Download 14.2. presentación de las conclusiones iniciales

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14.2. PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES INICIALES DE LAS MESAS
DE TRABAJO DEL X CONGRESO ESTATAL DE INFANCIA MALTRATADA
“CONSTRUCCIÓN
DEL
BIENESTAR
Y
BUENAS
PRÁCTICAS
EN
LA
ATENCIÓN A LA INFANCIA”.
Tomás Aller Floreancig1 y Teresa Torres Espinosa2
1Coordinador
General de la Federación de Asociaciones de Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
2Vicepresidenta
de la Asociación Andaluza para la defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato
Infantil (ADIMA).
AUTORES
Han colaborado con sus aportaciones en la realización de este documento (por orden
de aparición en el Programa del X Congreso):
−
Jesús Palacios González. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Universidad de Sevilla.
−
Pedro Jaén Rincón. Presidente de la Asociación Andaluza para la Defensa
de la Infancia y Prevención del Maltrato (ADIMA).
−
Ignacio Gómez de Terreros. Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de
Menores.
−
René Solís de Ovando Segovia. Secretaría General de Política Social.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
−
Elda Moreno. Asesora Especial en temas de Infancia del Gabinete del
Secretario General del Consejo de Europa.
−
Iñigo Lamarca Iturbe. Ararteko, Defensor del Pueblo Vasco.
−
Claudia Zafra Mengual. Adjunta del Defensor del Menor de Andalucía.
−
Antonio Molina Facio. Oficina de Menores. Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. Delegación Provincial de Cádiz.
−
Pablo López Ochoa. Sociólogo. Director del Observatorio de Infancia de
Cantabria.
−
Maria José Segarra Crespo. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla.
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−
Manuel Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo.
−
Carmen Carretero. Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.
−
Mª José Segarra Crespo. Fiscal Jefe Provincial de Sevilla.
−
Mariano Hernán García. Profesor de Salud Pública. Master en Salud Pública
y Gestión Sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.
−
Pepa Aguayo. Pediatra. Servicio de Neonatología. Hospital Universitario
Infantil Virgen del Rocío (Sevilla)
−
Manuel Rodríguez Rodríguez. Jefe del Servicio de Promoción de Salud y
Planes Integrales. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
−
Miguel Ángel Ruiz Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Sociedad de
Pediatría Social.
−
Jordi Pou Fernández. Pediatra. Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario Sant Joan de Déu (Barcelona).
−
Maria Eulalia Palau. Presidenta de La Asociación Catalana para La Infancia
Maltratada (ACIM). Universidad Autónoma de Barcelona.
−
Maria Antonia González Jiménez. Vicepresidenta de La Asociación
Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA).
Orientadora de I.E.S. Terapeuta Familiar.
−
Martí Teixidó Planas. Inspector de Educación del Estado. Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Coordinación del documento:
−
Teresa Torres Espinosa. Vicepresidenta de la Asociación Andaluza para la
Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (ADIMA).
−
Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
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PRESENTACIÓN
Del 3 al 6 de noviembre se celebró en Sevilla el X Congreso Estatal de Infancia
Maltratada. Bajo el lema “Construcción del Bienestar y Buenas Prácticas en la Atención a
la Infancia” se dieron cita profesionales de ámbito autonómico, estatal e internacional
para debatir sobre la prevención del Maltrato Infantil, la Protección a la Infancia y el
fomento del buen trato a niños, niñas y adolescentes.
Bajo la Presidencia de Honor de S.M. la Reina Dña. Sofía, el X Congreso estuvo coorganizado por la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención
del Maltrato Infantil (ADIMA) y la Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAPMI), junto al Ministerio de Sanidad y Política Social, las Consejerías de
Salud e Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Sevilla. Así mismo, contó con la colaboración de la Universidad de Sevilla, la Plataforma
de Organizaciones de Infancia de España y diversas entidades especializadas en la
atención a la Infancia y Adolescencia, como pueden ser la Sociedad de Pediatría Social
y los Colegios Oficiales de Educadores Sociales, Trabajo Social y Asistentes Sociales.
En palabras del Presidente del Comité Científico del X Congreso, el Dr. Gómez de
Terreros, “el objetivo central del Congreso es introducir en el debate un tema tan
importante como el Buen Trato a la Infancia y poner voz, de ese modo, a muchas de las
dificultades que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
Entendemos que el Buen Trato y la Construcción del Bienestar Infantil debe
considerarse como un fenómeno global que exige un análisis desde al menos tres
parámetros fundamentales:
•
Por un lado, el papel de la Administración como responsable a la hora de
establecer un marco de referencia sobre la infancia y disponer los recursos
necesarios para atender las demandas que la sociedad exige.
•
En segundo lugar, desde el papel de los y las profesionales que, desde un punto
de vista técnico, concretan en el trato directo con los actores implicados lo
dispuesto por las administraciones.
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•
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Por último, las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la infancia,
que actúan como voces sociales organizadas acerca de las necesidades
detectadas, amplificadores de la opinión social y gestores en muchos casos de
recursos de atención a la infancia.
Todos ellos tienen su cuota de responsabilidad y de mérito en el panorama infantil
actual y por ello entendemos que hacer un análisis del marco actual no puede ser
completo si no se facilitan espacios de reflexión y autocrítica para cada uno de estos
sectores que además actúan, en la mayoría de los casos, de forma conjunta, simultanea
y coordinada. Por todo ello, es una consigna de este comité científico que los análisis de
las situaciones de cada sector deben realizarse de forma equilibrada y siempre desde el
marco de la co-responsabilidad.
A continuación se presentan de forma resumida las conclusiones preliminares del X
Congreso presentadas a los asistentes a la finalización del mismo, las cuales serán
desarrolladas más adelante por parte del Comité Científico del Congreso en el Libro de
Actas. En línea con el lema del X Congreso y sus objetivos, las conclusiones preliminares se
presentan como un conjunto de buenas prácticas agrupadas por ámbitos de actuación.
CUESTIONES BÁSICAS
COMPROMISO DE LOS AGENTES POLÍTICOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN Y DEL
CUIDADO DE LA INFANCIA:
Es necesario el compromiso público de los agentes políticos para reforzar el valor
de la infancia y la adolescencia en España, el fomento del buen trato, la
visibilización de sus necesidades, el reconocimiento de sus derechos y la garantía
del ejercicio del derecho a la participación en todas las decisiones y ámbitos que
les afectan, tal y como recoge la Convención de los Derechos del Niño.
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA:
Es necesario que todas las Administraciones, ya sean de ámbito estatal o
autonómico, implementen obligatoriamente sistemas de recogida, compilación y
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análisis de datos de las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes,
notificaciones de maltrato y actuaciones derivadas, así como que faciliten dichos
datos al Observatorio de la Infancia para la realización de informes estadísticos
para el conocimiento de la situación a nivel estatal, autonómico y local.
Es necesario que la a recopilación de datos se haga con criterios homogéneos,
compartidos y consensuados, siendo el espacio idóneo para la definición de los
mismos el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.
Es necesario implementar medidas sancionadoras contra las Administraciones
Autonómicas que no cumplan con su obligación de remitir a la Fiscalía informes
semestrales sobre la evolución de los menores en situación de acogimiento
residencial o familiar.
COMPROMISO CON LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO:
Es necesario definir y determinar operativamente los sistemas de notificación de
casos de Maltrato Infantil y unificación de indicadores, Protocolos y materiales de
registro en base a los criterios de consenso, facilidad de cumplimentación,
globalización y cualificación de los profesionales que pueden verse en la
necesidad de notificar, teniendo en cuenta que se trata de notificar, no de
diagnosticar.
Es necesario definir y conceptualizar nuevas de formas de maltrato infantil para
desarrollar actuaciones preventivas.
COMPROMISO CON EL ENFOQUE DE DERECHOS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR:
Es necesario reforzar el reconocimiento del menor como titular de derechos, tal
como se contempla en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por
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la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por
España.
Es necesario definir el interés superior del menor de manera que deje de ser un
concepto
jurídico
indeterminado
en
toda
su
extensión,
y
permita
una
interpretación más homogénea por parte de jueces y tribunales, introduciéndose
criterios básicos para su determinación.
Es necesario refrendar en la legislación española el vínculo que debe haber entre
el interés superior del menor y el derecho a vivir y crecer en una familia, de
manera especial en los menores de 0 a 6 años.
COMPROMISO PARA LA DEFINICIÓN DE RIESGO, DESAMPARO Y PATRIA POTESTAD:
Es necesario establecer como normativa básica común para todo el Estado los
conceptos de riesgo, desamparo y patria potestad, para evitar tratamientos
desiguales en perjuicio de los menores, por distintas aplicaciones del Derecho
aplicable y la homogeneización de criterios respecto de la determinación de las
situaciones de riesgo, así como la realización de protocolos uniformes de
intervención con las familias.
Es necesario redefinir el concepto de patria potestad para introducir el concepto
de responsabilidad parental, fijando criterios de privación que vengan a solventar
la Jurisprudencia contradictoria hasta la fecha, estableciendo como causa
expresa de privación aparejada a la pena, la condena firme por abusos sexuales
o maltrato físico o psíquico de menores, así como la violencia familiar o machista,
de la que el menor es víctima directa o indirecta.
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES (Elda Moreno)
Es necesario aumentar el compromiso de los países miembros de la Comunidad
Europea en el fomento de la parentalidad positiva a través de herramientas y
estrategias estables que no dependan de la voluntad política de los gobiernos.
Es necesario fomentar la atención y cuidado a la infancia y la adolescencia en
una Europa que envejece, entendiendo que las generaciones que pueden darse
cita en un momento histórico son compañeros de vida.
Es necesario fomentar la cultura de la coordinación a través de estrategias
integrales en relación a la infancia y la adolescencia que comprometan a todos
los actores sociales de forma estable en el tiempo.
BUENAS PRÁCTICAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
•
Se constata la evolución positiva de los Sistemas de Protección en las distintas
Comunidades Autónomas pero siguen evidenciándose importantes déficits y
carencias que deben ser abordados con prontitud.
•
Desarrollo de líneas de investigación dentro del Sistema de Protección que ayuden
a conocer el funcionamiento de los servicios y proponer mejoras en la evaluación
y atención a los menores y sus familias.
•
Enfatizar la labor preventiva sobre todo en relación a familias desestructuradas,
aquellas que están en situación de riesgo o en riesgo de excusión social o familias
en las que los padres hacen dejación de sus funciones y responsabilidades.
•
Repensar las funciones del los Centros de Protección como recurso idóneo para
cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, priorizando sus
necesidades y anteponiendo el Interés Superior del Menor a cualquier otro criterio.
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Trabajar para la prevención de la institucionalización, especialmente las
situaciones de larga permanencia de niños, niñas y adolescentes en dichos
Centros.
•
Especialización de los recursos y profesionales en función de los perfiles de los
usuarios a los que van dirigidos, sobre todo en relación a los menores con
trastornos de conducta y Menores Extranjeros No Acompañados.
•
Considerar el desarrollo del vínculo como un elemento central de la atención a los
niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del Sistema de Protección.
Reforzar a través de un marco normativo común para todas las Comunidades
Autónomas este objetivo así como la humanización del propio sistema.
•
Considerar el Sistema de Protección como un espacio en el que prime el respeto a
la evolución del niño, entendiendo que cada niño tiene su propio ciclo de
evolución y precisa de tiempos y momentos distintos.
•
Necesidad de desarrollar estrategias preventivas del maltrato en niños, niñas y
adolescentes con discapacidad, así como fomento de las investigaciones al
respecto y desarrollo de buenas prácticas en la atención integral a este colectivo,
integrando sus derechos, especialmente aquellos referidos a la autonomía,
educación sexual, participación e inclusión.
•
Establecer un control de los estándares de calidad previamente fijados, tanto en la
gestión de medios propios de la Administración, como cuando se utilice un
modelo de gestión indirecto (contratos con entidades privadas), donde domina la
actividad de cuidado y guarda del menor.
•
Implantar Sistemas de evaluación y registro del acogimiento residencial con el
objetivo de asegurar que cada menor acogido en hogares tenga una evaluación
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individualizada, un proyecto de intervención ajustado a sus necesidades y una
valoración continua del alcance de los objetivos logrados, adoptando un
protocolo de plan de caso.
•
Fijar plazos máximos para el acogimiento residencial, marcando objetivos de
recuperación con las familias para que, si éstos fracasan, se incremente la salida
de los niños en acogimiento familiar o adoptivo.
•
Empleo de los sistemas de control de la calidad asistencial, los sistemas de registro
y los resultados obtenidos como criterios para la contratación de entidades
privadas para la presentación de estos servicios.
BUENAS PRÁCTICAS EN EL SISTEMA JUDICIAL
•
Necesidad de crear un escenario jurídico del menor como víctima como forma de
evitar la victimización secundaria. Este escenario debe contemplar:
-
Normas procesales concretas que aseguren que el testimonio del menor se
recabe en inmediatez en relación a la fecha de los hechos o la denuncia
penal, asegurando en su práctica la posibilidad de contradicción entre las
partes y la posibilidad de recoger el testimonio en soporte audiovisual para
su reproducción en el juicio oral. En todo caso, se aplicará este
procedimiento en menores de 12 años y para los menores de 18 años
cuando se acredite que la prestación del testimonio en el juicio oral pueda
ser perjudicial para su salud psíquica.
-
Determinación de plazos máximos en la investigación como garantía de la
prioridad de las causas en las que estén implicados menores.
-
Campañas
de
sensibilización
hacia
Jueces,
Fiscales
y
Letrados,
introduciendo en su formación inicial conocimientos de Psicología que les
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permitan abordar la exploración del menor y entender su problemática
como víctima.
•
El Menor Extranjero No Acompañado tiene derecho a un estatuto protector que
respete su derecho a ser oído en la instrucción del expediente administrativo de
repatriación y tiene derecho a la asistencia letrada en el mismo para permitir su
impugnación. Debe evitarse la probación de una repatriación en ausencia de
informe del Fiscal o informe desfavorable.
•
Creación de Consejos Audiovisuales de ámbito estatal y autonómico para ejercer
funciones de vigilancia previstas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual y el desempeño de funciones sancionadoras ante las
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar y personal y la propia
imagen de los niños, niñas y adolescentes.
•
Debe preverse en la legislación civil la posibilidad de decomiso de las ganancias
que el medio audiovisual haya obtenido con la vulneración del derecho al honor,
la intimidad o la propia imagen de un menor, además de la indemnización por los
perjuicios causados.
•
Promover por parte de las instituciones competentes, incluidas el Consejo General
del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, la especialización de jueces, fiscales,
abogados, forenses, psicólogos, psiquiatras infanto-juveniles, trabajadores sociales,
educadores sociales y equipos técnicos, intervinientes en procesos judiciales sobre
protección de menores; y crear equipos multiprofesionales que colaboren con los
jueces en la toma de decisiones que afecten a la situación del menor, así como
que estos equipos puedan intervenir en otros procesos en los que se ven
implicados los intereses de niños, niñas y adolescentes.
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL SISTEMA DE SALUD
•
Consideración del Maltrato Infantil como un problema de salud pública que
implica al Pediatra en su prevención, detección, notificación y atención.
•
Necesidad de formar a los profesionales sanitarios y especialmente a los Pediatras
mediante acciones formativas reconocidas, continuadas, prácticas, modulares
(adaptables a las necesidades de cada servicio) y con formatos adecuados.
•
Unificación de los Protocolos de Notificación de Maltrato Infantil en el área
sanitaria en base a los siguientes criterios:
•
Empleo de un lenguaje común, concreto y consensuado.
•
Diseño de Hojas de Registro operativas y sencillas de cumplimentar.
•
Incluir en el Protocolo el trabajo en red, especificando las redes de
coordinación interprofesional e interinstitucional.
•
Necesidad de iniciar las buenas prácticas desde el momento del nacimiento,
adecuando el espacio sanitario y hospitalario a las necesidades de los niños, niñas
y adolescentes y sus familias desde ese mismo momento, favoreciendo así el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todas sus áreas.
•
Consideración el ámbito sanitario como un contexto óptimo para la mejora de las
competencias parentales y el desarrollo de la parentalidad positiva desde la
perspectiva del buen trato. El Pediatra debe poder intervenir para mejorar y
apoyar el desarrollo de las competencias parentales desde una perspectiva
estratégica y evolutiva tanto respecto al niño como respecto a la familia.
•
Necesidad de seguir avanzando en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad mediante la dotación de recursos, la formación especifica de
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cuidadores y familias y la garantía del acceso a las prestaciones educativas y
sanitarias.
•
Desarrollo de recursos especializados y capacitación de los profesionales que
atienden a niños, niñas y adolescentes en Salud Mental Infanto-Juvenil.
BUENAS PRÁCTICAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
•
La escuela es el lugar idóneo para la prevención del maltrato infantil y el refuerzo
de los factores de protección a aquellos que pueden estar viviendo situaciones
personales, familiares o sociales de vulnerabilidad.
•
La participación en el sistema educativo, que comprende, a demás del sistema
escolar, otros agentes educadores como son la familia, el grupo y los medios de
comunicación, debe acompañar a los niños, niñas y adolescentes en la toma de
decisiones, haciendo que se sienta escuchado.
•
La participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo debe
construirse dentro de un ambiente que tenga en cuenta tres aspectos
irrenunciables:
•
Existencia de normas claras, explicadas y consensuadas siempre que sea
posible y mantenidas con coherencia. Han de tenerse en cuenta las
diferencias evolutivas y deben establecerse compromisos entre los
diferentes actores que participan.
•
Fomento de la comunicación interpersonal.
•
Fomento del afecto y la consideración del alumno como persona y no
como problema, contribuyendo así a resolver el problema que causa
malestar al alumno y al docente.
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En el centro escolar se debe admitir la disrupción de algunos alumnos como
muestra de participación, que debe ser gestionada y canalizada.
•
El llamado fracaso escolar en la población en edad escolar que está dentro de la
enseñanza obligatoria es exponente, a parte de sus posibles dificultades de un
importante porcentaje de alumnos con capacidad que no hemos conseguido
motivar porque no se ha personalizado el modelo escolar. No se trata de poner
delante de nuestros objetivos el currículum, sino al niño o adolescente. Si se forma
para la participación y desde la participación, pasaremos de un modelo uniforme
a uno personalizado, orientado al éxito de las personas y de la escuela.