo de la Secretaría de Ambiente,
Minambiente o la CAR. Incluso, algunos cierres ordenados por las alcaldías locales eran
violados por las empresas. Esto permitió la evasión en el pago de regalías al Estado por el
aprovechamiento económico de las excavaciones.
‘Hay que evitar un caos’
Entrevista a Federico Renjifo, ministro de Minas y Energía.
¿El Distrito puede o no prohibir la minería en Bogotá?
El artículo 37 de la Ley 135 prohíbe que las entidades territoriales, municipios o departamentos
excluyan la extracción minera. Eso está contemplado en la Constitución.
¿Por qué?
Sería un desastre. Imagínese usted que cada municipio decidiera prohibir la actividad porque sí,
cuando de esta depende una parte importante de la economía del país.
¿Qué tendría que hacer el Distrito para poder prohibir la minería?
Lo que dice la ley. Concertar con el Ministerio de Ambiente, las CAR, los distritos especiales y
la Agencia Nacional de Minería. Estas autoridades actuarán con base en estudios técnicos,
ambientales, económicos y sociales. Ahora, si el Distrito ya tiene todos esos estudios y
permisos, no habría problema.
¿Cómo afectaría la medida a Bogotá?
Habría que mirar el impacto que va a generar importar de otras zonas del país elementos para la
construcción de vivienda. También habrá más contaminación, por el transporte de los mismos.
¿El POT podría lograr la prohibición?
Creo que sí podría si la decisión se enmarca dentro de las normas legales.
CAROL MALAVER
REDACTORA DE EL TIEMPO
Recuadro: no tiene
Consulta realizada el día sábado 18 de mayo del 2013
Disponible en la página
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/mineria-enbogota-diferencias-entre-gobierno-y-alcaldia_12806588-4