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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA (DIP)
ETAPA DE EVALUACIÓN INICIAL
7 de septiembre de 2011
Informe n.°: AB6795
Nombre del proyecto
Región
País
Sector
Número de identificación del
proyecto
Instrumento de financiamiento
Prestatario(s)
Organismo de ejecución
Fecha de elaboración del DIP
Fecha estimada de la
evaluación inicial
Fecha estimada de aprobación
por el Directorio Ejecutivo
Decisión a partir del examen
institucional
I.
Segundo Préstamo Programático para Políticas de
Desarrollo sobre Sector Público, Competitividad e
Inclusión Social
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
República Oriental del Uruguay
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica (PREM)
P123242
Préstamo para políticas de desarrollo
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia n.° 1089, tercer piso
Montevideo, Uruguay
12 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011
25 de octubre de 2011
Luego del examen institucional, se tomó la decisión de
proceder a preparar la operación.
Principales temas de desarrollo y fundamentos para la participación del Banco
En este documento se describe el Segundo Préstamo Programático para Políticas de
Desarrollo sobre Sector Público, Competitividad e Inclusión Social para la República
Oriental del Uruguay. El préstamo para políticas de desarrollo con opción de giro diferido
(PPD-OGD) propuesto es el segundo y último de una serie de dos préstamos programáticos.
Estos dos préstamos apoyan la implementación de reformas económicas y sociales con miras a
lograr los siguientes objetivos: i) aumentar la eficacia del sector público; ii) aumentar la
competitividad, y iii) continuar avanzando en el área de la inclusión social mediante mejoras de
la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios sociales. Estas reformas constituyen la
esencia de las prioridades establecidas por el nuevo Gobierno en el presupuesto quinquenal
aprobado en diciembre de 2010. El primer préstamo de la serie se desembolsó en febrero de 2011
(US$100 millones) y el segundo préstamo sería por un monto de US$260 millones.
La decisión de cambiar el PPD contemplado en la estrategia de alianza con el país (EAP)
por un PPD-OGD se justifica por las crecientes inquietudes acerca del deterioro de las
condiciones de los merados financieros internacionales. El Gobierno ha adoptado una
estrategia prudente con respecto a la deuda, consistente en asegurar financiamiento contingente
para las necesidades de endeudamiento a mediano plazo, en un período de gran concentración de
amortizaciones y en un contexto mundial que sigue siendo favorable para Uruguay, pero que está
expuesto a considerables riesgos. En plena concordancia con la EAP, el PPD-OGD pondría a
disposición recursos que se retirarían a solicitud del país, a menos que el prestatario haya
recibido previamente una notificación del Banco indicando que no se han cumplido una o más
condiciones para el retiro de fondos y que es necesario un nuevo examen de la operación. El
prestatario también declara su intención de utilizar la OGD únicamente si el acceso a los
mercados de capital internacionales se tornara muy difícil. Teniendo en cuenta las enseñanzas
que han dejado las anteriores crisis financieras mundiales, el Gobierno desea asegurarse de que
podría mantener el nivel de gasto público básico y seguir impulsando las reformas incluso ante
un escenario externo adverso. El cambio solicitado de un PPD a un PPD-OGD forma parte de la
estrategia de este Gobierno y permitirá proteger las reformas apoyadas por la actual serie de
PPD.
Las reformas y medidas de política que respalda esta operación se consideran altamente
relevantes e integrales. La serie de préstamos apoya la implementación de un programa de
reformas de política en tres ámbitos principales: gestión del sector público, competitividad e
inclusión social. Contribuye a mantener el crecimiento económico con medidas orientadas a
seguir reduciendo la vulnerabilidad macroeconómica, mejorar las reglamentaciones y el entorno
administrativo para la actividad empresarial y las inversiones, y facilitar los flujos de comercio.
También mejora la calidad y amplía el alcance de los servicios sociales en Uruguay. En el país se
imparte educación primaria universal, la cobertura de los programas de protección social ha
aumentado considerablemente en los últimos años, y el sistema de salud se está reformando para
lograr la cobertura universal del seguro y mejorar la eficacia de los servicios en función del
costo. En adelante, los principales objetivos de reforma de las políticas comprenden lo siguiente:
i) fortalecimiento de la eficacia del sector público; ii) mejora de la competitividad, y iii) mejora
de la inclusión social con medidas destinadas a aumentar la equidad y la eficiencia de los
sistemas de salud, educación y protección social. Estos tres ámbitos de reforma constituyen la
esencia de las prioridades establecidas por el nuevo Gobierno en el presupuesto quinquenal
aprobado en diciembre de 2010.
II.
Objetivos propuestos
El préstamo tiene los siguientes objetivos de desarrollo:
i)
Fortalecimiento de la administración pública;
ii)
Mejora de la competitividad con medidas destinadas a facilitar el comercio, fortalecer el
entorno para los negocios y desarrollar los mercados financieros;
iii)
Mejora de la inclusión social con medidas destinadas a aumentar la equidad y la
eficiencia de los sistemas de salud, educación y protección social.
III.
Descripción
El Gobierno ha hecho importantes progresos en la implementación del programa de
reformas respaldado por el PPD:

Gestión del sector público: El Gobierno ha establecido la base legal para la reforma del
gobierno electrónico, al disponer la interoperabilidad técnica en la administración en los
artículos 157 a 160 de la Ley de Presupuesto n.° 18 719 para el período 2010-2014.
Además, en ciertos programas de gasto se han incluido indicadores de productos y
resultados, los que también se han adoptado oficialmente en la Ley de Presupuesto.

Competitividad: Se puso en marcha un nuevo sistema de gestión del riesgo para las
inspecciones de aduana, que aumentó la eficacia de las inspecciones físicas para la
detección de fraude y, con ello, redujo las demoras en los trámites de aduana. Además, se
implementó la Ley de Mercados de Capitales, que opta por la reglamentación e incluye
disposiciones para promover el desarrollo de los mercados, en particular, incentivos
tributarios y el establecimiento la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, y a
través de la adopción de las normas de la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (OICV).

Inclusión social: Se fortalecieron los programas orientados a erradicar la extrema pobreza
mediante el incremento de los subsidios alimentarios a los 15 000 hogares más pobres,
como lo dispone la Ley de Presupuesto. El seguro de salud se amplió a todos los cónyuges
con tres o más hijos, a todos los trabajadores pertenecientes a grupos de bajos ingresos que
se jubilaron antes de 2008, y a todos los trabajadores que lo hicieron después de 2008. Al
aumentar la cobertura del Plan Ceibal, programa a través del cual se entrega un computador
portátil a cada alumno de la escuela secundaria (primero y segundo grado), se mejoró la
equidad del acceso a tecnología moderna de la información y las comunicaciones.
El segundo PPD cumple una función importante para continuar y profundizar el apoyo a
los componentes del programa de reformas respaldado por el primer PPD que ya están en
marcha. Las medidas previas reflejan el pleno cumplimiento de los activadores señalados en el
documento del PPD I correspondientes a siete de las nueve medidas de política. Se reformuló la
medida referente al gobierno electrónico, y esta se cumplió en lo sustancial. Los artículos 157 a
160 de la Ley de Presupuesto para el período 2010-2014 establecen la base legal para la
interoperabilidad técnica y, en consecuencia, para la plataforma de gobierno electrónico. Se
decidió introducir estas disposiciones por medio de la Ley de Presupuesto en lugar de hacerlo a
través de una Ley de Interoperabilidad, como se había contemplado inicialmente. La medida
previa referente a la construcción de una base de datos del Sistema de Información Integrada
para el Área Social (SIIAS) debió modificarse para tener en cuenta un cambio en la estrategia de
implementación, pero la medida se cumplió en lo sustancial.
La operación está concebida para apoyar la estrategia del Gobierno para la gestión de la
deuda. El PPD-OGD tiene la finalidad de proporcionar al Uruguay una herramienta de gestión
del riesgo en caso de que se produjera una interrupción de los empréstitos que el país toma en el
mercado. Un PPD-OGD ofrece la opción de diferir el desembolso de un préstamo por un período
de hasta tres años a contar de la fecha de la firma del préstamo, y puede renovarse por otros tres
años. De esa manera, Uruguay cuenta con una forma de financiamiento para contingencias por
un período prolongado. Los fondos del PPD-OGD proporcionarían recursos alternativos para
cumplir las obligaciones de deuda del sector público que estén por vencer en caso de que se
redujera el acceso a los mercados o aumentaran los márgenes de la deuda soberana.
Las autoridades uruguayas podrían decidir retirar fondos con cargo al PPD-OGD en
cualquier momento durante el período de tres años, siempre y cuando: 1) el marco
macroeconómico siga siendo satisfactorio, y ii) Uruguay continúe adhiriendo al programa
general descrito en la carta de intenciones sobre las políticas de desarrollo. Estas dos condiciones
para el retiro de fondos se vigilarían continuamente como parte de la supervisión normal del
préstamo.
IV.
Impacto social y en la reducción de la pobreza, y aspectos ambientales
Efectos en la reducción de la pobreza y la situación social
Las reformas apoyadas por la serie de PPD parecen haber tenido un impacto social
positivo, sobre todo en los grupos más pobres de la sociedad. El objetivo de las reformas es
producir un impacto positivo directo en la reducción de la pobreza, mediante la ampliación de la
cobertura y una mayor eficiencia de los servicios sociales que se prestan a los hogares de bajos
ingresos, y un impacto positivo indirecto, mediante el fomento de la inversión privada y el
fomento de la eficiencia del sector público.
No se ha comprobado ningún impacto adverso en los sectores sociales o en la pobreza que
esté relacionado con las reformas del sector público y la competitividad respaldadas por el
PPD. Por el contrario, se espera que estas tengan un impacto social indirecto positivo. Al tratar
de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales, las reformas del sector público
permitirán mejorar la focalización y reducir el costo de los servicios. Las reformas relacionadas
con la competitividad (facilitación del comercio, logística, clima para los negocios o desarrollo
de mercados de capitales) tienen por objeto promover la inversión privada y el crecimiento, y
con eso, contribuir a impulsar la creación de empleo y la reducción de la pobreza. La
simplificación de los trámites para iniciar un negocio ya han incidido en forma positiva en la
creación de pequeñas y medianas empresas.
Las reformas sobre inclusión social que apoya el PPD se centran explícitamente en mejorar
la equidad y en reducir la pobreza. Las reformas de la educación y la salud, así como aquellas
orientadas a fortalecer el sistema de protección social, están dirigidas a mejorar el bienestar de
los grupos de bajos ingresos. Varias de las medidas incluidas en estas reformas han producido un
efecto positivo en la reducción de la pobreza, como se señala en la sección anterior. Se espera
que las medidas que respalda la serie de PPD también mejoren la focalización de los programas
existentes y contribuyan a reducir la duplicación de pagos procedentes de distintas fuentes a un
mismo beneficiario.
Aspectos ambientales
Es improbable que la operación propuesta tenga algún efecto significativo en el medio
ambiente, los bosques u otros recursos naturales. Sin embargo, mientras las medidas
respaldadas por el programa de préstamo consigan, con el tiempo, atraer nuevas inversiones
privadas, habrá que seguir fortaleciendo la capacidad institucional de Uruguay para identificar y
abordar las cuestiones de política y reglamentarias relacionadas con el medio ambiente.
Se han establecido políticas y regulaciones ambientales, y su implementación está
mejorando. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA), a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), es responsable
de formular, ejecutar, supervisar y evaluar el plan nacional de protección ambiental, y de
proponer e implementar las políticas nacionales, compaginado las necesidades de protección
ambiental con el desarrollo sostenible. Las importantes nuevas inversiones en fábricas de pasta
de celulosa que se están efectuando en Uruguay con financiamiento extranjero han aumentado la
conciencia del público, y el compromiso del Gobierno, con respecto al seguimiento y el
cumplimiento de la reglamentación ambiental. Uruguay fue uno de los primeros países de la
región en finalizar su segunda comunicación nacional sobre el cambio climático en 2004 y
posteriormente ha actuado con rapidez para aprovechar fuentes de financiamiento innovadoras a
través del mercado del carbono. Las estrategias del FMAM y aquellas sobre el carbono se han
estado implementando desde 2009 para mejorar el manejo de los residuos sólidos en las dos
ciudades más grandes del país, y para iniciar múltiples inversiones en el campo de la energía
renovable.
V.
Financiamiento
Fuente
Prestatario
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Prestatario/Receptor
Otros, especificar
(millones de US$)
0
260
0
Total
260
VI.
Forma de contacto
Banco Mundial
Contacto: Norbert Fiess
Cargo: Economista senior
Teléf.: 5260+3708 / 54-11-4316-9708
Correo electrónico: nfiess@worldbank.org
Ubicación: Buenos Aires, Argentina (BIRF)
Prestatario
Contacto:
Cargo:
Teléf.:
Correo electrónico:
VII. Para más información, puede ponerse en contacto con:
The Infoshop
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, D.C. 20433
Teléf.: (202) 458-4500
Fax: (202) 522-1500
Sitio web: http://www.worldbank.org/infoshop