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Declaración de Roberto T. Álvarez
Consultor Independiente
Comité de Relaciones Exteriores
Subcomité del Hemisferio Occidental
Cámara de Representantes de EE.UU.
“Relaciones de EE.UU. y República Dominicana: Promoviendo el Crecimiento Económico y la
Independencia Energética”
23 Julio de 2014
Presidente Salmon, representante principal de la minoría Sires, miembros del Subcomité,
agradezco la gentil invitación para compartir con ustedes mi perspectiva sobre algunos aspectos
claves de la relación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos de América.
Lo considero pertinente divulgar desde el inicio que hace una semana hice público mi apoyo de
un político que busca ser electo a la presidencia dominicana en 2016. El señor Luis Abinader fue
el candidato vicepresidencial por el partido de oposición, PRD, en las elecciones de 2012,
obteniendo la boleta el 47% del voto. Hasta ese momento, mi involucramiento político se había
circunscrito primordialmente a trabajar con organizaciones de la sociedad civil en mi país.
Estoy profundamente convencido de que es un deber constitucional de cada ciudadano fomentar
y proteger el proceso democrático en su país. Estoy igualmente convencido de que nosotros los
dominicanos encontraremos la manera de fortalecer y mejorar nuestra todavía imperfecta
democracia. Es en este sentido que hoy comparto con ustedes mis puntos de vista.
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Dadas las asimetrías entre EE.UU. y R.D., con frecuencia no se aprecia plenamente la
importancia de la relación. Claro está, me refiero más alla de las significativas contribuciones
dominicanas al engrandecimiento del baseball, nuestro pasatiempo compartido. De hecho, hay
pocos países en el hemisferio tan confiables, cooperadores y amistosos hacia EE.UU. como
República Dominicana. Permítanme citar algunos datos que apuntalan la relación bilateral.
Con una población de 10 millones, la República Dominicana es: el mercado global número 38
para las exportaciones de EE.UU. (número 1 en el Caribe); el país número 11 en Latinoamérica y
el Caribe en intercambio comercial con EE.UU.; el país número 4 en extradiciones a EE.UU; el
origen de la cuarta población latina en EE.UU. (mas de 1,5 millones); el origen de la sexta
nacionalidad adquiriendo la ciudadanía de EE.UU. en la última década (2004-2013); el cuarto
país del mundo cuyos ciudadanos adquirieron residencias permanentes en EE.UU. entre 1990 y
1999 y el quinto entre 2000 y 2013 (el segundo país latinoamericano después de México); país
receptor en 2013, de más de $3,300 millones de dólares en remesas de EE.UU.; país receptor
también en 2013, de 1.5 millón de turistas procedentes de EE.UU. (el 38% de todos los turistas
extranjeros); y el receptor de una inversión extranjera directa (IED) total de EE.UU. de unos
$6,500 millones de dólares (el 25% de toda la IED en R.D.).
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Para determinar cómo se puede apoyar el crecimiento económico y la independencia energética
en R.D. es fundamental tener primero una comprensión de la situación política en el país y los
dilemas que se encaran para las próximas, claves elecciones de 2016, ya que los temas políticos y
los económicos están íntimamente vinculados.
Una breve panorámica de la política es importante.
La llamada “tercera ola democrática” (Samuel Huntington) se inició en R.D. en 1978, cuando, en
contra de todo vaticinio, el PRD ganó la elección presidencial, poniendo fin a los doce años del
gobierno autoritario de Joaquín Balaguer. A partir de ese momento se puso en movimiento un
proceso de fortalecimiento democrático en el país. Sin embargo, Balaguer fue reelecto en 1986, y
para mantenerse en el poder llevó a cabo sendos fraudes en las elecciones presidenciales de 1990
y 1994. El fraude del ’94 generó una fuerte crisis política, la cual fue resuelta a través de
negociaciones; el candidato de oposición en contra de quien se había perpetrado el fraude, José
Francisco Pena Gómez, del PRD, acordó que Balaguer mantuviera el poder por un período
presidencial acortado a dos años si, entre otros temas, aprobaba una enmienda constitucional
prohibiendo la reelección presidencial y otorgaba mayor independencia al poder judicial.
En 1996, Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue electo
presidente de la República y, no pudiendo Fernández postularse en el 2000, Hipólito Mejía del
PRD venció a Danilo Medina, el candidato del PLD. Mejía obtuvo control de ambas cámaras del
Congreso en las elecciones legislativas de 2002, e impuso una reforma constitucional,
permitiendo la reelección por dos períodos consecutivos, habilitando también a Leonel
Fernández para la elección presidencial de 2004. Mejía fue derrotado por Fernández en 2004 y,
en 2008, fue reelecto para un tercer período presidencial. Durante este tercer mandato, Fernández
orquestó la adopción de una nueva constitución, hecha a la medida en ciertos aspectos claves,
como la forma de elegir a los miembros de las altas cortes.
Para romper un impasse congresional y permitir la aprobación de la constitución, Fernández
negoció en 2009, con el entonces presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado1, varios
aspectos claves, entre otros: permitir la reelección presidencial indefinida no-consecutiva;
conceder al presidente de la República el control del cuerpo que elige a los jueces de las altas
cortes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal
Superior Electoral (TSE), garantizando a Vargas una cuota de los nombramientos; y la
designación de una Junta Central Electoral (JCE), integrada por nombramientos de corte político.
Este es un desliz cometido por el autor en la versión en inglés depositada en la Cámara de Representantes de
EE.UU. Miguel Vargas Maldonado había sido el candidato a la presidencia de la República por el PRD en 2008,
pero no ostentaba la presidencia del PRD en ese momento. El presidente del PRD durante la firma del pacto era
Ramón Albuquerque.
1
La Constitución fue proclamada en enero de 2010 y poco tiempo después los jueces y
comisionados fueron designados de acuerdo al pacto.
Para dar el toque final a la nueva arquitectura política, Fernández hizo una intensa campaña y
gastó una suma considerable de fondos estatales para las elecciones legislativas de 2010, con el
objeto de asegurar el control de ambas cámaras del Congreso; el PLD ganó 31 de 32 puestos en
el Senado y 105 de 183 cargos a Diputados. Dado que la Constitución no le permitía presentarse
de nuevo como candidato a la presidencia en 2012, para asegurar la elección del candidato de su
partido, Fernández dedicó tal cantidad de fondos del presupuesto de la nación, que el déficit
presupuestario se elevó a un inédito 6.6 porciento. El candidato del PLD, Danilo Medina, el
actual presidente, obtuvo el triunfo por un margen de 4 por ciento.
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La Constitución de 2010 unificó las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y por
tanto el 15 de mayo de 2016, se elegirán unos 4,500 cargos, fijando el futuro político del país
para el futuro inmediato. Si bien hay varios candidatos del partido de gobierno maniobrando para
posicionarse como el candidato oficial del PLD a la presidencia en 2016, todo parece indicar que
el ex presidente Fernández eventualmente declarará su candidatura y logrará obtener la cuarta
nominación de su partido. Debo añadir que Fernández ha dicho públicamente en varias ocasiones
que su partido, el PLD, mantendrá el poder hasta el 2044, año del bicentenario de la
independencia dominicana.
En el caso del partido de oposición, el PRD, con el apoyo de la Junta Central Electoral (JCE),
pero, en particular, con el descarado sostén del Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de
numerosas sentencias favorables, Miguel Vargas Maldonado ha logrado el control de los
símbolos, maquinaria y fondos estatales de ese partido. Expulsó del partido al ex presidente
Hipolito Mejía y suspendió a otros que se le oponían. El pasado domingo 20 de julio, Vargas
montó una convención espuria para elegir al presidente del partido. A pesar de que ésta estuvo
marcada por numerosas irregularidades y actos de violencia, y ningún observador electoral fue
permitido, a las pocas horas Vargas se declaró ganador con más del 85 por ciento del voto.
Lo más probable es que los resultados sean impugnados, pero la expectativa es que el Tribunal
Superior Electoral terminará confirmando el triunfo de Vargas. A más tarde este año o a
principios de 2015, Vargas convocará a otra convención, también firmemente controlada, para
elegir el candidato presidencial para las elecciones de 2016, la cual –sin sorpresa para nadie- él
también ganará.
En vista de esta situación, la mayoría del liderazgo del PRD, incluyendo los candidatos a
presidente y vicepresidente del partido en las elecciones de 2012, Hipolito Mejía y Luis
Abinader, han comenzado a formar un nuevo partido, el Partido Revolucionario Mayoritario
(PRM). Debo mencionar que Vargas Maldonado ya ha expresado que su partido se opondrá al
uso de ese nombre y a los símbolos recientemente sometidos a la JCE, aunque no tienen parecido
alguno a los del PRD.
Es importante resaltar también que se está formando una alianza de partidos y movimientos
sociales llamada Convergencia por un Mejor País, similar al agrupamiento chileno llamado
Concertacion, y del cual el Partido Revolucionario Mayoritario integrará como uno de sus más
importantes componentes.
En resumen, el sistema político vigente actualmente en R.D. está basado en un ejecutivo que
concentra un poder desmesurado (incluyendo al liderazgo del partido oficial) sobre el legislativo
y el judicial y otras instituciones claves, como la Junta Central Electoral (JCE); en otras palabras,
una presidencia sin frenos y contrapesos2. A la vez, el sistema se apoya en un clientelismo
generalizado, las más descaradas formas de corrupción y la impunidad total3.
Antes de tratar los temas económicos, permítanme expresar que, en mi criterio, los tres partidos
principales de las últimas tres décadas, el PLD, el PRD y el PRSC, comparten la responsabilidad
–unos más que otros- por el estado actual de nuestra democracia. Ninguno ha demostrado el más
mínimo nivel de auto-crítica, un elemento esencial de un genuino partido político democrático.
Pero nosotros, los ciudadanos dominicanos, también tenemos una cuota de responsabilidad al
permitir que la arraigada cultura autoritaria, intolerante y excluyente imperante se haya
convertido en la práctica hegemónica de la mayoría de los principales líderes políticos
dominicanos. El PLD –bajo el liderazgo de Leonel Fernández y su Comité Político- simple y
llanamente ha elevado esta práctica política al actual nivel de paroxismo.
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En términos de crecimiento económico, la economía dominicana ha sido una de las mejores a
nivel latinoamericano en los últimos treinta años. Sin embargo, como señala el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en un informe de febrero de 2013, a pesar de las altas tasas de crecimiento
del producto y la productividad en República Dominicana “los indicadores del mercado laboral
han sido deficientes durante los últimos 20 años” y añade “de los mediocres niveles de ingresos
reales junto con una informalidad del mercado laboral todavía de grandes proporciones cabe
inferir que la mayoría de los nuevos empleos son de baja calidad”4.
Por su parte, el Banco Mundial, en un informe de enero de 2014, señala que “(a) pesar del fuerte
crecimiento económico de la última década, aún subsisten grandes inequidades en la sociedad
dominicana, inequidades que han disminuido a un ritmo menor del esperado. El PIB per cápita
Véase el informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS), titulado: The Dominican Republic: Becoming a One-Party State?,
http://csis.org/files/publication/131111_Meacham_DominicanRepublic_Web.pdf, así como el artículos de opinión de Roger Noriega en el Miami
Herald: Democracy at Risk for all Dominicans, http://www.miamiherald.com/2013/12/26/3836655/democracy-at-risk-for-all-dominicans.html.
3
Véanse los informes de Participación Ciudadana: Veinte Años de Impunidad: Investigación de Casos de Corrupción en la Justicia Dominicana
1983 – 2003, Santo Domingo, Dominican Republic, February 2004, y “La Corrupción sin Castigo: Casos Denunciados en los Medios de
Comunicación 2000 – 2013”, Santo Domingo, Dominican Republic.
4
FMI, Crecimiento y empleo en la República Dominicana: Opciones para un crecimiento generador de empleo,
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/wp/2013/wp1340s.pdf.
2
creció en casi un 50 por ciento del 2000 al 2011, sin embargo, muchos de los 10 millones de
habitantes del país no pudieron beneficiarse de este crecimiento. La pobreza crónica – en la que
la gente sufre largos y persistentes episodios de privación – sigue siendo alta. Aún más
preocupante es el hecho que casi una tercera parte de la población es pobre a pesar de tener las
habilidades y los activos para generar un ingreso mayor”5.
Sin embargo, la siguiente conclusión es, en mi criterio, el aspecto más preocupante de todo el
informe: “La República Dominicana también tiene una baja movilidad económica, con menos
del 2 por ciento de la población escalando a un grupo de mayores ingresos durante la década,
comparado con un promedio del 41 por ciento en la región de América Latina y el Caribe en
conjunto”.
Cuando una parte importante de la población considera que no hay forma de salir de la pobreza o
de pasar al próximo nivel económico, cuando la desigualdad cunde por doquier, y cuando hay
unos 680,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, en esas circunstancias, señor presidente, existe
una peligrosa combinación de factores potencialmente explosivos y contagiantes.
El actual modelo de crecimiento económico dominicano está parcialmente predicado en el gasto
deficitario, lo cual es aceptable si la economía se expande a un ritmo que mantiene una prudente
proporción con el nivel de endeudamiento y el gasto es utilizado juiciosamente para promover el
desarrollo, la infraestructura o para cubrir las necesidades sociales básicas de la población. La
deuda pública total ha llegado a un monto de un 48 por ciento del PIB, lo cual representa un
nivel insostenible para el país. A pesar de que el FMI ha recomendado que ésta sea reducida a
alrededor de un 30 por ciento del PIB, aparentemente no hay plan alguno de cumplir con esta
recomendación en el futuro inmediato.
Colocando a un lado la sabia decisión del presidente Medina de cumplir con la ley y asignar el 4
por ciento del PIB al sector educativo, así como su dedicación personal y fondos públicos para el
sector agrícola, las ineficiencias y despilfarro del gasto gubernamental abundan. Por ejemplo, la
excesiva y siempre creciente burocracia desvía una parte considerable del presupuesto y, el
enorme subsidio eléctrico, de alrededor de $1,400 millones de dólares anuales, distorsiona el
rendimiento de toda la economía.
Por su lado, la evasión fiscal y la carencia de una verdadera tasa de impuestos progresiva,
colocan una carga fiscal injusta sobre un reducido sector de la economía que paga la mayor parte
de los impuestos. Por tanto, la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes son
esenciales para que las exportaciones dominicanas puedan competir con las de otros mercados,
cuyas industrias pagan tarifas por hora kilovatio mucho más bajas.
En consecuencia, ¿que deberían hacer los dominicanos para mejorar su situación económica y
política?
Banco Mundial, Cuando la Prosperidad no es Compartida: Vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad en República Dominicana,
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/reporte_DR.pdf.
5
En el ámbito de las políticas sociales, fiscales y económicas, deberíamos, entre otras medidas:
1. Continuar fortaleciendo y mejorando la reforma educativa en proceso. No hay otra
medida que aportará más a reducir la desigualdad que ésta;
2. Invertir más recursos en el sector salud, encaminando el proceso hacia una verdadera
cobertura universal;
3. Adoptar un sistema fiscal eficiente y sostenible, a través de un pacto fiscal que logre el
apoyo más amplio de los sectores más extensos y diversos de la sociedad;
4. Promover la creación de empleos, en particular, en el sector exportador; fortalecer el
acceso de los pobres a los mercados laborales;
5. Reducir la burocracia supernumeraria y establecer carreras profesionales y eficientes en
la administración pública y en el servicio exterior;
6. Buscar maneras innovadoras de reducir el costo de generación eléctrica, a la vez que se
crean incentivos para la expansión de las fuentes de energías renovables.
En el campo de la política, deberíamos, entre otras medidas:
1. Romper el dominio sobre la política establecido bajo el amparo de la Constitución de
2010, en particular, cambiando e independizando la composición de las altas cortes y
otros órganos claves del gobierno;
2. Adoptar las leyes que reglamentan los partidos políticos y el sistema electoral. Sin estas
normas el abuso de los recursos estatales, la falta de transparencia en el uso de los fondos
públicos y privados, y la supervisión de las campañas políticas, continuarán erosionando
la confianza ciudadana en el proceso democrático;
3. Perseguir y castigar todas las prácticas de corrupción, ocurran éstas dentro del sector
público o privado. Promover la transparencia en el gobierno en el mayor nivel posible.
Como dijera el juez Brandeis: “La luz del sol es el mejor desinfectante”. Aumentar el
presupuesto del Procurador General, en particular, fortaleciendo el de su unidad anticorrupción;
4. Llevar a cabo una campaña concertada a través del gobierno y de la sociedad, sobre la
importancia de promover y proteger los derechos humanos de toda persona.
Estoy convencido, sin embargo, que al final del día una verdadera revolución ciudadana tendría
lugar en República Dominicana si se aplicaran las leyes vigentes de manera justa y equitativa en
relación a todas las personas.
Gracias,
Roberto Álvarez
23 de julio 2014