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Encuentro Departamental Antioquia por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social:
diálogos por la salud y la paz
Mesa Salud y Trabajo
El Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales de Colombia aprobado en el 1994,
justamente un año después de la implementación de la ley 100, consolidó bajo criterios de
negocio y aseguramiento realizado por el sector privado, un modelo de competencia regulada por
el mercado de los seguros de vida y financieros, que trajo consigo y la eliminación del monopolio
del Estado, y como consecuencia la concentración en el sector privado, del seguro financiero, la
administración y la prestación de los servicios de la seguridad social en riesgos laborales. Lo
anterior significa, que se trasladó a éste sector, no solo el reconocimiento y administración de las
contingencias producto del trabajo, sino la promoción de la salud laboral y la prevención del
accidente de trabajo y enfermedad laboral a través de la intermediación financiera. Este modelo
solo ha garantizado el enriquecimiento del sector financiero de los seguros, mientras que la salud
y la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores en el ámbito laboral viene en un profundo
deterioro.
Así pues, el Sistema de Seguridad Social en Salud Laboral, ha incumplido las promesas ofrecidas
de universalización, solidaridad, calidad y el mejoramiento de la salud y vida de la población
trabajadora colombiana. Desde sus inicios, se diseñó pensando para su viabilidad financiera y
prestación de servicios, alrededor del contrato de trabajo, y como el empleo y el trabajo que
continua generándose en el país es de baja calidad, precario, sin contrato directo, sin garantías
de los mínimos derechos laborales, informal, tercerizado y sin las debidas condiciones de cuidado
y protección de la salud física y mental, no se puede esperar otra cosa de este sistema, más que
la negación al acceso al derecho a la salud para un grueso importante de la población trabajadora
colombiana.
Es así, como las cifras lo corroboran, porque más del 56% de la población ocupada del país, es
decir 12´360.170 trabajan por cuenta propia, informales y tercerizados no tienen casi que ninguna
posibilidad del acceso a la afiliación, y por lo tanto se niega el disfrute de este derecho, no solo
por la calidad de la relación deslaboralizada y precarizada, sino por la capacidad e imposibilidad
del pago de la totalidad del valor de la afiliación. En este sentido, solo para poner un ejemplo, en
el caso de los trabajadores y profesionales de la salud, prolifera la tercerización ilegal, por medio
de contratos “sindicales” y otras formas ilegales de relación laboral, surgida por las reformas de
los sistemas de atención y el cierre de la red hospitalaria del país, tal es el caso de Bogotá en
donde se pretende reducir de 22 a 4 las Empresas Sociales del Estado en la capital, y el desmonte
del modelo de los “territorios saludables” para regresar al modelo medicalizado, cuyo centro no
es la promoción y prevención, sino la atención y curación de la enfermedad.
Teniendo en cuenta este panorama, el movimiento sindical y los trabajadores y trabajadoras,
asumieron el compromiso de que estos acuerdos y la terminación del conflicto sería una
oportunidad para dialogar y lograr efectivamente las soluciones que permita reducir la gran
desigualdad, la inmensa precariedad de muchos sectores laborales del país, la violencia contra
el sindicalismo y el desarrollo de las libertades sindicales, que permita efectivamente el logro de
una paz duradera y sostenible.
Este nuevo escenario particular no es otro que la oportunidad de una política pública de Trabajo
Decente, dirigida a reducir la informalidad e ilegalidad laboral, pero también con especial énfasis
en democratizar las relaciones laborales, es decir, salvaguardar las libertades sindicales, proteger
la participación, el diálogo y la negociación con los trabajadores y sus organizaciones sociales,
como una forma de reducir la alta conflictividad laboral y hacer viable la ampliación de la actividad
económica y el desarrollo humano, aspiraciones de la inmensa mayoría de las y los colombianos.
Es lógico que la paz no “aparece como por arte de magia”, es un final y a la vez un principio, el
camino continúa y apenas empieza su construcción derivada de los acuerdos firmados en
relación con los trabajadores, que en su esencia serían los siguientes:
1. Trabajo decente en zonas rurales, creación y mejoramiento de su calidad.
2. Garantías para la existencia y funcionamiento del movimiento social de los trabajadores,
la despenalización de la protesta social.
3. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la
participación y presencia de la historia de la violencia antisindical.
4. Tribunal Especial de Paz, participación de las victimas pertenecientes al sindicalismo.
5. Reparación colectiva para el sindicalismo, construcción de agendas y negociación con el
movimiento sindical en su conjunto y cada una de las 542 organizaciones sindicales
afectadas.
Finalmente, y ante esta situación actual, el sector de los trabajadores proponen, un modelo de
Seguridad Social en Riesgos Laborales, integral en su atención, vigilancia y administración
centrado en la interdependencia de los derechos sin intermediación financiera, con
responsabilidad de las garantías por parte del Estado y con financiación centrado
fundamentalmente en los empleadores (responsables de los riesgos en el trabajo) y de recursos
públicos, por lo tanto, se debe rescatar el papel de lo público y a su vez del Estado como actor
en la dirección y ejecución de las políticas y planes para atender los riesgos de accidente y
enfermedad laboral, lo que llevaría a la creación de una política pública de formalización laboral
para que el trabajo sea el articulador de la economía con la seguridad social. Además, el
fortalecimiento institucional estatal para mejorar su capacidad de inspección, vigilancia y control,
y aumento de los inspectores de trabajo especializados en los temas de salud y seguridad laboral
en los diferentes sectores económicos, teniendo en cuenta la investigación y estudios de salud y
trabajo a nivel nacional, que no solo apunten a los diagnósticos sino al reconocimiento de la
enfermedad, accidente y muerte laboral y a las formas de prevención y mejoramiento de las
condiciones de trabajo y sus determinantes sociales.