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Estrategias de desarrollo en países seleccionados de
América Latina y el Caribe, y el enfoque de economía verde
Un análisis comparativo
i
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Menciones
PNUMA, 2013, Estrategias de desarrollo en países seleccionados de América Latina y el Caribe,
y el enfoque de economía verde: un análisis comparativo
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Las designaciones empleadas en el presente trabajo no implican la expresión u opinión por parte del
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necesariamente los del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Créditos de las fotografías:
Portada: Lianas colgando de la fronda formada por la selva en el Parque Nacional de Yasuní, en Ecuador
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El PNUMA
promueve las prácticas
favorables al medio ambiente
en todo el mundo y en sus propias
actividades. Esta publicación ha
sido impresa en papel 100% reciclado
haciendo uso de prácticas ecológicas.
Nuestra política de distribución busca
reducir la huella de carbono del PNUMA.
Índice
SiglasIv
Lista de cuadros y tablas
Iv
AgradecimientosV
Prólogo1
Resumen ejecutivo
2
Executive summary
6
1.Introducción
1.1. Conferencia de Río 2012
1.2. Evolución del pensamiento sobre el desarrollo en relación con el desarrollo sostenible
1.3. El concepto de economía verde en los países de Latinoamérica y el Caribe
1.4. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 1.5.Metodología
10
10
10
11
12
15
2.
Estrategias de desarrollo en los países seleccionados y la economía verde
2.1. República Argentina
2.2. Estado Plurinacional de Bolivia
2.3. República de Cuba
2.4. República del Ecuador
2.5. República de Nicaragua
2.6. República Bolivariana de Venezuela
16
16
18
20
22
24
26
3.
Análisis del grado de compatibilidad entre los modelos de desarrollo y la economía verde
3.1. Visión sobre el desarrollo
3.2. Papel del Estado en la regulación del mercado
3.3. Pueblos indígenas, comunidades locales y equidad social
3.4. Naturaleza y desarrollo
3.5. Crecimiento de la economía e indicadores
3.6. Patrones de producción y consumo
3.7. Instrumentos económicos para la protección de los recursos naturales
28
28
29
30
31
31
32
34
4.
Análisis de las principales preocupaciones y posicionamiento de los países respecto a la economía verde
4.1. Desarrollo sostenible
4.2. Mercados internacionales y capital financiero
4.3. Comercio y cooperación Norte-Sur
4.4. Transferencia de tecnologías y desarrollo de capacidades nacionales
4.5. Inclusión social
4.6.Competitividad
36
37
37
37
38
38
38
5. Principales conclusiones
40
6.
Recomendaciones y próximos pasos
42
Notas43
Bibliografía44
Anexo. Documentos oficiales consultados por país
45
iii
Siglas
ALBA
Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América
AOD
Ayuda Oficial al Desarrollo
CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CNUDS
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
FNB
Felicidad Nacional Bruta – Bután
FONAG
Fondo para la Protección del Agua de la ciudad de Quito – Ecuador
IEV
Informe de Economía Verde del PNUMA
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PET
Plan Estratégico Territorial Nacional – Argentina
PIB
Producto Interno Bruto
PND
Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien
PNDH
Plan Nacional de Desarrollo Humano - Nicaragua
PNDT
Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Argentina
PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
SELA
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
SiNDOT
Sistema Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Argentina
SIVATSistema de Información, Vinculación y Asistencia Técnica para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial Argentina
UNCTAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Lista de cuadros y tablas
iv
Cuadro 1: Cuadro 2: Cuadro 3: Otros modelos de desarrollo más allá de América Latina: el caso de Bután
La Revolución Energética de Cuba
La iniciativa Yasuní
Tabla: Perfil socioeconómico de los países analizados
Agradecimientos
El presente estudio fue preparado por Jaime Severino y Ronal Gainza-Carmenates, miembros del PNUMA.
Steven Stone, Fulai Sheng, Leigh-Ann Hurt, Lowri Rees y Elisa Tonda, todos ellos también miembros del
PNUMA, hicieron valiosas observaciones. Simon Lobach y Francis Kerwin del PNUMA ofrecieron apoyo con
algunas investigaciones complementarias.
Mara Angélica Murillo Correa, Directora Regional Adjunta del PNUMA para América Latina y el Caribe, y
Steven Stone, Jefe de la Subdivisión de Economía y Comercio del PNUMA, proveyeron orientación para la
preparación de este estudio, realizado bajo la atenta supervisión de Margarita Astrálaga, Directora Regional
del PNUMA para América Latina y el Caribe, y de Sylvie Lemmet, Directora de la División de Tecnología,
Industria y Economía del PNUMA.
Versiones previas de este estudio se beneficiaron de dos reuniones con representantes de los países
estudiados. Las reuniones se celebraron en Nueva York el 29 de abril y el 30 de mayo de 2012. En particular,
el PNUMA apreció las aportaciones de Raphael Archondo y Carla Espósito Guevara, Misión Permanente del
Estado Plurinacional de Bolivia ante la ONU; Jairo Rodríguez Hernández, Misión Permanente de Cuba ante
la ONU; Mario Ruales del Ministerio Coordinador de Patrimonio, República del Ecuador; Jasser Jiménez,
Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la ONU; y Franklin Rangel, Misión Permanente de la
República Bolivariana de Venezuela ante la ONU en Nueva York. Un agradecimiento especial a René Orellana,
negociador líder para la CNUDS del Estado Plurinacional de Bolivia, por sus valiosas aportaciones.
Agradecemos también a las misiones del Estado Plurinacional de Bolivia y del PNUMA en Nueva York por
haber sido sede de las dos reuniones de discusión antes mencionadas.
Así mismo agradecemos a Juanita Castaño, Desirée León, Fatma Pandey y Rahila Somra del PNUMA por su
apoyo administrativo.
El texto en español fue editado y revisado por Marco Batta, y maquetado por Diwata Hunziker sobre diseño
original de Thomas Gianinazzi.
No obstante las valiosas contribuciones de aquellos a quienes hemos mencionado aquí, la responsabilidad por
el contenido presentado en este estudio pertenece por completo a los mismos autores.
v
Glaciar Perito Moreno, Argentina
vi
Prólogo
A pesar de la evidencia cada vez mayor de que transitar hacia una economía verde puede ayudar a los
países a alcanzar sus metas de desarrollo sostenible, esta solo ha sido reconocida como uno de muchos
caminos, visiones, modelos y herramientas disponibles a los países para construir sociedades más sostenibles,
socialmente inclusivas y ecológicamente viables. El debate global dirigido por la ONU sobre la economía verde
en un contexto de desarrollo sostenible y de erradicación de la pobreza que culminó en la reunión de Río+20
el año pasado, representó una oportunidad única para las naciones. Gracias a él, pudieron examinar diferentes
modelos de desarrollo, subrayar sus éxitos y aprender de sus vecinos. Todo ello representó también un reto
para los países, invitándolos a considerar si el camino de la economía verde podría ser útil para sus propios
modelos de desarrollo.
Al igual que en otras regiones, los países de América Latina y el Caribe son diversos, tanto en lo que se
refiere a sus prioridades nacionales como a su forma de afrontar el tema del desarrollo. Aun así, estos países
comparten algunas metas, como la mejora en la calidad de vida de sus pueblos y comunidades, así como un
profundo respeto por la naturaleza. La mayor parte de los modelos de desarrollo reconoce que el papel del
gobierno es esencial para ofrecer incentivos y crear marcos regulatorios que promuevan la protección del
ambiente, el progreso económico y la equidad social. Prácticamente todos los países reconocen también el
papel que la naturaleza y los ecosistemas juegan en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de seguir
preservando dichos recursos vitales.
Después de una serie de diálogos respetuosos y francos entre el PNUMA y algunos países elegidos de América
Latina y el Caribe –a saber, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, se emprendió un
estudio más profundo para comprender las convergencias entre, por un lado, los paradigmas propuestos o ya
existentes, los diversos caminos para un desarrollo que asegure la salvaguarda y el respeto de la naturaleza
y, por otro, el concepto de economía verde en el contexto de un desarrollo sostenible y de erradicación de
la pobreza. Construyendo sobre la multiplicidad de las innovadoras y originales iniciativas desarrolladas en la
región, el estudio analiza cómo las políticas que promueven una economía que presta especial atención a las
emisiones de carbono, al uso eficiente de los recursos y a la inclusión social podrían mejorar potencialmente
los esfuerzos de esas naciones para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad social e incrementar el
bienestar de hombres y mujeres. El estudio Estrategias de desarrollo en países seleccionados de América
Latina y el Caribe, y el enfoque de economía verde: un análisis comparativo quiere estimular la reflexión sobre
cómo una economía verde puede contribuir a la labor que ya se está realizando en la región para promover el
desarrollo sostenible.
Sylvie Lemmet
Directora de la División de Tecnología,
Industria y Economía del PNUMA
Margarita Astrálaga
Directora Regional del PNUMA
para América Latina y el Caribe
1
Resumen ejecutivo
El documento El futuro que queremos considera
que la economía verde es uno de los instrumentos
disponibles más importantes para lograr el desarrollo
sostenible y que podría ofrecer alternativas para
la formulación de políticas serias. No obstante, el
documento afirma que existen diferentes enfoques,
visiones y modelos, en función de las circunstancias
y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo
sostenible en sus tres dimensiones.
El PNUMA a través de este documento Estrategias de
desarrollo en países seleccionados de América Latina
y el Caribe, y el enfoque de economía verde: un
análisis comparativo se propone crear las bases que
guíen un debate regional post Río+20. Dicho debate
analizaría las potencialidades de la adopción de una
economía verde para llevar a cabo la transición hacia
el desarrollo sostenible de los países de la región.
El presente estudio centra su análisis en seis países
del área que han expresado con mayor fuerza sus
inquietudes respecto al concepto de economía verde,
a saber: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua
y Venezuela. A excepción de Argentina, el resto de
los países pertenece a la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Los objetivos específicos del estudio son tres:
identificar los elementos predominantes de las
estrategias de desarrollo de los países seleccionados,
compararlos con el concepto de economía verde del
PNUMA y analizar las inquietudes expresadas por
ellos respecto a la adopción de una economía verde
como vía para alcanzar el desarrollo sostenible.
Con base en siete temas, el análisis comparativo
entre los modelos de desarrollo y la economía verde
mostró que:
Visión sobre el desarrollo
Todos los países analizados establecen como fin
último de sus estrategias de desarrollo la mejora
de las condiciones de vida de las personas y
comunidades, definido en los conceptos de Buen
vivir (Ecuador), Vivir bien (Bolivia), Suprema felicidad
social (Venezuela), Igualdad de derechos y de
oportunidades (Cuba). Para Bolivia y Ecuador esta
2
mejora está además ligada a una relación espiritual
con la naturaleza y en comunidad con los seres
humanos. En ese contexto, la economía verde,
entendida como un vehículo de transición hacia
el desarrollo sostenible, propone instrumentos
que permiten alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible en cada país de acuerdo con su
situación social, cultural, ambiental, institucional y
económica.
Papel del Estado y del mercado
Existe una visión similar en los países analizados en
el sentido de que el paso al desarrollo sostenible,
ya sea por medio de una economía verde u
otro modelo, requiere necesariamente de una
intervención fuerte del gobierno para crear los
mecanismos e incentivos adecuados que aseguren
el que los esfuerzos humanos, institucionales y
financieros estén encaminados a los sectores y
actividades que promuevan la protección ambiental,
el desarrollo económico y la inclusión social. Al
igual que todos los países analizados, el enfoque
de economía verde del PNUMA promueve el
liderazgo del Estado en la dirección de la economía,
regulando el mercado, ya que este por sí solo no
es capaz de garantizar condiciones de negociación
justas y un consentimiento de las partes realizado
de forma verdaderamente voluntaria e informada.
Equidad social
Se destaca un compromiso especial en este grupo de
países con la erradicación de la pobreza. En todos los
modelos de desarrollo, la equidad social se considera
como uno de los elementos clave para transitar hacia
la sostenibilidad. La implementación de políticas
de economía verde implica, por definición, una
reducción de la desigualdad social. De la misma
forma, sociedades más igualitarias permiten un mejor
desempeño ambiental. Una economía verde permite
alcanzar simultáneamente estándares de vida
aceptables y un desarrollo basado en el uso eficiente
de los recursos naturales. Las políticas de economía
verde deben estar acopladas a políticas igualitarias
que garanticen que la calidad de vida de la población
sea mantenida o mejorada.
Naturaleza y desarrollo
Todos los modelos de desarrollo reconocen
dimensiones legales respecto a la relación hombrenaturaleza, el derecho individual y colectivo a un
medio ambiente sano y el deber de los ciudadanos
de preservar el ambiente. La economía verde
reconoce que la forma en que tradicionalmente
se han considerado los recursos naturales para
transformarlos en capital financiero de manera
“gratuita” y “permanente” ha causado el deterioro
de los ecosistemas comprometiendo el bienestar de
generaciones presentes y futuras. Esta visión está
alineada con la intención de los países analizados
para, entre otros objetivos, pasar del extractivismo
a un modelo que valore la naturaleza y utilice los
recursos de manera sostenible. Cabe destacar que
Ecuador y Bolivia aportan un nuevo enfoque legal a
la relación antropocéntrica hombre-naturaleza que
hasta ahora ha dominado el concepto del desarrollo
sostenible: la naturaleza también tiene derechos que
deben ser respetados, promovidos y defendidos. Si
bien la economía verde reconoce que los recursos
naturales son una fuente fundamental del bienestar
y del sustento del desarrollo humano, esta no llega
hasta la manifestación explícita de una relación
espiritual entre las personas y la naturaleza.
Crecimiento de la economía e indicadores
A pesar de que los seis países analizados mencionan el
crecimiento de la economía como uno de los objetivos
de sus modelos de desarrollo, también reconocen
que su objetivo final va más allá de la generación
de riqueza material e incluye, entre otras cosas, la
realización de las aspiraciones de las personas en
armonía con el resto de la sociedad y de la naturaleza.
Tanto el enfoque de economía verde del PNUMA
como varios de los países analizados, hacen hincapié
en la necesidad de utilizar nuevos esquemas de
contabilidad, que sean acordados internacionalmente
y que permitan medir mejor el progreso hacia el
desarrollo sostenible. El PNUMA es consciente de las
limitaciones que supone el empleo del produto interno
bruto (PIB) como indicador de progreso y bienestar
humano, y se encuentra actualmente buscando otras
alternativas para medir el bienestar humano.
Patrones de producción y consumo
La mayoría de los países estudiados tienen ya en
marcha estrategias para la promoción de patrones
de producción y consumo sostenibles, tal como
lo propone también la economía verde. Dichas
estrategias permitirán aumentar la eficiencia en el
uso de los recursos durante la producción así como
un cambio en las decisiones de los consumidores.
Los patrones de producción y consumo sostenibles,
tal como se menciona en el Marco de Programas
Decenales (10YPF por sus siglas en inglés), y el
enfoque de economía verde son, en ocasiones, vistos
como las dos caras de la misma moneda: comparten
el objetivo de buscar el desarrollo sostenible y cubren
dimensiones de políticas públicas macro y micro
económicas, regulaciones, operaciones empresariales
así como el comportamiento de la sociedad.
Instrumentos económicos para la protección
de los recursos naturales
Las políticas nacionales de desarrollo de la cuasi
totalidad de los países estudiados reconocen las
funciones de los ecosistemas y la forma en que su
conservación puede ser integrada efectivamente en
el desarrollo del país. De hecho, varios instrumentos
económicos están siendo actualmente utilizados
para la protección del medio ambiente. La economía
verde propone un conjunto de instrumentos
económicos que podrían ayudar a conservar el
medio ambiente y aumentar la equidad y el bienestar
social. Sin embargo, depende de cada país adoptar
los instrumentos y enfoques más apropiados a sus
intereses y a su estatus socio-económico. De igual
forma, tanto la economía verde como algunos de
los países estudiados, reconocen que los recursos
naturales pueden proveer beneficios globales,
como el secuestro de carbono o la biodiversidad.
En una economía verde la compensación por los
beneficios provenientes de las diversas funciones de
los ecosistemas, pueden ser vistas como generadora
de ingresos estables para retribuir a los pobladores
que habitan tales ecosistemas por asegurar
dichas funciones. La adopción de mecanismos
internacionales para establecer dicha compensación,
no debe ir en detrimento de la soberanía de los países.
3
Resumen Ejecutivo
El análisis de las inquietudes que los países
estudiados tienen respecto a la adopción de una
economía verde como una de las vías para alcanzar el
desarrollo sostenible sacó a la luz lo siguiente:
un llamado para rectificar ese modelo económico
y movilizar los recursos para resolver estas
necesidades más urgentes.
Comercio y cooperación Norte-Sur
Desarrollo sostenible
La mayoría de los países analizados considera que la
economía verde podría ser una de las herramientas
para alcanzar el desarrollo sostenible siempre y
cuando se adapte a los modelos económicos, a las
prioridades de desarrollo y a los marcos políticoinstitucionales de cada país. Sin embargo, esta no
debe sustituir al desarrollo sostenible. El PNUMA es
consciente de que existen diversos caminos hacia
el desarrollo sostenible. A pesar de que promueve
la economía verde como uno de ellos, la decisión
de qué modelo seguir o construir para transitar
hacia el desarrollo sostenible es exclusiva de cada
país. Corresponde al Estado asegurar los recursos
institucionales, políticos, financieros, así como las
capacidades humanas, hacia lo que el país considere
sus prioridades en las dimensiones social, económica
o ambiental.
Mercados internacionales y capital financiero
Una parte de los países en estudio demanda
una reforma en los mecanismos globales de los
mercados financieros y de producción de alimentos,
incluyendo la mejora en la transparencia de los
mismos. También existe el temor de que la economía
verde sea puesta a disposición de los intereses del
capital para mercantilizar la naturaleza. La economía
verde surgió como respuesta a la especulación,
que fue una de las principales causas de la crisis
financiera y económica de 2008 y 2009. En las
dos décadas anteriores a la crisis hubo demasiada
inversión en derivados financieros y muy poca en
la economía real y en sectores que la sociedad
realmente necesitaba, como seguridad alimentaria,
seguridad energética, empleos decentes, transporte
público, manejo de residuos, restauración de
ecosistemas y educación. El concepto de economía
verde surgió en respuesta a dicho desarrollo. La
economía verde, según la óptica de PNUMA, es
4
Los países estudiados expresan una gran
preocupación de que la economía verde conlleve a
la adopción de condiciones, parámetros o normas
que puedan generar restricciones encubiertas
o discriminaciones arbitrarias injustificables al
comercio, la financiación, la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) y otras formas de asistencia
internacional, llevando a un “proteccionismo verde”.
La posición del PNUMA es que los mecanismos
internacionales existentes para hacer frente a estas
situaciones tendrán que ser fortalecidos para afrontar
los nuevos retos. Por otra parte, una economía verde
vista desde la óptica del PNUMA es favorable a la
eliminación de todos los subsidios perjudiciales que
conducen a la degradación del medio ambiente.
Transferencia de tecnologías y desarrollo
de capacidades nacionales
Los países abogan por la creación de mecanismos
internacionales adecuados para la transferencia
de tecnología y recursos financieros, que permitan
a los países en vías de desarrollo transitar hacia
un desarrollo sostenible sin costos adicionales. La
economía verde busca que la inversión extranjera
directa y el comercio internacional fluyan hacia
sectores verdes o al enverdecimiento de los sectores
existentes. La transferencia de tecnologías, en
el marco de una economía verde, considera las
prácticas apropiadas que puedan ser producidas
localmente y que puedan servir como complemento y
no como remplazo, a las tecnologías, conocimientos,
culturas y consideraciones éticas del país receptor.
Inclusión social
Los países manifiestan su preocupación de que en
el proceso de implementación de una economía
verde ciertos sectores de la población se vean
afectados negativamente en su bienestar. En una
economía verde, es papel del Estado asegurar el
éxito de la adopción de dichas políticas, de forma
que los segmentos más pobres de la sociedad sean
protegidos de los impactos negativos del cambio
en la política pública. La transición hacia una
economía verde en gran escala y de forma sostenida
involucrará cambios que pueden ser duros, al menos
para algunos sectores de la población. De ahí la
importancia de que los gobiernos asuman una
función de liderazgo en la formulación de políticas
y estrategias mediante un proceso inclusivo y
transparente para mitigar los impactos en los grupos
más vulnerables.
A manera de conclusiones generales podríamos
decir:
Si bien la mayoría de los países analizados han
logrado incorporar a sus políticas de desarrollo
diversos elementos que rigen la relación de las
personas y de las comunidades con el ambiente y la
forma de lograr la sostenibilidad, se percibe una
brecha entre las posiciones actuales de los países en
el plano internacional, muchas veces vanguardistas, y
sus políticas actuales de desarrollo. Sin embargo, ello
puede atribuirse a la lentitud de algunas legislaciones
nacionales para incorporar los temas discutidos y
aprobados en el plano internacional.
Competitividad
Existe el temor a que, en el proceso de adopción de
una economía verde, los países en vías de desarrollo
pierdan competitividad. Para la mayoría de los países
estudiados su competitividad está basada en la
abundancia de sus recursos naturales. Sin embargo,
si estos recursos no son manejados sosteniblemente,
tal como lo propone la economía verde, terminarán
por agotarse debido a la extracción continua,
a menos que sean renovables. Por ejemplo, la
economía verde es partidaria de que el comercio
de productos basados sobre la explotación de la
diversidad biológica se realice según los principios y
criterios de Biocomercio aprobados por la UNCTAD.
Estos principios y criterios garantizan, entre otros,
que la producción y comercialización de estos
bienes sea sostenible y contribuya a una distribución
justa y equitativa de los beneficios del uso de la
biodiversidad. Por ello el Biocomercio constituye no
solo una oportunidad para estos países, sino también
una forma de garantizar un uso sostenible de sus
recursos naturales. Además, la economía verde
propone que se usen los dividendos actuales de la
explotación de los recursos naturales en inversión
para el enverdecimiento de la economía, como
la agricultura sostenible, la energía renovable, las
edificaciones sostenibles y el manejo de residuos.
Muchas de las posiciones que a lo largo del
proceso preparatorio de Río+20 expresaron los países
estudiados, fueron primeramente presentadas por el
grupo G77 y la China, y finalmente recogidos en el
documento final El futuro que queremos. Ello podría
significar que estas preocupaciones son también
compartidas por un grupo más amplio de países y
que los países del ALBA y Argentina jugaron un papel
decisivo de liderazgo en la adopción del documento
final.
Finalmente, el estudio propone al PNUMA y
específicamente a su oficina regional para América
Latina y el Caribe centrar sus esfuerzos futuros en el
tema de economía verde en dos áreas:
Diálogo. Continuar el diálogo con los países
estudiados, particularmente a través de la promoción
de discusiones de alto nivel entre el PNUMA y los
gobiernos sobre las posibles vías de incorporar
transversal y efectivamente la dimensión ambiental
en sus políticas públicas, de acuerdo con sus propias
necesidades y perspectivas.
Estrategia regional. Definir e implementar una
estrategia de trabajo regional sobre economía verde,
que incluya a todos los países del área. Dicha
estrategia guiará y coordinará el trabajo del PNUMA,
y proporcionará un marco de acción regional sobre
los compromisos asumidos en Río+20.
5
Executive summary
The outcome document of Rio+20, The Future We
Want, considers the green economy approach as an
important tool for achieving sustainable development
and poverty eradication, while providing an
opportunity for thoughtful policymaking. It also
affirms that there are different approaches, visions
and models available to countries, in accordance with
their national circumstances and priorities, to achieve
their respective sustainable development.
Through this paper, Development strategies of
selected Latin American and Caribbean countries
and the green economy approach: A comparative
analysis, UNEP aims to set the foundation for a postRio+20 regional debate on the potential of a green
economy transition to sustainable development.
The present study focuses on six countries that have
expressed major concerns about the concept of
green economy, namely: Argentina, Bolivia, Cuba,
Ecuador, Nicaragua and Venezuela. All countries,
except Argentina, are members of the Bolivarian
Alliance for the Peoples of Our America. (ALBA)
The specific objective of the study is two- fold: to
compare predominant elements of the development
strategies of these countries with the green economy
approach as defined by UNEP; and to analyze the
concerns expressed with regard to the adoption of
a green economy as a pathway towards sustainable
development.
Based on seven themes, the comparative analysis of
the countries’ development strategies with the green
economy approach finds the following:
Vision on development
As the ultimate goal of their development strategies,
all countries analysed promote the improvement
of the lives of their people and communities.
Most have developed their specific concept of
well-being: Good Living (Ecuador), Living Well
(Bolivia), Supreme Social Happiness (Venezuela),
Equal Rights and Opportunities (Cuba). In the case
of Bolivia and Ecuador, this improvement is also
linked to a spiritual relationship with nature and in
6
communion with people. In this context, the green
economy approach – as a vehicle for transition to
sustainable development – proposes instruments to
achieve the objectives of sustainable development
in each country in recognition of their social,
cultural, environmental, institutional and economic
background. In this context, green economy – as a
vehicle for transition to sustainable development –
proposes instruments to achieve the objectives of
sustainable development in each country depending
on their social, cultural, environmental, institutional
and economic background.
Role of the state and the market
There is a similar view among the six countries that
the transition towards sustainable development,
either through a green economy or another model,
requires a well-defined government intervention
crafted with mechanisms and incentives to ensure
that human, institutional and financial efforts are
aimed at the sectors and activities that promote
environmental protection, economic development
and social inclusion. In the same way as the green
economy approach, the countries analysed promote
the leadership of the state in directing the economy
and regulating the market, as the latter alone cannot
ensure that trading conditions are always fair and
that the agreement of its representatives is obtained
in a truly voluntary way.
Social equity
All countries analyzed have a special commitment
to the eradication of poverty and consider social
equity as one of the key elements for a transition
towards sustainability. Similarly, the implementation
of green economy policies implies, by definition,
a reduction of social inequality. A green economy
simultaneously achieves acceptable living standards
and development based on the efficient use of
natural resources. At the same time, green economy
policies must be coupled with egalitarian policies to
ensure that people’s quality of life is maintained or
improved. More egalitarian societies lead to better
environmental performance.
Nature and development
All development strategies studied include legal
instruments that regulate the relationship between
man and nature, the individual and collective
rights to a healthy environment, and the duty of
citizens to preserve the environment. Likewise,
the green economy approach recognizes that
the way in which natural resources have been
traditionally transformed into financial capital, as
if they were a resource “free for the taking”, has
caused a permanent deterioration of ecosystems
and compromised the well-being of present and
future generations. This point of view is in line
with the intention of these countries, among other
objectives, to move from an extractive-based
development model to one that values nature
and uses resources sustainably. It is noteworthy
that Ecuador and Bolivia have added a new legal
dimension to the human-centered perspective on
the relationship between man and nature, which has
so far been dominant in sustainable development:
nature also has rights that must be respected,
promoted and defended. While the green economy
approach recognizes that natural resources are a
critical source of well-being and livelihood essential
for human development, it does not explicitly
express a spiritual relationship between humans and
nature.
Economic growth and indicators
Although all six countries mentioned economic
growth as one of their development objectives, they
also recognize that their ultimate goal goes beyond
material wealth generation, and includes, inter alia,
the fulfilment of people’s aspirations in harmony
with the rest of society and nature. Both UNEP’s
green economy concept and the countries analysed
emphasize the need to use new accounting schemes
that are internationally considered to better measure
progress towards sustainable development. UNEP
is aware of the limitations of using gross domestic
product as an indicator of human well-being and is
currently engaged in searching for alternatives that
better capture this aspect.
Sustainable consumption and production
Most countries have embarked on national
initiatives to accelerate the shift towards sustainable
consumption and production, as endorsed by
the green economy approach. These initiatives
will enhance the efficient use of resources during
production processes and promote awareness
about sustainable consumption. Sustainable
production and consumption, as stated in the 10Year Framework of Programmes on Sustainable
Consumption and Production and the green
economy approach, are sometimes seen as two
sides of the same coin: they share the goal of
seeking sustainable development and cover the
macro and micro aspects of economic public policy,
regulations, business operations and
societal behaviour.
Economic instruments for environmental
protection
The national development strategies of nearly all
the countries recognize the functions of ecosystems
and how their conservation can be effectively
integrated into the country’s development. In this
regard, several economic instruments are currently
being used for environmental protection in these
countries. Similarly, the green economy approach
offers a range of economic instruments that could
help preserve the environment and increase equity
and social well-being. Nevertheless, it is the choice
of each country to adopt the most appropriate
approaches and tools based on its national
interests and socio-economic status. As such, both
the green economy approach and some of the
countries analysed recognize that natural resources
can provide global benefits, such as carbon
sequestration and biodiversity conservation. In a
green economy, it is possible to compensate those
who provide these functions and could be a source
of a stable stream of revenue for service providers.
However, the green economy approach believes
that the adoption of international mechanisms
for environmental protection should not be
detrimental to the sovereignty of countries.
7
Executive Summary
The analysis of the countries’ concerns regarding
the adoption of green economy as a pathway
towards sustainable development sheds light on
the following issues:
Sustainable development
A majority of the six countries analysed consider
that a green economy could be an important
tool to achieve sustainable development, as long
as it is adapted to the economic development
strategies, development priorities, and political and
institutional frameworks of each country. However,
a green economy should not replace sustainable
development. UNEP recognizes that there are
different paths to reach sustainable development.
While it is promoting the green economy approach,
the decision about how to move towards sustainable
development remains each country’s choice. It is
the state’s responsibility to ensure the institutional,
political, financial and human capacities as well as
achieve what the country considers its priorities in
the social, economic or environmental pillars.
International markets and financial capital
Some of the countries studied demand a reform of
the global financial and food production markets,
including an improvement in their transparency.
They also fear that the green economy can be used
as a tool for financial capital to transform nature
into merchandise. In the past two decades, there
was substantial investment in financial derivatives
and inadequate investment in the real economy
and in sectors that cater to the needs of society,
such as food security, energy security, decent jobs,
public transport, waste management, restoration
of ecosystems and education. The green economy
approach emerged in response to such needs. From
UNEP’s point of view, a green economy approach is
a call to rectify this economic model and mobilize
resources to address these urgent needs.
8
Trade and North-South cooperation
The six countries expressed their particular concern
that the green economy approach may lead to the
adoption of conditions, parameters or rules that
could produce disguised restrictions or arbitrary
and unjustifiable discrimination related to trade,
finance, Official Development Assistance and other
forms of international assistance, which in turn
could lead to “green protectionism”. In this regard,
a green economy, as defined by UNEP, supports
the elimination of all harmful subsidies that lead
to environmental degradation. In addition, UNEP’s
position calls for the strengthening of existing
international mechanisms to address these concerns
and meet these new challenges.
Technology transfer and development
of national capacities
The six countries advocate for the creation of
appropriate international mechanisms for the
transfer of technology and financial resources to
enable developing countries to move towards
sustainable development without additional costs.
A green economy approach envisions a flow of
foreign direct investment and international trade
towards green sectors or towards the greening of
existing sectors. Technology transfer, within a green
economy framework, considers appropriate local
practices that could complement, but not replace,
the technologies, knowledge, cultures and ethical
considerations of the host country.
Social inclusiveness
The countries have expressed concern over the
negative impact of a green economy approach on
the welfare of certain sectors of the population. In
a green economy, it is the state’s role to ensure the
success of the adoption of policies that assure that
the poorest segments of society are protected from
the negative impacts of change in public policy. The
transformation to a green economy on a large scale
and in a sustained way would involve changes that
could be difficult, at least for some segments of
the population. For this reason, it is of the highest
importance that governments take a leading role in
the formulation of policies and strategies through an
inclusive and transparent process in order to mitigate
the impacts on the most vulnerable groups.
Competitiveness
Countries are concerned over the fact that in the
process of adopting a green economy, developing
countries would become less competitive. For
most of the countries included in this study, their
competitiveness is based on the abundance of their
natural resources. However, if these resources are not
renewed and managed sustainably, as proposed by
a green economy, continuous extraction will result
in countries running out of these resources. For
example, a green economy promotes that the trade
of biodiversity products be organized accordingly to
the Principles and Criteria adopted by UNCTAD. This
ensures, inter alia, that the production and marketing
of these goods are sustainable and contribute to a
fair and equitable sharing of benefits from the use
of biodiversity. BioTrade is not only an economic
opportunity for countries, but also a way to ensure
the sustainable use of natural resources. In addition,
the green economy approach proposes the use the
dividends from the exploitation of natural resources
to green the economy, e.g., sustainable agriculture,
renewable energy, sustainable buildings and waste
management.
Furthermore, the study finds that:
for achieving sustainability, there is a gap between
the position of the countries, often very innovative,
which is expressed in the international arena, and
their current development policies. However, this gap
may be intrinsic to the process of public policy
creation, where issues discussed and approved at
international forums are incorporated into national
legislation with a certain delay.
Many of the concerns stated by the group of
countries during the Rio+20 preparatory process
were first presented by the G77 and China group and
finally included in the outcome document The Future
We Want. This could be a sign that these concerns
are shared by many other developing countries and
that the ALBA group and Argentina played a decisive
leadership role in the negotiation of the final text.
In conclusion, the study recommends that UNEP,
and specifically its Regional Office for Latin America
and the Caribbean, focus its future green economy
efforts on two areas:
Dialogue – Continue the dialogue with this group
of countries, particularly through the promotion of
high-level discussions between UNEP and
governments, on possible ways to effectively
incorporate the environmental dimension into their
policies, according to their own needs and
perspectives.
Regional strategy – Define and implement a
regional green economy strategy that includes all
countries in the area. Such a strategy could help
guide and coordinate the work of UNEP, and provide
a framework for regional action on commitments
made at Rio+20.
Although most of the countries analysed have
integrated into their development strategies certain
elements that govern the relationship of human and
communities with the environment and the pathways
9
1 Introducción
“Estrategias de desarrollo en países seleccionados
de América Latina y el Caribe, y el enfoque de
economía verde: un análisis comparativo” tuvo su
origen durante la XVIII Reunión del Foro de Ministros
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
realizada en Quito, Ecuador, en febrero de 2012. Allí
diversos delegados solicitaron al PNUMA realizar un
análisis que comparara las diferentes posturas ante el
desarrollo sostenible en la región y su relación con la
economía verde. El presente estudio se llevó a cabo
entre abril y julio de 2012, y centra su análisis en seis
países del área que han expresado con más fuerza
sus inquietudes respecto al concepto de economía
verde, a saber: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela.
1.1 Conferencia de Río 2012
La Cumbre de la Tierra Río+20, como se le conoce
también a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (CNUDS), tuvo lugar
del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro,
Brasil. Los propósitos de la misma estuvieron
encaminados a revisar y actualizar la implementación
del concepto de desarrollo sostenible y, al mismo
tiempo, revivir el espíritu de Río 92, de integración y
unidad global. La cumbre, además, giró en torno a
dos temáticas fundamentales:
1.2Evolución del pensamiento
sobre el desarrollo en relación
con el desarrollo sostenible
Aunque se está lejos de generar un consenso en
relación con una definición única sobre el desarrollo
sostenible, también es cierto que se han hecho
esfuerzos muy importantes por tener una referencia
general que guíe las acciones de los Estados y
los pueblos hacia el logro de dicho objetivo. En
este sentido, la definición mayormente aceptada
corresponde a la del informe Nuestro futuro común
(conocido como el informe Brundtland): “es el
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades” (UNGA, 1987).
el marco institucional para el desarrollo sostenible.
Es importante reconocer que muchos países y
regiones entienden que es necesario promover la
armonía con la naturaleza para lograr el desarrollo
sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Una visión holística e integrada ayudará a restaurar la
salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra.
El documento final de la Conferencia, El futuro que
queremos (UNCSD, 2012), reafirma los compromisos
establecidos en la Agenda 21, así como el Plan de
Implementación de Johannesburgo. Reconoce también
que el desarrollo de los países y las regiones ha
sido desigual desde las cumbres anteriores, y que el
desarrollo sostenible debe ser inclusivo y beneficiar a
todos. Además pide que “se adopten enfoques globales
e integrados del desarrollo sostenible que lleven a
la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y
conduzcan a la adopción de medidas para restablecer
el Estado y la integridad del ecosistema de la Tierra”.
El desarrollo sostenible, pensado desde esta
perspectiva, es un proceso de cambio progresivo en
la calidad de vida del ser humano que asegura una
relación armoniosa entre los humanos y entre estos
y el mundo natural. Este proceso implica el respeto
a la diversidad étnica y cultural ya sea local, regional
o nacional. También implica el fortalecimiento y
la plena participación ciudadana, en convivencia
pacífica y en armonía con la naturaleza, así como la
lucha contra la pobreza. Igualmente, implica que la
sostenibilidad a nivel local no se logra si no se trabaja
también en un nivel global.
una economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza, y
10
La CNUDS coincidió con el 40 aniversario de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,
con los veinte años de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río
de Janeiro en 1992, y con los diez años después de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo.
Los retos que presenta la transición hacia el desarrollo
sostenible conllevan encontrar nuevas normas,
instituciones, políticas y, sobre todo, nuevas conductas
individuales que sean coherentes con los principios de
la sostenibilidad. Desde la Conferencia de Río en 1992,
los países han buscado instaurar estos paradigmas,
ya sea creando nuevos o recuperándolos de
cosmovisiones existentes en sus pueblos originarios.
Derivado de las crisis financiera, energética y
alimentaria, acentuadas en 2008, el PNUMA hizo un
llamado, conocido como el Nuevo Acuerdo Verde
Global, para incluir en los paquetes de recuperación
económica inversiones públicas y una serie de
reformas complementarias de políticas públicas. Con
dichas políticas públicas se pretendía impulsar la
transición hacia el desarrollo sostenible mediante una
economía verde, al mismo tiempo que se vigorizaban
las economías, se creaban empleos y se abordaba la
pobreza persistente (PNUMA, 2009). De allí surge la
idea de la economía verde como un concepto que al
utilizarse contribuya al logro del desarrollo sostenible.
Al respecto, el PNUMA en su documento Hacia una
economía verde: guía para el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza, conocido como Informe
de Economía Verde (IEV) define la economía verde
como una economía que “debe mejorar el bienestar
del ser humano y la equidad social, mientras reduce
significativamente los riesgos ambientales y las
escaseces ecológicas” (PNUMA, 2011). Desde esta
perspectiva, la economía verde supone una visión del
desarrollo que trasciende la vieja concepción fundada
en el crecimiento ilimitado y sugiere el uso sostenible
de los recursos, procurando la participación de la
sociedad en la toma de decisiones sobre los mismos.
Transitar hacia este nuevo paradigma dependerá de
la creación de un ambiente propicio incluyendo: (i) el
fortalecimiento de la gobernanza ambiental global;
(ii) el establecimiento de marcos regulatorios sólidos
que fomenten las inversiones de carácter ambiental
tales como incentivos fiscales, subsidios con
externalidades positivas y favorecer compras públicas
sostenibles; (iii) la limitación del gasto estatal en áreas
perjudiciales para el capital natural; (iv) la inversión en
el desarrollo de capacidades, formación y educación;
(v) y la aplicación de instrumentos económicos que
permitan crear fuentes de financiamiento para el área
ambiental (PNUMA, 2011).
1.3El concepto de economía verde
en los países de Latinoamérica
y el Caribe
El proceso preparatorio internacional para Río+20,
contó con múltiples foros de análisis, discusión y
negociación para definir tanto los alcances como
las formas de lograr una economía verde que
permita alcanzar el desarrollo sostenible. Además
se realizaron diversas reuniones regionales para
discutir y definir posiciones conjuntas. En septiembre
de 2011, en el marco del proceso preparatorio
formal, se llevó a cabo la Reunión Preparatoria
para la Región de América Latina y el Caribe, de
la que resultó una serie de conclusiones en la que
no existe mención al término economía verde,
reflejando la falta de consenso sobre el tema (CEPAL,
2011). De forma similar, en la XVIII Reunión del
Foro de Ministros de Medio Ambiente de América
Latina y el Caribe, a principios de 2012, el tema se
discutió solo tangencialmente, aunque uno de los
principales temas a tratar fueron las perspectivas de
los Ministerios de Ambiente de la región de cara a
Río+20, quedando también ausente de la declaración
final de la reunión (PNUMA, 2012). A pesar de
ello, hubo pronunciamientos de algunos países en
relación al concepto de economía verde, explicando
su preferencia por el término de economía ecológica.
Algunos países de la región han visto este nuevo
paradigma como una vía para alcanzar sus metas de
desarrollo sostenible. Por ejemplo, Barbados llevó
a cabo un estudio de prospección de economía
verde en cooperación con el PNUMA, el cual fue
presentado por el Primer Ministro Freundel J.
Stuart en marzo de 2012. Este estudio identifica las
fortalezas, debilidades, barreras y oportunidades
del modelo de desarrollo del país para transitar
hacia una economía ambientalmente sostenible
y socialmente inclusiva (GoB et al, 2012). México
también comenzó recientemente un estudio similar
(SEMARNAT, 2012).
11
Introducción
Sin embargo, otros países han mostrado menos
entusiasmo y han expresado abiertamente su
desacuerdo. Dadas las diferentes posturas que
existen entre los países de América Latina y el
Caribe, evidenciadas con mucha claridad en las
posiciones enviadas por los países a la Secretaría de
la CNUDS para el documento de compilación y sus
participaciones durante el proceso preparatorio de la
CNUDS, resultó de fundamental importancia encontrar
puntos de coincidencia que permitieran presentar una
postura unificada acerca de la visión que se tiene en la
región sobre el concepto de desarrollo1.
Fueron muchas las inquietudes sobre la economía
verde expuestas en el primer borrador de decisión de
la Conferencia (zero draft). En el proceso preparatorio
para la CNUDS, hubo un análisis de las ideas comunes
entre el documento de negociación y las propuestas
de los países que han mostrado preocupaciones por
el concepto. Esto permitió la construcción de una
declaratoria que incorporó las visiones e inquietudes
de todos los países. Adicionalmente, fuera del
escenario de las negociaciones previas a Río+20, el
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA, 2012), elaboró un análisis en el que se hace
una comparación de las definiciones de economía
verde usada por el PNUMA, crecimiento verde usada
por la OCDE y se contrastan con el concepto de
economía verde redistributiva, como una propuesta
desde los países de la región.
La economía verde, según lo señalado en el informe
publicado por el PNUMA, permitiría tener un
desarrollo con bajas emisiones de carbono, eficiente
en el uso de los recursos naturales y socialmente
inclusivo, que facilitaría el tránsito hacia el desarrollo
sostenible. Para lograrlo promueve una serie de
medidas, algunas de ellas destinadas a corregir fallas
del mercado. Dichas medidas crearían las condiciones
para lograr esta transformación. La iniciativa ha
encontrado oposición en algunos países de América
Latina y el Caribe, quienes han cuestionado la
efectividad del modelo basado en los mercados y en
los instrumentos económicos, así como el compromiso
internacional con el desarrollo sostenible. Estos
países reaccionaron contra la Iniciativa argumentando
que el simple hecho de enverdecer la economía no
resolvería los problemas generados por un sistema de
libre mercado y acumulación de riqueza. Es necesario
–sostienen– modificar el paradigma de desarrollo
para que anteponga el bienestar de las personas,
en armonía con la naturaleza y la restauración del
balance ecológico, a la acumulación de bienes2.
12
Este concepto ya ha quedado reflejado en varias
constituciones políticas y en la planeación nacional del
desarrollo de los países en cuestión.
Después de la Conferencia, algunos países continúan
mostrado su insatisfacción respecto a la falta de
acuerdo o contundencia sobre algunos puntos. Por
ejemplo, se crítica que todavía persista la lógica
antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la
naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo
sostenible, o la falta de aplicación o suscripción
universal a la Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas y de la importancia de crear una
“ética de conservación”, basada sobre el derecho de
la naturaleza (Orellana y Pacheco, 2012).
En este contexto, resulta de gran importancia
generar un debate regional post Río+20 acerca de las
potencialidades que la adopción de una economía
verde tendría en la transición hacia el desarrollo
sostenible para los países de la región. Por esta
razón, el PNUMA pretende con este documento
crear las bases que guíen este diálogo a través de
un análisis de los elementos comunes entre las
estrategias de desarrollo de los países seleccionados
y la economía verde, en el contexto de un desarrollo
sostenible. Además, el estudio da respuestas a las
principales inquietudes expresadas por estos países
respecto a la economía verde durante el proceso
preparatorio de Río+20.
1.4.Alianza Bolivariana para los
pueblos de nuestra América
A excepción de Argentina, el resto de países
seleccionados para este estudio pertenecen al
ALBA 3. A pesar de ser una organización regional
joven, el ALBA se ha ido consolidando en los últimos
años y ha ganado terreno en el plano internacional.
Quizás el primer y más conocido rol del ALBA en
cuestiones ambientales, fue durante la decimoquinta
Conferencia de las Partes a la Convención de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
celebrada en Copenhague, Dinamarca (2009). El
grupo encabezado por Bolivia, Venezuela y Cuba
denunció la falta de compromisos tangibles por
parte de los países desarrollados (anexo I de la
CMNUCC) e impidieron que se aprobara un nuevo
acuerdo climático. Estos países consideraron
insuficiente el acuerdo firmado en la Conferencia,
dada la gravedad del problema.
Tabla. Perfil socioeconómico de los países analizados
Extensión territorial
en km2
Población (millones
de habitantes)1
PIB (miles de millones
de dólares)1
GDP per cápita (US$)1
IDH2
Valor de la moneda
nacional (dólares)1
Huella ecológica
per cápita (gha)3
Desempleo1 (%)
Argentina
Bolivia
Cuba
Ecuador
Nicaragua
Venezuela
2,780,400i
1,980,581 ii
111,860 iii
283,561 iv
130,370 v
912,050 vi
40.76d
10.09d
11.25d
14.67d
5.87d
29.28d
446.00d
23.95d
60.81a
65.95d
9.317d
316.50d
10,942.0d
2,374.0d
5,396.9a
4,496.5d
1,587.2d
10,809.6d
0.797d
0.663d
0.776d
0.720d
0.589d
0.735d
Peso argentino
(ARS)
4.57
Boliviano
(BOB)
6.96
Peso cubano
(CUP)
1
Dólar
(US)
1
Córdoba
(NIO)
1.56
Bolívar
(VEB)
23.58
2.60c
2.57c
1.80c
1.89c
1.56c
2.89c
7.1e
6.0c
1.6a
6.5b
5.9b
7.6b
Fuentes:
1
2
3
B ase de datos del Banco Mundial: www.worldbank.org (abril
2013)
IDH tomado de Human Development Report 2011 – Human
development statistical annex. HDRO (Human Development
Report Office) United Nations Development Programme, pp.
127-130 (2 de noviembre de 2011)
Datos de la huella ecológica tomados de Ecological Footprint
Atlas 2010. Global Footprint Network (13 de octubre de 2010)
Más recientemente el ALBA ha jugado un papel
importante en las negociaciones previas a Río+20
dentro del grupo G77+China logrando la inclusión
de los siguientes temas, entre algunos otros, en la
propuesta que el G77+China presentó en Río+20
(Orellana, 2012):
la inclusión de un acápite de armonía con la
naturaleza, incluyendo la regeneración y adaptación
de los ecosistemas y la promoción de una declaración
universal de los derechos de la naturaleza;
el reconocimiento del derecho al agua segura y
limpia, y el derecho al saneamiento básico como un
derecho humano esencial;
introducir en el debate la seguridad alimentaria
como la meta principal, aunque no se ha logrado un
consenso dentro del G77;
el reconocimiento del rol de las comunidades
indígenas y de los pequeños productores tradicionales
i
INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)
a
ii
INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia)
b
2009
iii
ONE (Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba)
c
2010
iv
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de
Ecuador)
d
2011
e
2012
v
INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo
de Nicaragua)
vi
INE (Instituto Nacional de Estadística de Venezuela)
2008
en la provisión de semillas y la conservación de la
biodiversidad en los países en vías de desarrollo;
promover y garantizar el acceso y la seguridad
jurídica de la tierra a los pueblos indígenas;
la reforma del sistema y la arquitectura financiera
global, promoviendo una mayor participación de los
países en vías de desarrollo;
la necesidad de un nuevo orden económico
internacional basado en los principios de equidad,
soberanía, intereses comunes, interdependencia y
cooperación entre los Estados;
la transformación de los patrones de consumo y
producción, principalmente en los países
desarrollados;
la necesidad de nuevos indicadores de desarrollo
que superen las limitaciones del Producto Interno
Bruto.
13
Introducción
El Tocororo (Priotelus temnurus),
ave nacional de Cuba
14
1.5Metodología
La búsqueda de elementos comunes para desarrollar
un diálogo constructivo sobre economía verde y
desarrollo sostenible, en el contexto de Río+20,
supone indagar sobre los siguientes objetivos
específicos:
identificar los elementos predominantes de las
estrategias de desarrollo de los países seleccionados
y compararlos con el concepto de economía verde
del PNUMA y,
analizar las inquietudes expresadas por los países
en estudio respecto a la adopción de una economía
verde como vía para alcanzar el desarrollo sostenible.
En la elaboración de este estudio se consultaron
los documentos oficiales de la planificación del
desarrollo de los países elegidos, comunicaciones de
los países al secretariado de la Conferencia Río+20,
declaraciones en las sesiones de negociación, el
Informe de Economía Verde y otras publicaciones
generadas por el PNUMA y la Conferencia (en
el Anexo se presenta una lista de los principales
documentos consultados para cada país).
La información obtenida se analizó en dos niveles
principalmente. Primero, cómo los países en estudio
han implementado su concepción del desarrollo hacia
su política interna, reflejada principalmente en los
documentos oficiales de planeación del desarrollo.
Segundo, cuál es su visión del desarrollo sostenible y
sus inquietudes en el plano internacional, expresadas
principalmente en el marco de negociaciones de
la Conferencia Río+20. En ambos niveles se realiza
un análisis conjunto de las visiones de todos los
países por temas y se comparan con el enfoque de
economía verde que promueve el PNUMA.
Finalmente, el estudio siguió un enfoque participativo.
Dos versiones preliminares se presentaron y
discutieron directamente con representantes de
los países participantes (28 de abril de 2012 y 30
de mayo de 2012, en la ciudad de Nueva York).
Estos encuentros fueron una oportunidad para la
retroalimentación y el intercambio sobre economía
verde entre el PNUMA y los países, lo que garantizó
que el documento final reflejara los puntos de vista,
visiones y posiciones de los países participantes.
15
2 Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
Esta sección resume los principales elementos
reflejados en la legislación y políticas de
desarrollo vigentes en los países seleccionados
para alcanzar el desarrollo sostenible. Conviene
aclarar que este estudio no pretende realizar una
descripción detallada de las políticas de desarrollo
ni una evaluación de la efectividad o del nivel de
implementación de tales elementos, sino únicamente
mostrar los elementos más relevantes que permitan
conocer la postura de cada uno de los países
respecto a la forma de alcanzar la sostenibilidad.
2.1 República Argentina
En los últimos años, Argentina ha trabajado en la
creación de un marco legal propicio para guiar al
país hacia el desarrollo sostenible. El concepto de
desarrollo sostenible forma parte de la Constitución
Nacional Argentina (1995), que establece en su
Artículo 41 el derecho de todos los habitantes a “un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras”. De forma similar
también establece el deber de los ciudadanos
de preservar el ambiente y la obligación de las
autoridades de garantizar la utilización racional de
los recursos naturales, la preservación del patrimonio
natural y cultural, y la diversidad biológica.
La crisis económica, política y social que afectó a
Argentina durante los años 2000 y 2001, obligó
al país a repensar su modelo de desarrollo. Como
resultado de ese proceso, el gobierno diseñó la Política
Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PNDT), con el objetivo de “guiar las acciones con
impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado,
integrado, sustentable y socialmente justo del territorio
argentino y construir mecanismos de intervención
más adecuados para aprovechar las oportunidades de
desarrollo”. La PNDT toma en cuenta la diversidad de
condiciones y potencialidades ambientales, sociales
y económicas del territorio nacional, así como la
necesidad de articular las acciones de los diferentes
niveles de gobierno y de todos los actores involucrados
en el proceso de desarrollo.
16
Para guiar la implementación de la PNDT, en el
2004 se aprobó la Política y Estrategia Nacional de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Construyendo
una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y
socialmente justa. Dicho documento tiene una visión
a mediano plazo (2016) y el mismo establece los
mecanismos e instrumentos para ejecutar la PNDT
con el fin de lograr la visión que se espera del país
en el futuro. Además se recalca la labor del Estado
como promotor y líder de las políticas y estrategias
operativas para lograr los objetivos del PNDT, bajo
la perspectiva del panorama internacional y de
cooperación y acción del que el país forma parte.
Para articular efectivamente la PNDT se creó el Sistema
Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(SiNDOT). El SiNDOT cuenta con tres herramientas
principales: el Plan Estratégico Territorial Nacional
(PET), el Sistema de Información, Vinculación y
Asistencia Técnica para el Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (SIVAT) y el Marco Legal y Normativo.
El PET es una política descentralizada, dinámica y
flexible que permite a las provincias y municipios
diseñar y reorientar creativamente el desarrollo de su
territorio. No obstante, las regiones deben elaborar
planes a corto y mediano plazo siguiendo los
siguientes objetivos:
desarrollar la identidad territorial, cultural y el
sentido de pertenencia al territorio argentino;
alcanzar el progreso económico según sus
capacidades y proyectos personales sin necesidad de
abandonar su región de origen;
alcanzar la sustentabilidad ambiental de su
territorio para garantizar la disponibilidad actual y
futura de los recursos del mismo;
participar plenamente en la gestión democrática
del territorio en todas sus escalas; y
acceder a los bienes y servicios esenciales,
posibilitando el desarrollo personal y
colectivo, y una elevada calidad de vida
en todos los rincones del país.
Otros instrumentos que apoyan la construcción de un
modelo de desarrollo sostenible en Argentina son:
la Ley General del Ambiente (2002);
la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
de Bosques Nativos (2007);
la propuesta de Ley Nacional de Ordenamiento
Territorial.
La Ley General del Ambiente “provee las condiciones
necesarias para garantizar la dinámica de los
sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga
y, en general, asegurar la preservación ambiental
y el desarrollo sustentable”. También establece los
principios por los que se debe regir la aplicación de
la política ambiental, así como algunas normativas
para su cumplimiento e instituye que el régimen
económico sirva como un instrumento para la
promoción del desarrollo sostenible.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección
de Bosques Nativos creó el Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques
Nativos. Dicho fondo se nutre de asignaciones
federales no menores al 0.3% del presupuesto
nacional anual; del 2% del total de las retenciones
a las exportaciones de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, entre otros. El fondo
compensa a los titulares, públicos o privados, de las
tierras que conserven sus bosques nativos por los
servicios ambientales que estos brindan.
Por último, actualmente se impulsa la propuesta
de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial
que establecería las condiciones marco para
institucionalizar la planeación del desarrollo
sostenible. El proceso previo a este anteproyecto de
ley incluyó la participación de una gran diversidad
de actores pertenecientes a los gobiernos
regionales.
Pescadores en la Patagonia, Argentina
17
Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
2.2 Estado Plurinacional de Bolivia
La Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, promulgada en 2008, se orienta
decididamente hacia la integración de los pueblos
indígenas originarios y campesinos en la dinámica
nacional, dándoles un rol preponderante en la
consecución del desarrollo y la promoción de la
equidad social. Con esta nueva Constitución, el
Estado Boliviano se transforma para ser conformado
por el cúmulo de naciones y pueblos originarios,
adoptando sus cosmovisiones en la definición de las
estrategias de desarrollo.
Dicha Constitución establece como un derecho
de las personas “un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho
debe permitir a los individuos y colectividades de
las presentes y futuras generaciones, además de
otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y
permanente”. A la vez establece la responsabilidad
del Estado y las personas de proteger, conservar
y aprovechar de manera sostenible los recursos
naturales y reconoce que el patrimonio natural “es
de interés público y de carácter estratégico para el
desarrollo sustentable del país y que su conservación
y aprovechamiento para beneficio de la población
será responsabilidad y atribución exclusiva del
Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los
recursos naturales”.
Bolivia, para reflejar la importancia que tiene la
naturaleza en la cosmovisión de sus pueblos, ha
establecido la Ley de los Derechos de la Madre Tierra
(2010), dentro de los que resalta en primer lugar “el
derecho al mantenimiento de la integridad de los
sistemas de vida y los procesos naturales que los
sustentan, así como las capacidades y condiciones
para su regeneración”. Junto con el resto de los
derechos establecidos en la Ley de los Derechos de
la Madre Tierra, se busca garantizar “la integralidad
de los sistemas y los procesos naturales que los
sustentan” mediante la preservación del equilibrio y
la posibilidad de restauración, mas no sugieren que
deba existir una conservación total de los sistemas
naturales.
18
Para articular la renovada legislación del país,
el Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna,
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir
Bien (PND) establece que se deberá cambiar “el
modelo de desarrollo primario exportador por
uno sustentado en la filosofía del “vivir bien”, que
plantea fundamentalmente la complementariedad
entre el acceso y disfrute de los bienes materiales,
y la realización efectiva, subjetiva y espiritual, en
armonía con la naturaleza y en comunidad con los
seres humanos. Dicho desarrollo debe contribuir a
la construcción de un nuevo Estado plurinacional,
promotor y protagonista del desarrollo social
comunitario, que redistribuye equitativamente la
riqueza, ingresos y oportunidades”.
De acuerdo con el PND, “la concepción lineal
y secuencial de progreso es insuficiente para
comprender esta concepción de desarrollo que
proponemos porque requiere de la comprensión
integral, holística, radial y acumulativa, capaz
de abarcar la simultaneidad de situaciones no
homogéneas, pero enriquecedoras e incorporar,
a la vez, desde lo cultural, lo económico,
lo político y lo social diversas prácticas y
conocimientos provenientes de actores sociales
diferentes, portadores de intereses, expectativas
y percepciones contrapuestos“. Además el
documento establece una integración efectiva
de los pueblos indígenas y originarios en las
decisiones económicas y políticas del Estado,
incluida la planeación del desarrollo, así como un
cambio de paradigma de una lógica civilizatoria,
centrada en el mercado, el individualismo y el
consumismo a un nuevo modelo estatal de la
diversidad que permita relaciones simétricas
de poder en un comunitarismo intercultural
democrático.
Uno de los objetivos del PND es alcanzar altas
tasas de crecimiento del PIB, tomando ventaja de
las rentas del sector extractivo para fomentar una
diversificación de la economía como una forma
de distribuir los excedentes económicos
hacia sectores con potenciales productivos
como el agropecuario y la agroindustria.
Danzantes del carnaval de Oruro en Bolivia,
declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO el 5 de marzo de 2011
19
Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
2.3 República de Cuba
La Constitución Política de la República de Cuba
de 1976, en su artículo 14, establece que “en la
República de Cuba rige el sistema de economía
basado en la propiedad socialista de todo el pueblo
sobre los medios fundamentales de producción y
en la supresión de la explotación del hombre por
el hombre, y que rige el principio de distribución
socialista de cada cual según su capacidad, a cada
cual según su trabajo”. De esta forma, la propiedad
social prevalece sobre la privada y es el Estado quien
administra los bienes que integran la propiedad de
todo el pueblo, para lo que podrá crear empresas y
entidades para lograrlo. De esta forma es el Estado
quien dirige y controla la producción y comercio
interno y externo.
El artículo 27 de la Constitución afirma que “el
Estado protege el medio ambiente y los recursos
naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación
con el desarrollo económico y social sostenible
para hacer más racional la vida humana y asegurar
la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las
generaciones actuales y futuras,” y, además “es
deber de los ciudadanos contribuir a la protección
del agua, la atmósfera, la conservación del suelo,
la flora, la fauna y todo el rico potencial de la
naturaleza”.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución3 agregan que el modelo
de desarrollo “reconocerá y promoverá, además
de la empresa estatal socialista, forma principal
en la economía nacional, a las modalidades
de la inversión extranjera, las cooperativas, los
agricultores pequeños, los usufructuarios, los
arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia
y otras formas que pudieran surgir para contribuir
a elevar la eficiencia”. Además establece que “en
la política económica está presente el concepto de
que el socialismo significa igualdad de derechos
20
y de oportunidades para todos los ciudadanos,
no igualitarismo y se ratifica el principio de que
en la sociedad socialista cubana nadie quedará
desamparado”.
De igual forma, en dicho documento se establece
que la política económica se dirige a crear soluciones
a corto plazo que “den respuesta a los problemas de
mayor impacto inmediato en la eficiencia económica,
la motivación por el trabajo y la distribución
del ingreso, y creen las necesarias condiciones
infraestructurales y productivas que permitan el
tránsito a una etapa superior de desarrollo; así
como soluciones del desarrollo sostenible, a más
largo plazo, que conduzcan a una autosuficiencia
alimentaria y energética altas, un uso eficiente del
potencial humano, una elevada competitividad en
las producciones tradicionales, así como el desarrollo
de nuevas producciones de bienes y servicios de alto
valor agregado”.
Entre las políticas específicas se destacan las
siguientes:
mantener la aplicación de estímulos fiscales que
promuevan producciones nacionales en sectores
claves de la economía, especialmente a los fondos
exportables y a los que sustituyen importaciones, así
como al desarrollo local y la protección del medio
ambiente;
seguir reduciendo las tierras improductivas y
aumentar los rendimientos mediante la
diversificación, la rotación y el policultivo; y
desarrollar una agricultura sostenible en armonía
con el medio ambiente, que propicie el uso eficiente
de los recursos fito y zoogenéticos, incluyendo las
semillas, las variedades, la disciplina tecnológica, la
protección fitosanitaria, y potenciando la producción
y uso de abonos orgánicos, biofertilizantes y
biopesticidas.
Anciano trabajando en un campo de tabaco, Cuba
21
Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
2.4 República del Ecuador
Ecuador ha incorporado desde su Constitución de
2008 el concepto de “Buen vivir” o sumak kawsay
(kichua), que es un concepto dinámico basado en
demandas como la superación de los estrechos
márgenes cuantitativos del economicismo, la
aplicación de un nuevo paradigma económico
cuyo fin no se concentre en los procesos de
acumulación material, mecanicista e interminable
de bienes, sino que promueva una estrategia
económica incluyente, sustentable y democrática.
Es decir, una visión que incorpore a los procesos
de acumulación y (re)distribución a los grupos
sociales que históricamente han sido excluidos
de las lógicas del mercado capitalista, así como a
aquellas formas de producción y reproducción que
se fundamentan en principios diferentes a dicha
lógica de mercado.
La Constitución de la República del Ecuador
establece como responsabilidad del Estado guiar
el régimen de desarrollo, que es el “conjunto
organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socio-culturales
y ambientales, que garantizan la realización del
buen vivir, del sumak kawsay.” La planeación
del desarrollo deberá propiciar la equidad
social y territorial, la concertación y deberá ser
consensuada, participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente. La Constitución
también reconoce que el país está conformado
por diversidad de culturas y pueblos indígenas
originarios y establece que deberán ser incluidos en
la planeación del desarrollo.
Además, la Constitución reconoce no sólo el
derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el Buen vivir, sumak kawsay, sino que
otorga a la naturaleza el derecho a “que se respete
íntegramente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos”.
Un elemento importante de la concepción del país
respecto al entorno es la integralidad, es decir,
22
“la vida concebida como un todo indivisible. La
noción de integralidad se hace efectiva en la nueva
Constitución del Ecuador al no establecer jerarquías
entre los derechos, superando aquella visión que
establecía tipologías en: fundamentales (primera
generación), económicos, sociales y culturales
(segunda generación), y colectivos (tercera
generación).” La Constitución también establece
que la política fiscal deberá generar “incentivos
para la inversión en los diferentes sectores de
la economía y para la producción de bienes y
servicios, socialmente deseables y ambientalmente
aceptables”.
Para hacer operativos los principios establecidos en
la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir 20092013 establece con detalle las estrategias específicas
para propiciar el cambio deseado en el país, entre las
que se encuentran:
democratización de los medios de producción, (re)
distribución de la riqueza y diversificación de las
formas de propiedad y organización;
transformación del patrón de especialización de la
economía, a través de la sustitución selectiva de
importaciones para el Buen vivir;
aumento de la productividad real y diversificación
de las exportaciones, exportadores y destinos
mundiales;
inserción estratégica y soberana en el mundo e
integración latinoamericana;
transformación de la educación superior y
transferencia de conocimiento a través de la ciencia,
la tecnología y la innovación;
conectividad y telecomunicaciones para la
sociedad de la información y el conocimiento;
cambio de la matriz energética para hacerla menos
dependiente de combustibles fósiles;
inversión para el Buen vivir en el marco
de una macroeconomía sostenible;
inclusión social, protección social solidaria y
garantía de derechos en el marco del Estado
constitucional de derecho;
sostenibilidad, conservación, conocimiento del
patrimonio natural y fomento del turismo
comunitario, así como servicios ambientales;
desarrollo y ordenamiento territorial,
desconcentración y descentralización;
poder ciudadano y protagonismo social.
Iguana
(Conolophus pallidus)
en Santa Fe, Islas Galápagos
(Ecuador)
23
Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
2.5 República de Nicaragua
La Constitución Política de la República de Nicaragua
de 2010 establece que Nicaragua es un país
multiétnico. Además afirma que es responsabilidad
del Estado asegurar el desarrollo humano de todos los
nicaragüenses. También establece el derecho a vivir
en un medio ambiente sano y que es responsabilidad
del Estado la preservación, conservación, desarrollo y
explotación racional de los recursos naturales.
Por su lado, la Ley General del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales asegura que el desarrollo
sostenible del país estará basado en el ambiente,
que es un patrimonio común de la nación, de cuya
protección todos los habitantes son responsables.
Cabe destacar que dicha ley también establece que
“el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier
otro en la gestión pública o privada del ambiente”.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009-2011
(PNDH) ayudó a formalizar lo establecido en la
Constitución por medio de las siguientes políticas y
programas principales:
Crecimiento económico:
• política macroeconómica;
• política de inversión pública;
• estrategia productiva y comercial.
24
Desarrollo de bienestar y equidad social.
Medidas para la buena gestión pública.
Sostenibilidad ambiental y desarrollo forestal.
Política para los desastres de origen natural o
generados por el quehacer humano.
Estrategia de desarrollo para la Costa Caribe.
Programa de desarrollo forestal.
El PNDH establece objetivos, indicadores y
metas específicos para las políticas y programas
mencionadas, de forma que la sostenibilidad
ambiental impulse el “desarrollo sostenible
desde la defensa, protección y restauración
del ambiente”. El objetivo general del plan de
sostenibilidad ambiental y desarrollo forestal
es “contribuir al desarrollo humano basado
en el desarrollo del Poder Ciudadano del país,
rescatando nuestros valores culturales ancestrales
de respeto a los recursos naturales y restauración
del hábitat perdido a través de los medios y
disposiciones formativas y educativas que nos
desarrollen en valores de responsabilidad,
solidaridad y equidad para el resguardo de nuestro
patrimonio natural”.
Cascadas en el Centro Ecoturista La Máquina
en la parte oeste de la autopista Diriamba –
La Boquita, Nicaragua
25
Estrategias de desarrollo en los países
seleccionados y la economía verde
2.6
República Bolivariana
de Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999 establece que “el régimen
socioeconómico del país se fundamenta en los
principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad
y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo
humano integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad. El Estado conjuntamente con la
iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico
de la economía nacional con el fin de generar fuentes
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el
nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la seguridad jurídica,
solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y
equidad del crecimiento de la economía, para lograr
una justa distribución de la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática participativa y de
consulta abierta”.
La misma Constitución también establece el “derecho
individual y colectivo de disfrutar de una vida y de un
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado
y que, además, el Estado protegerá el ambiente,
la diversidad biológica, los recursos genéticos,
los procesos ecológicos, los parques nacionales y
monumentos naturales y demás áreas de especial
importancia ecológica”.
Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, como principal
motor de la Suprema Felicidad Social, establecen
que “es una visión de largo plazo en la que se
disfruta de una vida y de un ambiente seguro, sano
y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá
el ambiente, la diversidad biológica, los recursos
genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica”. También afirma
que se deberá transitar hacia una economía menos
centrada en la acumulación de riqueza y más
enfocada en las necesidades humanas.
26
Refinería de petróleo en El Palito,
Venezuela
27
3 Análisis del grado de compatibilidad entre
los modelos de desarrollo y la economía verde
En líneas generales, los países analizados tienen
concepciones éticas semejantes que se reflejan en las
semejanzas de sus políticas de desarrollo. Aunque
no presentan posiciones idénticas, es evidente que
comparten en mayor o menor medida lo siguiente:
Desarrollo basado en la prosperidad de las
personas, definido en los conceptos de Buen vivir,
Vivir bien, Suprema felicidad social, Igualdad de
derechos y de oportunidades, que establece los
objetivos del desarrollo en la mejora de la calidad de
vida más allá de los recursos materiales y en armonía
con la naturaleza;
Reconocimiento del papel preponderante del
Estado para regular y guiar las actividades
económicas, la protección del medio ambiente y
garantizar el beneficio social;
Reconocimiento del papel fundamental de la
naturaleza en el desarrollo humano y, por
consiguiente, en la consecución del bienestar buscado
y del desarrollo sostenible.
El análisis de las políticas de desarrollo de los países
que forman parte del estudio, arrojó que las políticas
actualmente vigentes o planeadas en los países
seleccionados muestran grandes similitudes con los
elementos propuestos en el modelo de economía
verde del PNUMA, aunque también algunas
diferencias importantes. El resto de esta sección
resume los principales hallazgos de este análisis.
3.1 Visión sobre el desarrollo
Si bien el concepto de desarrollo sostenible
que se define en el informe Brundtland (UNGA,
1987) implica que se mantengan las funciones
de la naturaleza en el tiempo, este deja muchas
interrogantes o puertas abiertas sobre cómo lograrlo.
En ese contexto, la economía verde, entendida
como un vehículo de transición hacia el desarrollo
sostenible, ofrece algunas características de cómo
puede lograrse. Aboga por la construcción de una
sociedad que use sus recursos eficientemente,
proteja los recursos naturales y sea socialmente
28
CUADRO 1. Otros modelos de
desarrollo más allá de América
Latina: el caso de Bután
Otros países en vías de desarrollo están también
proponiendo modelos e instrumentos alternativos para
alcanzar el desarrollo sostenible. A propuesta de los países
participantes, este estudio ilustrará algunos elementos del
modelo de desarrollo de Bután5.
Bután ha seguido una política de desarrollo desde los años
70 basada sobre la filosofía de la Felicidad Nacional Bruta
(FNB) o Felicidad Interna Bruta. Este concepto se basa en
cuatro pilares:
1. buen gobierno de las instituciones,
2. desarrollo socio-económico sostenible,
3. preservación cultural, y
4. conservación del medio ambiente.
Para llevar adelante esta filosofía, el país ha diseñado
la estrategia “Bután 2020: Una visión para la paz, la
prosperidad y la felicidad” donde se establecen los objetivos
de desarrollo y prioridades. En este documento se establece
que al menos el 60% del país se encuentre cubierto de
bosques y que la agricultura sea orgánica al 100% en un
futuro próximo (PC, 1999) .
Para evaluar el avance del país respecto a esta política,
los cuatro pilares se clasifican en nueve dominios y 33
indicadores: (i) bienestar psicológico, (ii) salud,
(iii) educación, (iv) empleo del tiempo, (v) diversidad
cultural, (vi) buen gobierno, (vii) vitalidad de la comunidad,
(viii) diversidad ecológica y capacidad de recuperación,
y (ix) los niveles de vida. Los dominios representan los
componentes del bienestar de la población de Bután y
el término «bienestar» se refiere al cumplimiento de las
condiciones de una «buena vida» de acuerdo con los valores
y principios establecidos por el concepto de Felicidad
Nacional Bruta (CNUDS, 2012b).
En la reunión ministerial celebrada en Nueva Delhi sobre
economía verde y crecimiento inclusivo, la ministra de
Agricultura y Bosques de Bután expresó: “la FNB está
estrechamente alineada con la economía verde, […] y puede
ser considerada como el enfoque para dar el salto que se
necesita” (Gyamtsho, 2011).
Para mayor información:
Centro de Estudios de Bután,
disponible en www.grossnationalhappiness.com
incluyente. Más aún, el enfoque de economía verde
propuesto por el PNUMA es lo suficientemente
amplio como para que cada país incorpore en su
política de desarrollo sostenible los elementos que
considere más importantes.
Todos los países analizados establecen como fin
último la mejora de las condiciones de vida de las
personas y comunidades, aunque para Bolivia y
Ecuador esta mejora está necesariamente ligada,
no sólo a la satisfacción de necesidades materiales,
sino también a una “realización efectiva,
subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía
con la naturaleza y en comunidad con los seres
humanos” (MPD, 2006), reflejadas en el Vivir bien
y en el Buen vivir. Si bien estas dos visiones no son
completamente iguales, ambas dejan claro que la
intención no es vivir mejor en relación con otro
tiempo o con otras personas, sino tener una vida
buena que garantice la realización de las personas
y los pueblos en completa armonía con toda la
comunidad, más allá del bien común limitado
únicamente a los humanos, sino considerando y
preservando el equilibrio y la armonía de todo lo
que existe (Huanacuni, 2010).
3.2Papel del Estado en la regulación
del mercado
Al igual que todos los países analizados, la economía
verde promueve el liderazgo del Estado en la
dirección de la economía regulando el mercado,
bajo el entendido de que este no se automodera
para crear bienes públicos como la conservación de
la naturaleza o la equidad social. La construcción
de una economía verde depende, tal y como ya
lo están haciendo los países analizados, de la
intervención directa y activa de los gobiernos para
propiciar el aumento de la atención, así como de
la inversión pública y privada, a temas prioritarios,
como la protección de la naturaleza, la erradicación
de la pobreza y el incremento de la equidad y la
inclusión social. Sin embargo, las intervenciones
en la regulación del mercado no serán suficientes
por sí mismas para crear las mejoras necesarias que
conduzcan al desarrollo sostenible. Por ello también
tiene que haber intervenciones gubernamentales en
otras áreas.
El IEV, al igual que El futuro que queremos (UNCSD,
2012), establece que no existe una solución única
para transitar al desarrollo sostenible que pueda
servir a todos los países por igual, siendo la
economía verde una de estas opciones, sino que
cada país deberá diseñar su propio modelo de
acuerdo con su realidad. Dicho modelo le permitirá
transitar más efectivamente hacia el desarrollo
sostenible, tal como lo están haciendo los países
analizados. Cabe destacar la semejanza de visión
entre los países y el IEV en el sentido de que el
tránsito hacia el desarrollo sostenible, ya sea por
medio de una economía verde u otro modelo,
requiere necesariamente de una intervención
fuerte del gobierno para crear los mecanismos e
incentivos adecuados que permitan asegurar que
los esfuerzos humanos, institucionales y financieros
están encaminados efectivamente a los sectores y
actividades que promuevan la protección ambiental,
el desarrollo económico y la inclusión social.
Respecto al papel del mercado, del capital
financiero y de la participación del sector privado
en la construcción del desarrollo sostenible, tanto
los países analizados como el IEV, coinciden en la
necesidad de fortalecer el papel del Estado como
órgano rector de esta transición así como reformar
el sistema y la arquitectura financiera global. En este
sentido, se debe recalcar que la economía verde es
lo opuesto a los “ajustes estructurales” que fueron
promovidos por las Instituciones de Bretton Woods
en los 90, en los que las principales recomendaciones
eran: restaurar la balanza comercial reduciendo
el gasto del gobierno (que se traducía en recortes
al gasto en rubros sociales y ambientales); reducir
el papel del Estado en la economía privatizando
las empresas estatales; y aumentar la eficiencia
económica y la competitividad eliminando los
controles del Estado sobre los precios y removiendo
las barreras al comercio y a la inversión extranjera
(Sheng, 2012).
Cabe señalar que esta tendencia a establecer límites
entre el mercado y el gobierno está siendo discutida
29
Análisis del grado de compatibilidad entre
los modelos de desarrollo y la economía verde
también en círculos académicos. Por ejemplo,
Sandel (1998) realiza una crítica a aquellos que
piensan que la mercantilización, comercialización
y privatización de bienes y servicios públicos
puede ser abordada y ajustada simplemente por el
mercado, tal como lo plantean los seguidores de la
“ley económica” basada en la “elección racional”.
Analizando fenómenos tales como el servicio
militar “profesional” (voluntario) y el financiamiento
de las elecciones en los Estados Unidos, Sandel
concluye que hay bienes morales y cívicos que el
dinero no puede comprar, ya que el mercado falla
en garantizar que las condiciones de negociación
sean justas y que el consentimiento de las partes
se realice efectivamente de forma voluntaria. Estas
reflexiones llevan a la misma conclusión: el mercado
por sí mismo es solo una construcción social, que
requiere reglas e instituciones fuertes para proteger
el bien común y producir resultados positivos, tanto
ambientales como sociales.
3.3Pueblos indígenas, comunidades
locales y equidad social
El bienestar individual y colectivo de las personas
es el principal objetivo del desarrollo. Al igual
que la economía verde, cuyo objetivo es “mejorar
el bienestar humano y la equidad social”, todos
los países analizados consideran que el objetivo
último de los planes de desarrollo, incluida la
legislación que los soporta, es el bienestar de las
personas. Aun así existen diferentes matices, que
van desde la racionalización del uso adecuado de
los recursos naturales para garantizar la equidad
intergeneracional, hasta la concepción de que
el bienestar resulta no solo de la satisfacción
de necesidades materiales, sino también de “la
realización afectiva, subjetiva y espiritual” que está
necesariamente ligada a la convivencia armoniosa
con la naturaleza y el resto de la sociedad. Esta
convivencia holística se convierte en Buen vivir o
Vivir bien. De esta forma se retoman los saberes
y costumbres ancestrales de convivencia con la
naturaleza y con el resto de la sociedad, y se integran
en la dinámica de toda la nación.
La referencia a estos conceptos de bienestar viene
desde antes, cuando varias personalidades de la
región firmaron el Manifiesto por una Ética para
la Sustentabilidad en el año 2002 (PNUMA, 2002).
Dichos conceptos están fundados en valores
culturales e identidades propias que consideran la
30
Indígenas vendiendo productos agrícolas locales, Ecuador
naturaleza como un sistema biocultural en el que las
prácticas de uso y manejo de la biodiversidad pasan
por la convicción de que la trilogía territorio-culturabiodiversidad, es un todo íntegro e indivisible.
En los países analizados se reconoce la existencia
y valor de los pueblos indígenas y comunidades
locales, y a la vez se establece que deberán formar
parte medular de la planeación del desarrollo y del
desarrollo mismo de la nación. Bolivia ha llegado a
incorporar en su nombre oficial su realidad como un
país formado por una plétora de distintos grupos
originarios.
La equidad social, entendida como la igualdad de
oportunidades para lograr un desarrollo pleno,
también es un tema que está presente en los
modelos de desarrollo de todos los países analizados.
Es, además, uno de los elementos clave para transitar
hacia el desarrollo sostenible. Si bien el IEV no
explora abundantemente los mecanismos específicos
para asegurar la equidad social y la inclusión de
los pueblos indígenas y comunidades locales, sí
establece que cualquier política de economía verde
deberá buscar estos objetivos necesariamente. Una
economía verde permite avanzar simultáneamente
en los tres pilares del desarrollo sostenible: social,
económico y ambiental.
La implementación de políticas de economía verde
implica una reducción de la desigualdad social.
De la misma forma, mientras más igualitaria sea
una sociedad, mejor es su desempeño ambiental.
En su obra El nivel de la burbuja: por qué las
sociedades más igualitarias casi siempre lo hacen
mejor Wilkinson y Pickett (2009) demuestran que
lo anterior es una realidad. Dichos autores analizan,
a través de evidencias reales, la correlación entre
igualdad social y sostenibilidad. Por ejemplo, los
países con menos desigualdad de ingresos, son
los que alcanzan una mayor tasa de reciclaje
de sus desechos. Por otro lado, encuentran que
muchas sociedades bajas en emisiones de carbono
muestran también bajas tasas de mortalidad infantil.
Finalmente, basados sobre un estudio global del
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2007),
donde se comparan el Índice de Desarrollo Humano y
la huella ecológica per capita por países, los autores
llegan a la conclusión de que es posible para una
sociedad alcanzar simultáneamente estándares de
vida aceptables y una economía “sostenible”. Cabe
señalar que para el año 2003 solo un país mostraba
esa condición: Cuba.
3.4 Naturaleza y desarrollo
En la totalidad de los modelos de desarrollo de
los países estudiados, se reconocen legalmente
dos dimensiones respecto a la relación hombrenaturaleza. Por un lado, el derecho individual y
colectivo a un medio ambiente sano; por otro, el
deber de los ciudadanos de preservar el ambiente, así
como el papel del Estado como máximo responsable
de garantizar una utilización racional de los recursos
naturales, la preservación del patrimonio natural,
cultural y de la diversidad biológica. Ecuador y Bolivia
van aún más allá de estas dos visiones y añaden una
nueva dimensión a esta relación: los derechos de la
naturaleza. La constitución de Ecuador otorga a la
naturaleza el “derecho a que se respete íntegramente
su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos”. Por su parte Bolivia, en la Ley de la
Madre Tierra, define el derecho a la vida como “el
derecho al mantenimiento de la integridad de [todos]
los sistemas de vida y los procesos naturales que los
sustentan, así como las capacidades y condiciones
para su regeneración”. Esta nueva visión de otorgarle
derechos legales a la naturaleza no tiene precedentes
en la historia contemporánea del derecho ambiental,
ya que va más allá de la visión antropocéntrica que
hasta el momento ha prevalecido en el debate en
torno al concepto de desarrollo sostenible.
Este reconocimiento establece las bases para crear
un modelo de desarrollo en completa armonía con
la naturaleza, en el que se reconocen tanto los
límites de la misma, como las consecuencias de no
respetarlos, y se busca una estrecha relación entre el
desarrollo humano y la naturaleza de forma holística.
Por otro lado, la economía verde también reconoce
que los recursos naturales son la fuente de bienestar
y sustento del desarrollo humano, aunque no llega a
la afirmación explícita de una relación espiritual con
la naturaleza.
La forma en que tradicionalmente se han
considerado los recursos naturales para
transformarlos en capital financiero como si fueran
un recurso “gratuito”, ha causado el deterioro
permanente de los ecosistemas, comprometiendo
a las generaciones presentes y futuras. En
reconocimiento de los límites de la naturaleza y su
fragilidad, el IEV ofrece argumentos que muestran la
necesidad de separar el crecimiento económico de la
degradación ambiental, mostrando ejemplos en los
que se promueve el desarrollo y a la vez se conserva
o mejora el Estado de los recursos naturales.
Esta visión concuerda con la intención de los países
analizados para, entre otros objetivos, pasar del
extractivismo a un modelo que utilice los recursos
de manera sostenible, pues reconocen que son
altamente dependientes de sus recursos naturales así
como vulnerables a la pérdida de funciones de los
ecosistemas. Este cambio requiere necesariamente
de la intervención de los gobiernos para diseñar e
implementar instrumentos que garanticen el uso
sostenible de la naturaleza, ayuden a erradicar la
pobreza y promuevan la equidad social. La economía
verde reconoce la relación entre el desarrollo
humano y un ambiente sano; la fragilidad del
equilibrio de los ciclos naturales; y las diferentes
funciones que la naturaleza proporciona a las
personas como alimentos, refugio, esparcimiento
y relaciones espirituales, incluyendo, entre otros,
valores culturales.
3.5Crecimiento de la economía
e indicadores
Todos los países analizados mencionan el
crecimiento de la economía como uno de los
objetivos de sus modelos de desarrollo; pero
también reconocen que su objetivo final es más
amplio que la mera generación de riqueza material.
Dichos modelos de desarrollo incluyen, entre otras
31
Análisis del grado de compatibilidad entre
los modelos de desarrollo y la economía verde
cosas, la realización efectiva de las personas en
armonía con el resto de la sociedad y la naturaleza.
Por ejemplo, en Argentina, tal como se menciona en
el PNDT, el desarrollo no se limita al crecimiento del
producto o del ingreso, sino que incorpora también
mejoras en la equidad.
La economía verde busca utilizar mecanismos que
tradicionalmente han Estado ligados al crecimiento
económico, para lograr que la dinámica social y
económica de los países integren la conservación y
la promoción de la equidad social. Los indicadores
utilizados hasta ahora para medir el desarrollo,
tales como el PIB, son efectivos para capturar
ciertos aspectos del mismo, pero no proporcionan
información sobre el cambio en el bienestar de
las personas, la equidad social o los cambios en el
Estado de la naturaleza.
Tanto la Iniciativa de economía verde del PNUMA
como varios de los países analizados, hacen énfasis
en la necesidad de utilizar nuevos esquemas de
contabilidad que sean acordados internacionalmente
y que permitan medir mejor el progreso hacia el
desarrollo sostenible. El PNUMA es consciente de
las limitaciones que supone el empleo del PIB como
indicador de progreso y bienestar humano. En
Río+20, el PNUMA presentó el Índice de Riqueza
Inclusiva (IWI por su nombre en inglés) (PNUMA y
IHDP, 2012) como una de las posibles alternativas
para medir el bienestar humano. IWI define la
riqueza como el valor social de los bienes de una
economía: capital reproducible, capital humano, el
conocimiento, el capital natural, la población y las
instituciones. Además, el IWI provee información
sobre el uso de los diferentes bienes a través del
tiempo, lo cual es de gran ayuda para quienes
deben tomar decisiones. Finalmente, la iniciativa de
economía verde del PNUMA está trabajando en el
desarrollo de opciones para medir el progreso hacia
una economía verde e inclusiva4.
3.6Patrones de producción
y consumo
Existe unanimidad en los países estudiados en
sostener que los patrones de producción y consumo
deben ser modificados (principal y primeramente
en los países desarrollados) con el objetivo de
reducir la sobreexplotación de los recursos naturales
y para restablecer la armonía con la naturaleza.
Desde inicios del presente siglo, se ha fortalecido
32
el movimiento intelectual en la región respecto a
una nueva visión de la sustentabilidad donde se
propone “cambiar las concepciones dominantes
de la racionalidad económica y tecnológica que
intentan hacer legítimos procesos de dominación,
insustentabilidad ecológica e inequidad social”
(PNUMA, 2002). Dicho movimiento reclamaba
también la constitución de un nuevo modo de
producción fundado en los principios de la naturaleza
y la cultura.
Uno de los objetivos de la economía verde es
modificar los patrones de consumo y producción
para reducir su huella ecológica. Para ello se propone
dirigir la inversión, por medio de políticas públicas,
desde sectores y procesos marrones e insostenibles
hacia sectores y procesos verdes; sensibilizar a la
población aún más sobre la importancia de emplear
productos sostenibles y sobre la necesidad de utilizar
de forma racional los recursos naturales tales como
el agua y la energía. Si se incrementa el número
de consumidores que demanda bienes producidos
de forma sostenible, se enviará una fuerte señal
a los productores para modificar sus patrones de
producción.
La economía verde está necesariamente basada en
patrones sostenibles de producción y consumo, en
un desarrollo con bajas emisiones de carbono y con
un uso eficiente de los recursos. Dichas prácticas
deben ser apoyadas por políticas macroeconómicas
y estrategias que permitan su efectiva ejecución.
Por eso la promoción de cambios en las políticas
económicas, los instrumentos regulatorios, la forma
en que operan las empresas, así como el cambio en
los hábitos de la sociedad son elementos clave para
el tránsito hacia el desarrollo sostenible.
De esta forma los patrones de producción y
consumo sostenibles (y los Marcos de Programas
Decenales, 10YPF) y la economía verde son en
ocasiones vistos como las dos caras de la misma
moneda: comparten el objetivo de buscar el
desarrollo sostenible y cubren dimensiones de
políticas públicas macro y micro económicas
como regulaciones, operaciones empresariales
y el comportamiento de la sociedad. Argentina,
Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua tienen ya en
marcha estrategias para la promoción de patrones
de producción y consumo sostenibles, tal como
lo propone también la economía verde. Dichos
patrones de producción permitirán aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos durante la
producción, así como un cambio en las decisiones
de los consumidores. La economía verde busca
que, como complemento, existan políticas
macroeconómicas e instrumentos regulatorios para
que los gobiernos puedan aplicar dichos planes a
largo plazo. Uno de los ejemplos más elocuentes de
los esfuerzos que realizan los países en estudio para
modificar los patrones de producción y consumo, es
el caso de la Revolución Energética que ha llevado a
cabo el gobierno cubano desde 2005 (ver cuadro 2).
Cuadro 2. La Revolución Energética de Cuba
Cuba llegó al año 2005 con
ineficientes plantas termoeléctricas
que tenían 25 años de explotación
y 60 por ciento de disponibilidad
como promedio. Ello se traducía en
frecuentes averías y altos consumos
propios. Además, existía un alto
porcentaje de pérdidas en las
redes de transmisión y distribución
eléctricas. A ello se le sumaba una
gran cantidad de electrodomésticos
ineficientes en los hogares. Como
resultado, la población cubana se
veía sometida a frecuentes apagones,
principalmente en el horario de
máxima demanda.
A partir de 2005, Cuba comenzó lo
que llamó la Revolución Energética
como respuesta a esta situación. La
Revolución Energética comprendió
cinco programas principales que
permitieron eliminar los apagones en
menos de un año. Entre las principales
medidas de la revolución energética se
pueden citar:
El tránsito de una generación basada
en grandes plantas termoeléctricas a
una generación distribuida con
motores Diesel o fuel – i.e., grupos
electrógenos. Ello redujo también la
vulnerabilidad del sistema eléctrico en
caso de fenómenos naturales como los
huracanes.
La ejecución de un programa de
rehabilitación y de medidas para ahorrar
energía en las redes de distribución.
Diversas acciones de promoción,
sensibilización y difusión de temas
relacionados con el ahorro.
La adopción de una tarifa eléctrica
progresiva para el sector residencial que
penaliza a los grandes consumidores.
Se implementaron medidas en el
sector empresarial y estatal con el
objetivo de hacer un uso racional de
la energía (por ejemplo, elaboración
de planes de consumo, supervisiones
energéticas, entrenamiento de
personal y sustitución de equipos
ineficientes).
La sustitución de equipos
ineficientes en el sector residencial. Del
2005 al 2009 se sustituyeron: más de
2,5 millones de refrigeradores,
alrededor de diez millones de
bombillas incandescentes, más de
250,000 aires acondicionados, más de
un millón de ventiladores, más 230,000
televisores, y más de 250,000 bombas
de agua. El cambio de las bombillas
incandescentes se hizo sin costo
alguno para el consumidor y para el
cambio del resto de los equipos se
ofrecieron facilidades de pago.
Sustitución del queroseno por
electricidad para cocinar. A todos los
hogares que hasta ese momento
cocinaban con queroseno se les facilitó
la adquisición de un módulo de cocina
compuesto por olla arrocera eléctrica,
olla eléctrica multipropósito, hornilla
eléctrica, calentador de agua eléctrico
y un set de ollas. Esta medida condujo
a un ahorro de 651 mil toneladas
equivalentes de petróleo (2006-2008).
Este programa ha sido financiado
completamente por el gobierno. Los
beneficiarios del programa para la
sustitución de electrodomésticos
fueron sujetos de crédito basado en
su ingreso. El programa fue diseñado
de tal forma que los costos iniciales
serán cubiertos por los ahorros en el
consumo de energía obtenidos con
el tiempo.
La experiencia cubana de la
revolución energética se ha
extendido por diversos países de
América Latina y el Caribe así como
por parte del ALBA. Entre los países
donde Cuba ha brindado su apoyo a
programas similares se encuentran
Venezuela, Nicaragua, San Vicente
y las Granadinas, Jamaica, Haití, y
Antigua y Barbuda.
Para mayor información:
– Unión Eléctrica Nacional (2009). La Eficiencia Energética en Cuba. Resultados y Perspectivas. Disponible en www.eclac.cl/
drni/noticias/noticias/8/37118/Ricardo_Gonzalez.pdf
– ALBA. Revolución Energética Cubana por países del Caribe y Latinoamérica. Disponible en <www.alianzabolivariana.org/
modules.php?name=News&file=article&sid=2683> Consultado el 23 de julio de 2012.
33
Análisis del grado de compatibilidad entre
los modelos de desarrollo y la economía verde
Finalmente, una economía verde, tal como la
defiende el PNUMA, aboga por sociedades de bajo
consumo material tal como lo plantean también
Wilkinson y Pickett (2009). Según estos autores,
urge pasar de una sociedad donde la satisfacción
humana se base en la posesión de bienes materiales
a una donde la calidad de vida esté basada en la
salud, la felicidad, la amistad y el vivir en comunidad.
3.7Instrumentos económicos para
la protección de los recursos
naturales
Varios instrumentos económicos son utilizados
actualmente para la protección del medio ambiente
en los países en estudio. Tal como se mencionó
con anterioridad, en Argentina el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de
Bosques Nativos compensa a los propietarios de
bosques por actividades de conservación. El PND
de Bolivia identifica el secuestro de carbono como
una importante fuente potencial de ingresos para el
país. Sin embargo, quizás el ejemplo más elocuente
del empleo y promoción del pago por servicios
ambientales dentro de los países en estudio, es el
caso de Ecuador con el Fondo para la Protección del
Agua de la ciudad de Quito (FONAG), el cual está
siendo replicado en otras localidades y la Iniciativa
Yasuní-ITT (ver cuadro 3).
Cuba es otro ejemplo, entre los países estudiados, de
países que han utilizado instrumentos económicos
para la protección del medio ambiente (Garrido,
2003), como por ejemplo:
desde 1992, el país incluye a las inversiones
ambientales en los planes anuales de desarrollo
económico y social;
además creó el Fondo Nacional de Medio
Ambiente en virtud de la ley del medio ambiente de
1997, en operación desde 2000, para financiar
proyectos ambientales;
cobra regalías y cánones en las concesiones
mineras desde 1997 con el fin de internalizar los
costos ambientales de la minería;
fijó impuestos desde 1999 para la utilización de la
bahía de La Habana, que entran a un fondo para la
recuperación ambiental;
34
Cuadro 3. La iniciativa Yasuní
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció en 2007,
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el compromiso del país por mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), el
cual posee el 20% de las reservas del país y se encuentra
localizado en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía
ecuatoriana.
A cambio, el Presidente propuso que la comunidad internacional contribuyera financieramente con al menos
3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los
recursos que percibiría el Estado en caso de optar por la
explotación petrolera. De esta forma, se crea un fondo de
capital administrado por el PNUD, con la participación del
Estado, la sociedad civil ecuatoriana y representantes de
los contribuyentes.
Esta Iniciativa permitirá evitar la emisión de 407 millones
de toneladas de CO2, el principal gas causante del cambio climático. Esta reducción es mayor que las emisiones
anuales de países como Brasil o Francia. El Parque Nacional Yasuní es la reserva más importante de biodiversidad
en el planeta y alberga los dos pueblos en aislamiento
voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenane.
Para mayor información:
Gobierno Nacional de la República de Ecuador.
Disponible en <yasuni-itt.gob.ec/%C2%BFque-es-lainiciativa-yasuni-itt>
cobra un impuesto sobre la tala de árboles desde
1996.
Si bien el informe de economía verde del PNUMA
presenta un conjunto de instrumentos que podrían
ayudar a conservar el medio ambiente, aumentar
la equidad y el bienestar social, cada país debe
adoptar el enfoque más apropiado a sus intereses
y a su situación socio-económica. Este enfoque
personalizado dependerá de las especificidades del
medio ambiente, la gobernabilidad, la dotación
de recursos naturales y las capacidades humanas.
Por ejemplo, en Bolivia, la Constitución establece
que ninguna persona ni empresa puede inscribir
la propiedad de los recursos naturales bolivianos
en mercados de valores, ni los puede utilizar como
medios para operaciones financieras de titularización
o seguridad; el PND rechaza la consideración del
agua como un servicio ambiental, dado que en el
pasado condujo a la privatización que derivó en
situaciones de inequidad y exclusión. En Ecuador,
los servicios ambientales no son susceptibles de
apropiación; su producción, prestación, uso y
aprovechamiento serán regulados por el Estado.
También en Cuba los recursos naturales son
administrados por el Estado.
El reconocimiento de las funciones de los
ecosistemas y la forma en que su conservación pueda
ser integrada efectivamente en el desarrollo del país,
forma parte de las políticas nacionales de desarrollo
de la cuasi totalidad de los países estudiados. Sin
embargo, se teme que este tipo de esquemas, que
podrían equipararse a los mecanismos de pago
por servicios ambientales, al implementarse a nivel
internacional, socaven la soberanía de los países y
que los recursos naturales terminen en manos del
sector financiero internacional. Si bien la economía
verde reconoce la importancia de valorar los servicios
que proveen los ecosistemas, esta valoración no
debe equipararse de ninguna manera a asignar un
precio para su venta. Valorar es, ante todo, darle
mayor importancia a los ecosistemas. En algunos
casos se puede estimar un valor monetario que
sirva como referencia para evitar pérdidas a las
comunidades locales (Sheng, 2012).
Los recursos naturales dentro de un país pueden
proveer beneficios globales, como el secuestro
de carbono o la biodiversidad, y pueden ir mucho
más allá de cualquier estimación significativa de un
valor en términos monetarios, pero su conservación
está a expensas de la comunidad en que se
encuentran. Los mecanismos de pago por servicios
ambientales buscan compensar de alguna manera
a las comunidades por sus acciones para garantizar
la conservación de los ecosistemas, sin dejar de
proveer los medios de subsistencia y respetando sus
derechos y costumbres. Aun así las comunidades o
regiones estarían en su derecho de aceptar o no un
mecanismo de este tipo.
En una economía verde la compensación por los
beneficios provenientes de las diversas funciones de
los ecosistemas, puede ser vista como generadora
de ingresos estables para retribuir a los pobladores
de tales ecosistemas por asegurar dichas funciones
y por los costos de oportunidad que repercuten
negativamente en el patrimonio común a nivel
local, nacional y del medio ambiente global. Como
se ha mencionado anteriormente, este punto de
Niño y pescador tradicional, Nicaragua
vista es compartido abiertamente por países como
Argentina, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, estos
mecanismos de compensación no pueden ser vistos
como la solución perfecta para conservar los recursos
naturales y su uso dependerá de las condiciones
locales específicas, en especial del desarrollo de
fuertes derechos de propiedad y tenencia de la tierra,
bajos costos de transacción y que los acuerdos de
ejecución sean creíbles.
35
4 Análisis de las principales preocupaciones y posicionamiento
de los países respecto a la economía verde
Si bien la mayoría de los países analizados ha
logrado incorporar en sus políticas de desarrollo
diversos elementos que rigen la relación de las
personas y comunidades con el ambiente y la forma
de lograr la sostenibilidad, se percibe una brecha
entre las posiciones actuales de estos países en el
plano internacional, muchas veces vanguardistas,
y sus políticas actuales de desarrollo. Ello puede
atribuirse a la lentitud de algunas legislaciones
nacionales para incorporar los temas discutidos
y aprobados en el plano internacional. Debido
a ello, el análisis de esta sección utiliza como
fuente principal la posición específica de los países
respecto a los temas de la Conferencia de Río+20
reflejadas en sus aportaciones al proceso de
negociación.
Varias de las inquietudes mostradas por los
países en estudio han sido ya abordadas en las
discusiones de la Conferencia de Río+20 y han
quedado plasmadas en el documento El futuro
que queremos. En el párrafo 56, el documento
considera que “la economía verde en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de
la pobreza es uno de los instrumentos más
importantes disponibles para lograr el desarrollo
sostenible y que podría ofrecer alternativas en
cuanto a formulación de políticas”. De igual forma,
se pone de relieve que “la economía verde debería
contribuir a la erradicación de la pobreza y el
crecimiento económico sostenible, aumentando la
inclusión social, mejorando el bienestar humano
y creando oportunidades de empleo y trabajo
decentes para todos, manteniendo al mismo tiempo
el funcionamiento saludable de los ecosistemas de
la tierra”.
No obstante, el documento afirma que existen
“diferentes enfoques, visiones, modelos e
instrumentos, en función de sus circunstancias y
prioridades nacionales, para lograr el desarrollo
sostenible en sus tres dimensiones”. También
asegura, en el párrafo 58, que cualquier política
sobre economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza deberá,
entre otras cosas:
36
ser compatible con el derecho internacional;
respetar la soberanía de cada país sobre sus
recursos naturales;
contar con el respaldo de un entorno propicio e
instituciones que funcionen adecuadamente,
incluyendo el liderazgo de los gobiernos y la
participación de todos, incluida la sociedad civil;
promover el crecimiento económico sostenido e
inclusivo y promover actividades productivas en los
países en desarrollo que contribuyan a la erradicación
de la pobreza;
fortalecer la cooperación internacional, incluyendo
el suministro de recursos financieros y la
transferencia de tecnología;
evitar la imposición de condiciones injustificadas
a la asistencia oficial para el desarrollo y la
financiación;
no constituir un medio de discriminación arbitraria
o injustificable ni una restricción encubierta del
comercio internacional;
mejorar el bienestar de los pueblos indígenas y sus
comunidades, reconociendo y apoyando su
identidad, cultura e intereses y mejorando los medios
de vida y el empoderamiento de los pobres y los
grupos vulnerables, en particular en los países en
desarrollo;
promover modalidades sostenibles de consumo y
producción;
perseverar en el empeño de superar la pobreza y la
desigualdad mediante la adopción de enfoques
inclusivos y equitativos de desarrollo.
El resto de esta sección hace un análisis sobre las
inquietudes, necesidades y posiciones mostradas por
los países durante su participación en el proceso de
negociación y durante la Conferencia de Río+20.
4.1 Desarrollo sostenible
En líneas generales, los países en estudio abogan
por modelos de desarrollo viables, donde los
aspectos económicos, sociales y ambientales sean
interdependientes. Sin excepción, defienden que el
objetivo fundamental del desarrollo sostenible sea
la satisfacción de las necesidades humanas básicas.
Bolivia y Ecuador señalan además la importancia de
que el desarrollo sostenible implique vivir en armonía
con la naturaleza y permita la felicidad humana.
Respecto a la economía verde como vía para alcanzar
el desarrollo sostenible, existe un consenso de que
esta no debe sustituir al desarrollo sostenible y que
existe la necesidad de realizar cambios estructurales
en los modelos de desarrollo. Globalmente la
mayoría de los países considera que la economía
verde podría ser una de las herramientas para
alcanzar el desarrollo sostenible, siempre y cuando
se adapte a los modelos económicos, las prioridades
de desarrollo y los marcos político-institucionales de
cada país, tal y como quedó reflejado en el párrafo
58 de El futuro que queremos.
El PNUMA es consciente de que existen diversos
caminos hacia el desarrollo sostenible debido
a la gran diversidad de situaciones, intereses y
cosmovisiones por parte de los países del globo.
A pesar de que se promueve a la economía verde
como uno de ellos, la decisión de qué modelo
seguir o construir para transitar hacia el desarrollo
sostenible es exclusiva de cada país. Le corresponde
al Estado dirigir los recursos institucionales,
políticos, financieros y las capacidades humanas,
hacia lo que el país considere sus prioridades en
las dimensiones social, económica o ambiental.
Además, incluso en el contexto de una economía
verde, no se puede hablar de un modelo o camino
único, pues ello dependerá de los planes, estrategias
y prioridades nacionales en materia de desarrollo
sostenible, tal como se acordó en Río+20. Sin
embargo, para que tal modelo sea considerado
como economía verde, deberá demostrar que se
logran avances significativos en los tres pilares del
desarrollo sostenible.
4.2Mercados internacionales
y capital financiero
Una parte de los países en estudio demanda una
reforma de los mecanismos de los mercados
financieros y de producción de alimentos, incluyendo
una transparencia de los mismos, y que la economía
verde no sea puesta a disposición de los intereses
del capital para mercantilizar la naturaleza. En este
sentido, cabe señalar que la economía verde surgió
como respuesta a la especulación, que fue una de las
mayores causas de la crisis financiera y económica de
2008-2009.
En las dos décadas anteriores a la crisis hubo
demasiada inversión en derivados financieros y
muy poca en la economía real y en sectores que la
sociedad realmente necesitaba, como seguridad
alimentaria, seguridad energética, empleos decentes,
transporte público, manejo de residuos, restauración
de ecosistemas, educación y muchos otros. La
economía verde, según la óptica de PNUMA, es un
llamado a rectificar el modelo económico actual
y movilizar los recursos que ayuden a resolver las
necesidades más urgentes (Sheng, 2012b).
4.3 Comercio y cooperación
Norte-Sur
Los países estudiados expresan una gran
preocupación por que la economía verde conlleve
la adopción de condiciones, parámetros o normas
que puedan generar restricciones encubiertas
o discriminaciones arbitrarias o injustificables
al comercio, la financiación, la AOD y otras
formas de asistencia internacional, llevando a un
«proteccionismo verde». Tal como se mencionó
anteriormente, estas inquietudes fueron recogidas
en el documento El futuro que queremos.
Adicionalmente, algunos de los países, como
Argentina, por ejemplo, hacen un llamado especial
a la remoción de las subvenciones perjudiciales
para el ambiente por parte de los países
desarrollados, en especial, las agrícolas
y pesqueras.
37
Análisis de las principales preocupaciones y posicionamiento
de los países respecto a la economía verde
Por una parte, la posición del PNUMA es que los
mecanismos internacionales existentes para hacer
frente a este tipo de situaciones tendrán que ser
fortalecidos de cara a los nuevos retos que presenta
la transición hacia una economía verde; por otra
parte, una economía verde, vista desde la óptica
del PNUMA, es favorable a la eliminación de todos
los subsidios perjudiciales que conducen a la
degradación del medio ambiente.
4.4
Transferencia de tecnologías
y desarrollo de capacidades
nacionales
Los países abogan por la creación de mecanismos
internacionales adecuados para la transferencia de
tecnología y de recursos financieros, que posibiliten
a los países en vías de desarrollo transitar hacia un
desarrollo sostenible sin costos adicionales. En este
sentido existe un llamado unánime al cumplimiento,
por parte de los países desarrollados, del
compromiso de aportar el 0,7 por ciento de su PIB y
que la transferencia de tecnologías incluya la difusión
de los conocimientos tecnológicos conexos.
Si bien la economía verde busca que la inversión
extranjera directa y el comercio internacional fluyan
hacia sectores verdes o al enverdecimiento de los
sectores existentes, los países estudiados piensan
que ello no es suficiente para lograr el cambio que se
necesita de forma que se colme la brecha tecnológica
que existe entre los países desarrollados y los países
en vías de desarrollo. Tampoco parece suficiente
para reducir la dependencia tecnológica de los
países en desarrollo. Todo ello quedó plasmado en el
documento final de Río+20. Además, la adopción de
tecnologías en el marco de una economía verde debe
considerar las soluciones que puedan ser producidas
localmente y puedan servir como complemento y no
como remplazo, a las tecnologías, conocimientos,
culturas y consideraciones éticas del país receptor. La
tecnología tiene un papel único en el mantenimiento
de los sistemas sociales, económicos y ambientales
de cada país.
38
4.5 Inclusión social
Los países analizados manifiestan su preocupación
por que en el proceso de implementación de una
economía verde ciertos sectores de la población
podrían recibir un impacto negativo en su
bienestar. Si bien cualquier cambio en una política
pública generará perdedores y ganadores, es
papel del Estado asegurar el éxito de la transición
hacia una economía verde y asegurar que las
políticas elegidas sean aplicadas de tal forma que
los segmentos más pobres de la sociedad estén
completamente protegidos. La transformación
hacia una economía verde en gran escala y de
forma sostenida involucrará cambios que pueden
ser difíciles, al menos para algunos sectores de
la población. De ahí la importancia de que los
gobiernos asuman una función de liderazgo en la
formulación de políticas y estrategias mediante
un proceso inclusivo y transparente, tal como se
acordó en Río+20. Por ejemplo, la implementación
de políticas públicas para reducir la inversión en
la producción y uso de combustibles fósiles e
incrementarla en la de energía renovable afectará
a los productores y trabajadores de empresas
basadas en combustibles fósiles, pero también
creará nuevos puestos de trabajo en el sector de
energía renovable.
4.6 Competitividad
Existen inquietudes de que en el proceso de
adopción de una economía verde los países en
vías de desarrollo pierdan competitividad. Cabe
señalar que para algunos países en desarrollo
su competitividad está tradicionalmente basada
en la abundancia de sus recursos naturales
y en la mano de obra barata. Pero esto no
puede sostenerse indefinidamente. Los recursos
naturales se acabarán en algún punto bajo
una extracción continua, a menos que sean
renovables y sean bien manejados. Al mismo
tiempo, si la mano de obra permanece barata,
el poder adquisitivo nacional continuará siendo
débil, lo que pone a los países en una alta
vulnerabilidad a los cambios en los mercados
externos.
La economía verde es partidaria de que el comercio
de productos basados en la explotación de la
diversidad biológica, se realice según los principios y
criterios de biocomercio aprobadas por la UNCTAD
(UNCTAD, 2007). Estos principios y criterios
garantizan, entre otras cosas, que la comercialización
de estos productos sea sostenible y contribuya a
una distribución justa y equitativa de los beneficios
del uso de la biodiversidad. Por ello, el biocomercio
constituye no solo una oportunidad para incrementar
el volumen del comercio en estos países, sino
también una forma de garantizar un uso sostenible
de los recursos naturales.
La economía verde propone además que se usen los
dividendos actuales de la explotación de los recursos
naturales para diversificar la economía, dando
preferencia a los sectores que promuevan o apoyen
la conservación de la naturaleza, como la agricultura
sostenible, la energía renovable, las edificaciones
sostenibles, el manejo de residuos, la salud, entre
otros.
Trabajador en una plantación de plátanos
39
5 Principales conclusiones
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) ha sido una gran
oportunidad para todos los países de reafirmar
sus principios y valores comunes acerca de la
sostenibilidad. De igual forma sirvió para crear
una discusión acerca de los caminos a seguir y las
herramientas a utilizar para alcanzar el desarrollo
sostenible, centrando la atención en la economía
verde, en el contexto de la erradicación de la
pobreza. Aunque hay una pluralidad de puntos de
vista acerca del concepto de economía verde y las
implicaciones que la adopción del mismo podría
tener sobre los países analizados, este estudio ha
identificado los siguientes elementos que podrían
servir como punto de partida para generar un debate
regional post Río+20:
Las propuestas de políticas que presenta el
Informe de Economía Verde del PNUMA y los
modelos de desarrollo de los países analizados se
basan en los tres pilares del desarrollo sostenible. En
muchos de los casos, las propuestas nacionales de
los países analizados van más allá del enfoque
presentado en el Informe de Economía Verde.
Cabe subrayar el compromiso especial de este
grupo de países con la erradicación de la pobreza, la
reducción de las desigualdades sociales y el aumento
del bienestar social. Y, aunque dicho compromiso
está en línea con el enfoque de economía verde
formulado por el PNUMA, algunos de los países
enfatizan la importancia de una convivencia holística
con el entorno.
El enfoque de derechos, ética y normas como vías
fundamentales para lograr la sostenibilidad es
plenamente compatible con la reforma de los
mercados y de los instrumentos económicos
implícitos en la concepción de economía verde en el
ámbito nacional. Tanto los países analizados como la
iniciativa de economía verde del PNUMA consideran
que el Estado es la máxima autoridad para crear las
condiciones propicias y guiar el tránsito hacia el
40
desarrollo sostenible, ya que el mercado en sí mismo
es solo una construcción social, que requiere reglas e
instituciones fuertes para proteger el bien común y
producir resultados positivos, tanto ambientales
como sociales. En el plano internacional,
principalmente, es necesario un cambio de
paradigma en los patrones de producción y consumo
que modifiquen la relación de la sociedad con la
naturaleza.
Este grupo de países, especialmente Bolivia y
Ecuador, aporta un nuevo enfoque legal a la visión
antropocéntrica de la relación hombre-naturaleza
que hasta ahora ha dominado el concepto del
desarrollo sostenible. De acuerdo con estos países,
el hombre no solo tiene derecho a vivir en un
ambiente sano y es responsable de velar por el
cuidado y protección de la Naturaleza sino que la
Naturaleza tiene también derechos que deben ser
respetados, promovidos y defendidos.
La visión sobre la sostenibilidad de varios de los
países analizados va más allá de lo que está
establecido en sus documentos oficiales nacionales,
complementándose con la postura mostrada durante
las negociaciones de la Conferencia.
En el plano internacional, la implementación de
una economía verde lleva a incertidumbre en los
países analizados debido a que los instrumentos
internacionales que soportarían dicha transición aún
no están definidos, aunque se hayan establecido las
salvaguardas pertinentes en El futuro que queremos.
Específicamente es necesario que se establezcan
mecanismos internacionales que garanticen que una
economía verde:
– contribuirá a la erradicación de la pobreza,
– respetará la soberanía de las naciones,
– ayudará a la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad y,
– permitirá una distribución equitativa de la riqueza
en la sociedad basada sobre el bienestar/Buen
vivir/Vivir bien/ realización de las personas.
De igual forma, en el marco de las relaciones
internacionales, se deberá evitar que cualquier
acuerdo y mecanismo de implementación futuro:
– sustituya el concepto de desarrollo sostenible por
el de economía verde,
– imponga barreras al comercio por parte de los
países desarrollados,
– introduzca nuevas condiciones para tener acceso a
la ayuda al desarrollo.
Finalmente, muchas de las preocupaciones que a
lo largo del proceso preparatorio de Río+20
expresaron los países analizados, fueron recogidas en
el documento final El futuro que queremos, lo que
podría demostrar que tales preocupaciones son
compartidas por un grupo más amplio de países y
que los países del ALBA y Argentina jugaron un papel
decisivo de liderazgo en la propuesta final que el G77
+ China presentó en Río.
Islas Galápagos, Ecuador
41
6 Recomendaciones y próximos pasos
El documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Río+20, titulado El futuro que queremos, expresa
claramente que existen diferentes enfoques para
alcanzar el desarrollo sostenible y cualquier política o
intervención de economía verde que se adopte debe
contribuir a la erradicación de la pobreza y fomentar
la equidad social.
El presente estudio se enmarca en esta óptica y no
debe ser visto como un producto terminado en sí
mismo, sino como un documento base que guíe
las discusiones regionales en la era Río+20 sobre
economía verde y desarrollo sostenible, permitiendo
a los países de la región definir estrategias efectivas
de desarrollo.
Basados en la experiencia adquirida durante el
proceso de consulta y análisis llevado a cabo durante
este estudio y considerando el mandato de Río+20,
el PNUMA y específicamente su oficina regional
para América Latina y el Caribe podría centrar sus
esfuerzos en el tema de economía verde en las dos
siguientes áreas de acción:
Diálogo. Seguir dialogando con los países en estudio
principalmente a través de:
Promover discusiones de alto nivel entre el PNUMA
y los gobiernos de los países analizados sobre las
posibles vías para incorporar transversal y
efectivamente la dimensión ambiental en sus
políticas públicas, de acuerdo con sus propias
necesidades y perspectivas. Estos diálogos podrían
42
incluir, entre otros temas, el intercambio de
experiencias, la exploración de la posibilidad del uso
de instrumentos legales y económicos para la
promoción del desarrollo sostenible y la cooperación
bilateral.
Apoyar los diferentes diálogos que se desarrollan
en estos países dirigidos a definir la estrategia de
desarrollo más adecuada para lograr el desarrollo
sostenible, en los que participan los diferentes
actores de la sociedad, incluyendo el sector privado y
financiero.
Apoyar y promover diálogos que permitan una
adecuación del concepto de economía verde que sea
compatible con el concepto de desarrollo de los
países analizados y con otros de la región.
Apoyar a los países que lo soliciten en el diseño de
opciones de políticas públicas de economía verde, en
el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza.
Trabajo regional. Definir e implementar una
estrategia de trabajo regional sobre economía verde.
Ella guiará y coordinará el trabajo del PNUMA y
proporcionará un marco de acción regional sobre
los compromisos asumidos en Río + 20. El objetivo
general de dicha estrategia sería fortalecer la
capacidad de los gobiernos y otras partes interesadas
de la región para gestionar eficazmente la adopción
de estrategias de desarrollo socialmente inclusivas,
que hagan un uso eficiente de los recursos naturales
e impliquen un bajo nivel de emisiones de carbono.
NotAs
1. Los documentos enviados por los diferentes países pueden
ser consultados en el sitio oficial de la CNUDS <http://www.
uncsd2012.org/memberstates.html>
2. Ver por ejemplo Orellana, R. (2012). Statement by Chief Negotiator
of Bolivia during the Initial Discussions on the Zero draft of
outcome document, January 26th, 2012. <www.uncsd2012.org/
content/documents/701bolivia.pdf>
3. ALBA es una propuesta de integración para los países
latinoamericanos y caribeños que pone énfasis en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social. Se concreta en un proyecto de
colaboración y complementación política, social y económica
entre países de esta región, promovido inicialmente por Cuba
y Venezuela en contrapartida al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos. Actualmente
pertenecen al ALBA 8 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba,
Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y
Venezuela. Para mayor información: http://www.alianzabolivariana.
org/index.php
4. El documento Los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución establece la visión estratégica de
desarrollo del gobierno cubano para el período 2011-2015. Dicha
estrategia fue aprobada en el VI congreso del Partido Comunista
de Cuba, el 18 de abril de 2011.
5. Para más información acerca del trabajo actual del PNUMA sobre
indicadores de economía verde, se puede visitar el siguiente sitio:
<http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/
research_products/Measuring%20Progress%20report.pdf>
Capibara y sus crías en El Cedral,
Los Llanos (Venezuela)
43
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Bogotá los días 2-4 de Mayo de 2002, en el marco de la Séptima
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Equal Societies Almost Always do Better. Allen Lane, Londres,
Inglaterra.
Annex I. Policy development and planning documents
consulted for each of the selected countries
Annex.
official documents
by por
country
Anexo.
Documentos
oficiales consulted
consultados
país
República Argentina:
– Constitución Nacional Argentina (1995).
– Ley General del Ambiente (Ley 25.675 de 2002),
– Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos (Ley 26,331 de 2007),
– Argentina 2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial. Construyendo una Argentina equilibrada, integrada, sustentable
y socialmente justa (2004).
– Bases para una Agenda Ambiental Nacional: Política Ambiental Sostenible
para el crecimiento y la Equidad. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Ministerio de Salud (2004).
Estado Plurinacional de Bolivia:
– Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2008).
– Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley No. 071 de 2010).
– Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y
democrática para Vivir Bien (Decreto Supremo Nº 29272 de 2007).
República de Cuba:
– Constitución de la República de Cuba (1976).
– Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución
(2011).
República del Ecuador:
– Constitución de la República del Ecuador (2008).
– Plan Nacional del Buen Vivir (2009).
República de Nicaragua:
– Constitución Política de la República de Nicaragua (2010).
– Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley No. 217 de
1996)
– Plan Nacional de Desarrollo Humano (2009).
República Bolivariana de Venezuela:
– Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
– Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013 (2007).
45
www.unep.org
United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552 Nairobi, 00100 Kenya
Tel.: (+254 20) 762 1234
Fax: (+254 20) 762 3927
E-mail: uneppub@unep.org
Website: www.unep.org
Para mayor información, contactar:
UNEP/PNUMA/DTIE
Economics and Trade Branch (ETB)
chemin des Anémones 11-13
1219 Châtelaine/Geneva
Switzerland
T: +41 (0)22 917 82 43
F: +41 (0)22 917 80 76
E: gei@unep.org
www.unep.org/greeneconomy
Oficina Regional del PNUMA para
América Latina y el Caribe (ROLAC)
Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 103
Avenida Morse, Corregimiento de Ancón
Ciudad de Panamá, PANAMA
T: +507 305 3100
F: +507 305 3105
E: enlace@pnuma.org
www.pnuma.org
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Job Number: DTI/1683/GE