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EL URUGUAY ANTE LA CRISIS MUNDIAL
por Jacques Ginesta (x)
I.- 2008: LA CULMINACIÓN DE
CINCO AÑOS DE BONANZA
Y EL
COMIENZO DE LA CRISIS ECONÓMICA
Durante los tres primeros trimestres de 2008 las autoridades, hicieron suyas
aunque con
más circunspección, como es de estilo en este país, las declaraciones
optimistas que
adoptaron otros gobiernos de la región respecto del crecimiento
económico.
Y en realidad había motivos para ello, porque la demanda sostenida de productos
agropecuarios en el mundo, principalmente en China, India y otros países en desarrollo,
hizo crecer los volúmenes y los precios de estos productos y otros como el petróleo y el
cobre, en forma inesperada y sostenida a lo largo de todos estos años desde el 2003.
La abundancia de capitales y el optimismo exagerado de los inversores
institucionales aumentó la oferta de dinero a estos países y su colocación a bajas tasas de
interés.
El aflujo de dinero del comercio exterior y de las inversiones permitió a los
gobiernos recaudar más dinero mediante sistemas fiscales más incisivos y financiar
planes asistenciales dirigidos a pobres e indigentes, cuya efectividad se puede poner en
duda, pero cuya realidad e incidencia política no se puede negar. Sin embargo, quizás lo
más importante fue la tonificación del mercado interno, mediante el aumento de la
producción, el empleo y el consumo. En tales condiciones y aprendidas las lecciones de
otrora, mantener la inflación dentro de límites manejables no fue difícil para los
gobiernos progresistas “prudentes”, porque Venezuela y Argentina no pudieron evitar
inflaciones exageradas del orden del 25 al 30%.
El Uruguay no fue una excepción. Las exportaciones de productos agropecuarios
siguieron creciendo durante el período hasta llegar a la cifra record de 5.950 millones de
dólares en el 2008, o sea un crecimiento de 31% respecto del 2007. La contrapartida es
que la importaciones crecieron mucho más, 58%, dejando un saldo negativo de 2.984
millones de dólares (Fuente: Banco Central). Durante todo el período considerado, el
saldo de la balanza comercial fue negativo. Si bien los bienes de capital constituyeron
una parte importante de las importaciones, así como los bienes intermedios, los bienes de
consumo también constituyeron parte apreciable de las mismas. No nos corresponde
pronunciarnos sobre si es beneficioso o no practicar una política sostenida de déficit
comercial que en alguna medida se compensa con la generación de servicios portuarios y
turismo, pero otros países de la región como Brasil, Venezuela y Chile exhibieron
orgullosamente un clarísimo superávit en ese rubro durante el período.
El PIB creció a tasas importantes del 6 y 7%, habiéndose alcanzado un pico del
11.8% en el 2004 ( con el gobierno del Jorge Batlle), compensando una abrupta caída del
11% en el 2002 y 2.2% en el 2003, y en el año 2008 con un aumento del 13% durante el
período enero-setiembre, que al anualizarlo a diciembre se redujo al 8.9% por la
pronunciada caída del ultimo trimestre (-0.8%). Dentro de ese crecimiento cabe destacar
que el PIB industrial creció a tasas significativas, así como el empleo industrial, aún
quitando el efecto de la pastera Botnia que llegó a producir más de 1 millón de toneladas
de pasta del papel y el de refinería de ANCAP. (Cifras del Banco Central y Búsqueda).
En consonancia con ese inusual crecimiento, la inversión durante 2008 creció al
18.73% del PIB, bastante por encima de los guarismos históricos.
El desempleo bajó del 12-13% a un 7.8% en el 2008 y el empleo llegó a un
robusto 58% de la población económicamente activa.
La ratio deuda producto, que llegó al 108% en el 2003 y l00% en el 2004, bajó al
61% en el 2007 y 51% en el 2008, a la tasa de cambio oficial, una relación más que
razonable, quizás como efecto del crecimiento del PIB y el hecho de que la mayor
recaudación permitió pagar algunas deudas -se canceló la deuda con el FMI, como lo
hicieron Brasil y Argentina, como una forma simbólica de independencia respecto de los
dictados de esa institución, pero se permitió la continuidad del monitoreo de la economía
por parte de la misma. Un plan recambio de deuda con vencimientos cortos por deuda a
largo plazo, permitió el alivio de los vencimientos de la década.
No obstante el país siempre mantuvo durante el período un desequilibrio fiscal
que en términos del PIB fue de octubre del 2007 a octubre del 2008 del 0.72%, siendo
el superávit primario del 2.26% en el mismo período.(datos del MEF).
El sector financiero al contrario del 2002, en el que la crisis se desató a causa del
mismo, aparece a esa fecha totalmente saneado, recuperándose paulatinamente los niveles
de depósitos del 2001 y con mucha menor exposición a los depósitos extranjeros que
desencadenaron la crisis aludida.
En una palabra: la situación financiera y económica era muy buena al 15 de
setiembre del 2008, fecha en que la negativa del gobierno norteamericano a salvar a
Lehman Brothers de la quiebra, desencadenó la crisis global que estamos padeciendo,
más allá de las críticas de la oposición, a veces fundadas y a veces exageradas por
comprensibles razones políticas. Pero es evidente que no se hubieran podido alcanzar
esos resultados sin una explosión de la demanda externa -y la inversión- durante el largo
período que se cierra en esa fecha, que aumentó mucho en volúmenes pero mucho más en
precios que sonaban disparatados.
Baste recordar que el petróleo que llegó a 148 dólares el barril en el correr del
2008 bajó en torno a los 40 dólares, o sea a niveles del 2002 y la soja que se acercó a los
600 dólares la tonelada bajó a los 350 y los demás granos tuvieron también caídas muy
pronunciadas. Si el matrimonio Kirchner hubiera podido leer el futuro se hubiera
abstenido de aprobar la resolución 125 sobre las retenciones móviles a los productos
agropecuarios, que hubieran perdido aplicación por la baja abrupta de esos productos; y
tal vez, al evitar el duro enfrentamiento con el campo hubiera reducido la caída de
popularidad de su gobierno, que se fragilizó mucho durante el último año. Tal vez el
presidente Chávez hubiera sido más cuidadoso en gastar el enorme ingreso que le generó
la suba del petróleo para tratar de cimentar su liderazgo en Latinoamérica, comprar
voluntades para entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un armamento
cuyo objetivo no aparece claro y otros gastos completamente prescindibles. Otros países
de la región, en menor medida, podían haber sido también más cautos en el gasto. Esta
bonanza fue fundamentalmente producto del ciclo económico mundial y en buena medida
fruto de la especulación financiera que terminó con ella. Si no se hubieran formado esas
burbujas financieras, que abarcaron a los granos y al petróleo en Wall Street, los
resultados no hubieran sido tan brillantes. Si los gobiernos progresistas hubieran aplicado
consistentemente su prevención contra el capitalismo global especulativo, deberían haber
previsto que lo que el mismo da con tanta facilidad igualmente lo quita fácilmente.
Sin embargo, la idea de que todo ese éxito económico era debido a la excelencia
de la gestión de sus gobiernos los preparó mal para lo que se venía. Ese triunfalismo
llevó a la presidenta Cristina Kirchner, en un discurso pronunciado el 23 de setiembre de
2008 ante las Naciones Unidas a acusar a Estados Unidos de provocar una crisis que
denominó “efecto jazz” por tener una “economía de casino”, que produjo el mayor
desastre financiero, mientras que su país había crecido y pagado sus deudas gracias al
dirigismo del Estado sobre la economía real. Si bien tenía razón en cuanto a su juicio
emitido sobre la vergonzosa quiebra del sistema financiero norteamericano, no veía o no
quería ver que el pretendido auge argentino se debía a una especial coyuntura del
mercado global que hizo crecer la demanda en muchos países, especialmente en China y
los precios, en parte por el aumento de esa demanda, pero también como consecuencia de
las mismas especulaciones financieras en el mercado agropecuario de los “jugadores” de
Wall Street, que estaba criticando. En realidad, la evolución de la economía argentina en
la era Kirchner merece otra lectura mucho menos optimista, como todo el mundo sabe.
En Uruguay, los buenos números de los tres primeros trimestres en casi todos los
rubros, dieron lugar a que, bajo el acicate de la precampaña electoral para las elecciones
internas de los candidatos a presidente por cada partido, se minimizaran los efectos de la
quiebra de Lehman Brothers y las persistentes caídas de las bolsas norteamericanas y
europeas. Hasta que se desplomaron las bolsas argentina y brasileña y comenzara a subir
el dólar en todo el mundo y también en nuestro país, momento en que asume el
Ministerio de Economía y Finanzas, el contador Alvaro García, quien menos
comprometido en la campaña electoral y aleccionado por su participación en las
reuniones semestrales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, admitió
que, aunque la situación financiera es sana, la crisis podía venir al país por la vía
comercial, afectando con ella la recaudación fiscal (Búsqueda, 16 al 22 de octubre de
2008).
Como era de esperar de cualquier Gobierno, desde ese entonces
las
declaraciones oficiales tienden a desestimar los efectos de la crisis sobre nuestra
economía. En el mismo sentido, la profusa divulgación de los excepcionales números del
año 2008, enmascarando la significativa caída del último trimestre, procuran crear un
ambiente de tranquilidad, que no estaría en consonancia con algunos números del primer
trimestre del 2009 ni, por supuesto, con el resto del año.
La historia enseña que todos los embates de las la crisis externas afectan al país, si
bien en el caso actual, al contrario de la crisis del 2002, su exposición financiera sea
relativamente escasa y encuentre a los bancos de plaza bien pertrechados y con limitada
operativa. Por otra parte, la oposición ha señalado reiteradamente, que el gobierno ha
maximizado el gasto público y no ha hecho nada para reducir el tamaño de un Estado
hipertrofiado e ineficiente, según su propio concepto –como tampoco lo hicieron
gobiernos anteriores- por lo cual no adoptó medidas preventivas en ese terreno para la
recesión que está llegando.
Estas muestras de confianza fueron avaladas por destacadas funcionarios
internacionales, como el presidente del BID, L. A. Moreno, quien declaró a mediados de
octubre de 2008 que no vio muchas vulnerabilidades en la economía uruguaya, salvo la
baja de los precios internacionales. Lo que no evaluó es en cuánto repercute en la
economía del país esa casi única vulnerabilidad – en realidad hay otras- y todos sabemos
que esa repercusión es importante.
El directorio del Fondo Monetario Internacional, al evaluar la situación del
Uruguay en su revisión anual realizada el 23 de octubre fue más realista, admitiendo que
“ la situación financiera y económica mundial plantea riesgos de caída para un economía
pequeña, abierta y dolarizada como tiene el Uruguay”. Sin embargo, en su conjunto el
dictamen del Fondo fue optimista: el 2008 cerraría con un crecimiento de PBI del 9.5%,
el que se reduciría en el 2009 al 5.5% - el propio gobierno estimaba en esa fecha un
aumento menor, 4.5%- no preveía una recesión para el 2009 y la inversión cerraría en
2008 con un 16.5% del producto y bajaría al 8% en el 2009. Estimaba, sí, una inflación
superior a la prevista en el 2008 (8.5%), que bajaría a 7.5% en el 2009 y una ratio
deuda/producto bastante buena. En suma, no habría recesión para el país sino una
disminución del crecimiento.
Más recientemente Pedro Alba, representante del Banco Mundial en el Cono Sur
fue bastante más cauto al hablar sobre la crisis en Latinoamérica y Uruguay en particular,
ante la caída fuerte de los números a fines del 2008 y los dos primeros meses del 2009 y
sin arriesgar cifras sobre la evolución del PIB en el 2009, dijo que no había duda que la
crisis iba a afectar al país, puesto que las vulnerabilidades que éste tiene frente al
mercado externo son las mismas que existían en el 2002 y 2003. Señaló que el BM prevé
ahora un crecimiento muy bajo para América Latina de entre 1 y 0.3% (Búsqueda 5 de
marzo de 2009).
En la próxima sección veremos cómo ha evolucionado realmente la repercusión
de la crisis durante el primer trimestre del 2009.
II. LA CRISIS INTERNACIONAL EN EL URUGUAY
De hecho, la crisis financiera desembocó en una recesión mundial que afecta a la
economía real del país por varias vías: El Contador Enrique Iglesias, ex presidente del
BID señaló al principio de la crisis, seis vías por las cuáles esta recesión afecta a América
Latina: el descenso de los precios de las materias primas y la disminución de los
volúmenes de ventas, la disminución de las remesas de los emigrantes a sus familiares, la
merma de los servicios de turismo, las pérdidas experimentadas por muchas empresas
latinoamericanas por la caída de las bolsas y la retracción del crédito y el descenso de la
inversión por falta de dinero o por temor.(Búsqueda 16.10.08) Todas esas vías, salvo la
disminución de las remesas, afectan al Uruguay. Agreguemos que la revalorización del
dólar nos afecta directamente porque, además de afectar a competitividad, aumenta el
peso de una deuda externa, que es comparativamente, una de las más importantes de la
región, unos 16.000 millones de dólares, aunque el crecimiento del producto a 32.000
millones de dólares redujo su peso en el mismo al 53.1% del PBI. ( las cifras son del año
2008).
Las últimas noticias de la crisis internacional nos muestran que es aguda y
duradera. La última previsión de la OCDE arrojó una caída del PIB mundial del 2.7% y del
comercio internacional del 13%, que afecta a los principales países del mundo y
principalmente a los Estados Unidos y a la Unión Europea. El FMI estimó, por su parte,
una caída del PBI mundial del 1.3% y prevé un aumento del mismo para el 2010 del 1.9%.
No cabe duda que en este año de 2009, afectó al Uruguay y lo va a afectar aún más. El
asunto es cuánto lo va a afectar, cuánto va a durar y qué medidas genuinas está el Gobierno
en condiciones de adoptar para reducir sus efectos. Es lógico que la evaluación de la
situación varíe si se trata de los funcionarios de gobierno o de especialistas opositores o
independientes. Un panel de economistas representantes de los tres grandes partidos
(Manuel Quijano, Frente Amplio), Javier de Haedo (Partido Nacional) y Luis Mosca
(Partido Colorado), organizado el 4 de mayo de 2009 por la “Fundación Wilson Ferreira
Aldunate” (Partido Nacional), coincidió en que la contracción de la economía seguirá en el
2009, con recuperación en el primer trimestre del 2010. Coincidieron también en la
necesidad de acuerdos sociales entre trabajadores y empresarios, y acuerdos comerciales,
augurando que la próxima administración (marzo 2010) tendrá un panorama complicado.
Por otra parte, hay cierto consenso a nivel mundial que los peores efectos de la
crisis se dieron en el último trimestre del 2008 y en el primer trimestre del 2009, aunque
hay que considerar un efecto de arrastre del contexto crítico a proyectarse en el 2009 y tal
vez a principios del 2010.
De todos modos, de acuerdo a la experiencia del último trimestre del 2008 y del
primer trimestre del 2009, la crisis repercute en forma diferente en las finanzas y en la
economía. En realidad, el sistema financiero no ha sido involucrado directamente en la
misma, manteniéndose al margen del crack bancario y bursátil internacional. En realidad,
los depósitos aumentaron en el primer trimestre del 2009, en función de la apertura de
nuevas cuentas de no residentes, como era de esperar. Se comprueba una moderada
desaceleración del crédito y por consiguiente una mayor liquidez en el sector bancario.
La situación es diferente en el sector real y dentro de él, el principal afectado es el
comercio exterior. Las exportaciones cayeron en abril por seis meses consecutivos. En
este mes, las ventas al exterior alcanzaron la cifra de 1.513 millones de dólares,
disminuyendo un 26% con respecto a abril del 2008.
La pastera Botnia detuvo su actividad por 15 días y disminuyó su producción
significativamente, como lo hizo su central en Finlandia. Más recientemente la compañía
ENCE renunció a sus planes de construir otra pastera y vendió sus terrenos a las firmas
Stora Enso y Arauco. La empresa FUNSA, gestionada por los trabajadores se vio
obligada a mandar a un número de los mismos al seguro de paro por disminución de sus
ventas en el Brasil, como lo hizo también algún frigorífico. La industria automovilística
debió revisar sus previsiones a la baja acompañando a Brasil, Argentina y la mayor parte
de los productores del mundo. Los productores de ciclomotores y de bicicletas Zanella
debieron reducir de una forma importante su personal, a causa de la baja de las compras
en Argentina, mercado con el que siempre tuvieron problemas de ingreso. La actividad
siderúrgica acompañó la caída internacional de la producción. En el sector agropecuario,
la caída del precio de los granos, del cuero y algo menos de la carne, perjudica
fuertemente al sector exportador. Igualmente aconteció una baja en las ventas de madera,
carne y lana
El turismo en el primer trimestre del 2009, en cambio, comparado con el año
anterior no tuvo la caída que se podía prever, sino que la temporada cerró con aumento en
la recaudación, por lo menos en ciertos sectores y números recientes.
Las importaciones han descendido también sensiblemente en el período, aunque
en el primer trimestre del 2009 se observa una recuperación con respecto al último
trimestre de 2008. La disminución ha sido más acentuada en el rubro bienes de consumo
duradero que en otros rubros.
El mercado interno ha sufrido hasta ahora menos que el sector exportador en
función del mantenimiento del consumo interno. Han influido en ello el incremento del
salario real, una tasa de desempleo relativamente baja para los guarismos tradicionales,
una inflación en ligera baja y el mantenimiento de cierto flujo de proyectos de inversión.
En el primer trimestre del 2009 habría un incremento del salario real del 6%, fruto
de los acuerdos salariales cerrados con anterioridad.
Los guarismos relativos al desempleo muestran un aumento del mismo al 7.8% que habría bajado algo en el último trimestre (7,2%), lo cual todavía es una cifra
históricamente razonable, pero la expectativa de algunos expertos es que aumente del 1
al 1.5% más, siguiendo en forma atenuada, la tendencia de otros muchos países, entre
ellos los más desarrollados, como Estados Unidos, muy marcadamente, y los países
europeos, especialmente España con 4 millones de desocupados.
En cambio, el número de los acogidos al seguro de paro, según cifras del Banco
del Previsión Social, sería el más alto de los últimos dos años. Algunas de las empresas
afectadas por la crisis, ha enviado a un número de trabajadores a seguro de paro y podrían
luego que cese el período del mismo, despedirlos. A ello se suman otras crisis como la de
la sociedad médica de asistencia CASMU que no tiene origen directo en la mundial, sino
en el déficit crónico del mutualismo local. Sin embargo los sindicatos, lejos de aceptar
esta situación, reclaman que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo sin rebajas
salariales, pero, si se trata de una postura plausible en momentos de negociación, tarde o
temprano podría atemperarse en función de las necesidades de la crisis.
Pese a las declaraciones del Presidente de la República y de los dirigentes
sindicales sobre que los trabajadores no iban a pagar el precio de la crisis, a pesar de
algunas medidas puntuales que se puedan adoptar, la realidad se impone sobre el
voluntarismo y, lamentablemente, los trabajadores vinculados a las actividades
perjudicadas sufrirán las consecuencias y no sólo ellos sino el resto de la población, en la
medida que se afecte el consumo interno. Si los precios y las demandas internacionales
de ciertos productos bajan persistentemente – en realidad el petróleo y ciertas
commodities han aumentado en mayo- la producción tiene necesariamente que bajar y
ello repercute sobre el empleo directo en forma de envíos a seguro de paro, el número de
personas que buscan empleo y el de las que no lo encuentran a corto plazo, la tasa de
personal ocupado respecto de la población económicamente activa y el salario. El mayor
o menor poder de las centrales sindicales y los sindicatos y el apoyo que reciban de un
gobierno consustanciado con los intereses de los trabajadores, son importantes, pero
tienen sus límites muy precisos porque en algún escalón tendrán que transar con los
productores de riqueza.
Por otra parte, el sector privado se ve presionado por el Estado para no aumentar
los precios de los productos de consumo masivo. Julio de Brum, ex presidente del Banco
Central y actual director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, el 29 de enero en
el semanario Búsqueda critica estos acuerdos de precios por presionar demasiado al
sector privado y distorsionar el clima de negocios y de inversión sin que para él se
consiga frenar el aumento de la inflación. El efecto acuerdo de precios estaría
neutralizado en alguna medida por el otorgamiento de subsidios a algunas actividades
abundantes en mano de obra.
Sin embargo, la inflación hasta el momento no representa una amenaza
importante. De hecho, la inflación del mes de febrero fue ligeramente negativa y en
marzo fue de 0.8% siendo las previsiones últimas para todo el año 2009 de entre un 6 y
un 7%.
El nombrado Julio de Brum, en la entrevista mencionada, dice que el gobierno
tomó a esa fecha dos tipos de medidas: unas monetarias tendientes a aminorar el
crecimiento del IPC, que estima tengan efectos de corta duración para contener la
inflación y el aumento de las tasas de interés de referencia, propiciando igualmente la
suba de tasas en las licitaciones de letras.
En cuánto a la inversión privada, aunque suene extraño, sigue creciendo y
generando nuevos empleos. La COMAP (Comisión de Aplicación) de la ley de
inversiones expresa haber recomendado en el primer trimestre de 2009 proyectos por
USD 123 millones y tiene en evaluación proyectos por USD 900 millones, de los cuales
la mitad provienen del 2008 y supone que en el correr del año se superaría el total de
proyectos de inversión del año anterior, que transcurrió en pleno auge económico
mundial. Dichos proyectos son seleccionados por su capacidad de aumentar las
exportaciones y generar empleos.
Habrá que ver cuáles de esos proyectos finalmente se concretan para evaluar la
magnitud del crecimiento de la inversión real, pero de cualquier modo sigue habiendo
inversión, por lo menos certificada.
Aparte de la caída brusca de las exportaciones, los mayores problemas parecen
provenir del sector público, principalmente por el incremento de las cargas públicas
registradas durante el período y el deterioro de las cuentas públicas.
Efectivamente; se ha producido un fuerte deterioro de las cuentas públicas,
que pude continuar en el correr del año, siguiendo una tendencia anterior. En los 12
meses cerrados a febrero de 2008 el sector público consolidado mostraba un superávit
global del 0.8% del PBI, con un superávit primario del 3.7%. En el año cerrado en
febrero del 2009, el sector público consolidado arrojó un déficit del
2%, como
consecuencia de un superávit primario del 1.1%, debiendo pagarse en ese período
intereses equivalentes al 3.7% del PBI (Fuente: Búsqueda, 16.4.09). Si estos números son
exactos, la solvencia del Estado ha variado dramáticamente y puede seguir el mismo
camino en el futuro próximo, pero no es así con las cargas públicas que se mantienen
estables en la mejor hipótesis y en las cuáles el salario de los funcionarios, que supera en
promedio el doble del salario privado, pesa sustancialmente - 45% y si agregamos las
jubilaciones 55%- sin posibilidades de hacer recortes.
Si bien las refinanciaciones de deuda realizadas por el gobierno en años anteriores
consiguieron aliviar los vencimientos a corto plazo y el aumento sustancial del producto
mantiene la deuda en un porcentaje aceptable, la baja de ese mismo producto y el
aumento de las deudas, modificarán este porcentaje hacia el alza. Ya en el 2008, con un
crecimiento espectacular en la recaudación fiscal, el Gobierno sobrepasó el tope legal de
endeudamiento para ese año de 275 millones y un máximo para operaciones
extraordinarias de 412 millones, endeudándose en 500 millones de dólares. Otro tanto
ocurre en el 2009, en que se le otorgó aval parlamentario para ampliar el tope de
endeudamiento para el año, llevándolo a USD 350 millones e incrementar ese máximo en
un 100% en casos extraordinarios. Se ha decidido emitir bonos por 100 millones de
dólares en el mercado local y se llevaría la emisión en este mercado y en Japón a 300
millones de USD. Ello, en el corto plazo puede ser una solución de los problemas de caja,
pero sin duda aumentará las cargas para el futuro y algunos analistas no descartan que el
próximo gobierno, pasada la instancia electoral, deba comenzar por realizar un ajuste
fiscal de cierta magnitud.
El deterioro de las cuentas públicas tiene su origen en la reducción de la
recaudación por una parte, en el subsidio de los precios públicos y en el aumento de los
costos de energía, por otra.
El Uruguay, según un informe de la CEPAL es el tercer país de América Latina y
el Caribe con mayor presión tributaria. Según su evaluación el Uruguay recauda en
impuestos el 24.1% del PBI, detrás del Brasil (36.2%) y de Argentina (29.1%). Hasta el
momento (mayo del 2009) el deterioro no ha sido grande en la recaudación de los
principales impuestos, pero la previsible disminución del consumo tendrá repercusión en
los impuestos que gravan el mismo, y, previsiblemente habrá un
incremento de la
morosidad general. El mayor deterioro de los ingresos está dado por el déficit acumulado
de las empresas públicas, principalmente en el sector energético. En este caso, el aumento
del precio del petróleo en el 2008 incidió sobre este mal resultado, ya que los aumentos
internos no acompañaron los aumentos de precios internacionales, a fin de mantener la
inflación por debajo del 10%. En ese año y en el actual, las persistentes sequías, que
redujeron enormemente la producción de energía hidroeléctrica, lejos la más barata,
obligaron a aumentar la producción de las centrales térmicas que funcionan a base de
combustibles y la compra de energía al Brasil, a precios mucho más altos.
Finalmente, a pesar de las recaudaciones record registradas anteriormente, el
gasto público consumió su producido en más de un 90%, según se estima, no dejando
remanente para tiempos difíciles como los actuales.
En este contexto, ¿qué recursos tendría el sector público para reactivar la
economía mediante planes de obras públicas, subsidios del empleo y estímulos a la
producción?
Durante la actual crisis, los
países, aparte de la intervención en el sistema
financiero con cuantiosa ayuda, han propuesto planes keynesianos típicos, como la
inversión en obras públicas de contenido social y necesitadas de mano de obra abundante,
como caminería, puentes, escuelas, hospitales, etc.; en fin, todo lo que quedó atrás en
épocas de bonanza. También se diseñan
sistemas de subsidios a las empresas que
emplean abundante mano de obra y a las familias de bajos ingresos, en forma de rebaja
de impuestos, etc. y concesiones de moratorias a los sectores fuertemente endeudados. La
finalidad última de estos planes, que implican abundante inversión estatal y consiguiente
endeudamiento, es mantener y potenciar la demanda como motor de la economía.
Veamos en resumen alguno de los planes propuestos por gobiernos o partidos
social-demócratas o progresistas para salir de la crisis, que repiten en general la misma
receta.
En Estados Unidos, donde la crisis se desató y donde las consecuencias son más
severas se puso el acento en el salvataje de los bancos mediante préstamos, pero
sobretodo por el otorgamiento de la garantía del Estado a sus obligaciones y en la
restitución del crédito a las empresas y al público para recuperar la inversión y el
consumo. Se redujeron impuestos para las franjas más comprometidas y se refinanciaron
las deudas, en especial las de los deudores
hipotecarios, que fueron las que
desencadenaron la crisis. La industria automotriz recibió miles de millones de ayuda
estatal, lo que no impidió que la Chrysler entrara en bancarrota y debiera vender sus
activos europeos a la Fiat italiana.
El plan español del 27 de noviembre de 2008 destina miles de millones de euros
para una serie de iniciativas: medidas de apoyo al sector financiero mediante avales y
garantías diversas; al empleo, otorgando a las empresas bonificaciones, así como a la
seguridad social
e impulsando el autoempleo y la formación de los trabajadores;
otorgamiento de moratorias de pagos de hipotecas; medidas de estímulo a las PYMES y
moratoria de sus deudas. Diversas desgravaciones fiscales selectivas. Obras públicas, con
énfasis en aquellas con contenido social como carreteras y escuelas; y, finalmente,
medidas destinadas a recuperar el sector automotriz, gran motor de la economía.
La Unión Europea recomendó medidas similares con la finalidad última de evitar
la caída del sector financiero y evitar la caída de la producción y la demanda.
El Brasil – no tan afectado por la crisis como Estados Unidos y Europa pero que
experimentó fuerte descenso de la producción industrial a principios de la crisis- por su
parte, entre medidas de orden financiero y de estímulo a la economía, lanzaría un plan
para construcción de viviendas para personas de bajos recursos que insumiría más de
15.000 millones de dólares. El gobierno brasileño antes y después de la crisis ha
divulgado proyectos de grandes obras públicas en materia energética, explotación de
petróleo y gas en la cuenca de Santos, construcción masiva de centrales atómicas, etc.
que en el corto plazo tiene más viso de campaña mediática que de factibilidad concreta.
Si bien al comienzo de la crisis tenía reservas por 200.000 millones gran parte de las
mismas habrían sido ya utilizadas. Sus previsiones para el 2009 están basadas en un
crecimiento del PIB del 2%, que para el propio Banco Central sería de sólo 1.2%, cuando
para la OCDE habría en realidad una caída del 0.3%. El sinceramiento paulatino de la
realidad económica ha obligado al Gobierno a hacer recortes en el presupuesto, tratando
de preservar los salarios y los gastos fijos, como siempre sucede.
Pero no cualquier Estado tiene esa capacidad de relanzar la economía. Para
empezar, las cuentas públicas tienen que estar bien saneadas y haber un margen
disponible para la inversión. Además debe haber una importante capacidad de
endeudamiento, preferentemente a costos razonables, lo cual no es factible en una época
de penuria del crédito, sobre todo para países que no tienen una excelente calificación de
riesgos. Por otra parte, es difícil competir con la enorme demanda de capitales del Estado
norteamericano, cuyos bonos soberanos inundan el mercado a tasas mayores que las
preexistentes, por lo cual los Estados menos calificados pagarán mucho más que antes.
El mayor endeudamiento reducirá el margen presupuestal o aumentará el déficit de las
cuentas públicas y, a su vez, esto incidirá sobre la calificación del riesgo, haciendo
progresivamente más gravosos los préstamos solicitados.
Otra posibilidad será un ajuste fiscal y en algunos casos un imperativo, como
podría ser en la Argentina luego de las elecciones legislativas de este año, pero en
realidad, casi todos los países tienen leyes tributarias severas, que comprometen varios
meses de ingreso de la población y en el límite de lo que las empresas aceptan para seguir
operando. La declinación de la actividad económica reduce sin duda los ingresos fiscales
y un ajuste fiscal que en algún momento puede hacerse necesario, tendrá efectos
contractivos, porque reducirá la capacidad de consumo de los sectores medios y altos.
En realidad, los gobiernos latinoamericanos, si bien relativamente menos
afectados, están en difícil posición para adoptar medidas keynesianas de estímulo de la
economía, en especial los gobiernos progresistas, que ya las tienen incorporadas a su
programa de gobierno principalmente bajo formas de asistencialismo, y el Uruguay no es
la excepción. Aunque se haya dicho que el gasto social, que compromete en buena
medida los recursos presupuestales, no es un gasto sino una inversión – afirmación que
está condicionada a la correcta y eficiente ejecución de los programas, lo cual no es
siempre el caso- no será posible hacer nuevos gastos para estimular la economía en un
contexto de disminución de los ingresos, sin recurrir a un pesado endeudamiento. Por otra
parte, el Gobierno, comprometido con las dirigencias sindicales, poco ha hecho para
reducir la carga de la burocracia estatal, cuyos sindicatos siguen asediándolo con más
reivindicaciones, al margen de la situación de crisis. A este respecto, se ha señalado que
Nueva Zelandia, país más rico y con más población que el Uruguay tiene alrededor de la
7ª. parte de los funcionarios públicos que tiene nuestro país.
Las concesiones a los funcionarios estatales hechas en el pasado en base a
previsiones más optimistas, en algunos casos han tenido que revisarse a la baja por el
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la explícita declaración de que “el gobierno no
tiene más margen para salarios públicos”. Los funcionarios estatales agrupados en COFE
(Confederación de Obreros y Empleados del Estado), no obstante, resisten dichos
recortes y han evaluado recurrir judicialmente de los mismos, como lo hizo en el pasado
ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), con todo éxito.
Las enfáticas declaraciones del Gobierno, que en ningún caso los trabajadores
sufrirían los efectos de la crisis, alentaron sin duda este tipo de reivindicaciones.
En un año electoral sería lógico que el gobierno atendiera los reclamos de los
sindicatos que en épocas anteriores han sido y son sus más fieles aliados, puesto que
sería peligroso negar las promesas realizadas, pero está claro que las previsiones han
sido excesivamente optimistas y en período de menores recaudaciones no habrá margen
para cumplirlas. Muchos economistas ven como única salida acuerdos de reducción
salarial consentidos por las partes involucradas, pero por ahora esa perspectiva es
prematura.
Tales episodios muestran que los gremios estatales no están dispuestos a ningún
sacrificio salarial, frente a la caída de la recaudación provocada por la disminución de la
actividad en muchos sectores importantes y en la exportación, lo cual se hará sentir en
enero del 2010, cuando procedan nuevos ajustes salariales. De toda la fuerza laboral. su
situación es lejos la más rígida, puesto que no se puede recurrir a despidos ni a
disminuciones de salarios, lo cual significa que sencillamente se está produciendo un
aumento aún mayor de la carga del Estado sobre la economía.
Por idénticas razones no se puede esperar gran cosa por el lado del estímulo al
mercado mediante la inversión en obras públicas.
No siendo factible hacer uso de la emisión para cumplir con las obligaciones
estatales, como se hizo en el pasado, porque ello entrañaría una suba inflacionaria
inmediata y desencadenaría los mecanismos de indexación previstos, la fuente de
recursos más a mano es el empréstito extranjero, o sea aumentar el endeudamiento, como
ya vimos que se está haciendo.
En definitiva, el evitar que el edificio se tambalee peligrosamente depende de dos
factores: que la crisis mundial sea de corta duración y que el 2010 sea un año de
recuperación, aunque sea modesta, lo cual a esta altura no puede afirmarse ni tampoco
descartarse, aunque las principales economías del mundo siguen muy complicadas.
El segundo factor es que el gobierno logre mantener la cuota de confianza que ha
generado en una parte sustancial de la población, a pesar de que los logros han quedado,
como es casi un axioma político, muy por debajo de las promesas electorales. Hasta el
momento, mayo de 2009, la crisis no ha erosionado el nivel de compra acostumbrado del
consumidor modesto y medio, sostenido por los importantes aumentos del pasado año y
del mes de enero. Puede dudarse que en el resto del año se mantenga el mismo nivel.
Por otra parte, la lectura de las encuestas parece indicar que el Frente Amplio ha
mantenido un importatísimo apoyo de gran parte de la población y que, aunque ajustado,
podría llegar a obtener un triunfo electoral, no siendo posible actualmente descartar
totalmente que sea en la primera vuelta, aunque se ve difícil, según veremos en el
próximo apartado. Tiene a su favor que no se puede decir que la crisis económica haya
llegado a un estado de crispación tal que amenace seriamente a esa cuota de confianza.
La incidencia de la crisis económica sobre el sistema político en tiempo de
elecciones es lo que constituirá el objeto de la sección siguiente.
III. EL POSIBLE IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL EN LA
POLÍTICA URUGUAYA.
Conviene recordar aquí el esquema de Easton, que explica cómo un
equilibrio estratégico entre demandas y apoyos, que constituyen los dos grandes flujos de
insumos provenientes de la sociedad hacia el sistema político y que, conjuntamente con
los co-insumos generados dentro del mismo, condicionan su proceso decisional, es
indispensable para la existencia y continuidad de gobiernos estables y democráticos. Y
cómo en la hipótesis contraria de reducción de los apoyos, ya sea económicos o psicosociales y aumento de las demandas, los gobiernos deberán recurrir a mayores presiones
sobre la población para reducir o suprimir determinadas
demandas o aumentar las
detracciones sobre la sociedad para tratar de cumplir con las que les son políticamente
importantes. Si aumentan las demandas y se reducen los apoyos hasta un punto crítico, la
consecuencia puede ser que para restablecer un equilibrio operativo, los gobiernos
deriven hacia el autoritarismo, buscando formas de aumentar y perpetuar su poder,
reduciendo las libertades públicas y regimentando la economía hasta un límite difícil de
tolerar.
En realidad, una característica normal de todos los grupos políticos es conquistar
el poder y mantenerlo lo más posible luego de conquistarlo. El único disuasivo contra el
monopolio del poder de uno de ellos sobre los demás, es la obediencia a la estructura
institucional y la capacidad de oposición de los grupos políticos en competencia, de
limitarlo o eventualmente desalojarlo del poder. La democracia reposa sobre el
mantenimiento de la diversidad de los diferentes grupos de interés político y social, cuya
interacción, no solo de cooperación sino de enfrentamiento o conflicto acotados por las
reglas básicas del sistema, se llama pluralismo, el que constituye su pilar político básico.
El pluralismo como régimen social y político, supone la existencia de un mínimo de
acuerdo o consenso de todos los grupos o por lo menos los más influyentes, que los
politólogos llaman consenso operante, en acatar dichas reglas básicas. Como es de
suponer, el consenso operante
no sólo reposa en una cierta cultura política
de
coexistencia y compromiso y en la buena voluntad de los actores para mantener el
consenso, porque ello no sería suficiente. Debe haber un equilibrio de fuerzas entre esos
grupos que haga que el costo de quebrantar el sistema sea demasiado elevado y de
resultados inciertos, en relación con los beneficios a obtenerse.
Pero, como lo pone de manifiesto el esquema de Easton, para mantener el
consenso operante es necesario, además de una cultura política democrática, que haya
una relativa eficiencia del sistema económico, que permita cubrir las exigencias mínimas
de aquellos grupos sociales con significación política. Sin esa capacidad de generar
recursos para cubrir estratégicamente las demandas de los grupos sociales en interacción
y evitar conflictos mayores, el sistema se torna altamente inestable y podría llevar a
ciertos grupos de oposición, ya existentes, a aumentar las apuestas contra el gobierno o
también al surgimiento de nuevos grupos que estimen que tienen suficiente apoyo social
como para quebrantar las reglas de juego del sistema. Puede haber ante ello dos tipos de
respuestas: o bien el clima político se deteriora al punto de generar un conflicto abierto; o
bien el gobierno intensifica sus aparatos de control y represivos para suprimir o reducir
los conflictos. El resultado dependerá de la profundidad de la crisis y de la solidez del
acervo democrático de la sociedad de que se trate. La actual crisis económica ha
golpeado duramente a los Estados Unidos - y a los países de la Unión Europea- sin que
surgieran fuerzas que trataran de explotar la situación para quebrantar la forma
democrática de gobierno, resolviéndose políticamente con la elección de un gobierno de
signo contrario al saliente, sin alterar dicho régimen. Otros países de formación
democrática más frágil podrían sucumbir a la tentación del autoritarismo providencialista,
si es que éste ya no existe, como en muchos casos.
La vulnerabilidad económica, por lo tanto, trae aparejadas consecuencias
políticas inmediatas muy importantes, porque desequilibra el sistema institucional y la
distribución del poder de los grupos en competencia. Baste recordar que la crisis de 1929
trajo el golpe de Estado de marzo de 1933 en el Uruguay, en consonancia con otros
golpes en América Latina y que la crisis local argentina de 2001, que de alguna manera
propició un levantamiento que estuvo lejos de ser espontáneo, destruyó al gobierno
radical de la época, dando lugar a una crisis institucional. Su onda expansiva de carácter
financiero desarticuló gravemente las finanzas y la economía uruguayas en el 2002, de un
modo tan contundente, que sumió en el descrédito al gobierno de turno y fue factor
fundamental para la primera victoria del Frente Amplio en los comicios del 2004, a pesar
de la gran recuperación que se dio en ese año, en que el producto creció el 11%. Pero ni
siquiera esa recuperación parcial salvó al Gobierno y al Partido Colorado de una derrota
estrepitosa, de tal magnitud que hasta hoy no se ve recuperación para este último.
Ese no parece ser el caso de la crisis económica actual para el Uruguay. En
principio, los indicadores no conducen a pensar que la misma, por sí sola, sea causa de
importantes cambios institucionales y políticos. Si estos se produjeran, sería por efecto
del voluntarismo político, movido por postulados ideológicos, más que por el de las
necesidades económicas.
Como decíamos en la sección anterior, si bien los recursos del Gobierno y de la
sociedad en su conjunto para paliar los efectos de la crisis mundial en el país son escasos
y tienden a disminuir, a mayo del 2009 no se ha podido percibir un impacto directo de la
misma sobre los acontecimientos políticos que tienen lugar en un año preelectoral. Sin
duda, el gran público no ha percibido aún las consecuencias de la caída de los guarismos
económicos ni ésta es alarmante; pero también ayuda a eso la dramaticidad del escenario
político, donde en cada uno de los dos partidos con más posibilidades de ganar las
elecciones nacionales, el Frente Amplio y el Partido Nacional, se ha desarrollado desde
fines del 2008 una lucha sorda de los precandidatos por ganar las elecciones internas, de
las cuales saldrá un candidato por partido a la Presidencia de la República, que
monopoliza la atención del público. Indudablemente, el interés de los ciudadanos, en
general, está dirigido a los acontecimientos políticos y no tanto a los económicos.
Como resultado de la baja intensidad de la crisis económica en el país, el
Gobierno del Frente Amplio, como todos los gobiernos de la región, llega hoy a
enfrentarla con mejores posibilidades económicas que el Gobierno de Jorge Batlle en el
2002. En primer lugar, no hubo una crisis financiera, con cierre de bancos y escándalos
financieros y un estrepitoso incumplimiento del propio banco oficial, el Banco de la
República. En segundo lugar, como vimos anteriormente, el público en general no ha
experimentado el impacto de la crisis y el actual Gobierno ha administrado la situación
con cierto éxito hasta hoy, de modo que la mayoría de la gente no ha reaccionado en su
contra como, por ejemplo, en el 2002 ante el Gobierno de Batlle. El Gobierno hace lo
posible para mantener la ficción de que la crisis no afecta al país tanto como para
introducir cambios importantes en su rumbo político y económico, pero, según vimos
más arriba, no es del todo cierto y el peso de la postergación de medidas por motivos
electorales podría caer sobre le próximo gobierno.
En tercer lugar, el Frente Amplio ha acumulado desde hace años un capital de
adhesiones en vastos sectores de la población, como el Movimiento Obrero, conducido
totalmente por la izquierda, la intelectualidad y gran parte de los profesionales formados
en ambientes educativos dominados por el pensamiento de izquierda, así como a través
de los planes de asistencia social de los sectores menos favorecidos - se estima que estos
planes asistenciales podrían darle por incidencia directa hasta dos puntos electorales al
partido. Todo ello le ha creado un ambiente psico-social favorable y resistente. En la
medida que el Frente Amplio siga siendo percibido por los sectores
de población
beneficiarios y los aculturados en las ideologías de izquierda, como el partido de la
justicia social, de la lucha contra la pobreza y la exclusión y contra el “saqueo
internacional de nuestras riquezas”, el efecto de la recesión no le será tan virulento como
lo fue en el 2002 para el gobierno de turno, aún cuando sus realizaciones, estimadas
concretamente no estén a la altura de las expectativas creadas. En este último punto el
conocido politólogo Luis Eduardo González, en una exposición realizada el 4 de mayo de
2009 en el Teatro Solís, titulada “Uruguay: tendencias previas y escenarios 2010-2014”,
señala que la gente esperaba un gran salto en el Gobierno del Frente Amplio y que eso no
se dio, si bien el país está mejor (Diario El País). En este escenario, los grupos
abiertamente más radicalizado, que estiman que se no se hizo lo suficiente, recogen un
apoyo insuficiente como para restarle votos y el factor de movilidad electoral radica en
los votantes independientes que pudieran estar desilusionados de la gestión del gobierno
que votaron.
En cuarto lugar, el entorno político y social latinoamericano le es favorable al
Frente Amplio y hostil a los partidos que no siguen una línea de izquierda, progresista
para algunos y neopopulista para otros. En el pasado, pese a importantes diferencias
puntuales, las tendencias políticas y económicas se han movido por ciclos más o menos
coincidentes en la región: gobiernos oligárquicos, reformistas proteccionistas, liberales y
neopopulistas de izquierda se han sucedido en los diversos países con características
comunes. El actual ciclo, pese a las dificultades crecientes, no parece haberse agotado y
ello influye en las elites de poder y en las tendencias electorales de los ciudadanos.
No debe olvidarse, no obstante, que el electorado uruguayo se encuentra
dividido en dos mitades casi iguales y que el Gobierno deberá extremarse para no perder
en los próximos meses credibilidad en el actual escenario más desfavorable. Las
encuestas, donde el Frente Amplio aparece instalado entre un 43 y un 45% del electorado,
parecen mostrar que en ciertos sectores ha tenido el desgaste natural que acompaña a la
gestión de gobierno, posiblemente algo agudizado por los efectos adversos de la crisis
internacional y abren incertidumbre sobre los resultados finales.
A diferencia de otros países de la región, en el Uruguay los mecanismos
democráticos funcionan bastante bien y Gobierno y oposición respetan las reglas de juego
establecidas, sin recurrir este último a abusos significativos en el ejercicio del poder, que
las adultera y coarta, como en otros países de la región. Es previsible que el país siga en
esta tesitura.
En quinto lugar, la puja entre los precandidatos a las elecciones internas para
candidatos a presidente dentro del Frente Amplio, principalmente los Sres. Mujica y
Astori, ha mantenido el interés de los votantes dentro de ese sector político. El perfil más
radical de señor Mujica puede haber atraído más a quienes se sentían desilusionados por
la conducción más moderada del actual Gobierno y evitado la dispersión del voto por la
izquierda. La incógnita está en si su triunfo como candidato, casi cierto, no reducirá el
apoyo de los moderados.
Esa situación de preeminencia relativa de un gobierno de izquierda que se da en
el Uruguay, se da en mayor grado incluso en muchos países de Latinoamérica, donde la
crisis no ha cambiado el patrón político existente. En realidad, no ha sacudido la base de
poder de ningún gobierno de la región, sea de izquierda o no, por una razón o por otra,
salvo quizás en la Argentina, que alimenta una crisis propia, emergente más de las
políticas adoptadas que de las circunstancias internacionales y en Venezuela, presa de un
creciente autoritarismo, con persecución a los líderes opositores y reiteración de cierre de
de medios de expresión opositores, que hace muy difícil toda expectativa de cambio
político a corto plazo. Aunque su economía petrolera empeoró sustancialmente, el
enorme poder acumulado por sus dirigentes imposibilita que el descontento se traduzca
en acciones políticas de alguna eficacia.
No se puede concluir, pues, que el Frente Amplio, con entre un 43 al 45% de
intenciones de voto, haya tenido a la fecha un costo político importante derivado de la
crisis mundial, aunque la economía uruguaya haya sufrido indudables deterioros. Si los
indicadores económicos siguieran siendo cada vez más desfavorables, como hasta ahora,
podría haber un costo político mayor en el resto del año para el partido de gobierno y
muy probablemente uno más severo para el que ejerza el poder en el año 2010. En el
actual escenario, como dijimos, la variable económica está pasablemente neutralizada.
Ya examinamos algunos de los instrumentos económicos con los que se está
manejando este Gobierno. Queda por ver si serán suficientes para el próximo, sea de
quien sea, en caso de que la crisis global continúe.
Con un escenario político más definido que el de un anterior trabajo realizado
sobre este tema, las alternativas políticas para el próximo período podrían resumirse
como sigue.
En primer lugar, en cada uno de los partidos con posibilidades de ganar las
elecciones, las opciones más opuestas son las que tienen más posibilidades de salir
vencedoras en las internas partidarias: el Sr. Mujica por un lado y el Dr. Lacalle por otro,
lo que indica una polarización del electorado en detrimento del centro político, que en
general ha prevalecido.
Con independencia de las repercusiones de la crisis mundial, en el Congreso del
Frente Amplio de diciembre pasado se produjo un realineamiento de fuerzas que dieron
la primacía a la candidatura presidencial del senador Mujica, frente a la posición más
moderada del senador Astori, que en definitiva es similar a la del actual presidente
Vázquez, del cual ha sido la mano derecha en materia económica. Si bien se decidió en el
Congreso habilitar otras candidaturas, posibilidad que, de todos modos, estaba permitida
por la Constitución, la candidatura de Mujica fue ungida como la “oficial” del Congreso
y tiene detrás el aparato y los medios económicos del Partido Comunista, el Movimiento
de Participación Popular, y la adhesión de otros como el Partido por la Victoria del
Pueblo y los Sindicatos, entre otros. Pero, además, se
aprobó un programa con
lineamientos más radicales que el anterior, aunque dentro del mismo tenor.
El programa incluye la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para
una reforma constitucional que defina un nuevo pacto nacional. La senadora Lucía
Topolanski expresó su opinión de que debe repensarse toda la Constitución, desde le
primero al último artículo, porque no responde a la filosofía actual, lo cual da lugar a
pensar que la reforma podría aproximarse a las de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Todas
estas incluyen nuevas elecciones durante el mandato para ampliar de este modo su
vigencia, reelección indefinida, reforzamiento del poder y alcance del Estado, rígido
contralor de la actividad privada y afianzamiento de la autoridad del ejecutivo,
incluyendo el otorgamiento de facultades extraordinarias de legislación o superpoderes
fiscales como en la Argentina.
Por pedido expreso del Secretario de Propaganda del Partido Comunista se
adoptó la definición de Lenin del Estado como “la manifestación irreconciliable de las
contradicciones de clase”. Dentro de la teoría comunista, ese Estado, concebido como el
conjunto de aparatos de dominación al servicio de la burguesía, tiene que desaparecer por
la destrucción de ésta mediante la etapa de “dictadura del proletariado”, que, mientras
tanto, utilizará su poder para hacer su tarea de construir una sociedad sin clases. Pero el
programa incluye la profundización del papel del Estado, a través de la defensa de los
monopolios estatales y “como controlador, generador, impulsor e inversionista de la
economía, así como regulador de la actividad privada”, o sea que admite, como hasta
ahora, su coexistencia con el Mercado ¿Significa esto que el programa plantea una etapa
de transición hacia la construcción de la sociedad comunista sin clases o es un mero
agregado retórico de carácter transaccional para servir de plataforma a un frente común
sin pretensión de acciones inmediatas? Más bien parece esto último.
Dentro de esa óptica de mayor intervencionismo, efectuará el control de los
precios de la canasta básica y de las inversiones. Igualmente se votó la “extinción del
lucro en la Seguridad Social”, lo que podría llevar a suprimir las AFAPs. Se estudiará
crear dos frigoríficos estatales, de los productos cárnicos y de la pesca. Igualmente
buscará desarrollar los conceptos de Uruguay productivo y la innovación científica y
tecnológica. El Congreso rechazó la firma de un TLC con los Estados Unidos como los
firmados por Perú y Colombia y afirmó que los países de la región deben encaminarse a
crear conjuntamente nuevas estructuras productivas.
Se dejó constancia que, dentro de estos lineamientos la fracción que llegue al
poder podrá darle al programa un énfasis diferente, lo cual, dada la generalidad de las
propuestas puede llevar a resultados muy distintos. La fracción que candidatea al Senador
Mujica es la más principista y radical dentro del Frente Amplio, pero, sin embargo, el
senador Mujica, aunque precandidato de la coalición Movimiento de Participación
Popular- Partido Comunista, Partido por la Victoria del Pueblo entre otros, respaldada por
la Central Sindical PIT-CNT, ha merecido la calificación de pragmático por medios
tildados de conservadores como la revista “The Economist”, que, basada en las propias
palabras de éste, augura que las cosas no van a cambiar significativamente para la
inversión y los negocios bajo un Gobierno por él presidido. En estos días Mujica, en un
gesto de efectos mediáticos importantes, ha renunciado a su adhesión al Movimiento de
Participación Popular para proclamarse solamente frentista, es decir representante
también de la fracción moderada que conduce Astori, pensando sin duda en las elecciones
nacionales de octubre donde deberá retener todos los votos del partido y conquistar los
independientes en duda.
El doctor Lacalle, si bien ha suavizado su discurso, corriéndose al centro político
y aceptando ciertas reformas realizadas por el Frente Amplio en el plano laboral, es
etiquetado como el representante de la derecha recalcitrante por éste, lo cual es
consistente con su discurso frenteamplista de siempre, pero que puede tener su efecto en
los votantes independientes, que votaron circunstancialmente al Frente Amplio, y ahora
votarían a un candidato del Partido Nacional más afín al centro político, como Larrañaga,
pero no a él. Es el peligro que correría este partido en una batalla por la Presidencia de la
República que se anuncia muy apretada. Si bien ese efecto no se aprecia en las últimas
encuestas, en momentos en que Lacalle lidera con claridad la puja por la candidatura de
su partido, podría adquirir importancia luego de las elecciones internas del 28 de junio
próximo. Algunos voceros de Larrañaga como el diputado Gandini están utilizando
precisamente ese argumento para inclinar el voto de la gente hacia aquél .
En el caso de que gane el Frente Amplio nuevamente, su victoria podría ser con o
sin mayoría absoluta parlamentaria.
En el primer caso, la gestión sin duda se le
complicaría, porque le sería mucho más difícil y costoso,
manejar los reclamos y
reivindicaciones, o sea los crecientes niveles de demanda, frente a la reducción de sus
apoyos económicos. Pero, al mismo tiempo, podría encontrar en una complicada
situación económica, la justificación necesaria para aplicar con más rigor el programa del
Frente y propiciar soluciones neopopulistas, incluso mediante la reforma constitucional
anunciada. Ello no sería fácil. En primer lugar, sería difícil para los radicales encontrar el
apoyo de los grupos más moderados del Frente, liderados por el senador Astori, de los
cuales no podría prescindir para obtener las mayorías parlamentarias y en el proceso de
reforma constitucional. El Frente, si gana, a diferencia de otros países, tendrá mayorías
muy estrechas y los radicales no podrían prescindir de nadie.
De todos modos la radicalización se produciría en un contexto recesivo
desfavorable, y no es lo mismo aplicar medidas redistributivas drásticas en un contexto
recesivo desfavorable que en un momento de auge económico. El desestímulo de la
inversión y de la producción sólo podría reducir más aún la generación de riqueza que
por obra de la coyuntura económica, de todos modos, iría mermando, ya que ninguna
recuperación de la economía mundial podría en el corto plazo, devolverle al país las
ventajas del período anterior. Ello equivaldría al aumento y diseminación de la pobreza
o al menos de la estrechez económica, en pos de un igualitarismo que en las
circunstancias, sería hacia abajo, afectando gravemente la generación del empleo y el
consumo y los equilibrios de clases ya deteriorados desde hace unosaños, como lo
muestra un reciente estudio del Ceres, conducido por su director Ernesto Talvi, en mayo
de 2009.
Todo dependerá, entonces, de grado de ideologismo o de pragmatismo del grupo
que acceda al poder, lo que no está claro en el caso del Frente Amplio. Cualquiera sea la
afinidad que el nuevo Gobierno pudiera tener con el modelo de “socialismo del siglo
XXI” chavista o similares, le será necesario reconocer que ningún país de Latinoamérica
y por consiguiente el Uruguay, puede esperar disfrutar, en un futuro previsible, de las
ventajas que tuvo Venezuela entre el 2005 y el 2008, con un consumo y precios del
petróleo espectaculares.
Por todo lo expuesto, un nuevo gobierno del Frente, aún con mayoría absoluta, no
tendría espacio para radicalizarse demasiado.
Pero si no tuviera mayoría absoluta parlamentaria, su gestión sería aún más
complicada porque debería pactar no sólo con los más moderados de sus filas, sino
también con la oposición, que defendiendo a los sectores sociales que le son más adictos,
trataría de impedir medidas radicales que afectaran a los mismos. En tal caso podría
recurrir a la presión popular y sindical y a su capacidad de movilización para arrinconar a
la oposición, carente de esas herramientas políticas. La campaña de desprestigio de los
partidos tradicionales practicada por el Frente Amplio a lo largo de los años desde la
recuperación de la democracia, según su óptica de enfrentamiento ideológico, preparó a
amplios sectores del electorado, entre otras cosas, para aceptar que las crisis eran debidas
exclusivamente a las políticas neoliberales y clasistas practicadas por los gobiernos de
estos partidos y en la región. Esa propaganda maniqueísta, salpicada de verdades y semiverdades, caló hondo en muchas capas de la población y precipitó la victoria contundente
del Frente Amplio. Lo que quedara de esa influencia sería, sin duda, empleado a fondo.
Mientras tanto, los efectos de la crisis que vendrían acumulándose desde el año
2009 podrían agravarse en el 2010, reduciendo los niveles de apoyo del Gobierno,
dificultando los términos de negociación política con la oposición y aumentando las
tensiones políticas y sociales.
Si, por el contrario, llegara al poder una coalición de la oposición, ésta se vería
aún más exigida porque, en principio tiene menos apoyos políticos populares, aunque
tendría más apoyo de los sectores productores de riqueza, que valdría tanto como lo que
estos sectores crean que se puede arriesgar. Por una parte, debería tomar medidas de
saneamiento, como recortar o suprimir el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas)
y el IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social), -medida ya
prometida- y otros impuestos que recaigan sobre la producción para inyectar más flujo de
caja en el mercado y generar más actividad; como también de contención del gasto
público, que perjudicaría a los sectores asistidos, pero que no constituyen el grueso de sus
votantes naturales. Mas tendría en contra, seguramente, a los sindicatos y las fuerzas
sociales -que no dudarían en arremeter con más virulencia contra “gobiernos de derecha”;
a la férrea oposición política frenteamplista y a la propaganda ideológico-política que
minimizaría el efecto del impacto externo y magnificaría la responsabilidad del nuevo
gobierno, como sucedió en el año 2002. Como se sabe, el electorado es proclive a creer
que, o bien los gobiernos todo lo pueden o bien que son culpables de todos los males. Sin
contar con que la población perjudicada no aceptaría de buena gana las restricciones
impuestas y estaría dispuesta a acompañar a las fuerzas políticas contrarias. Sin embargo,
el politólogo Luis Eduardo González tiene una opinión algo diferente porque razona que
una oposición frontal supondría para el Frente Amplio costos políticos que podrían
perjudicar su trabajo para recuperar el poder, lo cual lo llevaría a moderar su oposición.
Esta afirmación se contradice con la idea por él expuesta, que en dicha fuerza política
existe una minoría muy poderosa que se opone ideológicamente a la social-democracia.
Esta minoría, sin duda, en esa situación, tendería a radicalizar su acción impidiendo
acuerdos.
En cualquiera de las hipótesis el país no saldría bien parado. Para evitarlo, sería
deseable que los partidos políticos y los grupos de presión unieran sus fuerzas para pasar
por la recesión con el menor sufrimiento posible, acordando, gane quien gane, políticas
sanas de Estado, repartiendo las cargas y olvidando diferencias políticas e ideológicas,
dentro del estricto mantenimiento de la democracia, pilar político fundamental del país,
de acuerdo a sus mejores tradiciones, hasta ahora no conculcadas. Pero a la luz de lo
expresado y de la experiencia política general, es difícil concretar un escenario que vaya
contra el juego político y los intereses de los partidos, máxime en contextos críticos como
el actual y cuando todos o algunos de los actores prefieren plantear sus diferencias en
términos claramente ideológicos.
Al contrario de otros países (Alemania, Chile, Brasil, por mencionar sólo
algunos), no se advierten probables canales de entendimiento entre las fuerzas políticas
uruguayas “de izquierda” y de “derecha”, lo cual dificulta los acuerdos y amplificará los
conflictos. Recuérdese que la retórica maniqueista del Frente Amplio no ambienta una
cultura del compromiso y eso se reflejó en sus actos políticos. Al principio del actual
Gobierno, pareció que podrían haber instancias de negociación entre los ganadores y la
oposición, pero estas se vieron rápidamente coartadas por la inflexibilidad de unos y de
otros, con la consecuencia que no se pudo renovar la composición del Tribunal de
Cuentas y la Corte Electoral, que siguieron teniendo una mayoría de la oposición.
Tampoco pudieron diseñarse políticas de Estado en materia de Relaciones Internacionales
y sólo hubo coincidencias puntuales en casos como el enfrentamiento con la Argentina
respecto de la construcción de la pastera Botnia. Sin embargo, el politólogo González, en
la exposición aludida, tiene una opinión divergente y cree que, en un escenario de
balotaje, si bien es difícil, pueden darse convergencias políticas entre los partidos para
construir un Uruguay mejor porque si una de las dos mitades dice que no, se expondrá a
una división interna, debida a la presión de sectores internos para acordar sobre políticas
que pueden dar grandes beneficios al país. Probablemente esta visión que apuesta al
compromiso, si bien no puede descartarse, sea excesivamente optimista.
(x) Abogado, escribano, ex profesor de la Universidad de la República y de la
Universidad Federal de Río Grande do Sul , catedrático de Ciencia Política de
la Universidad de Punta del Este.