Download La política industrial - EESC European Economic and Social

Comité Económico y Social Europeo
Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
«Actuar a escala local» en el marco de Europa 2020
Mesa redonda del CESE sobre política industrial – Madrid, 20-21 de octubre de 2011
INFORME RESUMIDO DE LA DELEGACIÓN DE
LA CCMI
(Sr. van Iersel, Sr. Gibellieri y Sr. Jírovec)
1.
Introducción
El 4 de mayo de 2011, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó un dictamen sobre la
Comunicación de la Comisión Europea sobre la política industrial, una de las iniciativas emblemáticas de
la Estrategia Europa 2020. La aprobación de este dictamen está vinculada a varias acciones de
seguimiento. Como parte de estas acciones se organizó en Madrid una mesa redonda de día y medio de
duración sobre política industrial para compilar las aportaciones de los diferentes actores económicos y
sociales mas representativos de la actividad industrial española, así como de altos representantes de la
administración española, con el fin de evaluar el compromiso de los agentes locales en el proceso de
reforma.
España se eligió para el seguimiento local por razones diversas: básicamente es una de las grandes
economías de la zona Euro, pero que está sufriendo especialmente los efectos de la crisis económica. Por
otro lado, ofrece como referencia un Plan de Política Industrial específico para relanzar una política
industrial competitiva.
La mesa redonda se estructuró en tres bloques, centrados respectivamente en las instituciones, los
interlocutores sociales y otras partes interesadas. Cada uno de los tres bloques se dividió, a su vez, en una
serie de entrevistas entre una delegación de tres miembros del CESE –el ponente, el coponente y el
presidente del grupo de estudio correspondiente– y una o más partes interesadas (véase programa
adjunto). Previamente se había enviado un cuestionario a los participantes –junto con la Comunicación de
la Comisión y el Dictamen del CESE– para proporcionarles orientaciones sobre los temas que se
abordarían en la reunión. Sin embargo, se dio libertad a cada organización para que se pronunciara sobre
la política industrial a su propia manera. El presente documento constituye un informe resumido sobre los
resultados de los debates y no debe considerarse el acta de las reuniones.
Con anterioridad a esta mesa redonda en España se había celebrado previamente un acto similar en
Varsovia los días 27 y 28 de junio de 2011.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
ES
-2-
2.
Contexto económico
Desde principios de la década de los 90 la economía española recorrió una década de crecimiento,
creándose una etapa expansiva. Sin embargo, a partir del año 2008, con la crisis bursátil unida al
estallido de la burbuja inmobiliaria, la economía sufre una disminución de sus índices
macroeconómicos y los efectos de la crisis financiera mundial se incrementan notablemente en
España. Aunque durante el año 2011, España experimentó la senda de un crecimiento débil con un
avance interanual del 0,7 %, probablemente en 2012 la economía española sufrirá probablemente por
las tensiones de la crisis de deuda soberana.
La contracción de la economía tras la primera crisis financiera tuvo su agravante en España con el
estallido de la burbuja inmobiliaria, ya que desde finales de los años 80 representó el gran motor del
crecimiento en este país. El boom inmobiliario se exacerbó con la liquidez en el crédito y la
estabilidad de la moneda única. El resultado inmediato fue la contracción de la economía por la falta
de liquidez y un incremento espectacular del desempleo, que pasó de cifras en torno al 11 % en el
año 2000 a las actuales de un 23 % (50 % juvenil) en 2011.
A simple vista, todo este proceso y estos datos parecen encajar dentro del contexto de crisis global
acrecentada por la crisis de deuda soberana en la Eurozona. Algunos podrían pensar que España
estaría en el grupo de países que estarían pagando las consecuencias de una desmesurada expansión y
falta de seguimiento de los criterios de convergencia económica de la zona euro en las últimas dos
décadas. Sin embargo, estas opiniones estarían alejadas de la realidad, ya que en la reciente década de
expansión económica fue uno de los pocos países que cumplió fielmente los criterios de convergencia
económica, con una política fiscal estabilizadora contraria al ciclo y con superávit presupuestario que
disminuyó la deuda publica hasta colocarla en un 37 % del PIB. Además, su sistema bancario, aunque
no exento de fallos, no tuvo que ser rescatado por el Estado.
¿Qué ha sucedido a una economía en plena expansión desde la década de los 90 hasta el comienzo de
la crisis en 2008, con unos excelentes resultados y que cumplía con creces los niveles de los criterios
de convergencia económica impuestos para la zona euro? ¿Cómo es posible un descenso de la
actividad económica tan significativa y unos niveles de paro que triplican los de algunos países
europeos?

En primer lugar, la economía española adolece de unos desequilibrios estructurales que
tienen su origen en una productividad baja y una escasa competitividad que se arrastran
desde hace varias décadas y con un tejido industrial atomizado. Estas deficiencias fueron
temporalmente «despejadas» durante la recuperación económica que acompaña a la
incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria y el aumento de inversión
extranjera que se produjo alimentada por los bajos tipos de interés bancarios y el
despegue de los sectores industriales ligados a la construcción de viviendas residenciales
que creció de modo exponencial llegando a alcanzar en 2007 un 17,9% del PIB, aunque el
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-3peso real en la economía fue mucho más elevado llegando a un 39 % incluyendo el sector
servicios relacionados directamente con la vivienda.

En segundo lugar es un modelo de crecimiento que adolece de unos desequilibrios
identificados y centrado desde mediados de los años 1990 en la demanda interna y en la
construcción (sector con baja productividad y capacidad de innovación) que ha
significado que un gran numero de sectores industriales y de servicios conexos se
concentrara en la demanda interna del mercado inmobiliario residencial (cemento, acero,
cerámica, química, mueble, bienes de equipo, aparatos eléctricos, etc.). El estallido de la
burbuja mobiliaria originada con la crisis financiera se ceba en la crisis de la deuda
soberana y la falta de crédito para las empresas.

En tercer lugar la creación y expansión de grandes empresas de implantación global y
altamente competitivas en determinados sectores (turismo, banca, infraestructuras,
telecomunicaciones, medio ambiente, transportes, etc.) no ha compensado el bajo nivel de
actividad económica en otros sectores que tienen un tejido industrial muy atomizado, con
empresas de pequeñas dimensiones y concentrado en sectores tradicionales, ampliamente
dependientes de la demanda interna.

Existen otros factores que han contribuido notablemente al deterioro de la situación: las
aportaciones directas de la Unión Europea (Política Agrícola Común y Fondos
Estructurales y de Cohesión) han disminuido sustancialmente a partir del año 2005 en
razón de la incorporación de nuevos países que tienen un gran peso agrícola y con niveles
de PIB per cápita muy inferiores que han aumentado estadísticamente los niveles de renta
en regiones españolas con niveles insuficientes de desarrollo.
Es necesario señalar que en noviembre del año 2011 ha habido un cambio de gobierno en España. Por
este motivo, la celebración de la mesa redonda sobre política industrial se lleva a cabo en este clima
pre-electoral, caracterizado por falta de actividad y de medidas de fondo en los meses previos y con la
incertidumbre sobre la continuidad de las medidas que en su momento fueron adoptadas por el
gobierno saliente.
El nuevo gobierno salido de las urnas tras las elecciones del 20.11.2011 ha profundizado en las
medidas iniciadas por el Gobierno anterior para contrarrestar la crisis de deuda soberana y relanzar la
productividad y la competitividad. Las primeras medidas adoptadas están en línea con las
recomendaciones del Consejo Europeo y van encaminadas a recuperar las finanzas públicas y
continúan el camino ya iniciado por el gobierno anterior:

Contracción del gasto público a nivel de todas las administraciones públicas. Al fijarse
objetivos de reducción del déficit a muy corto plazo, los recortes están siendo durísimos,
especialmente en algunas Comunidades Autónomas, afectando especialmente a recortes
en empleo público, inversiones y prestación de servicios básicos como la educación y la
sanidad públicas. Dentro de este marco de recortes, los objetivos de crecimiento en áreas
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-4clave para favorecer los objetivos de la Estrategia Europa 2020 se verán revisados a la
baja.

Incrementar los ingresos públicos mediante la lucha contra el fraude fiscal y el
incremento de la recaudación por impuestos: básicamente impuesto sobre la Renta y el
capital. El IVA se mantiene en el 18 %, tras su incremento de 2 puntos en 2011. Estas
medidas están siendo criticadas severamente, ya que hacen caer el peso de la recaudación
en las clases medias, lo que disminuye el consumo y, por ende, la recaudación.

Un paquete de medidas estructurales que, por el momento, afectan a dos grandes áreas: el
sector bancario y una gran reforma del mercado de laboral.
3.
Características de la política industrial española: Su reciente evolución y su encaje
actual en el marco de la Estrategia Europa 2020
3.1
Evolución de la política industrial española desde su integración en la Comunidad Europea.
Ejes principales de actuación y traspaso de competencias estatales a los gobiernos
regionales de las Comunidades Autónomas.
Durante la década de los años 80 y mediados de los años 90, la política industrial española estuvo
condicionada por las circunstancias políticas del momento: la defensa y consolidación del sistema
democrático y la integración en la Comunidad Europea. Los ejes de actuación fueron básicamente
tres:

La puesta en marcha de medidas de reconversión industrial. Hasta 14 sectores
emblemáticos de la economía como la siderurgia, la minería, el sector de la construcción
naval etc., sufrieron procesos de ajuste y saneamiento. La Política Industrial se centró
tanto en dirigir la reestructuración industrial como en la reindustrialización de áreas
afectadas por las reestructuraciones.

La privatización ordenada de empresas públicas, que acompaña el proceso de
liberalización de determinados sectores antes en manos del Estado (telecomunicaciones,
postal, monopolios de petróleo y tabaco, etc.). La actuación de impulso de estos procesos
desde los organismos oficiales fue clave para crear empresas con masa crítica suficiente
para abordar la salida al exterior.

Las nuevas Administraciones regionales (Comunidades Autónomas) obtenían plena
competencia en materia de diseño y organización de política industrial y la
administración del Estado tuvo que hacer un traspaso de competencias y recursos para
que las nuevas administraciones pudieran ejecutarlas. Su papel se fue reduciendo.
Sin embargo, las políticas macroeconómicas de este periodo orientadas a controlar las elevadas tasas
de inflación mediante una política monetaria restrictiva no produjeron todas las ventajas esperadas y
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-5se creó un círculo vicioso que afectó de lleno al empleo y a la industria que estaba en pleno proceso
de reconversión. La industria había saneado sus estructuras de producción, pero las estructuras de los
mercados de trabajo y la falta de estándares empresariales adecuados a los estándares europeos
dificultaron la recuperación económica y la competitividad de la industria que debía competir en un
clima de crisis económica y que necesitó sucesivas devaluaciones monetarias para poder alimentar la
competitividad de la actividad industrial española en sentido amplio.
A medida que la descentralización fue ganando terreno se ha inclinado a una política industrial más
próxima a la idea del «distrito industrial» más próxima al nivel de los actores últimos, las empresas.
De este modo la Administración Central española se ha acomodado progresivamente al papel activo
que han desarrollado las Comunidades Autónomas y las entidades locales y se ha ocupado más de la
coordinación general y de la defensa e integración de los intereses industriales españoles en el
contexto europeo y mundial.
No obstante lo anterior, la mayoría de los agentes económicos señaló que la descentralización política
en España puede no haber producido todos los resultados esperados. De hecho, algunos participantes
mostraron que existen evidencias de que, con el traspaso de competencias plenas a las Comunidades
Autónomas, se han producido algunos efectos no deseados derivados del exceso de regulación y de la
diversidad de actividades normativas que inciden negativamente sobre la producción y gestión
empresarial, y cuyo resultado es una mayor carga administrativa y un aumento de la inseguridad
jurídica que desembocan en una fragmentación del mercado interno dentro del propio Estado. En este
punto, sus opiniones coinciden con lo anunciado por el nuevo Gobierno, que indicaba en su programa
electoral que uno de los objetivos clave para relanzar la actividad industrial sería luchar contra la
ruptura de la unidad del mercado.
Si bien este es el escenario general, el País Vasco es un caso particular en cuanto a sus planteamientos
en política industrial durante las últimas décadas, pues ha sabido desarrollar y modernizar un tejido
industrial desvinculado de la actividad de la construcción y enfocado a la fabricación de bienes
industriales sobre la base de interrelación de las PYME, centros tecnológicos y sistema financiero con
una importante tasa de exportación.
3.2
La política industrial española en el marco de la Estrategia Europa 2020: un plan específico
de apoyo estructurado a la actividad industrial: Plan Integral de Política Industrial 2020.
Se ha señalado previamente que la actividad económica/industrial española tiene unos desequilibrios
estructurales definidos que se manifiestan con toda crudeza con la irrupción de la crisis económica
actual. Uno de los mayores desequilibrios se basa en el excesivo peso que ha tenido la construcción
desde los años 90 en la estructura productiva y que ha tenido como efecto el centrar una gran parte de
la producción industrial en bienes y servicios relacionados con la construcción de viviendas
residenciales, actividad con escasa competitividad y bajos niveles de innovación y tecnología. El
sentimiento entre los participantes es unánime: es necesario reorientar el modelo de crecimiento hacia
una política industrial sostenible, plenamente competitiva y con más peso en el PIB dentro del marco
de la Estrategia Europa 2020.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-6-
En el año 2009, el Gobierno adopta un plan de actuaciones «Plan Estímulo de la Economía y el
Empleo (Plan E)» que básicamente se tradujo en una inyección de dinero entre las diferentes
administraciones regionales y locales, con realizaciones puntuales de obra y servicios públicos y que
fue muy criticado entre los agentes económicos, ya que produjo como efecto un incremento del déficit
público que pasó factura en los años posteriores tras la aparición de la crisis de deuda soberana.
Pero la apuesta por una economía sostenible no se formula hasta el año 2010 con la Ley de Economía
Sostenible (Ley 2/2011), que contiene medidas para potenciar el desarrollo de la industria sostenible,
incluidas medidas para mejorar el aprovechamiento energético, en línea con los postulados de la
Estrategia Europa 2020. En paralelo a estas primeras medidas se elabora un plan específico de política
industrial, «Plan Integral de Política Industrial 2020» (PIN 2020), concebido como un plan a 10 años
que servirá de marco para reconocer, reorientar y potenciar una nueva política industrial. Este plan
significa un avance cualitativo en el reconocimiento de la industria como pilar fundamental de
crecimiento, apoyándola plenamente y reconociendo que es necesario un diseño específico de todas
las actuaciones para relanzarla. Además, implica una visión a largo plazo y organizada.
Objetivos del PIN 2020:




Modernizar el modelo de crecimiento;
Incrementar el peso de la industria en el PIB hasta alcanzar niveles comprables a la media
europea;
Mejorar la competitividad de la industria española;
Alinear la política industrial española con las orientaciones europeas y asegurar su eficiencia.
El PIN 2020 reconoce y legitima la existencia de una Política Industrial en sentido amplio, es decir
incluyendo la activad de transformación y todos los servicios conexos, salvo los servicios financieros.
El Plan identifica las deficiencias de la industria española a las que hay que hacer frente, básicamente:
el escaso peso de la industria en el total de la estructura productiva española (15 %, muy por debajo
del 18 % de la media europea); el bajo contenido tecnológico; la orientación de la producción a la
demanda doméstica; la gradual pérdida de competitividad debido a un crecimiento insuficiente de la
productividad, y el tamaño muy reducido de las PYME. Se identifican igualmente las ventajas de que
se dispone para relanzar la política industrial y se estructura una acción de gobierno entorno a cinco
ejes clave, cada eje con una formulación de medidas concretas en los distintos ámbitos a cinco años.
La mayoría de estos ejes o líneas prioritarias de actuación contienen medidas de carácter horizontal,
pero también algunas específicas para potenciales sectores considerados prioritarios o estratégicos.
Líneas Prioritarias de Acción PIN 2020:




Mejora de la competitividad;
Mejora de la innovación y la I+D;
Crecimiento y dinamismo de las PYME;
Orientación a Mercados Internacionales;
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-7
Refuerzo de sectores estratégicos Automoción, Aeroespacial, Biotecnología, Tecnologías
Sanitarias y Farmacéuticas, TIC y Contenidos Digitales, Industrias de Protección
Medioambiental, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Agroalimentación.
Alrededor de estas cinco líneas prioritarias se articulan hasta 124 medidas de actuación de muy
distinta naturaleza, en hábitos muy diversos, tales como: fiscalidad, normativa aplicable a las
empresas, tecnologías y materiales, TIC, I+D e innovación, formación y cualificación profesional,
infraestructuras logísticas, transporte, normativa de medio ambiente, seguridad y calidad industrial
etc. El impacto económico total directo ha sido de 83.000 millones de euros en los primeros cinco
años.
La mayoría de los participantes en la mesa redonda coincide en valorar positivamente este plan.
Comparten la necesidad de reforzar el peso de la industria en la economía española y la necesidad de
reforzar aspectos que mejoren su competitividad e internacionalización. Comparten igualmente el
diagnóstico que hace de la situación industrial en España y los principales puntos a reforzar. Pero no
todos están de acuerdo con el método diseñado y las medidas identificadas.
Efectivamente, a pesar del esfuerzo que realizó el anterior Gobierno para diseñar y poner en marcha
medidas de apoyo a una política industrial, las críticas al plan de la mayoría de los agentes
económicos y sociales en la mesa redonda coinciden en algunos puntos. Según estos agentes:

El valor añadido de este Plan se vería reducido a un texto de coordinación y
concentración de diversas medidas que afectan a las empresas ya existentes previamente
en diferentes áreas de actuación. Su principal logro sería una mayor transparencia e
información al recoger todas las medidas que inciden en la industria, pero, según esta
opinión, carecería de elementos innovadores con poder de transformación del tejido
industrial.

No se mencionan los problemas derivados de una falta de coordinación entre las
diferentes administraciones que tienen plenas competencias en el diseño y ejecución de la
política industrial en sus territorios (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades
Locales) ni el solapamiento de normativas, ni se plantean posibles soluciones.

Algunas de las áreas en las que incide el Plan tocan puntos que necesitan programarse a
largo plazo (Educación y Formación; Energía, etc.) para poder ofrecer un elemento de
estabilidad. Esto necesitaría de acuerdos o pactos entre los diferentes partidos políticos y
administraciones públicas.
Algunos participantes insistieron en un punto muy preciso: el objetivo es incrementar la
competitividad de las empresas para favorecer su internacionalización. Para conseguir este objetivo
las políticas diseñadas deberían poner el acento en disminuir los obstáculos normativos y
administrativos de todo tipo, que a menudo se traducen en un exceso de legislación y que suponen un
coste añadido en términos de tiempo y dinero, y que se ve agravado por la diversidad de normativas
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-8(algunas muy dispares entre sí) en cada Comunidad Autónoma. De este modo se favorecería
decisivamente la unidad del mercado interior dentro del propio Estado español.
Respecto al papel que han jugado los interlocutores económicos y sociales en la redacción del
PIN 2020, las opiniones están divididas. Los representantes de la Administración indican que todos
ellos fueron consultados sobre sus proyectos, al igual que las Comunidades Autónomas, por los
cauces oficiales establecidos legalmente. No obstante, algunos participantes de los sectores
empresariales no se consideraron suficientemente implicados por el Gobierno en la configuración del
Plan.
El sentimiento generalizado de todas las empresas participantes es su plena identificación con los
planteamientos e intereses europeos. Este sentimiento sin fisuras se ha venido desarrollando en las
últimas décadas y ha sido plenamente integrado en sus planteamientos y estrategias. La mentalidad y
la política empresarial están plenamente integradas y asumen los planeamientos de la Unión Europea.
4.
Inversión extranjera/acceso a los mercados exteriores de las grandes empresas.
Durante los últimos 15 años España ha pasado de ser un receptor neto de inversión extranjera directa
(IED) a ser un proveedor neto de IED en otros países. Este cambio no solo se explica por un mayor
peso de las salidas de capital, sino también porque ha habido una disminución en las entradas.
Tras tres años consecutivos de caídas de la IED en todos los países a nivel global, en Europa ésta
creció casi un 19 % en 2011, pero la cuota que corresponde a España dentro del total europeo solo
alcanza un 6 %. Del total de inversiones, la gran mayoría se debe a operaciones de M&A, pero los
proyectos «Greenfield», o proyectos generadores de empleo disminuyeron sensiblemente (un 38,6
%).
La economía española es una economía plenamente abierta que durante la década de los noventa puso
en marcha un proceso liberalizador de sectores industriales que culminó con éxito, gracias a las
excelentes condiciones de financiación de la época y al especial dinamismo de las empresas. La
entrada de capital extranjero no dejó de fluir desde mediados de los años 80, coincidiendo con la
integración de España en la unión Europea y más tarde con la adopción de la moneda única,
alcanzando niveles muy elevados en periodos muy cortos. Algunas empresas adoptaron una respuesta
estratégica para evitar ser objeto de adquisición: simplemente reforzarse en tamaño y continuar la
ofensiva y para ello decidieron aumentar su presencia en el exterior, aprovechando las favorables
condiciones del crédito desde mediados de los años 90 y el proceso de liberalización de las empresas.
En el lado de la inversión directa al exterior, la cuota española no cesa de crecer. Existe un elevado
número de empresas españolas operando en distintos mercados geográficos, y de este modo han
podido resistir mejor la crisis económica del mercado interno desde 2008. Un elevado número de
estas empresas han alcanzado las primeras posiciones en sus áreas de actividad a nivel mundial,
especialmente los bancos, telecomunicaciones, energía, bienes de equipo, infraestructuras,
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
-9componentes del automóvil, textil, agroalimentación, etc., algunas de las cuales estuvieron
representadas en la mesa redonda, incluidas la cooperativa industrial de Mondragón en el País Vasco.
La paradoja es que, mientras la economía española ha ido perdiendo competitividad en los últimos
años, la buena noticia es que el comportamiento de las exportaciones ha sido sorprendentemente muy
positivo, hasta convertirse en el motor de la actividad económica. Mientras los Estados Unidos, el
Reino Unido, Francia e Italia han perdido relativamente cuota de mercado global en la última década
en favor de los países emergentes, la cuota española en la exportación de bienes no ha variado siendo
un 1,7 %. El sector exportador ha adoptado estrategias de mayor eficiencia en comparación con los
productores locales, mejorando la calidad de los productos y reduciendo los márgenes de beneficio.
Además, la actividad exterior de estas empresas no se centra en América Latina, sino que su mayor
cuota se encuentra en países europeos y en países emergentes de Asia y el norte de África. El reto
ahora es continuar en esta línea y trasladarla a otros sectores de la economía.
5.
PYME
El tejido productivo español se caracteriza por una fuerte atomización de las empresas, en su gran
mayoría de dimensiones muy pequeñas. De un total de 3.250 576 empresas el 99,9 % son PYME que
generan más de un 76 % del empleo. Pero la desventaja principal es su minúscula dimensión: la mitad
no tienen asalariados y de la otra mitad el 78,8 % son microempresas con menos de 5 empleados.
Aunque estos porcentajes están en línea con los de las PYME europeas, la relación entre la estructura
empresarial y la productividad por persona es muy baja y constituye la principal debilidad estructural
de la PYME española. Además, dos tercios de la actividad de estas empresas se concentran en 6
sectores: comercio, construcción, transporte, inmobiliarias, hostelería, arquitectura e ingeniería, y
servicios a otras empresas (actividades de consultoría, asesoría jurídica, contabilidad, etc.).
Las PYME industriales (manufacturas) tienen un mayor tamaño, concentrándose en el segmento de
las medianas y grandes empresas de contenido tecnológico medio (productos metálicos, alimentación,
mueble, juguete, etc.).
Aunque el tamaño de la empresa es una dificultad «clásica» que juega en contra de una mayor
productividad, esta afirmación ha sido cuestionada por varios participantes. Algunos piensan que el
tamaño ya no es tan decisivo para alcanzar niveles óptimos de competitividad y que el tamaño en
definitiva viene determinado por las condiciones de competitividad en su segmento de mercado. Sin
embargo, hay unanimidad en que, para ser competitivo en mercados externos, los sectores que tienen
estructuras empresariales muy atomizadas no pueden conseguir estrategias válidas a nivel individual,
y es necesario como mínimo estrategias de prospección de mercados o de producción y marketing
comunes, que solamente se consiguen mediante un convencimiento de su necesidad aún a costa de
reducir su número y capacidad de decisión. Una política industrial con instrumentos eficaces y
coordinados entre las distintas administraciones sería un elemento imprescindible para muchas
empresas.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 10 Después de estas reflexiones, el sentimiento generalizado entre los participantes es que en los
momentos actuales de recortes presupuestarios y falta de financiación, el esfuerzo lo tendrán que
hacer las propias empresas; por ello, el apoyo indirecto que pueden ofrecer las administraciones
debería concretarse en menores actuaciones pero más eficaces que las que existen actualmente.
Algunos participantes destacaron el eficaz apoyo recibido por parte de organismos públicos de otros
Estados de la Unión Europea, que pudieron obtener precisamente por tener empresas compartidas con
socios de esos países, y que ofrecía una información «llave en mano» para poder instalarse y operar
en el país elegido desde el inicio, con toda la información necesaria para conocer aspectos prácticos y
superar dificultades.
Además de las necesidades de crecimiento y salida a mercados exteriores, el gran problema de la
PYME es la necesidad urgente de obtener crédito. El sector público del crédito (ICO) está
desarrollando una serie de líneas especiales de crédito para las PYME, y se empiezan a desarrollar
líneas para el capital riesgo. También se da prioridad al crédito para empresas innovadoras y a los
partenariados público-privados. El tema de acceso a la financiación es la piedra angular par relanzar
sus actividades, y así lo han transmitido los empresarios.
La falta de pago a las empresas por parte de las Administraciones Públicas fue un aspecto señalado
por algunos participantes, que viene a agravar la situación de falta de liquidez de las empresas. Esta
situación debería normalizarse a lo largo de este año a raíz de las últimas medidas legislativas
adoptadas, pero la situación financiera de algunas Comunidades Autónomas no ofrece una salida
inmediata al problema.
Otras dificultades que inciden en el clima empresarial son la necesidad de simplificar y acelerar los
requisitos para la creación de empresas, así como disminuir el coste total de estos requisitos legales y
su número.
6.
I+D+ e innovación
Un nuevo marco legislativo se adopta en 2011 con nuevas líneas de actuación: la nueva «Ley de
ciencia e innovación» y la «Estrategia Estatal de Innovación e2i» son los dos grandes referentes que
configuran las actuaciones en este campo. La nueva política se centra en áreas clave de aumento de la
actuación publica: financiación para PYME innovadoras y capital riesgo; bases para comercialización
de invenciones científicas, impulso a las plataformas tecnológicas y parques científicos y
tecnológicos, y el incremento del numero de investigadores.
En términos de Gasto Público en I+D, entre los años 2004 y 2010 se ha incrementado en España en
más de un 14 %, pero con la política de recortes en el gasto público ha comenzado a disminuir (1,7 %
en 2010): el gasto público en I+D cayó un 0,9 % y el gasto empresarial un 2,4 %. Este es el primer
descenso tras unos incrementos importantes en los años anteriores. El porcentaje de la I+D en relación
con el PIB (1,35 %) queda por debajo de la media europea. El número de personal en I+D está muy
por debajo de la media europea.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 11 El reparto entre las contribuciones públicas y privadas es bastante similar: un 46,6 % la contribución
pública y un 42,9 % la contribución empresarial. La inversión exterior y las universidades
completaron el total. El segmento empresarial más dinámico lo constituyen las empresas de alta
tecnología con menos de diez empleados que han aumentado considerablemente tanto los niveles de
gasto como de número de investigadores. El segmento de empresas con más de 250 empleados
también ha mantenido e incrementado sus niveles de investigación, mientras que los segmentos
intermedios en tamaño (10-250 empleados) son los más afectados por la crisis. Se puede afirmar que
el total del número de empresas que hacen I+D ha disminuido pero que intentan mantener la actividad
manteniendo a los investigadores, pero que el verdadero capital innovador está en las pequeñas
empresas.
La capacidad científica del sistema español de innovación se mide con dos variables: las
publicaciones en revistas internacionales de prestigio, que ha venido aumentado (un 8,5 % en 2009,
mientras que en los demás países se ha mantenido) y el número de solicitudes de patentes que ha
disminuido tanto a nivel nacional como europeo. Además, la producción de bienes de alta tecnología
ha disminuido, y han caído las exportaciones y las importaciones.
Uno de los retos principales que se plantean actualmente es apostar por el partenariado público y
privado de proyectos de investigación y el incremento de la contribución empresarial, ya que el gasto
empresarial seguirá siendo una referencia obligada como principal indicador de la actitud innovadora
del país. Al mismo tiempo, modernizar la enseñanza universitaria y conectar a las empresas con las
universidades de manera más operativa actualmente.
Las perspectivas de Gasto Público en I+D+i son claramente insuficientes porque los recortes
presupuestarios previstos son muy elevados tanto para subvenciones como para préstamos a bajo
interés, por lo que la participación correspondiente a las empresas y las universidades deberá
potenciarse.
7.
Infraestructuras: Redes de transporte y de Comunicaciones
España cuenta con una vasta red de infraestructuras (comunicaciones, energéticas, transporte, etc.)
que ha constituido un importante motor del crecimiento económico en los últimos veinte años, gracias
al alto grado de aprovechamiento de los Fondos Estructurales europeos y el acceso a condiciones
privilegiadas de financiación, las obras públicas de carreteras y ferrocarriles de alta velocidad y
nuevos aeropuertos.
En el caso de los ferrocarriles, España cuenta con la primera red europea de líneas ferroviarias de alta
velocidad (en número de kilómetros). Sin embargo, los expertos cuestionan seriamente su rentabilidad
y sostenibilidad. El Plan Industrial PIN 2020 incluye entre sus medidas un plan para la promoción del
transporte de mercancías por tren, para rentabilizar las líneas y favorecer un tráfico más fluido en las
carreteras, contribuyendo positivamente a la calidad del medio ambiente y a potenciar una economía
sostenible.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 12 La inversión en autopistas fue elevadísima durante el periodo de expansión económica y de
aprovechamiento de los fondos europeos. El número de kilómetros de autopista construidos y la
calidad de la red secundaria construida ha vertebrado y conectado eficazmente todo el territorio,
favoreciendo enormemente los flujos comerciales por carretera.
Al mismo tiempo la inversión en obra pública por los municipios también ha sido muy importante,
sobre todo en el tema de accesos a las ciudades, líneas de metro y construcciones deportivas de
vanguardia.
Las infraestructuras más físicas de la economía, las denominadas «industrias de red» –transportes,
comunicaciones y energía- son de vital importancia para la generación de riqueza y tienen un impacto
directo en la realidad social y medioambiental de los territorios y así ha sido en el caso español. Sin
embargo, según algunos participantes en la mesa redonda, el impacto de algunas de estas
infraestructuras en el crecimiento económico de España ha sido dudoso, incluso cuestionable, en
algunos sectores. Efectivamente, durante la década de expansión entre 1995-2006, la contribución de
las inversiones en ICT sobre la productividad (0,37 %) es ampliamente superior a la contribución
proveniente de las inversiones en infraestructuras tradicionales de transporte (0,02 %).
El sentimiento generalizado es que España ha sobrevalorado el rendimiento de las inversiones en las
diferentes infraestructuras tradicionales, al tiempo que debe reforzar las estrategias de inversión y
utilización de las TIC. De hecho, el último informe anual sobre competitividad global, del Foro
Económico Mundial, ha subrayado que el incremento del uso de las TIC ha mejorado notablemente en
el último año (pasando del puesto 29 al puesto 24).
En el área de las Telecomunicaciones, España cuenta con corporaciones líderes a nivel mundial. Sin
embargo, algunos participantes en la mesa redonda coinciden en señalar que España va con retraso
respecto a otras economías mundiales en términos de infraestructuras de transporte de las redes de
banda ancha de alta velocidad. Además de la baja penetración de la banda ancha, los precios de las
telecomunicaciones para el usuario están entre los más elevados de los países europeos. Algunos
participantes han alertado sobre la necesidad de utilizar el apoyo del plan industrial PIN 2020 para
crear redes informáticas de conexión en diferentes áreas (infraestructuras jurídicas, educativas,
sanitarias, etc.) y reducir la brecha digital entre los usuarios, favoreciendo así el funcionamiento de la
economía en su conjunto.
8.
El capital humano: sistema educativo, cualificaciones profesionales y mercado de
trabajo
Las partes interesadas han mostrado una gran preocupación por los problemas que afectan al factor
del trabajo en España. Con unos índices de desempleo medio superiores al 23 % y de casi un 50%
para los jóvenes, el drama humano y social estuvo presente en el debate.
8.1
Sistema educativo
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 13 Desde el punto de vista empresarial, la formación y cualificación profesional de los trabajadores en
España tiene una realidad dual:

Por un lado, España cuenta con excelentes profesionales altamente formados, pero
paradójicamente también tiene un tercio de los jóvenes menores de 25 años que no han
superado la educación secundaria, con tasas muy elevadas de abandono escolar temprano
(acentuada en el periodo de expansión económica para buscar trabajo bien remunerado en
los servicios y en la construcción). Es decir, España dispone de la fuerza laboral y el
talento propios de un país dual, lo que dificulta enormemente sentar las bases para una
economía sostenible.

Este aspecto también se deduce de las cifras de escolarización en secundaria (3 en el
ranking mundial) y universitario (18 en el ranking mundial), pero la calidad de los
contenidos educativos o/y su adecuación a las necesidades sociales y empresariales no
están definidos correctamente.

En la educación superior, la paradoja es aún mayor: España cuenta con las escuelas de
negocios europeas mejor situadas en los rankings mundiales, mientras que las
universidades aparecen en puestos muy alejados de estos mismos rankings.
Además de la formación, otros aspectos frenan la capacidad competitiva. El mercado de trabajo
adolece para algunos de deficiencias estructurales perfectamente identificables y que necesitan ser
abordadas en profundidad de manera urgente.
8.2
Desempleo y Mercado de Trabajo
El mayor reto que tiene la economía española en estos momentos es disminuir las elevadísimas tasas
de desempleo: un 23 % de media nacional (con provincias que alcanzan un 30 %) y de casi un 50 %
para los jóvenes, el drama humano y social estuvo presente en el debate. La reforma del mercado
laboral ha comenzado tarde. Las primeras medidas para flexibilizar este mercado se adoptaron en el
año 2011 pero han sido insuficientes para frenar la caída de las cifras de desempleo.
Si la cifra de paro alcanza cifras escalofriantes, lo chocante es que no se haya producido ya una
fractura social. Algunos participantes confiesan abiertamente que ésta no se ha producido por dos
razones: en primer lugar, el auge de la economía sumergida (estimado entre un 15 % - 20 % del PIB)
que permite a muchos parados obtener rentas no declaradas fiscalmente. El otro factor es la
solidaridad intergeneracional: los jóvenes sobreviven gracias a la economía de los padres. Esto es una
generación vive del ahorro y las rentas de la generación anterior, lo que, a su vez, comporta un riesgo
de pérdida de ingresos en la edad de jubilación.
Algunos participantes señalaron que, si bien existe una relación directa entre la regulación de las
condiciones laborales y los resultados económicos, en el caso de España hay que tener presente que el
problema del paro es estructural. Los excedentes laborales durante la época de desarrollo industrial en
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 14 los años 60 se absorbían con la emigración y posteriormente con la industria turística y más tarde con
la construcción de viviendas. En la década de los años 80 y hasta bien entrados los años 90 la tasa
media estuvo en un 20 %, descendiendo durante la pasada década expansionista a la cifra record del
11 %, y alcanzando en los últimos años la tasa media del 23 %. Los excedentes a reabsorber están
directamente ligados al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.
La opinión más extendida entre los participantes es que la legislación laboral española ha contribuido
a la falta de competitividad de la economía. Cuando se cierra este informe, el nuevo Gobierno ha
publicado una serie de medidas muy ambiciosas para flexibilizar el mercado laboral y que están
levantando una enorme polémica interna. Aunque han sido adoptadas con carácter de urgencia y
deben ser aprobadas por el Parlamento, dada la mayoría del nuevo Gobierno, no hay duda de que
seguirán adelante.
Las protestas de los agentes sociales no se han hecho esperar. En síntesis la reforma laboral consiste
en flexibilizar las relaciones laborales dando más libertad de acción a los empresarios de las PYME
con el objeto de favorecer la contratación y hacer descender el paro. A cambio, esta reforma
disminuye sensiblemente los derechos laborales de los trabajadores, que temen un incremento del
paro aún mayor.
9.
Consideraciones finales
La contribución de todos los participantes en la mesa redonda ha sido impecable. Tanto los
representantes de la Administración como las empresas, interlocutores sociales y otros actores
representados ofrecieron una colaboración plena con la delegación del CESE, aportando
informaciones, opiniones y datos clave para poder obtener una imagen precisa de la realidad española.
Su motivación por contribuir a los buenos resultados de esta acción local es aún mayor si se tiene en
cuenta el delicado clima pre-electoral que presidió la preparación y la celebración de esta mesa
redonda.
Precisamente, las grandes líneas en las que se sitúa la política industrial en España tal y como se han
descrito en este informe, y más precisamente el Plan General sobre Política industrial, deberán ser
valoradas por el nuevo Gobierno para abordar los cambios necesarios que potencien el crecimiento y
la competitividad de la industria española.
Todos los actores implicados en la política industrial española, y muy especialmente las empresas,
han mostrado su total identificación con los valores e intereses europeos y su compromiso con los
objetivos de competitividad y crecimiento de la industria española en línea con los objetivos de la
Estrategia Europa 2020.
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
.../...
- 15 -
Joost van Iersel
F/CESE 2560/2012 ES-MIG/cf
Enrico Gibellieri
Ludvik Jírovec