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DEPENDENCIA PETROLERA Y LIBERTADES ECONÓMICAS EN VENEZUELA John Davison Rockefeller RESUMEN: El presente ensayo describe brevemente la evolución histórica de la industria petrolera en Venezuela, destacando a experiencia de la primera empresa privada, la Petrolia, cuya existencia fue relativamente corta por la negativa del Estado a renovarle la concesión, en el camino de convertirse en un ente que, como dueño de la riqueza del subsuelo, se especializó en absorber la mayor renta posible de su explotación. En efecto, se considera que el Estado venezolano moderno se formó bajo la influencia de la explotación petrolera. Con base en hechos estilizados, se formulan índices para medir la dependencia económica del petróleo y el potencial para la diversificación económica, así como la relación entre ellos y con las libertades económicas. Finalmente, se formulan orientaciones de políticas públicas para permitir mayores espacios de participación al sector privado en la industria petrolera venezolana, fortalecer los aspectos determinantes para la diversificación económica y reducir la dependencia petrolera. PALABRAS CLAVES: Dependencia petrolera Gobernabilidad Diversificación económica Libertades económicas Políticas públicas Ensayo participante del 2do Concurso de Ensayo R.R. Ball “Economía petrolera, desarrollo y libertad” del CEDICE LIBERTAD. 1 (Una) extraordinaria revolución tecnológica (…) convirtió el petróleo en algo valioso. Mientras (…) grandes muchos de los actuales productores de petróleo (…) brillaban por su ausencia (…), no sabían que tenían petróleo (…) dónde estaba (…) cómo extraerlo. No conocían de líneas sísmicas, perforaciones, oleoductos, buques cisterna (…) refinerías ni poco hicieron para construir el complejo ecosistema que ha convertido el petróleo en algo valioso. Contaban, sin embargo, con el derecho de restringir el acceso a su subsuelo para captar rentas, exactamente de la misma manera como lo han hecho los odiados terratenientes durante siglos. Podían convertirse en rentistas y vivir del trabajo y la inventiva de otros. Ricardo Hausmann I.La inversión en la industria petrolera tiene características muy especiales: posee un riesgo geológico, por la incertidumbre de hallar hidrocarburos; requiere de montos elevados, que deben desembolsarse al inicio mismo de las operaciones, con períodos de maduración en horizontes de largo plazo, y destinados a la adquisición y puesta en marcha de activos muy específicos, dedicados casi totalmente a ese sector; y, en caso de ser exitosa y generadora de rentas, pueden surgir conflictos políticos cuando el propietario de los recursos del subsuelo es el Estado y la empresa explotadora de dichos recursos es de capital privado, nacional o extranjero. Por todo esto, siempre ha 2 sido complejo y riesgoso invertir en el negocio petrolero (Espinasa, 2012). Pero imaginemos un escenario de principios del siglo XX, en el cual el petróleo estaba comenzando a alcanzar su determinante rol económico y estratégico en todo el mundo, en lo que es considerada una época de autentica cacería del hidrocarburo y las variables antes mencionadas tenían una importancia aun mayor que en la actualidad. Corría el mes de abril de 1913. Un joven geólogo estadounidense llamado Ralph Arnold estaba cumpliendo 38 de años de edad. Pero tuvo poco tiempo para celebrarlo como cabría esperarse, en su tierra natal, al lado de su esposa, sus pequeñas hijas y el resto de su familia. Por razones de trabajo, bajo contrato con la empresa Caribbean Petroleum Company -anexa de la General Asphalt, que había sido beneficiaria de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en suelos venezolanos desde el año anterior- se encontraba acompañado de un equipo de colegas y colaboradores en los territorios del estado Táchira, en Venezuela, cumpliendo una larga travesía de exploración del territorio de este país suramericano, iniciada en septiembre de 1912 y que se extendería por 4 años, con la clara misión de descifrar su potencial petrolero. El paisaje que encontraban a su paso reflejaba varias facetas: por un lado, las bondades de la madre naturaleza con esta Tierra de Gracia representadas en una extraordinaria riqueza en flora y fauna pero, por la otra, una sociedad con marcadas secuelas de “100 años de revoluciones y dictaduras” (Arnold, 2008; citado por Coronel, 2009); una economía basada en la modesta producción de frutas, verduras, huevos y algunos tipos de carne, que resultaban en un producto interno bruto por habitante inferior al de Argentina, Chile, Colombia, 3 México o Uruguay; carente de servicios públicos básicos; con rudimentarios medios de transporte y escaso control de enfermedades como el paludismo, la lepra o la tuberculosis; para una población de 2,87 millones de personas, cuya expectativa de vida era de apenas 29 años, 75% de las cuales eran analfabetas, vivían en centros poblados de menos de 2.500 personas y se ocupaban mayoritariamente en oficios campesinos. Durante su estancia en nuestro país, Arnold contó con un equipo de colaboradores que llegó a estar integrado por 52 jóvenes, entre estudiantes de geología y profesionales recién graduados provenientes de EEUU y algunos pocos venezolanos. Este equipo exploró y aplicó técnicas de geología de superficie en el territorio de 19 estados de la República, prácticamente en cada rincón que mostrara síntomas de la posible presencia de hidrocarburos y sus informes, con una precisión y rigurosidad científica ceñida a los más altos cánones de la disciplina para la época, sirvieron de sustento para el ingreso de un aluvión de inversiones que financiaron el inicio de la configuración de Venezuela como una nación petrolera por excelencia. En esos documentos, cuyo contenido posee un incalculable valor desde los puntos de vista estratégico, histórico y comercial, posiblemente el aspecto que muchos historiadores pensarían en resaltar con colores llamativos, tal como lo hicieron los magnates petroleros a principios del siglo XX y por diferentes razones, es una recomendación expresa de su autor: la perforación inmediata del pozo denominado como “Zumaque-1”, ubicado en los terrenos del campo Mené Grande, al sureste del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, que vendría a constituir uno de los estandartes del potencial petrolero venezolano, 4 tal como lo demuestra el hecho de que aún se mantenga operativo, 100 años después del inicio de su producción en julio de 1914. Sin embargo, al margen del potencial petrolero descrito a su paso por estas tierras y de las anécdotas personales que rodean la visita de Arnold y de su equipo, como la afición del geólogo por las mariposas y lo maravillado que quedó al apreciar su amplia variedad, el hecho de que todos los miembros del equipo de exploración contrajeran paludismo o la resistencia que encontraron en algunos puntos de la geografía nacional por parte de comunidades indígenas autóctonas, es oportuno destacar la descripción que hacen de un hallazgo inusual e inesperado para ellos: la existencia y funcionamiento de una empresa productora de petróleo, de capital privado venezolano, en el campo La Alquitrana, cerca de la localidad de Rubio, en el estado Táchira. Al respecto, Arnold (2008) escribió: “La refinería tiene 30 años de antigüedad, y aunque el único pozo produce solamente 40 galones de petróleo diarios, esta actividad comercial ha funcionado por varios años”. Se trataba de la Petrolia, una pequeña empresa petrolera que operaba en ese campo desde 1883 y que representaba la primera experiencia de unos emprendedores criollos en las actividades de exploración, procesamiento y comercialización del denominado oro negro (Betancourt, 1956). Constituida legalmente bajo la denominación de Compañía Hullera del Táchira en septiembre de 1878, con el objeto social de producir hulla y alquitrán (D´Orazio, 2012), la empresa se creó por la iniciativa del Dr. Carlos González Bona -médico de profesión, con manejo de la ingeniería y la química-, ante lo observado en algunos arroyos que surcaban esa zona de “La Alquitrana”, cuyo nombre se deriva precisamente de las características oleaginosas de dichas 5 aguas y que se hicieron más notables a raíz de los cambios en la superficie derivados del terremoto de mayo de 1875. A fin de explotar ese recurso natural, el Dr. González Bona se asocia con su pariente Pedro Rafael Rincones; Manuel Antonio Pulido, dueño de una hacienda cafetalera en el campo La Alquitrana; el General José Baldó, Ramón Maldonado y José Villafañe. Ese mismo año, la novel compañía recibe la autorización legal del Gran Estado de los Andes, que cubría al estado actual de Táchira, para explotar comercialmente una extensión de casi 100 hectáreas en los terrenos de La Alquitrana por un lapso de 50 años (Balestrini, 1994). Rincones, uno de los socios, fue enviado a Pennsylvania en marzo de 1879, para estudiar el know how del negocio petrolero en una pasantía que se extendió por 1 año, así como para adquirir los equipos de perforación y destilación requeridos (Martínez, 2012), por un monto de 4 mil dólares (100 mil dólares actuales). En agosto de 1882 la empresa cambia su denominación a Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira y al año siguiente inicia la extracción del crudo del pozo Eureka, en la formación del cretáceo superior denominado Mito Juan y su posterior conversión en kerosén para ser comercializado en Rubio, San Cristóbal y pueblos circunvecinos. El monto de la inversión y la metodología de trabajo empleada en los inicios de la Petrolia [según Martínez (2002), desde pozos no muy profundos, extrayendo el crudo con calicatas, recogiéndolo a mano, en baldes o exprimiendo mantas impregnadas] lucen modestos bajo los cánones actuales, pero han pasado a la posteridad como un emblema de la voluntad creadora de los venezolanos (Balestrini, 1994), dado que estaba en sintonía con el concepto de una auténtica empresa petrolera de la época y representaban un intento serio de 6 participar en una industria que apenas había nacido en 1859 en el estado de Pennsylvania, EEUU, con el kerosén como su principal producto derivado y comercializado específicamente para satisfacer necesidades de iluminación pero que, posteriormente y motivado por diversos factores que incluyen los altos costos de los productos sustitutos y especialmente el auge de la industria de los motores de combustión interna (Martínez, 2012), se convertiría en la proveedora de fuentes de energía que ha impulsado el crecimiento económico en todo el mundo desde entonces. Cabe destacar que la Petrolia tuvo una rápida expansión de sus operaciones y de una cifra inicial de producción y refinación de 230 litros diarios en el pozo inaugural alcanzaron más de 2.000 litros diarios en 8 pozos diferentes en poco menos de 10 años y sus productos fueron distribuidos en toda la región andina venezolana, parte del estado Zulia y las poblaciones colombianas cercanas a la frontera con Venezuela, llegando incluso hasta Pamplona, en el Norte de Santander (Martínez, 2012). Sin embargo, este proceso de expansión no pudo mantenerse a lo largo del tiempo y ya se encontraba literalmente estancado, cuando Arnold y sus colaboradores se toparon con las instalaciones de la empresa en 1913, que para ese momento apenas producía y refinaba 150 litros diarios. Entre las causas explicativas de tal fenómeno no figuran una carencia de los insumos necesarios para operar o una escasa demanda de los productos a escala nacional o internacional; o las falencias gerenciales por el cambio de mando generacional que en efecto pudieron ocurrir. La variable determinante fue la actitud asumida por los gobernantes criollos de esos días, impulsando el nacimiento del Estado venezolano moderno bajo la 7 figura prototípica de un terrateniente dueño de un valioso recurso natural y que otorgaba concesiones indirectas a empresas extranjeras -de manera muy turbia en la mayoría de las ocasiones- para luego pecharlas con impuestos, regalías y cánones de alquiler de diferente tenor, en procura de sacarle el máximo provecho posible a la intensa disputa que se inició en territorio venezolano durante la primera mitad del siglo XX por la obtención de concesiones para la explotación de los hidrocarburos entre empresas estadounidenses y angloholandesas, en el marco de una imperiosa búsqueda del codiciado hidrocarburo por cualquier rincón del planeta, ante la importancia estratégica, económica y política que había adquirido la industria petrolera desde principios del siglo XX (Estéves, 1995). En consecuencia, no debe resultar extraño que un Estado concebido bajo esas condiciones careciera del más mínimo incentivo para permitir o propiciar el surgimiento de alguna empresa criolla en el sector, de capital público o privado. En efecto, una solicitud introducida en 1938 ante el Ministerio de Fomento por Dolores Pulido de Brown -pariente y heredera de Manuel Antonio Pulido, uno de los socios originales de la Petrolia- para la renovación de la concesión a su familia ante el intento del Inspector de Minas del Táchira de apropiarse de los intereses de la empresa en terrenos de La Alquitrana, recibió una respuesta negativa por parte del Ministro, Dr. Manuel Egaña, ratificando la caducidad de sus derechos desde 1934 así como la imposibilidad de seguir explotando los recursos de esa zona. Tal respuesta estuvo, muy probablemente, influenciada por presiones y negociaciones diplomáticas de empresas transnacionales ante las autoridades gubernamentales venezolanas o como una secuela del pacto firmado en 1928 8 por representantes de la Royal Dutch-Shell y la Standard Oil para acordar un reparto de las áreas de influencia del negocio petrolero en diversas partes del mundo, incluyendo los territorios de México y Venezuela. Lo cierto del caso es que, poco tiempo después de emitido el oficio de respuesta del Ministerio de Fomento a la Sra. Pulido de Brown, la zona de la Alquitrana ya estaba bajo el manejo de capitales extranjeros. De tal manera que el propio Estado venezolano aupaba un entorno hostil y le cerraba las puertas a cualquier iniciativa privada nacional en un sector que ya se avizoraba como el más rentable y con mayores expectativas de expansión de cuantos podían existir en Venezuela, limitando su protagonismo en la economía nacional a los ámbitos comercial, financiero y de algunos servicios (Martínez, 2002). Formación y capacitación del capital humano, generación de valor agregado, uso de las técnicas más recientes en el negocio, consultoría, emprendimiento empresarial…conceptos muy actuales de las ciencias administrativas, que un grupo de venezolanos aplicó en la Petrolia en el último cuarto del siglo XIX; sin la aparente búsqueda de prebendas, subsidios o algún tipo de apoyo o protección estatal para expandir sus operaciones o suprimir la competencia; cuyos beneficios debían provenir del trabajo constante y de largo plazo, en la más pura esencia del auténtico capitalismo, por medio de la disposición legal de los recursos del subsuelo venezolano y no como los que muchos obtuvieron, una riqueza fácil y rápida mediante artimañas para obtener alguna concesión del Estado y luego ofrecerla en venta o alquiler a cualquier empresa extranjera (Martínez, 2002) que mostrara interés. 9 Los negocios son síntomas muy claros de lo que pasa en una sociedad; de sus patrones de comportamiento y consumo, de sus valores, problemas, esperanzas y temores. Tomás Straka II.Entre 1784 y 1786 fueron promulgadas las Ordenanzas de Minería de Nueva España, a través de las cuales la Corona Española extendió a sus colonias los derechos soberanos sobre los haberes minerales del subsuelo, principios aplicables a los terrenos conquistados en la actual América Latina y que se mantienen sin mayores modificaciones luego de más de 2 siglos de historia (Giusti, 2003). En efecto, las Constituciones promulgadas durante todo el siglo XX se mantuvieron en la misma tónica: las de 1901, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 y 1945 establecían la potestad de los gobiernos regionales para explotar los recursos naturales en su territorio, exceptuando las minas, en cuyos casos, cedían al poder nacional lo concerniente a la recaudación y administración de las rentas derivadas de su explotación. La Carta Magna de 1947 incluye el poder estatal de reserva exclusiva de la gerencia de industrias o sectores que puede calificar como de interés público, elementos que se profundizan en la de 1952, al ampliar el radio de acción de forma expresa hacia los hidrocarburos y en la de 1961, que alega “razones de conveniencia nacional” para tal reserva, aun cuando permite la posibilidad de otorgar concesiones especiales temporales para la generación de ciertos bienes y servicios. La Constitución actual, vigente desde 1999, agrega como 10 elementos de reserva exclusiva para el Estado las actividades de la industria petrolera y la totalidad de las acciones de Pdvsa, brindando al sector privado la posibilidad de participar en las filiales de la petrolera estatal (Yegres, 2010). Pero, lamentablemente, esos derechos soberanos no fue lo único que se heredó de aquellos tiempos. Straka (2008) señala que en la Venezuela de 1882, la mencionada Petrolia del Táchira, junto con una empresa de transporte por tranvías en Caracas, a cargo de Félix Rivas y Rafael Henrique, eran los 2 únicos negocios de envergadura en operaciones, cuya constitución era el resultado de la inversión de capitales totalmente privados, sin participación ni mediación alguna por parte del Estado y con el único propósito de satisfacer necesidades de mercado. Tal escenario podía considerarse como un claro fracaso de las reformas de corte liberal aplicadas desde la fundación de la República en 1830, como parte de los grandes objetivos que Venezuela se planteó tendientes a la formación de una economía y un Estado acordes con los fundamentos del capitalismo y el liberalismo (Straka, 2012) con las variantes propias de la especificidad venezolana. En el aspecto meramente económico, se suponía que mediante decretos que procuraban el respeto a la propiedad o el fomento de las libertades para la industria y el comercio, se sustentaría la multiplicación de los negocios capitalistas privados en todo el país y, con ellos, florecería la prosperidad. Sin embargo, se trataba de una joven nación carente de los mínimos atractivos para los capitales extranjeros, por ejemplo, con un sector agrícola que sustentaba a la economía nacional, pero cuyos resultados evidenciaban su mínima competitividad respecto al de sus países vecinos y en una sociedad 11 donde prevalecían los valores de la igualdad sobre el del individualismo; del apoyo a los monopolios, privilegios y a las restricciones a la libre actividad económica (Rangel, 1975); del rechazo a la riqueza material sobre el éxito en los negocios, sin arraigados patrones de cultura empresarial, trabajo o ahorro (Straka, 2012). En un entorno como el anteriormente descrito, y muy a pesar de lo señalado en cualquier instrumento jurídico, la vía más expedita para tener un negocio rentable y próspero era mediante la aproximación y el entendimiento con el Estado. Se atribuye a Antonio Guzmán Blanco la creación de ese modelo. Al considerar que la joven República necesitaba urgentemente de negocios e industrias de diversos tipos para el crecimiento económico, que las condiciones imperantes eran nada propicias para tal propósito, y que los abundantes recursos naturales disponibles eran de propiedad estatal por efectos de una tradición arrastrada desde la época de la colonia y que permaneció intacta en las nuevas leyes republicanas, Guzmán atrajo a posibles inversionistas mediante la oferta de concesiones para la explotación de tales recursos para actuar, en muchas ocasiones, no sólo como propulsor sino también como socio. Ese patrón de negocios fue aplicado con bastante similitud por Juan Vicente Gómez en sus relaciones con las grandes empresas petroleras foráneas algunas décadas después. Así pues, el Estado moderno venezolano tenía esa falla de origen, al habituarse a operar en un hábitat que no requería participación directa de la mayor parte de la sociedad y, en consecuencia, ajeno a los más elementales principios de contraloría o de rendición de cuentas. La sociedad, por su parte, se acostumbró a recibir toda una variedad 12 de bienes y servicios, y no sólo los de carácter público, mediante la benevolencia estatal. El advenimiento del petróleo en un escenario así no resultó en ningún cambio del sistema. Muy al contrario, sirvió para reforzar aquello que “éramos o que queríamos ser” (Straka, 2008). Ahora la renta recibida por el Estado era de tal magnitud que un estadio inicial en el cual el aparato estatal se permitía funcionar al margen de la sociedad derivó, sin mayores contratiempos, a otro en el cual ese aparato asumió el papel de repartidor de subsidios para esa misma sociedad, hasta finalmente lograr que ésta dependiera casi totalmente de él. A medida que crecía la renta, el sistema se afianzaba y aún más poderoso se volvía el Estado (Straka, 2012). Las consecuencias de tal modus vivendi entre el Estado y la sociedad venezolanos no tardaron mucho en manifestarse. El aumento aparentemente ilimitado de recursos en las arcas estatales creó y amplió una brecha entre las magnitudes reales de la capacidad productiva y las posibilidades de consumo de la nación (Úslar Pietri, 1985). 13 No hay recetas mágicas…los países exitosos (en la diversificación de su economía)…han hecho importantes esfuerzos invertir en para áreas complementarias al recurso natural, (…) en infraestructura y conocimiento, así como también (en) reducir los costos para transables los sectores y (…) promover la entrada de nuevas industrias, empresas e inversionistas (…) Mientras que la receta económica puede ser sencilla, la política no lo es. Alan Gelb III.El manejo de recursos naturales con fines comerciales procura la obtención de una renta extraordinaria por su explotación. Se denomina extraordinaria, porque permite generar un retorno adicional sobre la tasa “normal” requerida por los agentes económicos para ejecutar un proyecto de inversión, dadas las condiciones del entorno y la productividad de los factores involucrados. Esta porción extra es un reflejo de escasez relativa del commodity que poseen algunas naciones por mero azar de la naturaleza (De la Torre, 2011). El manejo de esas rentas extraordinarias provenientes de la explotación de recursos naturales y sus consecuencias ha sido objeto de amplios y diversos estudios entre los investigadores desde hace algún tiempo. Algunos casos de estudio concretos remiten a lo ocurrido en Holanda desde el descubrimiento de sus reservas de gas natural en 1959, en Colombia con el incremento de los precios internacionales del café durante la década de 1960 y para los países 14 productores y exportadores de petróleo con los bruscos cambios en su cotización desde mediados de los 1970´s. Los efectos para una economía de un súbito incremento en los ingresos por las exportaciones de un recurso natural se tornan nocivos en función de la dependencia que tal economía presente frente a dicha renta. En específico, Corden y Neary (1982, citados por Malone y ter Horst, 2007) plantean que en países con una elevada dependencia de un único recurso, o de un grupo pequeño de ellos, ocurren disminuciones de la productividad y del rendimiento de los sectores productores de bienes transables distintos al sector explotador del recurso natural durante un auge rentista que aprecia y fortalece a la moneda nacional, situación que la literatura ha bautizado como la “maldición de los recursos naturales”. No obstante, investigaciones de más reciente data no han encontrado evidencias significativas acerca del efecto determinante de la abundancia de recursos naturales sobre los niveles de ingreso per cápita, cuando se estudia la relación entre dichas variables de forma aislada. Precisamente, al agregarle variables al análisis se ha comprobado cómo la calidad institucional, dentro de la denominada riqueza intangible, juega un rol fundamental en la definición de la posesión de recursos naturales como una bendición o una maldición para un país (Canuto y Cavallari, 2012). Una economía posee una frágil institucionalidad cuando cierto tipo de instituciones, que incluyen a un sector privado autónomo y productivo, funcionan de manera poco clara y transparente frente a la sociedad, de manera que no cumplen con la debida función de actuar como contrapeso frente al Estado el cual, por esa misma situación, podrá financiar todos los gastos 15 necesarios para su funcionamiento de forma independiente al desempeño de la economía y de las consecuentes disposición y capacidad de los ciudadanos para el pago de impuestos, lo cual le brindará cada vez mayores grados de libertad frente a la sociedad y le eximirá de rendirle cuentas (Rodríguez, 2012). Algunos autores hacen énfasis en que la calidad institucional se manifiesta en aspectos concretos que pueden ser demandados por los agentes económicos para su accionar productivo en la economía, como los costos de hacer cumplir los contratos. Vardy (2010, citado por De la Torre, 2011) argumenta que, en función de la complejidad implícita en el proceso de producción eficiente de un bien o de prestación de un servicio, sus productores demandarán mayor calidad institucional en forma de costos transaccionales más fáciles de cubrir. Para los bienes de compleja manufactura y alta tecnificación, que requieren del concurso de dos o más empresas, esa demanda será mayor; aplicándose exactamente lo contrario para bienes más simples de producir, como las materias primas. En todo caso, la experiencia y la evidencia histórica permiten verificar que, en ausencia de instituciones de calidad, el inmenso control político que recibe un Estado que maneje discrecionalmente una renta de ese tipo conduce, casi necesariamente, a un mal manejo de la misma, a través de 2 vertientes: en la primera, mediante el empleo procíclico, poco eficiente y poco equitativo de ese dinero, basado en criterios políticos; lo cual conduce a la segunda, reflejada en los incentivos que surgen para los agentes económicos de cambiar su patrón de conducta y dirigir sus recursos y esfuerzos hacia la captura de la mayor parte posible de dicha renta (Malone y ter Horst, 2007), por ejemplo al invertir en sectores vinculados directamente con la industria del recurso natural pero 16 que poco aportan al resto de la economía (De la Torre, 2011) en lugar de hacerlo hacia sus áreas naturales de inversión productiva y de generación de valor agregado (Rodríguez, 2012). De la Torre (2010) advierte que este proceso de búsqueda de rentas o rentseeking behavior, puede tomar caminos lícitos (relaciones públicas e institucionales) o ilícitos (corrupción, sobornos…) y brindará mayores réditos a aquellos sectores en la sociedad que se destaquen por ser más poderosos, por disponer de mayores recursos económicos y -por último, pero quizás lo más importante- por contar con algún vínculo con el Gobierno que le facilite el acceso a la renta. Paradójicamente, para el resto de la sociedad, y en afán de una supuesta mayor equidad en el gasto, el Estado dirige una serie de políticas sociales y subsidios generalizados cuyo diseño responde, la mayoría de las veces, a cubrir necesidades de corto plazo, que le generan mayor dependencia del mismo Estado y que en poco contribuyen con una inserción duradera y productiva al circuito económico (Rodríguez, 2012). El resultado común a las experiencias de este tipo, ha sido la volatilidad en los indicadores macroeconómicos, lo cual dificulta el surgimiento de nuevos sectores e industrias productivas, concentrando aún más el poder económico y de toma de decisiones en el Estado, generando un círculo vicioso (Manzano, 2012) de auges y caídas del producto en función, casi exclusiva, de la dinámica de los fundamentos del mercado del recurso natural. En este sentido, el estudio de casos de diferentes países en años recientes parece confirmar la existencia de una relación entre la cotización de las materias primas o commodities en los mercados internacionales y los índices 17 de libertad de los habitantes de los países exportadores de dichas materias y que padecen de la “maldición de los recursos naturales”. Esta teoría fue bautizada como “la primera ley de la petropolítica”, bajo la cual, según Friedman (2006), los países petroleros dependientes de este tipo de commodities que carecen de un sólido tejido institucional tienden a mostrar claros retrocesos y pérdidas en aspectos ya de por sí débiles en esas sociedades, como las libertades ciudadanas; la independencia de los poderes públicos; la celebración de procesos electorales insesgados y transparentes; y en el Estado de Derecho en general, cuando se incrementa el precio promedio del barril de petróleo en los mercados internacionales. De forma inversa, al perder terreno la cotización del crudo y disminuir la renta derivada de su explotación, los países productores y exportadores se encontrarán en dificultades derivadas de la excesiva dependencia, por lo que tienen que recurrir, en ocasiones de manera forzosa, a reformas conducentes a disminuir el peso del aparato estatal sobre la economía y crear las condiciones necesarias para la expansión de sectores distintos al petrolero y, en última instancia, a la diversificación económica. Friedman (2006) pone como casos particulares de aplicación de la faceta perniciosa de la “ley de la petropolítica” a países como Angola, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Nigeria, Rusia, Arabia Saudita o Venezuela, cuyos Estados nacieron y se mantienen, en gran medida, dependientes de la renta petrolera para su funcionamiento. De forma contraria; Canadá, EEUU, Noruega o el Reino Unido de la Gran Bretaña ya disponían de un Estado consolidado y dependiente de los tributos de la sociedad cuando descubrieron y comenzaron 18 a explotar sus reservas petroleras, lo cual les ha permitido mantenerse ajenos a las pautas de la “ley”. En ese mismo orden de ideas Ross (2001), señala tres mecanismos con posible capacidad explicativa de la relación negativa entre los ingresos por exportaciones petroleras y los gobiernos con perfiles autoritarios: los efectos rentista; de represión y de modernización. 1.- Un "efecto rentista", según el cual los gobiernos utilizan los petrodólares para el alivio de presiones sociales que, de no ser atendidas, pueden desencadenar demandas ciudadanas de mayor responsabilidad y rendición de cuentas. Esto es, la política fiscal y el gasto público como variables determinantes del tipo de régimen, por lo cual los gobiernos con grandes presupuestos y financiados básicamente por ingresos petroleros tienen mayores probabilidades de ser autoritarios; mientras que los gobiernos con un impacto menor sobre la actividad económica y cuyos ingresos fiscales se componen mayormente de impuestos ajenos a la actividad petrolera, sean más propensos a convertirse en regímenes democráticos. Existen 3 vías para la manifestación de este efecto: una baja o nula presión tributaria para los ciudadanos de estos países, los cuales serán menos proclives a pedir cuentas y representación en el gobierno; un elevado gasto público en clientelismo o satisfacción de intereses especiales de sectores específicos, reduciendo las presiones latentes sobre el sistema autoritario y, por último, el incentivo que tendrá el Estado para utilizar sus abundantes ingresos 19 petroleros y evitar la formación de organizaciones no gubernamentales independientes del Estado e inclinadas a exigir derechos civiles. 2.- Un “efecto de represión”, que conduce a los gobiernos de países ricos en recursos naturales a gastar más en seguridad interna, mediante la configuración de fuerzas militares poderosas, para bloquear las posibles aspiraciones de la población por un sistema más libre y democrático. Esta tendencia puede explicarse por puro interés propio o por los posibles conflictos étnicos o regionales que podrían surgir ante una súbita riqueza mineral concentrada geográficamente y sus consecuentes intentos de captura por parte de diferentes grupos en la sociedad. 3.- Un “efecto de modernización”, según el cual la democracia nace por los positivos cambios sociales y culturales que puede experimentar una sociedad, en especial en el plano educativo y de la capacitación de la fuerza laboral. Según Inglehart, (2001; citado por Ross, 2001), una población total más educada y una fuerza de trabajo más especializada que tienda a desplazarse hacia los sectores secundario y terciario de la economía, serán más capaces de organizarse en procura de sus mejores intereses, tomar sus propias decisiones y negociar frente a los grupos de interés económico. La lógica detrás de este planteamiento argumenta que la democratización de la sociedad vendría a ser una consecuencia 20 de los mencionados cambios sociales que, a su vez, deben ser propiciados por el desarrollo económico y, en ese aspecto, la renta extraordinaria de los recursos naturales puede cumplir una importantísima función. Si el propósito de un gobierno autoritario y dependiente de las materias primas, es incrementar su poder sobre la sociedad y mantener a los opositores desmovilizados, cualquiera de los tres efectos ha demostrado funcionar por sí mismo de manera individual y, a su vez, también es posible aplicar con éxito alguna combinación (Ross, 2001). 21 Indistintamente del nivel de gobierno, un buen manejo (de los recursos naturales) es una precondición para un buen desempeño (…) Los recursos naturales son activos “intensivos en gobernabilidad”. James Evans y otros IV.Ante estas premisas, la lógica apunta hacia la gobernabilidad y la calidad institucional como elementos clave para que la riqueza de recursos naturales pueda devenir en resultados económicos positivos para el país que los posea. Los datos evidencian que esto adquiere una mayor importancia en los casos de algunos países en vías de desarrollo, cuya riqueza está compuesta por recursos naturales en un proporción considerable (Evans y otros, 2006). Es necesario entonces definir una medida ampliada de la actual riqueza de las naciones, estimada por el Banco Mundial (2006), la cual está compuesta de: capital producido (maquinarias, infraestructuras, urbanismos), capital natural [fuentes de energía (petróleo, gas natural, carbón…), minerales (bauxita, cobre, oro, hierro, níquel, fosfato, plata, zinc…), recursos forestales y no forestales, áreas protegidas] y capital intangible (un reflejo del capital humano y la calidad institucional, diferencia entre la riqueza total y la suma del capital producido y el capital natural). 22 Composición de la riqueza mundial. 2005 Grupos de países por nivel medio de ingresos. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 17 13 25 19 55 16 80,00 68,00 59,00 35 10,00 Bajos ingresos Ingresos medios Capital intangible Ingresos altos Capital producido Exportadores de petróleo Capital natural Fuente: Banco Mundial. El capital intangible es el principal componente de la riqueza en la mayoría de los países y su participación está en función de la diversificación de la economía de un país y su consecuente nivel de ingreso medio: es mayor en aquellos países de elevados ingresos (80% en 2005) y economías diversificadas y se reduce en función de si el nivel de ingreso es medio (68%) o bajo (59%). Para los países poco diversificados y altamente dependientes de recursos naturales, sin embargo, la situación es distinta. Específicamente, para países exportadores de petróleo y con economías poco diversificadas, este tipo de capital alcanzaba sólo 10% de su riqueza total en 2005, en una clara manifestación de los pésimos resultados de combinar instituciones débiles y abundancia de recursos naturales. Por otra parte, Evans y otros (2006) plantean que los recursos naturales son un tipo especial de bienes porque su producción no depende de la acción humana 23 pero sí su gestión la cual, si se lleva a cabo de forma racional, puede generar rentas que permitan financiar el desarrollo. La transformación de esos recursos y las rentas que genera su explotación en crecimiento económico y social sostenido para una nación dependerá, entre otros factores, de la política económica general; de las instituciones y el clima para la gobernabilidad; así como de la posible influencia de los grupos de interés. En ese mismo orden de ideas, el Banco Mundial (2006) proyecta que el desempeño económico y social de un país a largo plazo está sujeto a los cambios en la estructura de su riqueza, medida bajo el formato anterior, de tal manera que un país entraría en el círculo virtuoso del crecimiento sostenido en la medida en que su riqueza total se transforme y dependa cada vez más del capital intangible, en detrimento del capital producido pero, sobre todo del capital natural. Atkinson y Hamilton (2003, citados por Evans y otros) demostraron que existe una salida para la “maldición” si se destinan los recursos provenientes de la renta de los recursos naturales para la inversión y no para el gasto público corriente, lo cual permite transformar el capital natural en capital producido y en capital intangible: en el levantamiento de la infraestructura y la adquisición de los equipos necesarios para la producción de todo tipo de bienes y servicios; así como también en la formación y capacitación de la fuerza de trabajo, de manera respectiva. Esta regla cobra mayor importancia cuando la renta procede de recursos naturales no renovables, los cuales, se consumen y agotan. El buen desempeño de los países ricos en commodities está sujeto, en consecuencia, a la calidad de las políticas públicas y de las instituciones 24 en general. Los commodities son intensivos en gobernabilidad y no tanto en capital o en mano de obra (Evans y otros, 2006). Composición de la riqueza. 1995. Países seleccionados de América Latina. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15 15 16 13 35 10 10 16 19 39 16 69 21 74 72 71 49 Brasil Colombia Capital intangible 40 Ecuador México Capital producido Perú Venezuela Capital natural Fuente: Banco Mundial. A manera de ejemplo, si se establece una comparación de la composición de la riqueza total de 6 países petroleros de América Latina y los cambios ocurridos entre 1995 y 2005, se observa que, aun cuando todos los países incrementaron sus acervos de riqueza total en términos absolutos, destacan Colombia, México y Perú por sus avances en las reformas tendientes a disminuir su dependencia del recurso natural, al incrementar su porción relativa de capital intangible y disminuir la de capital natural, a diferencia de lo ocurrido en los casos de Brasil, Ecuador y Venezuela donde los resultados muestran exactamente lo contrario. Para estos 2 últimos países, el capital intangible disminuyó tanto en términos relativos como absolutos. 25 Composición de la riqueza. 2005. Países seleccionados de América Latina. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5 14 19 13 14 16 49 17 73 67 13 16 45 23 79 72 34 Brasil Colombia 32 Ecuador Capital intangible México Capital producido Perú Venezuela Capital natural Fuente: Banco Mundial. En la búsqueda de propuestas para mitigar el impacto de la “maldición” se ha llegado a considerar enfoques sociales, de economía política y de contrato fiscal (Rodríguez, 2012). El primero de ellos, plantea la transferencia directa de la renta del recurso natural, o de una parte de ella, a los habitantes del país productor, a fin de limitar la discrecionalidad de los gobiernos en su uso y distribución. A fin de optimizar la política social, las propuestas apuntan a entregar a cada ciudadano una cuota de la renta, sujeta o no a su empleo en aspectos específicos del capital humano o de la seguridad social, como la salud, la nutrición, la educación, la vivienda o las pensiones. Algunas versiones de este enfoque señalan la conveniencia de dirigir estas transferencias únicamente a las personas ubicadas en los estratos socioeconómicos más bajos, para aliviar o reducir la pobreza y la pobreza extrema mediante el ataque a sus causas estructurales, al tiempo que se evitan las distorsiones e ineficiencias burocráticas propias de los subsidios 26 generalizados y de las políticas tradicionales de oferta de muchos de estos bienes y servicios de atención social. La experiencia en algunos países de América Latina, certifica su efectividad para reducir los índices de pobreza por ingresos y aumentar la demanda de los servicios educativos y médicoasistenciales por parte de los grupos familiares beneficiarios de estos programas. No obstante, no se han observado diferencias significativas en los indicadores globales de nutrición, salud o desempeño escolar como consecuencia de la aplicación de programas de este tipo, posiblemente por la reducción en la calidad y efectividad de los servicios debidas a la combinación de una mayor demanda y una oferta insuficiente, tanto en cantidad como en calidad (Rodríguez, 2012). El segundo enfoque, de economía política, incluye la aplicación de reformas tendientes a reducir la volatilidad e inestabilidad macroeconómica propias de los países dependientes de la producción y exportación de recursos naturales, además de procurar el logro de objetivos concretos en eficiencia y equidad. La agenda de reformas apunta, básicamente, a políticas fiscales anticíclicas, que estabilicen los indicadores macroeconómicos y mitiguen el impacto de las bruscas oscilaciones de los precios internacionales de los commodities. Específicamente, se propone la constitución de fondos especiales de ahorro o de estabilización; los primeros, se basan en una regla de reservar un porcentaje fijo del ingreso proveniente de la renta del recurso natural para futuros gastos, procurando acumular recursos a lo largo del tiempo, a fin de garantizarle a las futuras generaciones el disfrute de los beneficios del negocio del recurso natural; los segundos, retienen una parte del excedente en los 27 períodos de precios altos del recurso natural para subsanar el ingreso cuando los precios bajen, sin la intención de acumular recursos en el largo plazo, a fin de ordenar y equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, la aplicación de este tipo de medidas no resulta muy atractiva políticamente, ya que sus beneficios se manifiestan a mediano o largo plazo, en claro contraste con sus inmediatos costos. El tercer enfoque, de contrato fiscal, proyecta un empleo óptimo de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales mediante la configuración de una fuerte y armónica relación entre el Estado y los contribuyentes. Todo tributo supone un traspaso de recursos de los particulares hacia el Estado, por lo cual éstos, al pagar, se ven inclinados a exigir una contraprestación, generalmente en la forma de más y mejores bienes y servicios públicos. Cuando un país basa una fracción importante de sus ingresos públicos en la renta de un recurso natural se genera una situación diferente, ya que el Estado no depende tanto de los aportes de sus ciudadanos para operar, por lo cual supone que no recibirá muchas exigencias de buen desempeño. A fin de solventar situaciones como esta, se propone la distribución de los derechos de propiedad sobre la industria que explota el recurso natural de forma directa y equitativa entre todos los habitantes del país, concretamente en forma de dinero proveniente de la renta, previa retención de impuestos. Con ello se perseguirían diversos objetivos, entre los que destacan: una mayor transparencia y contraloría sobre el uso de los fondos públicos; la reducción de la dependencia de las finanzas públicas de la renta del recurso natural, al estimular la ampliación de la base tributaria no ligada a la industria del recurso; 28 además de la delimitación resultante en la discrecionalidad en el gasto de dicha renta (Rodríguez, 2012). Haría falta un serio y denso tratado de metahistoria para poner en su sitio tanta (…) descaminadora producción de significados respecto de la «maldición del petróleo» como ha producido buena parte de la historiografía venezolana cuando le da por nuestro siglo XX (…) un relato extrapunitivo, descoyuntado y moralista (que) se supersticiones nutre de halagadoras intelectuales, (…) de máximas antimperialistas segregadas por el marxismo vulgar, de ideas recibidas y puestas de nuevo a circular, de generación en generación, sin someterlas al menor examen. Íbsen Martínez V.Desde las primeras manifestaciones de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo venezolano y, más importante aún, del reconocimiento de su relevante cuantía para efectos económicos y comerciales a principios del siglo XX, el petróleo ha marcado el desarrollo económico, social y político de Venezuela (Pacheco, 2006). 29 Importancia de la renta petrolera en la economía venezolana Diferencia entre el valor de la producción de crudo a precios mundiales y los costos de producción, como porcentaje del PIB. 45 40 35 30 25 20 15 10 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 0 1980 5 Fuente: Banco Mundial. Aun cuando la gran mayoría de los distintos componentes de la sociedad venezolana reconocen, al menos desde hace tres décadas, la necesidad imperativa de construir una economía diversificada, los indicadores siguen señalando una extrema y peligrosa dependencia de la economía nacional respecto de la renta petrolera. Exportaciones de Venezuela Exportaciones petroleras 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25 5 95 9 11 91 89 28 80 75 1970 20 Exportaciones no petroleras 17 14 83 86 2000 2005 5 95 72 1975 1980 1985 1990 1995 Fuentes: OPEP. Banco Central de Venezuela. Cálculos propios. 30 2010 Precio de la cesta petrolera venezolana (US$/barril) Gasto del Gobierno central (US$ MMM corrientes) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 120 100 80 60 40 20 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 US$ MMM corrientes Gasto público y precio del petróleo venezolano Fuentes: Pdvsa. Banco Mundial. Basta revisar el historial petrolero de Venezuela para comprobar que durante un lapso que ya abarca un siglo, la relación entre la sociedad, la industria y el Estado no ha estado exenta de tensiones y polémicas, partiendo de una primera etapa de 50 o 55 años de duración en la cual la industria petrolera era operada por empresas extranjeras, hasta llegar a la fase actual que, desde 1976, la mantiene bajo la égida del Estado venezolano. Sigue siendo una materia pendiente el logro de una mayor participación de la sociedad, agente que ha sido relegado a un papel pasivo (Torres, 2000), en un marco de armonía y beneficio mutuo para todos los participantes en ese idilio con un recurso natural que ha sido, y seguirá siendo por muchos años más, nuestra principal oportunidad de desarrollo (Pacheco, 2006). Durante ese período inicial, precisamente, se produjo gran parte de la “sabiduría convencional” venezolana respecto al petróleo, la gerencia de la industria y su significado para la vida nacional (Pacheco, 2006); en un enfoque que considera a este recurso como un elemento dañino para los valores 31 propios de una sociedad que durante mucho tiempo había fundamentado su economía en una modesta actividad agrícola y algunos servicios pero que, de manera imprevista, recibía un torrente de ingresos no provenientes de la inversión o del trabajo productivo sino del repentino apetito de las grandes potencias mundiales por un recurso natural devenido en elemento estratégico. Bajo esta escuela de pensamiento, el petróleo constituía algo ajeno a la esencia del venezolano típico, un recurso natural no renovable, cuya utilidad y provecho económico tendrían una vida relativamente corta. Arturo Úslar Pietri, Alberto Adriani Mazzei y Juan Pablo Pérez Alfonzo fueron los principales voceros de esa tendencia, que con brillantez advertía acerca de las dificultades que vendrían aparejadas, en distintos órdenes, si la sociedad venezolana no era capaz de asimilar adecuadamente la responsabilidad de administrar un recurso capaz de brindarle mucha riqueza, pero que ellos consideraban agotable y transitorio, por supuesto, bajo las perspectivas propias de la época. Desde las célebres consignas de la necesidad de la “siembra petrolera” de Úslar Pietri en 1936, y la advertencia de Pérez Alfonzo cuatro décadas después de hundirnos en el “excremento del diablo”, dichas propuestas poseen un incalculable valor histórico para demostrar la capacidad analítica de la intelectualidad venezolana de evaluar y diagnosticar acertadamente las condiciones propias del entorno nacional e internacional en distintas fechas de nuestra historia. En efecto, se atribuye a Úslar Pietri la visión primaria y la advertencia del tipo de relación que los venezolanos formalizamos, aunque realmente fue el Estado en nuestro nombre, con el negocio petrolero, desde principios del siglo XX (Martínez, 2010b). 32 Sin embargo, las recomendaciones de estos académicos para resolver los problemas y orientar el rumbo de la sociedad y la economía venezolana en los años por venir han ido perdiendo vigencia de forma sostenida, en especial por el hecho de que Venezuela se ha ubicado recientemente como la nación con las mayores reservas petroleras en todo el mundo, un total de 298.435 millones de barriles las cuales, al ritmo de producción de 2,78 millones de barriles diarios, se agotarían en un lapso de 294 años. Los tiempos y las circunstancias han cambiado, pero quizás no nos hemos dado cuenta y nos hemos aferrado a algunos dogmas. Por ejemplo, luego de transcurridas casi 4 décadas de manejo nacional de la industria petrolera se puede afirmar con propiedad que los venezolanos aprendieron el know how del negocio, capacitaron a su personal y, en trazos gruesos, han logrado manejar el negocio de manera solvente; pero no han sido capaces de crear un nuevo enfoque, una nueva narrativa, que deje de considerar el usufructo de la renta petrolera casi como algo pecaminoso, al petróleo como un recurso agotable, a la inversión extranjera como una fuente de explotación o al Estado como ente monopólico en la recepción y distribución de la renta petrolera, premisas que siguen prevaleciendo sobre los encargados de diseñar y aplicar las políticas en materia energética en nuestro país. Cabe destacar en este punto, el significado que para la opinión pública ha tenido lo ocurrido en 1976 con la industria petrolera, lo cual se mostró ante los ojos del venezolano como una “nacionalización del petróleo”, cuando en realidad se trataba de una estatización o transferencia de los activos de la industria propiedad de las empresas extranjeras hacia el Estado venezolano, en un adelanto del vencimiento de las concesiones pautada para 1983 por la 33 Ley de Hidrocarburos de 1943, dado que el petróleo, como recurso natural, nunca había deja de ser propiedad de la nación. Straka (2012) advierte acerca de la épica nacionalista, con ribetes de heroísmo, que se ha tejido en torno a este cambio de mando, como un triunfo ante el domino del capital extranjero de las grandes economías mundiales en nuestro territorio y sobre nuestros recursos, al eliminar el contrapeso que significaba la presencia de dicho capital y sus intereses sobre el Estado venezolano y la autonomía sobre el uso de sus recursos naturales. A fin de cuentas, el resultado de tal proceso -si bien demostró la capacidad técnica, operativa y gerencial de los venezolanos para operar la industria- al eliminar el único contrapeso que tenía el Estado venezolano, lo terminó dotando de un inmenso poder de decisión y de mando sobre la sociedad toda, al convertirlo en una compleja figura intermediaria que dispone de la principal fuente de ingresos del país para supuestamente actuar en nombre de dicha sociedad al gastarlos o invertirlos, pero que en la práctica lo hace a su libre albedrío debido a su naturaleza claramente política, que lo ubica en un espacio de autoridad por encima de los ciudadanos y en algo muy distinto a lo que ocurriría, por ejemplo, con cualquier otro organismo financiero o administrativo que esperaría recibir órdenes del dueño de la renta para actuar (Torres, 2000). Desde el inicio de la industria petrolera en Venezuela el accionar del Estado en su rol de dueño de los recursos naturales y receptor de la renta derivada de su explotación tenía que negociar y lograr acuerdos de entendimiento con las concesionarias extranjeras en una suerte de relación, a ratos armoniosa, a ratos conflictiva, como la que suele presentarse entre un terrateniente y quien explota los recursos de la tierra de su propiedad. A partir de allí, con distintos 34 ritmos, el Estado fue avanzando en su dominio sobre el negocio petrolero en territorio venezolano hasta llegar al punto de inflexión de 1976, en el cual, como ya se mencionó, el Estado pierde ese contrapeso y queda como único protagonista en la escena. Con sus especificidades y distintivos rasgos, los sucesivos gobiernos venezolanos durante los últimos 60 o 70 años han disfrutado de un inmenso poder económico, sin hacer mayores esfuerzos por cambiar ese estado de cosas al formular políticas petroleras basadas en un criterio de reservas probadas finitas. El patrón aplicado ha sido el mismo, sin importar la orientación ideológica del gobierno de turno: desde el nacionalismo militarista, o las ópticas socialdemócrata y democratacristiana bajo un manto democrático, hasta desencadenar en el denominado socialismo del siglo XXI que añade a la fórmula de Estado de Bienestar e intervencionismo, la amenaza a la supresión de la propiedad privada (Straka, 2012). Los últimos tres lustros Con el nuevo gobierno iniciado en 1999, la industria petrolera venezolana ha sufrido una transformación radical. Desde un principio, se comenzaron a definir las líneas de acción representativas del nuevo esquema de trabajo para Pdvsa y las empresas extranjeras que operaban en el sector a raíz del proceso de apertura petrolera llevado a cabo entre 1994 y 1997. En primer lugar, la defensa de la membresía de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por lo cual Venezuela se adhirió a las políticas de recorte de producción acordados por la organización para la defensa del precio del barril de crudo. 35 En segundo lugar, la visión de Pdvsa como una empresa enteramente estatal, rechazando cualquier mecanismo parecido a su privatización parcial o total, incluso con una mención al respecto en la Constitución promulgada en 1999. Al respecto, se inició una revisión profunda de la estructura de funcionamiento de las empresas constituidas con capital extranjero bajo el proceso de apertura petrolera, que incluyó la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos en 2001 que, aun cuando mantenía la presencia y participación extranjera en la industria, le imponía nuevas y severas condiciones, como una participación accionaria mínima de 51% de Pdvsa en el capital de todas y cada una de las empresas que operaran en el territorio nacional, tras lo cual todas las asociaciones estratégicas, convenios operativos y convenios de operación a riesgo y ganancias compartidas tuvieron que migrar forzosamente a empresas mixtas adaptadas a dicha proporción accionaria (Rojas, 2013). Este proceso, no obstante, no ha sido fácil, porque Exxon Mobil y Conoco Phillips consideran que salieron perjudicadas e introdujeron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) solicitudes de arbitraje contra Pdvsa por incumplimiento de contrato. En tercer lugar, el impulso de Pdvsa como una empresa cuyas actividades no debían limitarse a los ámbitos de su natural actividad industrial y comercial sino que, al contrario, debía expandirse más allá de los linderos propios de la responsabilidad social empresarial de la gerencia moderna o incluso, en uno de sus aspectos más polémicos, su empleo como instrumento político. De esta manera, la empresa inició una participación activa, por ejemplo, en la importación, producción y distribución de alimentos; en el financiamiento de programas sociales de educación, salud y 36 vivienda; o incluso en la constitución de fondos paralelos al presupuesto nacional a libre disposición del Poder Ejecutivo y el empleo del crudo o sus derivados con propósitos diplomáticos a países afines a la ideología del Gobierno (Rojas, 2013), por ejemplo, con el suministro bajo condiciones extraordinarias y preferenciales a países de Centroamérica y el Caribe y el acuerdo del Fondo Chino, que incluye el otorgamiento de créditos a Venezuela para ser cancelados con petróleo. El nombramiento de una nueva Junta Directiva en Pdvsa y la velada intención de utilizar a la estatal petrolera como herramienta política, entre otros aspectos, causaron un grave enfrentamiento de la gerencia de Pdvsa con el Gobierno, desencadenando los graves sucesos políticos e institucionales y el paro petrolero de 2002 y 2003, que causó colosales consecuencias, entre las cuales figuran el despido de 20.000 trabajadores de la industria por su supuesta participación en dichos sucesos. 37 El fantasma del 27 de febrero (de 1989) recorre las mentes de quienes se convirtieron en los principales beneficiarios del estallido. Luís Pedro España VI.Un tema álgido para el debate público en Venezuela ha sido, desde hace ya varios lustros, el del precio interno de los combustibles en general, y el de la gasolina en particular. Demasiados mitos, desinformación y populismo han rodeado al tema y permitido que cualquier aproximación al raciocinio económico o al más elemental sentido común haya sido desplazada por el cálculo y los intereses políticos. Los precios vigentes de un litro de gasolina en Venezuela son de 0,07 bolívares y 0,097 bolívares para las de bajo y alto octanaje, respectivamente. Estas cifras equivalen a 0,28 y 0,39 centavos de dólar al tipo de cambio PPA. Desde abril de 1996, esos montos se han mantenido inalterados, a pesar de que en los 18 años y 2 meses transcurridos hasta junio de 2014, los precios de los bienes y servicios en bolívares que componen el Índice de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, han tenido un incremento acumulado de 9.300%, mientras que el tipo de cambio PPA lo ha hecho en 6.150%. No debe resultar extraño, entonces, que el consumo interno de gasolina se haya disparado, aun considerando la natural expansión del parque automotor venezolano, hasta alcanzar 323 mil barriles diarios durante 2013, equivalentes a 51,357 millones de litros diarios o 625 litros anuales por persona, una cifra 38 ocho veces mayor al consumo de Colombia, por ejemplo, donde el combustible se expende en un precio de alrededor de $1,27 por litro, sin subsidio y cónsono con el precio promedio mundial de $1,36 por litro. Las cifras son contundentes. Los únicos beneficiarios directos del precio de la gasolina en Venezuela son los dueños de vehículos particulares en forma de traslados sumamente baratos bajo cualquier comparación, tanto con otros bienes de la economía nacional, como con el precio de los combustibles en América Latina y el Caribe, sin mencionar otras latitudes de EEUU, Europa o Asia. El resto de la sociedad se ve afectada. Por ejemplo, los millones de usuarios de los diferentes medios de transporte público, por los constantes incrementos en los precios de los boletos -aun considerando los subsidios estatales- motivados por los cada vez mayores costos para la prestación del servicio. El mayor perjudicado directo y visible, sin embargo, parece ser el propio Estado venezolano, en la figura de Pdvsa, por las pérdidas contables y el costo de oportunidad del esquema de precios vigente para la gasolina en el país. Tres mecanismos participan de este perjuicio: las pérdidas generadas al no cobrarle a las empresas expendedoras de gasolina al detal por la entrega del combustible; el monto destinado a cubrir la diferencia entre el margen consensuado de comercialización para dichas empresas y el precio de venta del combustible para el consumidor final y, por último, el costo de oportunidad que representa la diferencia de precios entre el mercado venezolano y el del resto del mundo. Los dos primeros mecanismos se sustentan en los acuerdos que el Gobierno estableció con las empresas expendedoras de gasolina al detal respecto al 39 margen de comercialización del negocio en todo el territorio nacional el cual se mantiene, desde octubre de 2013, en Bs. 0,28 por litro, superior a los precios de venta al público para los 2 tipos de gasolina (Bs. 0,07 y Bs. 0,097). Para que tales empresas reciban ese margen y se garantice el normal suministro de combustibles en el mercado doméstico venezolano, Pdvsa ha optado por entregarle de forma gratuita cada litro de gasolina, autorizarlas a cobrarle al público los precios antes mencionados y pagarles el diferencial. Por ejemplo, cuando las estaciones de servicio reciben de Pdvsa un litro de gasolina de alto octanaje, no le pagarán nada a la empresa estatal, recibirán de ella Bs. 0,183 y le cobrarán al público los restantes 0,097 bolívares para completar su margen de comercialización de 0,28 bolívares por litro. Asumiendo una distribución equitativa de ventas de los 2 tipos de gasolina dentro de un consumo total diario de 51,357 millones de litros, al no cobrarle a las estaciones de servicio por la gasolina, Pdvsa debe absorber completamente sus costos explícitos de producción de 102,71 millones de bolívares, además de reconocer otros 4,29 millones de bolívares como costos implícitos en forma de los ingresos que debería recibir en caso hipotético de cobrar por el combustible; a lo cual se añaden los otros 10,09 millones de bolívares que la estatal petrolera le paga a las estaciones de servicio para que cubran su margen de comercialización, sumando un subsidio total de 117,09 millones de bolívares diarios que resultan en 42.739,30 millones de bolívares anuales (1.709,57 millones de dólares PPA). El tercer mecanismo implica el costo de oportunidad reflejado en el diferencial entre los resultados financieros para Pdvsa al vender la gasolina de la forma antes descrita y si lo hiciera bajo los precios internacionales del combustible, en 40 un promedio de 1,36 dólares por litro. Los cálculos indican que si los 51,357 millones de litros que se consumen diariamente se cobraran a un precio unitario de Bs. 34 (equivalente en moneda nacional, calculado a la tasa de cambio PPA), Pdvsa facturaría 1.746,14 millones de bolívares diarios lo cual, en contraste con la pérdida diaria de 117,09 millones de bolívares diarios de los 2 mecanismos ya explicados, generaría un diferencial de 1.863,23 millones de bolívares diarios y 680.079,67 millones de bolívares anuales (27.203,19 millones de dólares PPA). El monto total de pérdidas, desde los puntos de vista contable y económico, que registra Pdvsa bajo el régimen de precios vigente en Venezuela para el mercado interno de la gasolina asciende a 722.818,96 millones de bolívares anuales o su equivalente de 28.912,76 millones de dólares al tipo de cambio PPA. Este subsidio -además del inmenso costo que representa para la sociedad venezolana en términos de despilfarro y excesivo consumo de combustible con sus consecuencias en contaminación ambiental o del desvío de recursos financieros en una cuantía mayor a lo que se presupuesta anualmente para los sistemas públicos de salud y educación en el país, por ejemplo- es altamente regresivo, en función de que favorece en mayor medida a las personas de medianos y altos ingresos, quienes menos lo necesitan. Para diciembre de 2013, circulaban en el territorio venezolano un total de 4.165.458 vehículos, por lo cual se puede estimar en 173.527 bolívares anuales (6.941 dólares PPA) el monto del subsidio que disfruta cada conductor en el país. Sin embargo, la clasificación del tipo de vehículos señala que el 18,3% (762.280) son comerciales y el 1,3% (54.151) está representado por 41 buses y microbuses de transporte público. Estimando una capacidad de 4 personas para esos vehículos comerciales, entonces el subsidio medio para cada pasajero es de 43.382 bolívares anuales (1.735 dólares PPA), mientras que para sus similares de buses y microbuses, con una capacidad media estimada de 20 individuos, alcanzaría 8.676 bolívares anuales (347 dólares PPA). Difícil situación para la industria Según las cifras de Pdvsa, la producción actual de crudo en Venezuela alcanza 2,78 millones de barriles diarios, de los cuales exporta 2,04 millones de barriles con una diferencia atribuible al consumo interno de diferentes tipos de productos. A pesar de los importantes ingresos por exportaciones, derivados de unos precios internacionales del crudo que se han mantenido muy por encima de lo presupuestado por las autoridades fiscales venezolanas, la situación financiera de la empresa genera preocupación respecto a su tendencia a largo plazo y, en especial, de su capacidad para financiar las inversiones requeridas para incrementar su producción, ante las pérdidas contables y económicas en sus operaciones en el mercado interno, ya mencionadas, a las que se añaden: producción y exportación de crudo y derivados en declive; compromisos en gasto social y de infraestructura; insostenible ritmo de endeudamiento; incremento en los costos de producción por la inflación doméstica venezolana; aumento en la nómina por el surgimiento de las nuevas empresas mixtas; debilidades en el capital humano y deterioro de la productividad laboral; así como los compromisos de convenios de suministro bajo condiciones especiales, entre otras variables (Monaldi, 2007 y 2012). 42 …los petroestados populistas, autoritarios, estatizantes, colectivistas y tiránicos como el nuestro, castigan a sus ciudadanos, empobreciéndoles y coartando sus libertades individuales y económicas. Íbsen Martínez VII.Es importante conocer la posición venezolana respecto a otras 5 naciones productoras y exportadoras de petróleo de América Latina, en materia de dependencia respecto al sector petrolero y su potencial para la diversificación mediante el cálculo y la formulación de 2 índices. El propósito es disponer de una herramienta objetiva, basada en datos oficiales, para la evaluación de las tendencias de cada país en los tópicos de: dependencia económica del sector petrolero y potencial para la diversificación económica; con los cuales se pueda contrastar su desempeño respecto de sí mismo y de los demás países involucrados en el estudio, desde 1996, a fin de identificar sus fortalezas y debilidades, así como formular conclusiones y recomendaciones de políticas públicas. Los índices están basados en la metodología que emplea el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) en sus estudios de las regiones y las ciudades venezolanas más atractivas para invertir, y se han construido con el fin de obtener una medición comparativa de la dependencia del sector petrolero y el potencial para la diversificación económica de 6 naciones productoras y 43 exportadoras de petróleo de América Latina: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. El primer índice, denominado índice de dependencia del petróleo, está construido a partir de 3 sub-índices ponderados: dependencia de las exportaciones (importancia de las exportaciones petroleras respecto a las exportaciones totales), dependencia de la economía (importancia de la renta petrolera dentro de la economía) y dependencia fiscal (importancia de la renta petrolera sobre los ingresos fiscales), obtenidos de indicadores representativos de dichas variables. El segundo índice, denominado índice de potencial para la diversificación económica, está construido a partir de 4 sub-índices ponderados referidos a dimensiones determinantes en la capacidad de la economía para producir y exportar bienes y servicios con valor agregado en sectores distintos al de la actividad petrolera, como son: capital humano, gestión macroeconómica, capital institucional y libertad económica. Cada sub-índice corresponde entonces a un módulo específico que combina diversos indicadores. Los pesos relativos responden a la evidencia que certifica dichas variables y sus dimensiones como determinantes para la diversificación económica de las naciones ricas en recursos naturales, a las cuales se añadieron varios parámetros de valoración de las libertades económicas. En los anexos del presente ensayo se incluyen notas metodológicas adicionales. La metodología de la estandarización permite establecer comparaciones en el desempeño de indicadores expresados en escalas diferentes. La magnitud del valor estandarizado indica a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra el valor original. Los índices formulados para el presente ensayo, así 44 como cada uno de sus módulos o sub-índices, tienen una media o valor central igual a 100, que representa el promedio aritmético de todos los países incluidos en el estudio entre 1996 y 2012. Cualquier puntuación de un determinado país por encima del valor central de 100, indicará una mejor posición relativa en comparación con los restantes países y, en contraposición, toda puntuación menor a dicho valor central indicará una peor situación relativa. De igual forma, cada punto de variación, con sus correspondientes decimales, por encima o por debajo del valor central de 100 representa una desviación típica respecto al valor central. Índice del potencial para la diversificación económica. Países seleccionados de América Latina. 1996-2012. 1996 1997 1998 Brasil 99,82 99,89 99,96 100,09 100,04 100,07 100,10 100,06 100,10 100,10 100,06 100,03 99,98 100,05 100,07 Colombia 99,96 99,76 99,78 99,76 99,75 99,87 99,94 100,05 99,86 99,87 99,98 100,13 99,98 100,14 100,00 100,11 100,01 Ecuador 100,19 100,15 100,25 99,98 99,76 99,91 99,84 99,83 99,74 99,63 99,78 México 100,35 100,27 100,60 100,51 100,49 100,43 100,57 100,62 100,65 100,65 100,54 100,76 100,57 100,57 100,76 100,63 100,64 Perú 100,70 100,82 100,68 100,80 100,68 100,68 100,75 100,77 100,64 100,66 100,70 100,82 100,86 100,84 100,94 100,84 100,86 Venezuela 98,99 99,19 99,07 1999 98,92 2000 99,10 2001 2002 99,23 98,77 2003 99,76 98,69 2004 98,96 2005 99,04 2006 99,03 2007 99,71 99,00 2008 98,79 2009 99,76 98,77 2010 99,66 98,62 Fuente: Cálculos propios. Por ejemplo, el puntaje obtenido por Perú durante 2012 fue el más elevado, con 100,86 puntos; lo cual se interpreta como la mejor posición relativa dentro del conjunto de países, específicamente de 0,86 desviaciones típicas por encima del promedio aritmético global, al contrario de Venezuela que, con 98,87 puntos se ubicaba a 1,13 desviaciones típicas por debajo de dicho promedio. 45 2011 2012 99,82 99,75 99,87 98,78 99,73 98,87 Índice de dependencia petrolera. Países seleccionados de América Latina. 1996-2012. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 99,19 99,13 99,16 99,14 99,14 99,15 99,25 99,22 99,19 99,19 99,18 99,16 99,14 99,09 99,08 99,11 99,09 Colombia 99,91 99,84 99,91 100,19 100,05 99,88 99,90 99,93 99,81 99,79 99,76 99,70 99,86 99,92 100,13 100,16 100,14 Ecuador 100,30 100,32 100,15 100,64 100,92 100,65 100,41 100,47 100,76 100,89 100,97 101,07 100,99 100,87 100,86 100,68 100,66 México 99,59 99,53 99,49 99,43 99,42 99,39 99,44 99,48 99,48 99,53 99,53 99,56 99,58 99,53 99,55 99,51 99,52 Perú 99,30 99,25 99,25 99,21 99,21 99,18 99,24 99,23 99,18 99,22 99,16 99,14 99,12 99,07 99,08 99,12 99,07 Venezuela 101,90 101,75 101,76 101,79 101,58 101,56 101,76 101,79 101,69 101,58 101,48 101,35 101,47 101,42 101,43 101,62 101,53 Fuente: Cálculos propios. Los índices funcionan como herramientas para un sondeo de la evolución del desempeño económico de países ricos en recursos naturales, en este caso, de una muestra de países latinoamericanos con haberes comercialmente explotables de hidrocarburos, así como también rasgos similares de idioma, historia, cultura y costumbres -incluido el principio ya citado de la propiedad estatal de los recursos del subsuelo heredado de la época de la conquistapero que han tomado caminos diferentes en la orientación de sus políticas públicas para el aprovechamiento de tales recursos naturales. Cabe destacar que durante el lapso de tiempo estudiado, el petróleo ha sido uno de los commodities que ha disfrutado de una mayor permanencia de sus principales indicadores de precios internacionales en niveles extraordinariamente altos, proveyendo de ingentes recursos a los países exportadores. 46 Relación entre dependencia petrolera y potencial para la diversificación económica 1996 2012 Países seleccionados de América Latina ÍNDICE DE DEPENDENCIA PETROLERA ÍNDICE DE POTENCIAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,50 98,75 99,00 99,25 99,50 99,75 100,00 100,25 100,50 100,75 101,00 Fuente: Cálculos propios. Durante los 17 años que comprende el estudio los resultados globales de los 6 países sugieren una estrecha, directa y negativa relación entre los índices formulados en el presente ensayo, de tal manera que el 85,17% de los cambios en la dependencia petrolera están relacionados, aunque no necesariamente causados, por los cambios en el potencial para la diversificación económica. En referencia a los resultados individuales, destacan México, Perú y Brasil en menor medida, por su potencial para la diversificación económica y baja dependencia petrolera. Estos 2 últimos países han seguido -con las diferencias propias de cada caso- los fundamentos del modelo noruego, basado en un arreglo institucional promotor de la participación del capital privado, nacional y extranjero, en la industria petrolera para entrar a competir directamente con la empresa estatal, regidos y supervisados todos por un organismo estatal nooperador que funge como árbitro, en procura del logro de los objetivos nacionales en el aprovechamiento de su recurso natural (Espinasa, 2012). En la misma línea está incluida Colombia, aunque su adopción al modelo ha ocurrido de manera paulatina, debido a lo cual los resultados de los primeros años no parecen los más favorables. 47 El caso de México es diferente, porque al momento de escribir estas líneas se encuentra desarrollando un histórico proceso de apertura de su sector petrolero al capital privado, el primero en casi ocho décadas, para estimularsu competitividad y crecimiento, que en manos puramente estatales se había convertido en un caso de burocracia e ineficiencia gerencial, por lo que los positivos resultados del país azteca en los índices calculados se deben al impulso que recibieron otros sectores distintos al petrolero para hacer a la economía menos dependiente de ese recurso y relegarlo a un segundo plano. El desempeño de este subgrupo contrasta con el de los países que han mantenido a su industria petrolera bajo la tutela de un monopolio de la empresa estatal. Ecuador y Venezuela muestran un desempeño bastante destacado en el módulo que evalúa los perjudiciales indicadores de dependencia petrolera, ubicándose por encima de la media del grupo en todos los períodos estudiados. Paralelamente, su potencial para diversificarse y superar esa relación de dependencia, que es el objeto de estudio del segundo índice, es desalentador al compararlo con lo observado para las otras naciones. Relación entre dependencia petrolera y libertad económica 1996 2012 Países seleccionados de América Latina ÍNDICE DE DEPENDENCIA PETROLERA ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 103,00 102,50 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 97,50 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 Fuente: The Heritage Foundation. Cálculos propios. 48 65,00 70,00 Mención aparte merece el posible vínculo inverso entre la evolución de la dependencia petrolera de una nación y las libertades económicas de las que disfruten sus habitantes, en diferentes ámbitos. En concreto, la lógica indicaría que un ambiente de restricciones para consumir o para abrir y operar negocios en un territorio debe atentar contra las posibilidades de la economía de ese país para desarrollar sectores distintos al petrolero. Los datos del presente ensayo confirman tal planteamiento. Al considerar los resultados globales de los 6 países estudiados entre 1996 y 2012, se observa una directa y negativa relación entre el índice de dependencia petrolera calculado en el presente ensayo y el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation, con un coeficiente de correlación de 65,95%. 49 La difusión tecnológica entre culturas puede resultar mutuamente beneficiosa. Permite lograr más con menos y generar así un excedente, que puede ser distribuido. Como en cualquier relación de este tipo, todos quieren una porción, pero algunos resultan con porciones pequeñas. Sin embargo, sin esa relación no habría torta que repartir. El verdadero desafío para un patriota es obtener la mayor cantidad de torta posible, no un porcentaje alto de una torta más pequeña. Ricardo Hausmann VIII.Ante las realidades tangibles del calentamiento global, el incremento del precio de los hidrocarburos fósiles y el desarrollo paulatino de nuevas fuentes de energía, existen altas posibilidades de que ocurra una pérdida del atractivo comercial de los haberes de hidrocarburos pesados y extra pesados contenidos en la Faja Petrolífera del Orinoco a mediano y largo plazo (Monaldi, 2012). En consecuencia, es imprescindible que Venezuela revise desde ya su papel como país productor de petróleo y aproveche la ventana de oportunidad que le ofrecen los próximos 20 a 30 años en los cuales se estima que el petróleo se mantenga como la fuente energética más demandada en todo el mundo. El camino lógico a seguir es la inversión en la capacidad de producción con la intención de aumentar la participación de Venezuela en la oferta mundial de petróleo. 50 El primer paso para cambiar el tradicional esquema de relación entre la sociedad y el Estado con la riqueza de hidrocarburos del subsuelo venezolano debe dirigirse a suprimir la condición monopólica de Pdvsa sobre las distintas actividades de la industria petrolera. Aun manteniendo los viejos principios de la propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo y sobre el 100% del capital accionario de Pdvsa, factor que puede contribuir a reducir las asimetrías de información entre el Estado y las empresas operadoras particulares (Monaldi, 2012), es posible construir un nuevo escenario para el manejo del petróleo venezolano mediante un alto grado de competencia para las distintas actividades aguas arriba y aguas abajo. Allí participaría activamente Pdvsa, como única representante del Estado, acompañada de la mayor cantidad posible de empresas; que pueden ser de propiedad mixta (Pdvsa o alguna de sus filiales en asociación con capitales particulares nacionales o extranjeros) o totalmente privada (capitales particulares nacionales o extranjeros). Para la constitución de empresas mixtas, no habrá parámetro alguno en la composición accionaria mínima o máxima que deba mantener Pdvsa o alguna de sus filiales en representación del Estado venezolano y tal partición se adaptará a las condiciones específicas de cada caso y en función del logro de los objetivos de la empresa. De esta manera se rompería un modelo que impone un férreo control e injerencia política en la administración de las empresas operadoras y crea incentivos para que sus acciones se dirijan hacia la búsqueda de ventajas y apoyos oficiales, en detrimento de los criterios comerciales del negocio (Pacheco, 2006). El funcionamiento de todas las empresas operadoras será estrictamente controlado, supervisado y regulado por un organismo estatal creado para tal fin, 51 con autonomía plena desde los puntos de vista administrativo, financiero y operativo. Este organismo velará por los mejores intereses nacionales en la explotación del principal recurso natural de los venezolanos, para lo cual, por ejemplo, será necesario un estricto apego a normas de transparencia y contraloría pública en el ejercicio de sus funciones como árbitro de los venezolanos en tan delicado aspecto de la vida nacional; del manejo de un personal en este organismo que sea 100% venezolano, calificado y de altísimo nivel en la materia, elegido bajo concursos públicos; del suministro y publicación periódica de información completa y detallada de la dinámica de la industria petrolera; del respeto a las más elementales normas para la conservación del ambiente; de la potestad exclusiva, en representación del Estado venezolano, para dirigir y llevar a cabo los procesos de licitaciones y otorgamientos de licencias y concesiones en el mercado nacional, siempre bajo el norte de fomentar el mayor grado de competencia posible, al impedir el surgimiento de monopolios, oligopolios o de cualquier tipo de concentración empresarial en algún aspecto de la industria; entre otros. La intención primaria de un enfoque de esta naturaleza sería el incremento de la producción petrolera venezolana, esto es, el aprovechamiento adecuado de nuestras enormes reservas y capacidades para hacer del petróleo y su renta unas auténticas herramientas de desarrollo económico y social. A diferencia de la filosofía que ha privado en la industria, de maximizar la renta actual -con base en el precio más que en el volumen producido- y utilizarla para fines distintos a los de las actividades propias de la industria petrolera, con la consabida pérdida de capacidad de producción futura por no efectuar las inversiones requeridas, un nuevo enfoque priorizaría la inversión en el 52 incremento de dicha capacidad a mediano y largo plazo para, de esta forma ampliar la participación venezolana en el mercado; sea por conquistar nuevos clientes, por recuperar los perdidos o por una combinación de estas opciones; garantizando de esta manera un constante y fluido flujo de ingresos por la venta de hidrocarburos, sustentado en el volumen y en la consistencia como proveedor seguro de hidrocarburos lo cual, contribuiría a reducir nuestra vulnerabilidad a los constantes cambios en los precios. Al estilo del modelo aplicado exitosamente en Noruega (Espinasa, 2012) el marco competitivo que pudiera conformarse en la industria petrolera venezolana debe seguir algunas pautas para la incorporación del capital privado, como la obligatoriedad para las nuevas empresas de adquirir bienes y servicios de producción nacional; de contratar y subcontratar con proveedores nacionales; así como el fomento de acuerdos para la transferencia de tecnologías y de metodologías novedosas de trabajo en los casos de inversiones extranjeras, elementos todos que generarían un importante efecto multiplicador de las inversiones y crearían un círculo virtuoso de crecimiento y diversificación económica. Todas las empresas participantes en la industria petrolera venezolana estarían obligadas a cancelar regalías y los impuestos sobre la renta, regionales, municipales y especiales que fuesen creados. Para el caso de Pdvsa y las empresas mixtas, tendrán la obligación adicional de pagar dividendos al Estado venezolano en función del porcentaje accionario estatal sobre su propiedad. La distribución y uso de los recursos generados respondería a un esquema de estímulo al incremento de la producción petrolera para convertir ese capital natural en capital producido (infraestructura, estructura, maquinarias, equipos 53 productivos…) y, más importante aún, en capital intangible (atención a la salud y la educación como precursores del capital humano), de manera tal que sea la sociedad la beneficiaria directa de la renta petrolera, como ocurrió en Dubai (Hausmann, 2014). En línea con la premisa de lograr una diversificación de la economía, en lugar de una mera especialización en la industria petrolera y con ella la innecesaria dependencia, es necesario formular y aplicar políticas públicas horizontales de estímulo a la formación de un ecosistema amplio y propicio para los nuevos negocios (Hausmann, 2013), para lo cual se propone un esquema de distribución de la renta petrolera como el siguiente: Las regalías, al tratarse de un monto que refleja directamente el volumen de producción de un recurso natural no renovable, es decir, el agotamiento de una fuente de riqueza, se dirigirán obligatoriamente a financiar proyectos de inversión e infraestructura para las áreas de salud, educación y producción de bienes y servicios con valor agregado nacional. Desde la edificación, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones hospitalarias y educativas en todos los niveles, hasta la construcción de vías de comunicación y transporte, pasando por el suministro de servicios públicos con eficiencia. Los dividendos que genere Pdvsa serán dirigidos en un 5% a un fondo de ahorro y estabilización macroeconómica, un 20% al pago al Estado como propietario y el restante 75% a cubrir aspectos de responsabilidad social empresarial y de inversión para el incremento de la capacidad de producción. La Junta Directiva de la empresa definirá los proyectos específicos a cubrir con esa porción de los recursos retenidos y su 54 distribución en las mencionadas áreas. Para las empresas mixtas, se aplicarán estos principios con base en la propiedad estatal de su distribución accionaria y, en el caso de las empresas de capital totalmente privado, sólo correspondería el aporte del 5% al fondo de ahorro y estabilización macroeconómica. Finalmente, la empresa cancelaría impuestos sobre la renta dirigidos en un 50% al Gobierno central, en un 25% a las gobernaciones de estado y el restante 25% a las alcaldías. Las propuestas anteriores supondrían un cambio del modelo petrolero tradicional en Venezuela y, en consecuencia, tendrán numerosos obstáculos políticos, dado que la presencia de otros agentes en la industria tenderá a disminuir el poder del gobierno (Pacheco, 2006). Se requerirá de amplia voluntad y consenso político para introducir reformas en distintos instrumentos jurídicos que norman a la industria petrolera, por ejemplo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), la Ley de Regularización de la Participación en las Actividades Primarias Previstas en el Decreto N⁰ 1510 con fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos (2006) y la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (2009). Es impostergable la tarea de lograr una economía sana, competitiva, productiva, que utilice al petróleo como motor para su desarrollo, pero bajo una modalidad que deje de lado la visión rentista y con ella las peligrosas dependencia y vulnerabilidad que nos han caracterizado desde hace ya mucho 55 tiempo, en vías de alcanzar definitivamente la tan anhelada diversificación del circuito productivo venezolano. Fuentes consultadas: Balestrini, César. Economía y política petrolera. Cuarta edición. Tomo I. Academia Nacional de Ciencias Económicas. Caracas, 1994. Betancourt, Rómulo. Venezuela, política y petróleo. Primera edición. Fondo de Cultura Económica. México, 1956. Canuto, Otaviano y Cavallari, Matheus. Natural Capital and the Resource Curse. Economic Promise. Poverty Reduction and Economic Management Network. The World Bank. Number 83. May 2012. Consejo Nacional de Promoción de Inversiones. Ciudades más atractivas para invertir. IV edición: Caracas. Gerencia de Consultoría. 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Dependencia de las exportaciones Brasil 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 99,11 99,06 99,11 99,19 99,16 99,12 99,19 99,15 99,10 99,13 99,12 99,12 99,16 99,09 99,17 99,13 99,07 Colombia 100,35 100,07 100,13 100,66 100,50 100,10 100,21 100,32 100,22 100,21 100,11 Ecuador 100,35 100,04 99,98 100,29 100,32 100,63 100,80 100,73 99,81 100,39 100,69 100,22 100,34 100,43 100,77 100,78 100,70 100,67 100,73 100,29 100,49 100,51 100,39 México 99,50 99,36 99,29 99,42 99,42 99,24 99,32 99,35 99,34 99,42 99,37 99,35 99,40 99,24 99,29 99,28 99,16 Perú 99,32 99,26 99,25 99,34 99,32 99,21 99,29 99,32 99,16 99,29 99,18 99,18 99,22 99,12 99,23 99,22 99,19 Venezuela 101,93 101,70 101,60 102,20 101,90 101,54 101,65 101,81 101,79 101,73 101,76 101,65 101,68 101,65 101,59 101,66 101,49 Fuente: Cálculos propios. Dependencia de la economía 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 99,31 99,29 99,27 99,19 99,20 99,25 99,37 99,36 99,33 99,31 99,28 99,24 99,20 99,16 99,12 99,18 99,19 Colombia 99,60 99,62 99,70 99,80 99,65 99,65 99,64 99,63 99,55 99,52 99,53 99,50 99,56 99,63 99,71 99,71 99,72 Ecuador 100,12 100,17 100,16 100,63 101,00 100,71 100,31 100,28 100,47 100,59 100,72 100,98 101,09 101,09 101,18 100,79 100,83 México 99,64 99,63 99,61 99,45 99,43 99,47 99,50 99,55 99,55 99,56 99,55 99,58 99,60 99,65 99,63 99,57 99,60 Perú 99,37 99,35 99,33 99,21 99,20 99,21 99,28 99,27 99,25 99,24 99,21 99,17 99,12 99,07 99,05 99,12 99,07 Venezuela 101,96 101,94 101,93 101,72 101,52 101,71 101,90 101,91 101,84 101,78 101,71 101,53 101,43 101,41 101,31 101,63 101,59 Fuente: Cálculos propios. 63 Dependencia de los ingresos fiscales 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 99,14 99,05 99,10 99,03 99,05 99,09 99,18 99,15 99,15 99,13 99,13 99,11 99,04 99,02 98,95 99,03 99,01 Colombia 99,78 99,84 99,90 100,13 100,00 99,88 99,85 99,82 99,66 99,63 99,64 99,63 99,75 99,79 100,04 99,96 99,96 Ecuador 100,43 100,75 100,48 100,88 101,09 101,01 100,59 100,71 101,05 101,31 101,50 101,56 101,15 101,23 100,91 100,73 100,77 México 99,62 99,61 99,58 99,42 99,43 99,46 99,51 99,55 99,56 99,60 99,66 99,75 99,74 99,72 99,74 99,69 99,80 Perú 99,22 99,14 99,18 99,09 99,10 99,12 99,15 99,11 99,12 99,12 99,10 99,09 99,02 99,03 98,97 99,02 98,95 Venezuela 101,81 101,62 101,76 101,45 101,33 101,44 101,73 101,66 101,45 101,21 100,97 100,87 101,29 101,21 101,39 101,57 101,51 Fuente: Cálculos propios. La siguiente tabla presenta el peso relativo de cada módulo dentro del resultado global del índice así como la importancia relativa de cada indicador dentro del módulo correspondiente. Módulo o sub-índice % Indicador Dependencia de las exportaciones 33,33 Exportaciones de combustibles/ exportaciones totales (%) Dependencia de la economía 33,33 Renta petrolera/PIB (%) Dependencia fiscal 33,33 Renta petrolera/ingresos fiscales (%) 64 Definición Ventas al exterior de petróleo y derivados como porcentaje de las ventas totales de bienes y servicios al exterior. Diferencia entre el valor de la producción de crudo a precios internacionales y sus costos de producción como porcentaje de la producción interna bruta. Diferencia entre el valor de la producción de crudo a precios internacionales y sus costos de producción como porcentaje de los ingresos fiscales totales. Fuente: % Banco Mundial. 100 Banco Mundial. 100 Banco Mundial. 100 RESULTADOS DE LOS SUB-ÍNDICES DEL POTENCIAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA El índice de potencial para la diversificación económica, está construido a partir de 4 sub-índices: capital humano, gestión macroeconómica, capital institucional y libertad económica. Capital humano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 98,94 99,02 99,11 99,21 99,32 99,37 99,41 99,46 99,51 99,56 99,51 99,46 99,40 99,35 99,29 99,25 99,21 Colombia 99,85 99,84 99,83 99,82 99,81 99,73 99,65 99,57 99,50 99,42 99,44 99,46 99,49 99,51 99,54 99,55 99,55 Ecuador 100,57 100,49 100,39 100,30 100,19 100,18 100,17 100,16 100,14 100,13 100,12 100,11 100,11 100,10 100,09 100,08 100,08 México 100,55 100,58 100,61 100,63 100,66 100,74 100,82 100,90 100,97 101,05 101,09 101,13 101,17 101,21 101,25 101,30 101,33 Perú 101,32 101,35 101,38 101,41 101,43 101,39 101,36 101,31 101,27 101,22 101,19 101,17 101,14 101,11 101,08 101,04 101,01 Venezuela 98,78 98,73 98,68 98,63 98,59 98,58 98,59 98,60 98,61 98,63 98,65 98,67 98,70 98,72 98,76 98,79 98,83 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 99,87 100,08 100,59 100,52 100,21 100,41 100,21 100,02 99,31 Fuente: Cálculos propios. Gestión macroeconómica 1996 Brasil 100,27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 99,55 99,79 100,30 99,48 99,12 100,12 99,77 99,68 100,12 100,19 100,19 100,45 99,62 99,38 99,65 99,67 99,82 99,76 99,31 100,00 99,59 99,91 99,58 99,88 99,76 99,69 99,36 99,24 99,90 99,95 99,68 100,40 100,04 99,97 100,12 99,86 99,68 99,60 100,24 Ecuador 100,10 México 100,85 100,58 100,85 100,77 100,94 Perú 100,51 100,97 100,18 100,84 100,42 100,28 101,00 100,94 100,52 100,84 100,96 101,08 101,30 101,09 101,26 101,03 101,17 99,47 99,07 98,84 99,45 99,67 99,89 100,20 99,72 98,55 99,48 2004 Colombia Venezuela 99,51 2003 99,78 99,87 100,29 100,40 100,03 99,84 98,53 98,46 100,02 100,06 100,05 Fuente: Cálculos propios. 65 99,95 99,61 99,17 98,78 99,86 100,10 99,19 99,73 Capital institucional 1996 Brasil 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 101,01 101,01 101,09 101,09 101,09 101,09 100,96 100,89 100,75 100,73 100,65 100,62 100,74 100,85 100,88 100,77 100,71 Colombia 99,47 99,47 99,49 99,49 99,45 99,45 99,82 100,03 100,12 100,40 100,63 100,74 100,77 100,58 100,62 100,69 100,62 Ecuador 99,83 99,83 99,62 99,62 99,32 99,32 99,29 99,41 99,40 99,29 99,06 99,20 99,13 99,06 99,14 99,21 99,28 México 100,20 100,20 100,52 100,52 100,86 100,86 101,08 100,97 100,99 101,08 100,96 100,82 100,59 100,66 100,52 100,56 100,65 Perú 100,57 100,57 100,47 100,47 100,31 100,31 100,25 100,28 100,35 100,02 100,13 100,17 100,30 100,32 100,38 100,36 100,37 Venezuela 98,92 98,92 98,80 98,80 98,97 98,97 98,60 98,42 98,39 98,49 98,56 98,45 98,47 98,53 98,45 98,42 98,37 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 99,93 99,57 99,82 99,65 99,65 99,71 Fuente: Cálculos propios. Libertad económica Brasil 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 99,06 99,68 99,55 99,48 99,21 99,61 99,63 99,67 100,13 100,33 100,41 Colombia 100,81 100,42 100,28 100,25 100,18 100,64 100,42 100,40 100,17 99,99 100,04 100,54 100,37 100,45 100,24 100,31 100,29 Ecuador 100,26 100,48 100,68 100,50 100,39 100,00 100,00 99,86 México Perú Venezuela 99,80 99,72 100,44 100,09 99,69 100,01 99,99 100,28 99,97 99,93 99,73 99,81 99,51 99,51 100,24 100,07 100,23 100,59 100,51 100,00 101,21 100,85 100,80 101,02 100,82 100,47 100,42 100,39 100,69 100,50 100,56 100,72 100,39 100,53 100,42 100,55 100,50 100,87 100,70 100,84 101,03 100,91 100,89 99,71 99,65 99,74 99,40 99,38 99,52 99,34 99,29 98,80 98,97 98,84 98,91 98,38 98,65 98,49 Fuente: Cálculos propios. La siguiente tabla presenta el peso relativo de cada módulo dentro del resultado global del índice así como la importancia relativa de cada indicador dentro del módulo correspondiente. 66 98,72 98,54 Módulo Capital humano Gestión macroeconómica % 25 25 Indicador Definición Índice de capital humano. Variación del PIB real (%) Poder adquisitivo de la moneda Ocupación de la fuerza de trabajo (%) Capital institucional 25 Efectividad del Gobierno WGI 67 Medida de los años de escolaridad media de la población en función del retorno Minceriano de la educación. Cambios porcentuales anuales en la producción interna bruta a precios constantes en dólares PPA. Poder adquisitivo o poder de compra de la moneda en el mercado doméstico de cada país con base 100:1995. Cantidad de trabajadores ocupados como porcentaje de la fuerza de trabajo total de cada país. Reflejo de las percepciones de la calidad de los servicios públicos y del servicio civil, así como su grado de independencia de presiones políticas; la calidad y el compromiso gubernamental en la formulación, y aplicación de las políticas públicas. Fuente: Base de datos de productividad y acumulación de factores en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. % 100 Banco Mundial. 40 Banco Mundial, con información del Banco Central de cada país. 35 Banco Mundial, con información del organismo laboral oficial de cada país. 25 Indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial. 25 Reflejo de las percepciones de la calidad del Gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones que permitan y fomenten el desarrollo del sector privado. Calidad regulatoria Reflejo de las percepciones de la confianza de los agentes económicos en el cumplimiento de las reglas de la sociedad, en particular en el grado de cumplimiento de los contratos, de los derechos de propiedad, de las fuerzas policiales, y de las cortes, así como la probabilidad de que ocurran hechos delictivos o violentos. Estado de Derecho Libertad económica 25 Medida compuesta de ausencia de las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Libertad de comercio internacional 68 Indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial. 25 Indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial. 50 25 The Heritage Foundation. Medida de la carga del Gobierno desde el punto de vista de los ingresos. Incluye la carga impositiva en términos de tasa impositiva máxima sobre ingresos (personales y corporativos en forma separada) y el monto total de los ingresos fiscales como porcentaje del PBI. Evaluación del libre flujo de capital, en especial, del capital extranjero. Libertad fiscal Libertad de inversión Medida relacionada con la seguridad bancaria, la independencia del control gubernamental y la importancia relativa de la propiedad estatal de bancos y otras instituciones financieras (mercados de capitales y empresas de seguros). Libertad financiera 69 The Heritage Foundation. 20 The Heritage Foundation. 30 The Heritage Foundation. 25 Los pesos relativos responden a la evidencia que certifica dichas variables y sus dimensiones como determinantes para la diversificación económica de las naciones ricas en recursos naturales, a las cuales se añadieron varios parámetros de valoración de las libertades económicas. Cada indicador fue estandarizado a través de la siguiente fórmula: Z (i, p ) x(i, p ) X i si Donde: Z (i, p ) : valor estandarizado del indicador i para el país p. X (i, p ) : valor no estandarizado del indicador i para el país p. X i : promedio aritmético de los valores no estandarizados del indicador i para todos los países. Si : desviación típica de los valores no estandarizados del indicador i para todos los países. La estandarización permite establecer comparaciones en el desempeño de indicadores expresados en escalas diferentes. La magnitud del valor estandarizado indica a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra el valor original. Los índices, así como cada uno de sus módulos o sub-índices, tienen una media o valor central igual a 100, que representa el promedio aritmético de todos los países incluidos en el estudio entre 1996 y 2012. Cualquier puntuación de un determinado país por encima del valor central de 100, indicará una mejor posición relativa en comparación con los restantes países y, en contraposición, toda puntuación menor a dicho valor central indicará una peor situación relativa. De igual forma, cada punto de variación -con sus correspondientes decimales- por encima o por debajo del valor central de 100 representa una desviación típica respecto al valor central. 70