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T.H.E.
TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA
Facultad de Economía - PUCE
BOLETÍN ELECTRÓNICO
Coordinador: Dr. Juan J. Paz y Miño Cepeda
jpazymino@puceuio.puce.edu.ec
Quito, Octubre 11 de 2001 - Año III - No. 01
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El BOLETÍN ELECTRÓNICO del T.H.E. (mensual) es un sistema de información preferentemente
orientado a la economía y la historia económica del Ecuador en el contexto Latinoamericano. Tiene el
objetivo de contribuir al conocimiento y a la discusión académica universitaria. En ese marco serán
apreciadas las sugerencias y difundidas las colaboraciones. (Queda autorizada la difusión del Boletín,
citando la fuente).
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Sumario:
1.
2.
3.
4.
¡SALUDOS…!
BANCOS, BANQUEROS Y LEYES BANCARIAS. Juan J. Paz y Miño Cepeda.
EL MERCADO DE TRABAJO EN EL ECUADOR. Roberto Posso O.
ANÁLISIS DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL 2002. Santiago
Vásquez C.
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1. ¡SALUDOS…!
Con el inicio del nuevo año académico de la P.U.C.E. volvemos a la difusión de
nuestro “Boletín Electrónico” y a las otras actividades de investigación desarrolladas en
el “Taller de Historia Económica” (T.H.E.). ¡Iniciamos el TERCER AÑO de vida del
Boletín….! Y esperamos que continúe sirviendo como un instrumento para la reflexión
y el estudio.
Agradecemos a los amigos y amigas por su interés en los materiales que
difundimos, así como a los colaboradores de cada número…. y a los que deseen
enviarnos sus trabajos para ser considerados en los Boletines futuros.
Les auguramos mucho éxito en sus propias actividades.
Con un atento saludo,
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Taller de Historia Económica – T.H.E. – P.U.C.E.
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2. BANCOS, BANQUEROS Y LEYES BANCARIAS
Revista GESTIÓN, Quito, Agosto de 2001, No. 86 (http://www.gestion.dinediciones.com/)
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Primeros bancos
El primer banco fundado en el Ecuador fue el Particular de Manuel Antonio de
Luzarraga (1859-60), establecido en Guayaquil. Estuvo facultado a emitir “billetes de
banco” (el PESO “feble” de 8 reales era la unidad monetaria) con respaldo en metales
preciosos (sistema bimetálico). El banco también debía otorgar créditos a los gobiernos.
A ese primer banco siguieron otros, alentados por la política modernizadora del fanático
caudillo conservador Gabriel García Moreno (1860-75): el Particular de Descuento y
Circulación (1862), el Banco del Ecuador (1868), que se constituyó en el principal
banco del siglo XIX, el de Crédito e Hipotecario (1871) y el de Quito (1869).
Para regular su actividad, se expidió la primera Ley de Bancos en 1871, a la que
siguió la expedida por la Asamblea Nacional de Ambato, el 31 de mayo de 1878
(Ejecutada por Ignacio de Veintemilla, el 4 de junio de 1878) y después otra expedida
por la Asamblea Nacional de Quito, el 9 de junio de 1897 (Ejecutada por Eloy Alfaro, el
11 de junio de 1897). En 1884 se adoptó el SUCRE como unidad monetaria del país y
en 1898 se dictó la nueva Ley de Monedas (rigió desde 1900), que introdujo el “patrón
oro” y la convertibilidad. Solo en 1927, gracias a la Revolución Juliana (1925) y con el
concurso de la Misión Kemmerer, se expidió la nueva Ley General de Bancos, al propio
tiempo que fueron creados el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
La Primera Ley de Bancos
El 3 de noviembre de 1871, el Congreso Nacional de Quito dictó la primera Ley
de Bancos (25 artículos), que el presidente Gabriel García Moreno ejecutó el 7 de ese
mes (“El Nacional”, 13 noviembre, 1871). Ningún banco de emisión podía establecerse
en el Ecuador sino con sujeción a esta ley, los existentes tenían seis meses para
manifestar por escrito su conformidad con ella y los estatutos de cualquier banco debían
ser obligatoriamente aprobados por el gobierno. El directorio de los bancos se sujetaba a
lo dispuesto por los estatutos.
Las acciones de los bancos eran transferibles únicamente después de hallarse
totalmente pagadas, pero la responsabilidad de los accionistas que transferían sus
acciones no cesaba en cuanto a las obligaciones del banco nacidas un año antes e
incluso un año después. Las acciones eran indivisibles y tampoco podían servir de
garantía para préstamos de dinero. Ningún banco podía iniciar ni mantener operaciones
sin contar en caja con las 3/5 partes del valor de sus acciones, debiendo los accionistas
cubrir su parte no entregada con el mismo interés que cobraba el banco por préstamos o
descuentos. El accionista moroso en la consignación del dividendo correspondiente
pagaría al banco una multa de 100 a 1.000 pesos, pero pasados los tres meses de mora,
perdía sus acciones en beneficio del banco. Los bancos no podían aumentar sus acciones
sin previo conocimiento del Poder Ejecutivo, pero podían fundirse en una sola
institución.
La emisión
La emisión de billetes no podía exceder del triple del capital real “consignado
por los accionistas en moneda metálica efectiva” y todo exceso se aplicaría al fisco
como multa, además de recogerse los billetes. Todo banco estaba obligado a mantener
un fondo de reserva, al cual debían destinarse la mitad de las ganancias líquidas anuales,
después de deducido el 12% por la porción entregada por los accionistas. Este fondo
debía emplearse íntegramente, cada año, en traer del extranjero moneda de plata legal y,
además, estaba destinado a reparar las pérdidas del capital social y a completar el
dividendo del 12% anual por las cuotas entregadas por los accionistas. La ley dispuso
claramente: “Todos los accionistas que hubieren tomado indebidamente el fondo de
reserva serán castigados con una multa igual a la cantidad indebidamente tomada”.
Ningún billete sería inferior a 1 peso. Se dio un año de plazo para que todos los
billetes emitidos lleven el sello del Ministerio de Hacienda, al costo de medio centavo
por cada billete y bajo sanción de multa de 100 a 1.000 pesos por cada caso de
incumplimiento. Los billetes podían cambiarse por metálico (convertibilidad), bajo
multa de 10 a 100 pesos por incumplimiento, repartida la mitad en beneficio del dueño
del billete y la otra mitad para el fisco; pero en caso de reincidencia (dentro de los 30
días siguientes) cesaría el funcionamiento del Banco y la circulación de sus billetes.
Tajantemente el artículo 4 de la ley estableció: “Todo accionista es responsable
de las obligaciones contraidas por el Banco, no sòlo hasta el monto de su acción, sino
hasta una cantidad igual a la que le haya correspondido proporcionalmente en la
emisión de billetes. El juez de comercio calificará la solvencia de los accionistas,
exigiendo a los que no fuesen suficientemente solventes o dejasen de serlo, una garantía
personal bastante para asegurar la responsabilidad. Si las acciones no se encontraren
garantizadas, como lo previene este artículo, se suprimirá el Banco".
Prohibiciones y responsabilidades
La ley prohibió a los bancos todas las operaciones que no sean de compra-venta
de oro o plata, de créditos, de letras de cambio, depósitos, descuentos y de préstamos
con garantía. Además, les prohibió expresamente: “tomar parte directa o indirecta en
empresas industriales y aun en mercantiles”, “adquirir propiedades inmuebles” (excepto
las necesarias para su propio funcionamiento), “prestar dinero sobre depósito de
acciones de sociedades de cualquier especie, aunque sean las acciones del mismo
Banco, o comprarlas o adquirirlas de cualquier modo”, “hacer estipulaciones con otros
Bancos y con el objeto de fijar la tasa de los intereses o descuentos para impedir la baja”
y “celebrar compromisos que estorben el establecimiento de sucursales”. La
transgresión de estas normas prohibitivas acarreaba la supresión del banco. Ni gerentes
ni cajeros podían ser deudores del banco. Los directores eran, además, responsables por
fraude, ineptitud o mala conducta en el desempeño de su cargo, debiendo indemnizar
por los perjuicios causados al establecimiento, así como responder las obligaciones que
por sus actos se hayan contraido para con el público.
Los bancos estaban obligados a informar al gobierno mensualmente sobre su
situación. El incumplimiento era sancionado con multa y la falsedad de los informes
ocasionaba el cierre del banco. Además, debían presentar un balance y cuentas anuales,
examinados por una comisión de accionistas en la que no participaban los directivos. El
gobierno tenía derecho a examinar en todo momento la situación de un banco. Podía
controlar, seguir y vigilar las operaciones bancarias, especialmente la emisión y cambio
de billetes. Finalmente, los bancos debían pagar la contribución general del uno por mil
sobre todo el capital de los billetes emitidos.
Un significado histórico
La primera Ley de Bancos pretendió, pues, que el Estado ejerza un control
permanente y severo sobre las actividades bancarias, sus accionistas y sus directivos.
Exigía que el negocio bancario se dedique solo a eso y a nada más. Evitaba con ello la
extensión del banco a actividades que no correspondían a su propia naturaleza. La ley
quiso impedir que tanto los accionistas como los directivos se beneficiaran de la
emisión, las reservas y los recursos depositados (negocios “vinculados”). Sancionaba
personalmente a los infractores, de manera que respondan así ante el Estado y ante los
clientes. Sin embargo, a pesar de las previsiones, los bancos y los banqueros lograron
escapar, en múltiples aspectos, a la severidad pretendida por el Estado y a los controles
de los gobiernos.
En contraste con aquella época, la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero (Ley No. 52, R.O../ Sup. 439 de 12 de mayo de 1994), dictada por el
gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96), permitió a los bancos y a los banqueros
ampliar sus actividades, extender sus negocios y vincular sus créditos ampliamente.
Incluso la responsabilidad personal de accionistas y directivos fue flexibilizada al
máximo. Nada raro, entonces, que, bajo el amparo de una ley tan “generosa” e
irresponsable, se cultivara, en los últimos años del siglo XX, un clima de corrupción
entre una serie de bancos y banqueros, que agravaron la desestabilización financiera del
Ecuador, bajo el imperio de sus intereses particulares y en contra de los intereses de la
nación y del Estado.
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3. EL MERCADO DE TRABAJO EN EL ECUADOR.
Laboratorio de Economía, Revista de la Facultad de Economía de la P.U.C.E., Año IV, No. 6, Quito,
junio de 2001.
Roberto Posso O.
(Subdecano de la Facultad de Economía)
1.
Introducción
Durante las dos últimas décadas, el mundo ha sufrido profundas y rápidas transformaciones
que han obligado a los países en vías de desarrollo a introducir grandes cambios en sus
sistemas económicos. Los cambios más importantes han sido de carácter político, tecnológico
y social y pueden resumirse en:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
El fin de la guerra fría entre los países de occidente y los del área
socialista;
Los rápidos cambios tecnológicos ocurridos como consecuencia de la
aplicación de los principios de la cibernética y de la genética a los procesos
productivos;
La reducción de las barreras a los movimientos internacionales de capital;
La crisis financiera y social vinculada con el problema de la deuda externa;
En el caso de América Latina, el agotamiento del modelo de desarrollo
basado en la sustitución de importaciones;
El crecimiento registrado en el sector servicios, aunque todavía no se tiene
una adecuada metodología para medirlo1, y,
La migración de trabajadores ha crecido muy rápidamente, aunque también
han crecido las restricciones legales para los libres movimientos de la
mano de obra.
Esos acontecimientos contribuyeron para que sea propicia la
implementación de la "reforma estructural", y dentro de este esquema la
adopción de una nueva política económica que se caracteriza por imponer
nuevas restricciones. Esta circunstancia a su vez está provocando una serie de
cambios que se reflejan en nuevas formas de organización de los trabajadores
y en el propio comportamiento del mercado laboral. Mientras las naciones del
orbe se encuentran ajustando sus economías a las nuevas demandas de la
reforma estructural, en algunos países ese proceso ha sido implementado con
miras a lograr ventajas en el mercado global. La reubicación del factor trabajo
está íntimamente relacionada con la eliminación de subsidios que distorsionan
el costo de producción así como el de las tasas de retorno del capital.
Los procesos de ajuste estructural2 (objetivo de mediano plazo dentro de la
reforma estructural) requieren la reasignación del factor mano de obra debido a
que el mercado laboral se ha vuelto competitivo como consecuencia de nuevas
regulaciones laborales que han entrado o están por entrar en vigencia.
Como resultado de la competencia externa, la mano de obra previamente dedicada a la
producción de determinados bienes y servicios puede cambiarse para desempeñar actividades
en las cuales la industria nacional sea internamente competitiva o hacia la producción de
bienes transables en el exterior.
El colapso de las economías centralmente planificadas y la falla del "poder de la
planificación" para reasignar al factor trabajo en las economías de mercado, es la demostración
1
United Nations Development Programme, The employment challenge, an agenda for global actions, Copenhagen,
March 1995.
2
Para mayores detalles referirse a Doryan, Eduardo, et. Al., Economía y reconversión industrial: conceptos, políticas
y casos, INCAE, La Huella Impresores, Quito.
de las dificultades que se presentan al tratar de reasignar al factor trabajo a través de medios
institucionales y no a través del mecanismo del mercado. Por esta razón, los programas
ortodoxos de ajuste tratan de reubicar a la fuerza laboral utilizando el mecanismo del mercado
laboral.

Algunas consideraciones generales respecto del mercado de trabajo
Comunicaciones rápidas y confiables permiten que se facilite el flujo de capitales a través de
las fronteras de los países y hacen de esta manera, que las diferentes etapas de la producción
tengan localizaciones óptimas -en un determinado tiempo- sin importar las fronteras de las
economías nacionales. Un creciente número de productos pueden ser comercializados en
cualquier parte del mundo, sin importar donde fueron producidos. Esta circunstancia ha incidido
para que las ventajas comparativas basadas en la abundancia de recursos naturales tienda a
desaparecer. Ahora es posible que cualquier nación produzca cualquier clase de bienes, con la
única condición de que sean de calidad y de que tengan precios competitivos.
Muchos países en vías de desarrollo, así como también los industrializados,
están ajustando sus procesos productivos a este nuevo régimen competitivo
que ha impuesto la globalización de la economía mundial. Cambios en los
precios relativos de los bienes, el aparecimiento de nuevas industrias y el
desaparecimiento de otras, son las manifestaciones más visibles del ajuste.
Por otra parte, hay que mencionar que existen esfuerzos para crear normas internacionales
que regulen la competencia. Tal es el caso de lo que sucede con los países miembros de la
Unión Europea, de la Organización Mundial de Comercio, del Acuerdo de Libre Comercio de
América del Norte, del Mercosur y de la Comunidad Andina.
Un elemento importante en el proceso de ajuste es la asignación de los recursos
productivos (capital y trabajo) y no solamente la liberalización del comercio o la liberalización
combinada con un programa formal de ajuste macroeconómico, como se cree en forma muy
generalizada. La reubicación del factor trabajo está íntimamente relacionada con la eliminación
de subsidios que distorsionan el costo de producción y las tasas de retorno del capital. De esta
manera, las políticas ortodoxas de ajuste permiten que las inversiones busquen la tasa de
retorno más alta, en un mercado menos restrictivo.
Los procesos de ajuste también requieren la reasignación del factor mano de obra cuando el
mercado laboral se vuelve competitivo y por lo tanto nuevas regulaciones laborales deben
entrar en vigencia.
El mercado laboral asigna los salarios de la mano de obra a través del mecanismo de los
precios. Cambios de demanda de una específica clase de trabajo, con relación a una oferta fija,
pueden resultar en un aumento o una disminución de los salarios.
En la práctica, existen varios obstáculos para que se dé una eficiente asignación del factor
trabajo. De manera general puede afirmarse que el mercado del trabajo es un "mercado
imperfecto". Las interferencias institucionales que existen en el campo de los salarios son
consideradas como una garantía para la eficiencia y constituyen parte de lo que se considera la
equidad social. La legislación sobre salarios mínimos y sobre estabilidad laboral son
frecuentemente implementados como una forma de evitar la desazón que se produce por los
inevitables y constantes cambios en el mercado. Estas intervenciones pueden contribuir a la
eficiencia del mercado laboral a través de un fortalecimiento del consenso social que permite
que el mercado laboral funcione sin las alteraciones que provocan las disputas entre
trabajadores y empleadores.
En algunos casos las interferencias institucionales pueden constituirse en
obstáculos para una eficiente asignación del factor trabajo. Políticas o normas a
favor de algunos trabajadores e industrias sobre otros, pueden resultar en
"rigideces" de mercado que no permiten cambios relativos en los salarios y por
ende no provocan una respuesta aceptable de la oferta. Estas rigideces del
mercado generan el aparecimiento de "elites" o de grupos elitistas que tienen
un tratamiento salarial preferencial y sus remuneraciones son más altas que
aquellas que el mercado señala para empleados con las mismas habilidades y
destrezas que los que no pertenecen a las elites.
Las intervenciones institucionales que han sido creadas para moderar las
"distorsiones" laborales, no son las únicas imperfecciones del mercado. Las
discriminaciones por razones de género, raza, cultura, etc., así como la
colusión entre empleadores con poder monopólico, inciden en la pérdida de
eficiencia y en una mala asignación de la fuerza laboral. Adicionalmente, las
imperfecciones en otros mercados (de capital y de bienes) inciden,
frecuentemente, en un mal funcionamiento del mercado laboral.
2.
El mercado de trabajo en el Ecuador
Desde el punto de vista de la organización, en el mercado de trabajo ecuatoriano se han
identificado cuatro segmentos:
i.
ii.
iii.
iv.
Los trabajadores del sector privado cuyas relaciones laborales se
encuentran reguladas por el Código del Trabajo.
Los empleados del sector público, cuyas relaciones se rigen por normas
específicas constantes en la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.
Un segmento asalariado que trabaja en el sector público y que se rige
por las disposiciones del Código del Trabajo; y,
Los trabajadores independientes o por cuenta propia, que no están
protegidos por ninguna norma escrita.
La oferta de trabajo en el país está integrada por los desempleados del
sector privado (que han aumentado como consecuencia de la crisis y del
desempleo tecnológico ocasionado por la reingeniería de procesos 3 que han
emprendido algunas empresas del país), por los trabajadores del sector público
que han decidido acogerse al mecanismo de "venta de renuncias" y por la
nueva población económicamente activa que se incorpora anualmente.
En el caso del Ecuador, no obstante que durante los años 1990-1996 la
economía ha crecido a tasas relativamente aceptables (cuadro N o 2), en el
mismo período, las tasas de subempleo y desempleo (cuadro N o 1) han
registrado una tendencia decreciente conforme puede apreciarse en el
siguiente cuadro.
CUADRO No 1
PROYECCIONES ECONÓMICAS DE OCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN Y
DESOCUPACIÓN
3
Heilbroner, Robert, Thurow, Lester, Economía, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. sétima edición, México,
1984, pág. 600.
Proyección modificada
Año SUBOCUPAD DESOCUPAD
OCUPADO
SUBTOTAL
s
OS
OS
S
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
TOTAL
43.33
13.73
57.06
42.94
100.00
42.70
13.29
55.99
44.01
100.00
42.05
13.02
55.07
44.93
100.00
41.26
12.20
53.46
46.54
100.00
40.57
11.60
52.17
47.83
100.00
39.90
10.93
50.83
49.17
100.00
39.31
10.26
49.57
50.43
100.00
FUENTE: Salgado Germánico, El Ecuador del mañana, una ruta con problemas, p. 210
En las cifras que aparecen en el cuadro precedente, se puede identificar que un importante
sector de la fuerza laboral está subutilizado. Este hecho se lo puede catalogar como un
problema grave que requiere de una pronta y adecuada solución.
En un estudio realizado en el año 1992 sobre la "Informalidad Urbana" -con el
auspicio del CONADE, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE)- se ha detectado que en el caso de
la manufactura, las tasas de subempleo invisible4 más elevadas se registran en
las microempresas y en los talleres artesanales. Tal circunstancia se presenta
debido a que los trabajadores que prestan sus servicios en esas unidades
productivas tienen, con el dueño del taller, una relación de parentesco antes
que una relación laboral propiamente dicha.
Por otra parte, hay que recalcar en el hecho de que con la crisis iniciada a
comienzos de la década de los años 80, en el Ecuador se ha acentuado la
migración del campo a la ciudad5, evento que sin duda ha incidido para que el
dinamismo urbano que se dio con la era petrolera haya perdido el impulso que
registró a comienzos de la década de los 70. También es importante recordar
que en los últimos años existe un evidente incremento en la participación de la
mujer en la fuerza de trabajo. Estas particularidades, adicionalmente, generan
un excedente de oferta de mano de obra en las áreas urbanas y se estima que
esta circunstancia está influyendo en el crecimiento tanto de los índices de
desocupación cuanto en los de subempleo bien sea visible como también
invisible.
Para solucionar el problema que causa la migración campesina sobre el
4
5
Aquellos ocupados que trabajan cuarenta horas semanales pero que perciben un salario inferior al mínimo vital.
United Nations Developmnet Programme, The employment challenge op.cit., p. 6.
desempleo, es necesario poner en marcha dos mecanismos: el primero se
relaciona con la adopción de una política de capacitación dirigida a los
trabajadores agrícolas y el segundo se refiere a una mejora sustancial en los
niveles de remuneraciones del sector. A través de estas dos políticas, la de
capacitación y la de mejora de remuneraciones en el sector agrícola, se podrá
reducir el excedente de mano de obra que, sin ninguna o muy poca calificación,
se está aglutinando en las ciudades del país.
Al propio tiempo y en forma complementaria a lo sugerido anteriormente, se
hace indispensable mejorar e intensificar la capacitación de los trabajadores
urbanos en ciertas actividades, especialmente de aquellos que se encuentran
vinculados con los sectores artesanal, de la construcción y del transporte.
Respecto de los niveles salariales, cabe indicar que en el país las
remuneraciones, de manera general, se fijan periódicamente, a través de
negociaciones directas entre empleadores y trabajadores. Las partes acuerdan,
entre otros aspectos, los niveles salariales en términos nominales. Dichas
remuneraciones se ven influenciadas directa o indirectamente por lo ajustes
que el Gobierno Central determina cada seis meses, a través del Consejo
Nacional de Salarios -CONADES6-, para el salario mínimo vital o cualesquiera
de las remuneraciones complementarias (costo de vida, transporte, etc.). Las
partes establecen una tabla salarial compuesta por un salario básico que
corresponde a un determinado número de horas semanales de trabajo y su
nivel equivale al tipo de trabajo a desempeñar.
No obstante que las características más importantes del mercado laboral
ecuatoriano, que se han mencionado en los párrafos anteriores hacen pensar
que dicho mercado es "tremendamente" imperfecto debido a que se aparta de
todos los principios de la teoría económica, en la realidad se trata de un
mercado "normal". Es oportuno indicar que de acuerdo con la teoría
económica, en el corto plazo, los incrementos de los salarios nominales van
acompañados de un aumento de la producción y de una disminución del
desempleo hasta que los trabajadores se dan cuenta de que un incremento de
los salarios nominales no es más que una respuesta "lógica" a la subida del
índice general de precios. En este modelo, el lento ajuste de las
remuneraciones se debe a la ineficiente (imperfecta) información que tienen los
trabajadores sobre los cambios en los niveles de precios.
Para explicar la rigidez de los salarios a largo plazo se debe recordar que las
condiciones de trabajo y los niveles de salario se negocian periódicamente,
pero no frecuentemente, ya que la revisión frecuente de los salarios es costosa.
Los salarios tienden a subir cuando el desempleo es bajo y a bajar cuando el
desempleo es alto.
La teoría de los salarios de eficiencia pone énfasis en el hecho de que el
salario es un eficaz instrumento para motivar a los trabajadores debido a que el
esfuerzo que realizan tiene relación con la remuneración que perciben. Las
empresas pueden desear pagar bien a sus trabajadores para obtener una
mejor productividad, pero ese hecho podría significar que deben aumentar los
precios de los bienes o servicios que producen.
6
Conformado por representantes de los empleadores, trabajadores y del Gobierno.
Si se considera que la modificación de los precios tiene costos, la teoría de
los salarios de eficiencia determina que los salarios nominales presentan una
cierta rigidez, aunque se sepa que los costos de modificar los precios sean
bastante bajos. Estas condiciones teóricas operan en el mercado laboral del
país.
Por otra parte, bajo los lineamientos de la reforma estructural en la cual están empeñados
los países latinoamericanos, los niveles salariales no deben estar determinados por factores
ajenos a la productividad marginal, como ocurrió en el pasado, sino que deben responder a la
productividad y eficiencia del factor trabajo, conforme lo exige la globalización y la apertura de
la economía.
Con el propósito de tener una mejor idea respecto de las características del
mercado laboral ecuatoriano, en este trabajo se utilizarán algunas de las
estimaciones estadísticas que aparecen en la publicación "El Ecuador del
mañana, una ruta con problemas"7 editada por la Corporación de Estudios para
el Desarrollo. Respecto de la capacidad que tienen distintas actividades
económicas para generar empleo, se aplicará el coeficiente trabajo-producto
por sectores económicos:
CUADRO No 3
COEFICIENTE TRABAJO-PRODUCTO
POR SECTORES ECONÓMICOS
Proyecciones básicas (a precios constantes de 1982)
ACTIVIDADES
COEFICIENTE
Agrícolas
17.00
Petróleo
0.14
Industria
3.73
Energía
3.42
Construcción
4.03
Comercio
4.41
Transporte
2.89
Finanzas
0.81
Servicios
12.05
FUENTE: Salgado, Germánico, El Ecuador del mañana, una ruta con
problemas, CORDES, Quito, pág. 159.
Los coeficientes que aparecen en el cuadro anterior permiten inferir, en términos reales,
7
"Para obtener las estimaciones de empleo y variables relacionadas se utilizó el modelo MACBETH (Microcomputer-based-employment-heurustic) desarrollado dentro del Proyecto de investigación conjunta OIT-BID para
el Ecuador. El modelo fue elaborado de 1983 a 1985…"
respecto del trabajo necesario para obtener una unidad de producto. Así, por ejemplo, la
industria –en la que se encuentran incluidas las actividades artesanales- tiene un coeficiente
que es casi la quinta parte del que corresponde a la actividad agrícola. Las actividades de la
construcción y el comercio necesitan algo menos de la cuarta parte del trabajo que requiere la
agricultura. Esta circunstancia indica que las actividades primarias utilizan más mano de obra
por unidad de producto de lo que hacen los otros sectores de la economía y, en consecuencia,
se puede afirmar que la mano de obra agrícola se caracteriza por tener una menor
productividad si se la compara con el resto de sectores de la economía ecuatoriana.
Relacionando el coeficiente Trabajo-Producto con los niveles educacionales,
se obtiene la información que aparece en el cuadro N o 4. En la referida
información estadística, se clasifican dentro del “nivel I” a los trabajadores sin
ninguna educación o a aquellos que han cursado hasta el sexto nivel de
escuela primaria. En el “nivel educacional II” están incluidos los trabajadores
con educación secundaria total o parcial y en el “nivel III” los trabajadores que
tienen educación universitaria completa o parcial.
Los coeficientes que aparecen en el referido cuadro N o 4 representan la demanda creciente
de mano de obra conforme aumenta el nivel educacional de la misma. Igualmente muestran el
cambio técnico que se espera deben tener las distintas actividades productivas. El cambio de
los coeficientes del sector industrial representa una modificación relativa importante para
determinar la demanda de mano de obra, dado el grado actual de desarrollo de la economía
ecuatoriana.
Merece destacarse el hecho de que en la agricultura se aprecia una
disminución relativa de la demanda de trabajo con bajos niveles de instrucción,
situación que es lógica dado el grado de desarrollo que ha alcanzado la
economía ecuatoriana.
Analizando la proyección de la demanda de trabajo por sectores económicos
(Cuadro No 5), se puede apreciar que el sector industrial registra, en el período
analizado, un crecimiento moderado, que incluso podría calificarse de
“estacionario”, ya que, durante los diecisiete años que incluye la proyección, se
sitúa alrededor del 15 por ciento de la demanda total. El sector servicios, por su
parte, registra una importante demanda de mano de obra y se estima será el
sector que posiblemente absorba a los trabajadores que deben dejar la
actividad petrolera, conforme se acentúe el agotamiento de las reservas del
hidrocarburo.
La diferencia de comportamiento de la demanda futura de trabajadores
calificados y no calificados parece no ser importante8 y eso se desprende de
las proyecciones de oferta de mano de obra que se ha logrado obtener de la
misma fuente que elaboró las proyecciones de demanda de mano de obra.
En el siguiente cuadro aparece la oferta total de mano de obra para el
periodo 1995-1999.
CUADRO No 6
8
No obstante, una de las recomendaciones que está haciendo Naciones Unidad a través del Programa Internacional
de Trabajo, con sede en Ginebra, Suiza, es la de que los Gobiernos deben actuar oportuna y rápidamente en
programas de educación y entrenamiento, con el fin de contribuir al desarrollo económico y la eficiencia de los
mercados laborales.
OFERTA TOTAL DE MANO DE OBRA
AÑOS
TOTAL
1995
1996
1997
1998
1999
4’261.400
4’396.750
4’535.350
4’677.130
4’822.050
FUENTE: Salgado, Germánico, El Ecuador del mañana op.cit., Pág. 178.
Una vez que se dispone de las proyecciones del mercado de trabajo en el Ecuador y se
conoce el posible comportamiento de las funciones de demanda y oferta, se puede determinar
para todos los niveles educacionales y por grupos ocupacionales, cual sería el resultado de la
conducta de esas variables.
Como puede apreciarse en el cuadro No 7, se estima que, de continuar
registrándose la misma tendencia observada en el pasado para la migración
del campo a las ciudades, para fines del siglo XX existirá un déficit de
trabajadores para el sector agrícola. Para el resto de sectores se mantendrá
latente el “fantasma” de la desocupación debido a que se registra un exceso de
trabajadores. Tal exceso podría reflejarse en subempleo o desocupación
abierta. Dentro del campo de las expectativas, se puede inferir que la mayor
probabilidad de que los trabajadores caigan en el rango del desempleo está
vinculada con aquellos que tienen un nivel educacional superior (nivel III) ya
que este grupo, además de suponer que dispone de alguna “reserva” para
subsistir, cuida su status y prefiere la desocupación frente a la posibilidad de
desempeñar una función que no esté de acuerdo con su posición económica y
social.
3.
Conclusiones
El problema del desempleo es un problema global dado que las economías
de los países están cada vez más atadas unas con otras a través de pactos
globales (Organización Mundial de Comercio) y de acuerdos regionales
(Mercosur, Grupo Andino, etc.) y, por lo tanto, la solución a este problema
común también debe ser global.
2. Las sociedades en las cuales existe una “carencia de fe” en trabajos
productivos, bien remunerados y estables son sociedades económicamente
inestables y socialmente inseguras.
3. Aquellas personas que son desplazadas de sus trabajos generalmente no
tienen las habilidades que requieren en las nuevas oportunidades de trabajo
que comienzan a aparecer. Los nuevos trabajos son, generalmente, mal
remunerados, menos seguros y de menor calidad que aquellos que
desaparecen.
4. En América Latina, y por tanto en Ecuador, se registra un rápido crecimiento
de la población en capacidad de trabajar. Especialmente ha crecido la
participación de la mujer en la fuerza laboral y continua la migración del
campo hacia las áreas urbanas.
1.
El Estado está reduciendo su tamaño y, por lo tanto, ha crecido el
desempleo originado en ese agente económico.
6. Las nuevas posibilidades de trabajo se han originado en su mayor parte en
el sector informal de la economía.
7. El desempleo se ha convertido en un fenómeno esencialmente urbano –
contrariamente a lo ocurrido en décadas pasadas- debido a la migración del
campo a la ciudad.
8. La pobreza es mayor en las áreas rurales que en las urbanas debido a que
este fenómeno se relaciona con los niveles educacionales y con la
insuficiencia de empleo en las actividades no agrícolas y la escasa
integración de los mercados.
9. Como consecuencia de la globalización, algunos países han diseñado
erróneamente políticas que promueven la creación de industrias intensivas
en el uso de capital cuando lo que les convendría sería incentivar
actividades productivas en las que el factor que se use de manera intensiva
sea el trabajo.
10. La más importante contribución que los gobiernos pueden hacer al
desarrollo económico y a la eficiencia del mercado del trabajo es a través de
la organización y auspicio de programas de educación formal que involucren
a los estudiantes en procesos de investigación y adiestramiento, para que la
mano de obra pueda utilizar eficientemente los progresos tecnológicos que
aparecen casi en forma cotidiana.
11. En el caso específico del mercado laboral ecuatoriano las proyecciones de
desempleo son desalentadoras para los grupos de trabajadores con niveles
educacionales altos, hecho que debe tomarse muy en cuenta con el
propósito de introducir reformas importantes en el sistema educativo y
especialmente en el de nivel superior.
5.
CUADRO No 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (sucres de 1975)
Años
Agrícol
Industri Energí Construcció Comerci
Petróleo
Transporte Finanzas Servic
a
a
a
n
o
1990
6.1
(0.9)
0.7
(4.1)
(14.9)
3.8
4.5
1.5
1.7
1991
5.9
8.4
3.2
2.2
(1.1)
4.0
6.0
3.0
1.8
1992
3.4
5.8
3.6
2.7
(0.3)
3.0
5.7
2.3
1.2
1993
(1.7)
11.0
2.5
2.1
(4.3)
1.7
4.5
1.0
(0.7
1994
3.9
10.6
4.4
3.1
5.3
3.6
4.2
2.8
0.3
1995
3.2
3.8
2.2
(3.7)
(1.4)
2.2
3.0
1.6
1.0
1996
3.5
(1.9)
3.3
2.8
2.5
4.4
3.1
1.9
0.5
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, No 1742, Abril 30 de 1997.
CUADRO No 4
COEFICIENTES TRABAJO – PRODUCTO POR SECTORES
ECONÓMICOS Y NIVELES EDUCACIONALES
Años
AGRÍCOL
A
PETRÓLE
O
INDUSTRI
A
ENERGÍ
A
CONSTRUCCIÓ
N
COMERCI
TRANSPORTE
O
NIVEL EDUCACIONAL I
1982
1990
1995
1999
16.15
15.45
0.08
0.06
2.39
1.80
1.35
0.86
3.17
2.65
2.57
1.85
1.71
1.15
14.75
13.93
0.05
0.04
1.42
1.11
0.61
0.44
2.24
1.86
1.42
1.08
0.96
0.73
1.40
1.91
2.22
2.45
1.02
1.40
1.64
1.82
0.44
0.65
0.78
0.89
0.17
0.24
0.30
0.34
NIVEL EDUCACIONAL II
1982
1990
1995
1999
0.68
1.22
1.76
2.39
0.03
0.04
0.05
0.05
1.10
1.56
1.85
2.09
1.18
1.41
1.52
1.59
0.62
0.97
1.24
1.49
NIVEL EDUCACIONAL III
1982
1990
1995
1999
0.17
0.33
0.50
0.69
0.03
0.04
0.05
0.05
0.24
0.37
0.46
0.53
0.89
1.15
1.29
1.39
0.24
0.41
0.55
0.67
FUENTE: Salgado, Germánico, El Ecuador del mañana, una ruta con problemas, CORDES, Quito, pág. 160.
CUADRO No 5
DEMANDA DE TRABAJO O MANO DE OBRA POR SECTORES
ECONÓMICOS
CIFRAS EN MILES
Años
AGRÍCOL
A
PETRÓLE
O
INDUSTRI
A
ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
1982
919
7
276
13
151
254
104
1989
1.149
11
268
30
129
266
126
1990
1.191
12
283
32
134
277
132
1991
1.239
12
311
35
142
291
140
1992
1.289
11
342
38
150
306
149
1993
1.338
11
378
41
159
321
159
1994
1.388
11
417
44
168
337
168
1995
1.441
10
461
47
178
352
178
1996
1.494
10
507
49
187
370
187
1997
1.542
9
550
52
195
384
195
1998
1.592
9
597
55
204
399
203
1999
1.638
7
646
57
213
414
212
FUENTE: Salgado, Germánico, El Ecuador del mañana, una ruta con problemas, CORDES, Quito, pág. 163.
FI
CUADRO No 7
EXCESO DE TRABAJADORES POR GRUPOS OCUPACIONALES
(Para todos los niveles educacionales y por zonas)
CIFRAS EN MILES DE PERSONAS
ARTESANOS
CALIFICADOS
N
CALIF
S
Años
PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO
S
OFICINISTA
S
COMERCIANTES
AGRICULTORES
TRANSPORTISTAS
1982
5.8
35.6
15.4
16.5
262.2
26.9
60.8
2
1983
28.1
54.3
30.8
25.8
368.7
39.7
89.6
3
1984
27.5
50.2
29.5
24.1
336.2
36.7
82.7
3
1985
39.4
50.3
34.9
24.7
313.6
36.2
81.3
3
1986
51.4
51.3
40.4
25.7
299.7
36.3
81.4
3
1987
78.9
58.9
54.7
30.3
309.5
40.6
90.7
3
1988
95.4
62.5
62.5
32.5
308.3
42.1
94.1
3
1989
117.1
66.7
72.6
35.1
304.2
43.9
97.9
4
1990
134.3
67.6
78.9
35.9
286.5
43.3
96.3
3
1991
147.6
65.8
82.1
35.1
259.5
40.8
90.4
3
1992
164.7
65.6
86.7
34.9
239.6
39.1
86.2
3
1993
177.8
61.1
87.4
32.5
197.3
34.1
74.8
3
1994
195.4
58.1
90.1
30.8
162.8
29.8
65.4
2
1995
214.6
54.7
92.3
28.7
125.6
24.9
54.4
2
1996
235.5
51.3
94.5
26.4
89.6
19.9
42.7
1
1997
265.7
50.5
101.1
25.5
59.9
16.1
34.1
1
1998
298.1
49.3
107.3
24.3
28.6
11.6
23.8
1
1999
335.1
48.8
114.7
23.2
-0.7
7.1
13.5
(1)
NOTAS: (1) Se refiere a los artesanos y operarios en ocupaciones relacionadas con la hilandería, la confección de vestuario y calzado,
carpintería, la construcción y la mecánica.
(2) Son todas las personas en ocupaciones manuales especializadas.
FUENTE: Salgado, Germánico, El Ecuador del mañana, una ruta con problemas, CORDES, Quito, pág. 193 y 194.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4. ANÁLISIS DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL 2002
Santiago Vásquez C.
Taller de Historia Económica
- T.H.E. – P.U.C.E. Por segundo año consecutivo el ejecutivo presenta una proforma presupuestaria con déficit
aparentemente cero; el esquema de dolarización que rige, obliga al fisco a llevar estricto control de
sus cuentas, de tal forma que no se vean afectadas variables reales de la economía como producción
o empleo. El presente estudio busca cuantificar el costo fiscal de posibles alteraciones en la
estructura de ingresos y gastos para 2002
La proforma de 2002 alcanza la cifra récord de los $ 5,6 miles de millones, esto significa un
aumento del 14% con respecto a 2001 y de 26,6% frente a 2000. Con respecto al año anterior,
7
oficialmente se justifica el incremento en la proforma presupuestaria comparándola con los niveles
de inflación y crecimiento de la economía –de lo que resultaría un incremento nulo-, sin embargo, si
se realiza un análisis sin tomar en cuenta desembolsos y amortizaciones, se puede apreciar que el
incremento de la proforma 2002 asciende en realidad al 20% sobre el codificado de 2001.
En lo que se refiere a ingresos, éstos ascienden a $4.7 miles de millones - 24,3% del PIB -,
esto significa un aumento de 2,3 % respecto al PIB de 2001 y 2.7 % respecto a 2000. Los ingresos
petroleros alcanzan los $1.6 miles de millones ( 8.21% del PIB), mientras que los ingresos
tradicionales los $2.6 miles de millones ( 13.26% del PIB). Sobre los ingresos petroleros, cabe
mencionar que el supuesto de producción para 2002 de 157 mill/b al año, resulta poco creíble luego
que, en el codificado de 2001, se proyectó una producción de 158 mill/b al año; sin embargo, hasta
Junio de 2001 la producción había alcanzado solamente los 73.7 mill/b, de lo que se proyecta una
producción efectiva para fin de año
– suponiendo producción ininterrumpida , al máximo de capacidad de transporte-, de 152 mill/b;
por lo que nuestras estimaciones, esperarían una producción de 154 mill/b para 2002.
Ahora bien, por cada barril que deje de producirse para este año el fisco dejará de percibir
$10.29/b, por lo que una disminución de 3 millones en la producción petrolera, se vería reflejada en
una reducción de $33.5 millones (0.17% del PIB) en las cuentas nacionales. Analizemos ahora qué
pasa si el precio del petróleo cae por debajo del estimado: supongamos que el precio se ubica en
$18/b, cómo afecta ésto al fisco?; si sacamos un ponderado de las diferentes actividades a las que se
destina la producción total petrolera, encontramos que cada barril de petróleo genera $21.07 de
ingresos; de ese total, un 0.4886% va para financiar las cuentas fiscales; entonces, si el precio cae a
$18/b diríamos que cada barril de petróleo generaría $18.96/b, de lo que se obtendría unos ingresos
totales de $2.9 miles de millones; de los cuales, $1.45 miles de millones corresponderían al erario
nacional. Este ejercicio, le produce al fisco una pérdida de $162 millones (082% del PIB).
Por último, si utilizamos la misma metodología para analizar que ocurriría si tanto volumen
como precio se ubican por debajo del estimado, con los supuestos de un precio de $18/b y una
producción efectiva de 154 millones de barriles, se tendría un ingreso total de $2.9 miles de
millones, un ingreso para el fisco de $1.4 miles de millones con una pérdida de $192 millones
(0.97% del PIB).
En la realidad, es mucho más factible que se plantee un déficit de producción que una baja
de los precios internacionales; ya que para 2001, el precio del petróleo planteado en el presupuesto,
tiende a cumplirse alrededor de los $20/b, ésto, a pesar de las presiones económicas mundiales que
está generando el ataque terrorista a EEUU. Las acciones que este país estaría ejerciendo para que
los países amigos de Medio Oriente mantengan una producción adecuada del crudo, serían la razón
de esta estabilidad que, sin embargo, podría verse afectada ante un eventual ataque norteamericano
a posiciones árabes y musulmanas.
Cabe también señalar la dificultad existente para emitir un pronóstico adecuado del precio promedio
del crudo oriente para 2002 debido a las grandes fluctuaciones que presenta el castigo que se
impone a éste –que fue de entre $8 y $4,5 promedio en 2000 y 2001 respectivamente-; por lo tanto,
si el precio WTI se mantiene en niveles de $27 o $28 por barril, y el castigo para el crudo oriente se
sitúa en una media entre éstos precios, se puede esperar que la meta de $20/b se cumpla.
Si realizamos una comparación 2000 – 2002, en 2000 los ingresos petroleros fueron del
6.9% del PIB, en 2001 del 9.34% y para 2002 se estima que serán de 8,22% del PIB. Las
exportaciones de crudo y derivados generarán $1.18 miles de millones (6 % del PIB) y la venta
interna de combustibles $434.4 millones ( 2.21% PIB); sobre este último rubro se observa que para
2002 el porcentaje de recaudaciones respecto al PIB disminuye 0.79% respecto a 2001 y mejora
0.06% frente al PIB de 2000. Esto significaría que para este año el fisco recaudará $100 millones
menos que lo recaudado en 2001, esto a pesar que la proforma contempla, para Enero de 2002, un
aumento de c 10 en los precios de los combustibles.
Cada centavo que el ejecutivo pueda elevar en los precios de los combustibles, le significará
$20 millones; esto quiere decir que si se decide un aumento de c 15 - 50% más de lo estimado
inicialmente -, significaría un aumento de $300 millones (1.56 % del PIB) en las cuentas de la
nación; esta posibilidad se plantea factible una vez que el análisis va mostrando sobreestimaciones
de producción e ingresos que no pueden, como en antaño, ser superadas mediante señoriaje o
endeudamiento; por lo tanto, una alternativa de financiamiento durante 2002 sería la elevación de
los precios de los combustibles más allá de los 10 centavos inicialmente planteados. A éstos
problemas de financiamiento, habría que sumar la imposibilidad en la que se encontraría el fisco
para responder a eventuales presiones por obtener alzas salariales (más allá del 7% que está previsto
en la pro forma), u otras situaciones emergentes que podrían presentarse a lo largo del próximo año.
Las razones para que en el año 2002 las recaudaciones por venta interna de derivados sea
menor que para 2001, a pesar de existir un incremento en sus precios, podría explicarse a partir de
un incremento en la estructura de costos de Petroecuador, que a su vez estaría haciendo más pesada
la carga que el subsidio de gas doméstico genera en las cuentas nacionales – su precio está
congelado en $1.6 por cilindro -; debido a ésto, y según fuentes del MEF, existe la intención del
gobierno de focalizar dicho subsidio mediante la implementación de un Sistema de Identificación
de Beneficiarios Sociales que reestructure el acceso de la población a beneficios como el bono de
solidaridad y otros subsidios menores como maternidad gratuita, programa de almuerzo escolar, etc,
de tal forma que a la vez que se identifica el segmento real de la población que tiene derecho a estos
beneficios, se construye una base adecuada sobre la cual focalizar eficientemente el subsidio al gas
doméstico. El costo que este subsidio le ha provocado al país ha sido: para 2000, $176.7 millones
(1.17% del PIB), para 2001 $192.3 millones (1.07% del PIB), y para 2002 se lo estimaría en $208.5
millones (1.05% del PIB). De implementarse este proyecto, el gobierno estará en capacidad de
liberar recursos que, seguramente, irán a financiar nuevas necesidades de gasto en detrimento del
ahorro previsor. Al respecto vale resaltar que, junto con la pro forma que se envió al congreso, se
enviaron dos proyectos de ley cuyo objetivo es sentar las bases para que se administren
correctamente los futuros ingresos provenientes del OCP de tal forma que vayan dirigidos a
estabilizar la era post-petrolera del Ecuador y no a permitir niveles mayores de gasto por los
gobiernos inmediatamente subsecuentes. Por eso, la aprobación de los proyectos de ley enviados
por el ejecutivo junto con la proforma, se presentan indispensables para mantener una imagen de
confianza ante los agentes nacionales y externos.
Los ingresos tradicionales financian el 54.72% de la pro forma 2002, dentro de éstos, los
tributarios alcanzan los $2.5 miles de millones (13% del PIB); esto significa un aumento de 1,75%
respecto al PIB 2001 y 0,22% respecto a 2000. Dentro de los ingresos tributarios, para el año 2002,
tanto el IR como el impuesto a la matriculación vehicular (IMV) disminuirán su participación
respecto al codificado de 2001 en 0.5% y 31.5% respectivamente; la disminución en el IR se debe
que a partir de Enero de 2002 se aplicará una nueva escala de cobro para personas naturales; ésta,
considerará ingresos de entre $5.000 y $40.000 – anteriormente estaba entre $3.200 y $11.200- ; la
disminución en la recaudación del IMV se debe al cambio de la base imponible y la modificación
del avalúo de vehículos decretada por ley -de una escala entre $400 y $4000 a una entre $4.000 y
$16.000 -. Para 2002 el IR recaudará $421 millones (2.13% del PIB), siendo el tercer impuesto en
importancia tras el IVA y los impuestos arancelarios de importación (IAI); el IMV recaudará $24
millones.
El ejecutivo plantea éstas reducciones amparado en los aumentos esperados por concepto de
la recaudación del IVA y de los IAI. Respecto al cobro del IVA, vale aclarar que la metodología
con la que se está calculando la recaudación total de éste, cae en un error, ya que extrañamente no
se toma en cuenta la figura financiera del crédito tributario que permitiría evitar una
recontabilización de ingresos por IVA en el mercado interno, cuando éste ya ha sido pagado con
antelación por el importador y contabilizado como ingreso por IVA en el mercado externo. A pesar
de ésto, los ingresos por concepto del IVA no serán menores al 7,5% del PIB lo que equivale a
$1.48 miles de millones; esta cifra es 0.5% superior a la relación lograda por este impuesto con el
PIB 2001 y 0.9% superior a 2000.
Respecto a los IAI, la pro forma muestra un denodado optimismo por el aumento en la
recaudación de éstos al estimarlos en los $4.8 millones – 2.46% del PIB- , lo que equivale a un
aumento del 37% respecto al año anterior y 111% respecto a 2000; lo que genera duda es, si
efectivamente el gobierno recaudará lo $100 millones que están estimados en esta partida por
concepto de “eficiencia en el control aduanero”. Para calcular la recaudación por IAI, se ha
proyectado un nivel de importaciones de $5.4 miles de millones, lo que se generaría una
recaudación total de $484 millones; respecto a la relación con el PIB de 2000 y 2001 esto significa
un aumento de 0.82% y 0.46% respectivamente.
En lo que se refiere a las transferencias de capital, conviene detenerse un momento en el
fondo de estabilización: el 55% de este fondo se encuentra preasignado; esto es nocivo para la
economía en su conjunto, ya que impide generar una base adecuada que estabilice el nivel de
ingresos petroleros, alivie el peso del endeudamiento y en general fomente la previsión en un país
cuyos presupuestos han sido desafortunadamente, al contrario de las políticas de los países
desarrollados, procíclicos con las ondas expansivas y recesivas de la economía.
En cuanto a los desembolsos, para 2002 la pro forma considera un nivel de endeudamiento
de $850 millones de los cuales $562 son desembolsos externos. El total de desembolsos financian el
15,1% de la pro forma presupuestaria, esto frente al 21% que financió en 2001 y 33% en el
presupuesto de 2000, confirma la tendencia a la baja que este rubro ha venido presentando luego de
las cifras de $1,5 miles de millones que alcanzó en 1998.
En lo que se refiere a los ingresos de las entidades y organismos del gobierno central, la pro
forma de 2002 presenta un incremento sustancial del orden del 327% en las cuentas por autogestión
de estas entidades; esto estaría explicado por la obligación que tienen ahora estas entidades de
transparentar su estructura de ingresos y gastos, debido a que por ley, una vez aprobado el
presupuesto, sólo se puede gastar aquello que ha sido aprobado, por lo que ya no es posible
declarar menos ingresos para poder utilizar a libertad los remanentes como típicamente se hacía
entre éstos organismos.
Para este año los ingresos provenientes por autogestión aportan con $368 millones para la
pro forma – 1.8% del PIB -. Las entidades y organismos que se destacan en la gestión de
autofinanciamiento son los Ministerios de Educación, Salud, Defensa, Comunicaciones, la DAC,
CEDEGE, Policía, Registro Civil, Consejo Nacional de Transporte Terrestre, que presentan, en
promedio, un aumento del 500% con respecto al año anterior. En los casos de los Ministerios de
Educación, Salud, la DAC, Policía, Registro Civil, Consejo Nacional de Transporte Terrestre este
incremento también se justifica por la creación o aumento de tarifas y tasas por la prestación de sus
servicios; esta iniciativa es válida en tanto se enfoque con precisión la población a la que se le
imputará estos rubros, de tal forma que no se excluya a segmentos amplios de población de recibir
las atenciones que requiera.
El gobierno para 2002 presenta alzas de gasto muy importantes; éstos alcanzarán los $4.7
miles de millones (24.2 % del PIB), esto es 1.84% mayor a la relación respecto al PIB 2001 y
2.31% respecto al PIB de 2000. Los gastos en personal ocupan primer lugar con $1.48 (7.51% del
PIB), esto significa un decrecimiento de 1.89% respecto a pib de 2000 y 1.76% respecto al pib de
2001 millones (Los gastos financieros
– referidos principalmente al pago de intereses internos y
externos-, ascienden a 5% del PIB, lo que significa un decrecimiento de 3.22% y 1,29% con el PIB
de 2000 y 2001 respectivamente. Otras cuentas de gasto importantes son las referidas a
transferencias de capital con $525 millones (2.66% del PIB) y Obras Públicas con $517 millones
(2.6% del PIB).
Al realizar un análisis intra sectorial de la economía 2001 – 2002 como porcentaje del PIB,
se puede observar que el sector que más ha aumentado sus rubros, sería Defensa Nacional con
0.85%; este significativo aumento vendría dado, más que por exceso de gasto, porque ahora estas
cuentas incluyen los gastos de la Junta de Defensa y su participación en las rentas petroleras, gastos
que antes no eran de conocimiento público. Luego tenemos al sector Salud con un incremento de
0.66%; esto, aunque representa una mejora, no supera el 2% promedio como porcentaje del PIB en
estos años; esta cifra se minimiza aún más al momento que lo comparamos, por ejemplo, contra el
15% del PIB que ocupa el pago de amortizaciones de la pro forma 2002. Lo mismo ocurre con
Educación que presenta un aumento de 0.37%, con un promedio de participación en el PIB del
2.74% entre 2001 y 2002.
Otro sector que aumenta ostensiblemente sus gastos es Asuntos del Exterior con un aumento
del 0.37%; esto se explicaría dado el fuerte desembolso que se realizará a Udenor – Unidad de
Desarrollo Norte -, como respuesta ante el impacto que el Plan Colombia generará especialmente
en las provincias septentrionales. Asuntos Internos aumenta sus egresos en 0.31%, Desarrollo
Urbano Y Vivienda en 0.23% y Jurisdiccioanl en 0.22%. En lo referente al pago de Amortizaciones,
existe una importante disminución de 0.89% frente a lo acaecido en 2001, sin embargo no se debe
dejar de tomar en cuenta que estos pagos superan en más del doble a lo que se asigna para todo lo
referente a gasto social – salud, educación, vivienda, bienestar social, etc- juntos. Cabe resaltar hay
sectores que disminuyen sus gastos para 2002, Finanzas dismunuye sus gastos en 0.10% , esto se
debería a la baja que el egreso para bono solidario, presenta en 2002: $108 millones, louego que en
2001, este se estimo $149.2 millones. El legislativo también dismunuye sus gastos siendo, el rubro
gastos en personal, el item que presenta una disminución mayor con de $905 mil, y como para en
del PIB en entidades que
Como conclusión, insertada nuestra realidad en el contexto latinoamericano, se debe
recordar que tradicionalmente el presupuesto fiscal ha sido manejado más como un elemento de
influencia política que como una herramienta de información económica, esto ha generado gran
volatilidad en la política fiscal latinoamericana cuyo efecto se refleja fundamentalmente en el
detrimento de los términos de intercambio y la inestabilidad de la tasa de interés internacional; bajo
este marco, los indicadores fiscales podrían dar una visión incorrecta de la sostenibilidad del erario
nacional, creando una sobreexpectativa de bonanza que al no cumplirse, obligaría a un amargo
ajuste, que para el caso ecuatoriano sería de gravísimas consecuencias sociales, dado el rígido
marco económico en que nos desenvolvemos. Debe incorporarse a la estimación del presupuesto el
concepto de equidad intertemporal, de tal forma que problemas como la deuda flotante del fisco, la
sobreestimación de ingresos o el gasto injustificado no afecten los escenarios del mediano y largo
plazo.
Cuadro 1
Comparativo de los Gastos 2001 – 2002
GASTOS 2001 - 2002 (1) : como porcentaje del PIB
SECTOR
Tesoro
Año 2001(*)
%PIB
Año 2002 (**)
%PIB Variación
%PIB
2,698,270,885.00
15.11
2,517,116,883.00
12.78
(2.34)
Legislativo
20,491,441.00
0.11
20,321,786.00
0.10
(0.01)
Jurisdiccional
34,585,177.00
0.19
81,551,664.00
0.41
0.22
Adminsitrativo
15,915,213.00
0.09
17,379,930.00
0.09
(0.00)
Medio Ambiente
7,641,481.00
0.04
16,239,553.00
0.08
0.04
Asuntos Internos
243,546,384.00
1.36
329,410,566.00
1.67
0.31
Defensa Nacional
345,260,786.00
1.93
549,001,096.00
2.79
0.85
44,440,230.00
0.25
121,007,233.00
0.61
0.37
Finanzas
160,444,769.00
0.90
157,410,605.00
0.80
(0.10)
Educación
456,213,529.00
2.56
575,749,049.00
2.92
0.37
Bienestar Social
185,246,367.00
1.04
212,152,983.00
1.08
0.04
4,751,968.00
0.03
6,965,651.00
0.04
0.01
Salud
151,789,876.00
0.85
297,487,519.00
1.51
0.66
Agropecuario
160,164,735.00
0.90
199,650,248.00
1.01
0.12
5,114,297.00
0.03
12,390,391.00
0.06
0.03
11,270,823.00
0.06
14,635,885.00
0.07
0.01
6,719,559.00
0.04
5,639,277.00
0.03
(0.01)
321,935,441.00
1.80
349,986,309.00
1.78
(0.03)
51,714,147.00
0.29
101,952,561.00
0.52
0.23
6,897,366.00
0.04
41,719,101.00
0.21
0.17
Asuntos del Exterior
Trabajo
Recursos Naturales
Industrias y Comercio
Turismo
Comunicaciones
Dss Urbano Y Vivienda
Otros Organismos
(1): En dólares
* Según Presupuesto 2001
** Pro Forma 2002
Cuadro 2
Análisis de la Estructura del Tesoro Nacional:
Ingresos y Gastos,Desembolsos y Amortizaciones.
(como % del PIB)
Ingresos Tesoro Nacional
(dólares)
TESORO
Año 2001 (")
%PIB
Año 2002 (<)
% PIB Variación %PIB
Ingresos Corrientes
3,513,818,756.00
19.68
4,235,331,200.00
21.50
1.82
68,005,000.00
0.38
4,235,331,200.00
21.50
(0.38)
1.44
3,581,823,756.00
20.06
530,046,841.00
2.97
550,658,844.00
2.79
(0.17)
11,287,449.00
0.06
11,912,468.00
0.06
(0.00)
462,922,779.00
2.59
291,635,066.00
854,206,378.00
1.48
4.34
(1.11)
1,004,257,069.00
5.62
5,089,537,578.00
25.83
Ingresos Inv. Y Capital
Total sin Financiamiento (1)
Financiamiento
Financiamiento Público
Financiamiento Púb. Interno
Financiamiento Púb. Externo
Total Financiamiento (2)
Total (1) + (2)
4,586,080,825.00
(1.29)
0.15
25.69
(") Presupuesto 2001
(<) Pro Forma 2002
Gastos Tesoro Nacional
(dólares)
TESORO
Año 2001 (")
Gasto Corriente
1,462,406,919.00
8.19
2,086,306,485.00
10.59
Gasto Inv. y Capital
1,312,980,816.00
2,775,387,735.00
7.35
15.54
1,190,906,688.00
3,277,213,173.00
6.04
16.63
(1.31)
1.09
739,134,622.00
340,082,627.00
1,079,217,249.00
3,854,604,984.00
4.14
1.90
6.04
21.59
646,241,137.00
347,427,899.00
993,669,036.00
4,270,882,209.00
3.28
1.76
5.04
21.68
(0.86)
(0.14)
(1.00)
0.09
Externa
540,143,152.00
3.03
546,410,986.00
2.77
(0.25)
Interna
391,809,649.00
2.19
267,513,273.00
1.36
(0.84)
Total Amortización (3)
931,952,801.00
%PIB
% PIB Variación %PIB
Año 2002 (<)
2240
Total sin Servicio/Deuda (1)
Servicio Deuda
Externos
Internos
Total Servicio/Deuda (2)
Total (1) + (2)
Amortización
Total (1) + (2) + (3)
5.22
813,924,259.00
4.13
(1.09)
26.81
5,084,806,468.00
25.81
(1.00)
4,786,557,785.00
(") Presupuesto 2001
(<) Pro Forma 2002
Cuadro 3
Comparativo Desembolsos-Amortizaciones : 2001 – 2002
Comparativo Desembolsos - Amortizaciones*
(dólares)
Desembolsos
Financiamiento Público
Financiamiento Púb.
Externo
Financiamiento Púb.
Interno
Total Desembolsos (1)
Amortizaciones
Externa
Año 2000 (^)
%PIB
Año 2001 (")
%PIB
Año 2002 (<)
% PIB
331,194,662.27
823,931,617.38
2.21
5.49
530,046,841.00
11,287,449.00
2.97
0.06
550,658,844.00
11,912,468.00
2.79
0.06
6,423,715.89
0.04
463,319,445.00
2.60
291,635,066.00
1.48
7.74
1,004,653,735.00
1,161,549,995.54
Año 2000 (^)
541,992,829.55
%PIB
3.61
Año 2001 (")
540,143,152.00
5.63
854,206,378.00
%PIB
Año 2002 (<)
3.03
546,410,986.00
4.34
% PIB
2.77
Interna
Total Amortizaciones (2)
615,213,054.83
4.10
391,881,249.00
2.19
268,705,044.00
1.36
1,157,205,884.38
7.71
932,024,401.00
5.22
815,116,030.00
4.14
Total Neto (1) - (2)
4,344,111.16
0.03
72,629,334.00
0.41
39,090,348.00
0.20
* Correspondientes a Gob. Central
(^) Presupuesto 2000
(") Presupuesto 2001
(<) Pro forma 2002
Cuadro 4
Comparativo Gasto Social: 2001 - 2002
GASTO SOCIAL 2001 - 2002
(dólares)
Educación
Salud
Año 2000 (^)
%PIB
356,379,003.45
125,775,932.25
2.37
0.84
Año 2001 (")
456,213,529.00
151,789,876.00
%PIB
2.56
0.85
Bienestar Social
248,929,496.55
1.66
185,246,367.00
1.04
Dss Urbano y Vivienda
23,999,905.88
0.16
51,714,147.00
0.29
Trabajo
Total (1)
Subsidio al Gas Doméstico
6,581,473.56
761,665,811.70
176,774,428.00
0.04
5.07
0.03
4.76
575,749,049.00
297,487,519.00
212,152,983.00
101,952,561.00
% PIB
2.92
1.51
1.08
0.52
6,965,651.00
0.04
1,194,307,763.00
6.06
192,387,241.00
1.08
208,591,608.00
1.06
Total (2)
176,774,428.00
6.25
149,250,000.00
341,637,241.00
0.84
6.67
108,000,000.00
316,591,608.00
0.55
7.67
Total Real: (1) + (2)
938,440,239.70
11.32
1,191,353,128.00
11.43
1,510,899,371.00
13.73
Bono Solidario
1.18
4,751,968.00
849,715,887.00
Año 2002 (<)